* Los hermanos Yann y Stephan Turcios Stiegler fueron los mayores financistas de la campaña de la presidenta electa Laura Fernández.
* Son sobrinos de un exviceministro de Manuel Zelaya y exministro de Xiomara Castro; además, tienen afinidad pública con Nayib Bukele.
* En una Costa Rica sacudida por alertas de infiltración del crimen organizado, los “bonos de deuda política” ponen a prueba la solidez de su sistema electoral.
Ariel Torres Funes / Especial para Expediente Público
En medio de crecientes alertas por la penetración de financiamiento ilícito en la política costarricense, las autoridades electorales de ese país investigan el origen de los US$260 mil aportados a la campaña de la presidente electa Laura Fernández Delgado por parte de los hermanos hondureños Yann y Stephan Turcios Stiegler.
Los empresarios, nacionalizados costarricenses, realizaron el aporte mediante la compra de bonos de deuda política emitidos por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), vinculado al mandatario Rodrigo Chaves. Con esa operación se convirtieron en los principales financistas individuales de la candidatura de Fernández, quien asumirá la presidencia el próximo 8 de mayo.
Los hermanos Turcios Stiegler emitieron un comunicado hace un mes en el que aseguraron que no existe ninguna resolución o declaración formal que considere irregular su financiamiento y que la compra de los bonos fue realizada a título personal, no a través de una empresa de su propiedad, Ridivi S.A.
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“Los suscritos hemos colaborado de manera íntegra, diligente y transparente con la autoridad electoral, aportando oportunamente la información requerida dentro del marco legal aplicable”, manifestaron en el documento.
Su caso trasciende las fronteras. Los hermanos Turcios son sobrinos de Jaime Turcios Oreamuno, exviceministro de Industria y Comercio durante el mandato de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) y exministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el reciente gobierno de Xiomara Castro (2022-2026).
A ello se suma la afinidad pública de los hermanos Turcios con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, con quien comparten el impulso de tecnologías financieras y monedas virtuales.
¿Cómo funcionan los bonos de deuda política?
La compra de bonos de deuda política es un mecanismo legal en Costa Rica y una de las principales vías de financiamiento electoral. En las elecciones del primero de febrero, 17 de los 20 partidos en la contienda recurrieron a este instrumento.
El esquema funciona así: los partidos venden los bonos con descuento para financiar sus campañas y, una vez que el Estado paga la deuda política tras las elecciones, los inversionistas reciben el valor nominal de los bonos, obteniendo una ganancia.
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Los mayores aportantes de Laura Fernández
El partido vinculado a Chaves colocó US$1.65 millones en bonos con un descuento del 15%. Los Turcios adquirieron el 18.5% de esa emisión, comprando 145 bonos —73 Stephen y 72 Yann— por un valor nominal de US$304 mil.
Este financiamiento no solo significa un respaldo político, sino también una ganancia para el aportante. Debido al descuento, los hermanos Turcios desembolsaron US$260 mil, lo que les generaría una ganancia aproximada de US$44 mil, una vez que el Estado pague la deuda política.
Aunque el mecanismo es legal, la combinación entre financiamiento político y rentabilidad empresarial adquiere especial sensibilidad en un contexto donde Costa Rica enfrenta un avance acelerado del crimen organizado dentro del Estado, y registra la tercela tasa de homicidios más alta de la región en 2025 (16.8 por cada 100,000 habitantes), por debajo de Honduras (23.2) y Guatemala (17.4), según el portal especializado Insight Crime.
70 aportantes bajo escrutinio
La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA), advirtió en su informe sobre las elecciones costarricenses de 2026, la posible infiltración del crimen organizado y la presencia de recursos de origen ilícito, incluyendo los asociados al narcotráfico.
Desde enero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), descrito como sólido y profesional por la MOE-OEA, investiga si los recursos utilizados para la compra de los bonos cuentan con respaldo económico comprobable o si presentan inconsistencias. En juego está la credibilidad y transparencia del sistema político costarricense.
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La revisión se centra en 70 aportantes de alto monto que financiaron a 12 partidos políticos con un total de US$2.9 millones. De ellos, 39 contribuyeron al PPSO. Entre los mayoritarios figuran los hermanos Turcios Stiegler, hasta hace unos meses de bajo perfil en Costa Rica, país al que llegaron en 2009.
El TSE solicitó a los hermanos Turcios un informe de solvencia económica, la cual enviaron justo antes de que terminara el plazo de entrega. Posteriormente, el Tribunal decidió abrir un expediente especial ante las dudas sobre el origen de los fondos de los mayores contribuyentes.
El músculo financiero de los hermanos Turcios Stiegler
Con estudios universitarios en Francia —su madre es francesa—, los Turcios son propietarios de Ridivi S.A. (Remesas Instantáneas), una empresa Fintech (tecnología financiera) especializada en pagos móviles, préstamos, cobros masivos y remesas en línea.
Fundada en 2004, Ridivi fue adquirida por los hermanos Turcios en 2015, según La Gaceta, inscrita en 2018 por una abogada que figura en los Panama Papers como accionista de una sociedad offshore. La empresa está asociada a Namutek, un consorcio tecnológico con presencia en toda Centroamérica y Panamá.
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La plataforma que dirigen los hermanos Turcios permite transferencias en línea, pagos a 1150 servicios públicos en Costa Rica y envíos de remesas hacia Nicaragua y Colombia. Además, incursiona en negocios de moneda virtual.
Los lazos con Nayib Bukele
En noviembre de 2024, Yann Turcios asistió a la cena de gala ofrecida por el gobierno de Rodrigo Chaves en honor a Nayib Bukele. Según la lista oficial entregada por Casa Presidencial, fue incluido como parte de la delegación salvadoreña.
La visita de Bukele puso nuevamente bajo foco el interés político que tiene en ese Costa Rica. Para las elecciones de 2022, la familia del mandatario salvadoreño que reside en el país tico intentó sin éxito crear una alternativa política. Además, una prima de Bukele es esposa de José Aguilar Berrocal, candidato presidencial por el partido Avanza en las recientes elecciones.
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La velada, financiada con US$30 mil por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), reunió a empresarios, financistas de la campaña de Chaves en 2022 y figuras cercanas a su proyecto político. Más que un acto protocolario, el evento fue un espacio de convergencia entre el poder político y su respaldo económico.
En ese contexto, la presencia de los Turcios no parecía circunstancial, sino coherente con su creciente inserción en el ecosistema empresarial que rodea al oficialismo. Tras la cena, Yann Turcios publicó en redes sociales una fotografía junto a ambos mandatarios acompañada del mensaje: «Un encuentro de visionarios en la Gala de Estado de Costa Rica».
Meses antes, en junio de 2024, la Fiscalía General de Costa Rica había presentado una acusación penal contra el presidente Chaves y otros funcionarios por presuntas irregularidades en el financiamiento electoral de 2022, en el caso conocido como «Financiamiento Jaguar». El proceso sigue en trámite judicial, pese a que el mandatario se ampara en su inmunidad presidencial.
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Ahora, los hermanos Turcios deberán demostrar ante las autoridades electorales el origen de los fondos que los convirtió en los principales financistas individuales de una campaña marcada por una alta confrontación y polarización política.
En un país que durante décadas fue llamado la «Suiza centroamericana» y que hoy enfrenta niveles históricos de violencia ligados al crimen organizado y escándalos por corrupción más habituales en el «Triángulo Norte», fiscalizar el financiamiento electoral pone a prueba la resiliencia institucional de su erosionada democracia.
