* Dos instituciones de la administración de Nasry Asfura negaron a Expediente Público el acceso a los acuerdos con la empresa china Danasun para el parque Choloma.
* La Empresa Nacional de Energía Eléctrica señaló que los documentos los debía entregar la Secretaría de Energía y esta contestó que no tiene la información.
* Expertos advierten que poner infraestructura crítica en manos de compañías chinas puede traer consecuencias a la relación con Estados Unidos.
Yarely Madrid / Expediente Público
La administración del presidente Nasry Asfura celebró la continuidad del parque solar Choloma, impulsado por Danasun Energy Honduras SA de CV, filial hondureña de la textilera china Texhong International Group Ltd. Presentó el proyecto, valorado en US$ 400 millones, el mes pasado como una inversión relevante en generación renovable.
Al mismo tiempo, el mandatario hondureño ha alardeado sus reuniones con el presidente Donald Trump en un contexto en el que su administración busca lealtades inequívocas para limitar la presencia china en el hemisferio, sobre todo en el área de infraestructura crítica.
Al respecto, expertos consultados por Expediente Público advierten que, con este proyecto energético, Honduras no envía un buen mensaje a sus socios estratégicos.
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A esto se suma la falta de información pública clara por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y de la Secretaría de Energía (SEN). Expediente Público solicitó a estas instituciones una copia de los acuerdos firmados con Danasun para el proyecto Choloma.
La primera respondió que la solicitud debía ser remitida a la SEN, a pesar de que fue el propio gerente general de la ENEE, Eduardo Oviedo, quien presentó públicamente la continuidad de la inversión de Danasun en el parque solar hace un mes. La Secretaría, por su parte, contestó que no disponía de la información.
Por esta razón, la ciudadanía no puede saber en qué condiciones se construirá la planta. Sin información pública, se desconoce si el proyecto se levantará con inversión exclusiva de Danasun o si el Estado tendrá alguna participación.
Tampoco se sabe si la energía producida servirá para alimentar la planta textil que una compañía relacionada con Danasun tiene en Choloma (Cortés), en el norte de Honduras, o si la empresa china venderá la electricidad al Estado y bajo qué condiciones.
¿Qué es Danasun Energy?
Danasun Energy Hong Kong Limited es una empresa constituida el 2 de febrero de 2024 como sociedad privada limitada por acciones, con número de registro mercantil 76192540 y estado activo, según el Directorio de empresas de Hong Kong.
La compañía es subsidiaria de Texhong International Group. Este es un conglomerado textil chino con presencia en Macau, Vietnam, Cambodia, Estados Unidos, México, Nicaragua y Honduras, según su perfil en la Bolsa de Valores de Hong Kong.
Este registro muestra, además, que Texhong fue constituida en Islas Caimán, un paraíso fiscal del Caribe, y que tiene su oficina matriz en Hong Kong.
Investigaciones de Expediente Público han mostrado el vínculo de Texhong con señalamientos internacionales por presunto uso de trabajo forzado en China.
En Vietnam, Texhong ya ha construido plantas solares como la que Danasun edificará en Choloma. Esta no será la primera incursión de una subsidiaria de Texghong en Honduras.
Otra de sus subsidiarias, Winnitex, construyó un plantel textil también en Choloma, en 2024, llamado Zona Franca Fashion del Sector Norte, de acuerdo con los permisos de la municipalidad.
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¿Inversión privada o pública?
La iniciativa del parque solar Choloma se gestó en el gobierno de Xiomara Castro. En el 2024, las autoridades de la ENEE explicaron que esta planta solar serviría para abastecer la subestación eléctrica Agua Prieta, ubicada en Choloma.
Sin embargo, hasta el momento, no existe evidencia pública de que el Estado hondureño esté inyectando fondos en el proyecto. La planta se perfila como una inversión netamente privada de Danasun.
Un escenario lógico plantea que la planta nació para alimentar las operaciones de su matriz, Texhong, que ya opera una zona franca textil en Choloma. Sin embargo, la escala del proyecto hace dudar, pues 300 MW y 60 MW de almacenamiento en baterías, exceden las necesidades de una sola fábrica, según expertos consultados.
El escenario más complejo —y el que genera mayor suspicacia— es que la planta opere sin un contrato de suministro (PPA) firmado con la ENEE, vendiendo su energía bajo el esquema conocido como “mercado de oportunidad”. En esta figura, la planta inyecta energía al sistema nacional y el Estado la paga según el precio y la demanda del momento, sin compromisos de largo plazo.
El experto Kevin Rodríguez ha sido una de las voces más críticas. Cuestiona la lógica financiera detrás de una inversión de US$400 millones sin tener la certeza absoluta de quién comprará esa energía.
Afirmó a Expediente Público que el temor latente es que, ante posibles dificultades financieras futuras, el inversionista chino termine presionando al Estado para obtener contratos directos y leoninos con la ENEE, una práctica que en el pasado ha distorsionado el mercado y afectado las finanzas públicas.
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El laberinto administrativo y el fantasma de la opacidad
Actualmente, la empresa se encuentra en una fase de trámites administrativos, lejos todavía de una construcción definitiva.
El gerente general de la firma en Honduras, Chuanxi Fang, publicó en septiembre de 2025 los avisos para recibir ofertas del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), bajo los nombres de proyectos “Light I” y “Light II”.
Este proceso es obligatorio bajo la Ley General del Ambiente y el reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA).
Los pasos obligatorios para la inversión
Para que un proyecto de esta envergadura sea legítimo, debe cumplir con un riguroso itinerario legal que fundamenta su operación en Honduras. En primer lugar, la constitución legal de la empresa debe estar estrictamente alineada con el Código de Comercio y la Ley de Promoción y Protección de Inversiones (Decreto 51-2011).
Según esta normativa, el registro ante la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) es indispensable para obtener el Certificado de Inversionista, el cual otorga los beneficios de estabilidad jurídica que toda empresa extranjera busca.
En el ámbito ambiental, el proyecto debe superar la categorización de la SERNA. Al tratarse de una planta solar de gran escala, se ubica usualmente en las categorías 2 o 3, lo que exige la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) completo que garantice la sostenibilidad del entorno en Choloma.
Paralelamente, en el sector eléctrico, Danasun debe obtener su personería jurídica como empresa generadora ante la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y someterse a los estudios de impacto al sistema interconectado coordinados por el Centro Nacional de Despacho.
Solo mediante el cumplimiento de estas normas técnicas de conexión se asegura que la inyección de energía fotovoltaica no desestabilice la red nacional.
Finalmente, para que la inversión sea competitiva, la empresa suele buscar los incentivos fiscales contemplados en la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables (Decreto 70-2007).
Sin el acuerdo de exoneración emitido por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la importación de la vasta cantidad de paneles solares y transformadores necesarios estaría sujeta al pago del 15% de Impuesto sobre Ventas (ISV), lo que alteraría significativamente la hoja de costos del proyecto.
Lecciones del pasado y represalias del futuro
La empresa China Energy Engineering Corporation demándo al Estado en mayo de 2024 por aproximadamente US$ 125 millones (más de 3100 millones de lempiras), debido al contrato para la ampliación de las centrales térmicas La Puerta y Ceiba Térmica, en el norte del país.
Aunque la empresa fue anunciada inicialmente como ganadora para aportar 80 MW de energía, la Junta Directiva de la ENEE emitió una resolución que la empresa considera ilegal. China Energy alega que se incumplieron los términos de la adjudicación y que se ejecutó injustamente una garantía bancaria de mantenimiento de oferta.
Otra empresa china, Sinohydro, responsable de la construcción de la represa hidroeléctrica Patuca III, dejó tras de sí un historial de denuncias por posibles sobrevaloraciones, problemas técnicos y corrupción.
Riesgo político
Desde la perspectiva internacional, el analista Graco Pérez advirtió los riesgos que puede correr Honduras poniendo infraestructura crítica en manos de compañías chinas, sobre todo en su relación con Estados Unidos, cuyo gobierno considera la influencia de China en Latinoamérica.
«Somos dependientes en gran medida de Estados Unidos y eso le da muchas formas de presionar al país», afirmó Pérez, al tiempo que alertó que la falta de una política exterior clara aumenta la vulnerabilidad hondureña.
Pérez recuerda que el presidente Asfura señaló en su campaña electoral que revisaría la relación con China y vería la posibilidad de retomar vínculos con Taiwán, lo cual haría más coherente el alineamiento con la política exterior estadounidense.
A su juicio, Estados Unidos podría endurecer su postura y considerar a Honduras un socio «no confiable» si percibe que se abre espacio a capital chino en sectores estratégicos como energía, infraestructura o telecomunicaciones.
Pérez también subrayó que Trump utiliza el comercio y los aranceles como herramientas de presión, y que Honduras aún enfrenta gravámenes que otros países de la región ya lograron eliminar.
