* Expediente Público entrevistó a dos madres que perdieron contacto con sus hijos en 2023, luego de que estos fueran deportados de EE. UU. y encarcelados en El Salvador pese a no tener antecedentes judiciales.
* Human Rights Watch señala que estos casos pueden ser considerados “desapariciones forzadas” dentro de los estándares del derecho internacional.
* Esta organización estadounidense registró otros once incidentes parecidos, registrados en 2025 durante las deportaciones masivas de la administración Trump.
Eric Lemus / Expediente Público
Ibania y Sara no se conocen, pero llevan tres años compartiendo el mismo sufrimiento. Sus hijos fueron deportados desde Estados Unidos y luego capturados en El Salvador, del que habían huido debido a las amenazas de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13).
Ambas desconocen la situación de sus hijos desde 2023. No saben sobre su estado de salud y, mucho menos, sobre su condición legal. No entienden por qué fueron encarcelados, pues sostienen que ellos no tenían antecedentes judiciales.
Las voces de estas dos mujeres, que confiaron sus historias a Expediente Público, muestran cómo el régimen de excepción ha permitido que las autoridades salvadoreñas capturen a deportados incluso antes de las expulsiones masivas ordenadas por la administración del presidente Donald Trump.
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La organización Human Rights Watch (HRW) ha señalado que denuncias como las de Ibania y Sara podrían ser consideradas “desapariciones forzadas”, de acuerdo con los estándares del derecho internacional, en caso de que las personas hubieran sido detenidas sin el debido proceso judicial y mantenidas en total incomunicación.
Una investigación de esta organización estadounidense, publicada el pasado 16 de marzo, denunció otros once casos acaecidos en 2025, ya al calor de las deportaciones promovidas por Trump.
Sin antecedentes policiales
Jonathan Eduardo Orantes Ramos fue deportado desde Estados Unidos el 8 diciembre de 2023, cuando tenía 23 años. Al llegar a territorio salvadoreño, fue trasladado desde el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero al Centro de Atención Integral para el Migrante (CAIM), que está ubicado en la periferia sureste de San Salvador.
Antes de la entrada en vigor del régimen de excepción en marzo de 2022, los retornados sin antecedentes penales eran documentados y salían por la puerta principal del aeropuerto para tomar el destino que quisieran. Solamente eran distinguibles porque traían una caja o una bolsa plástica con sus escasas pertenencias en lugar de equipaje. Ahora son sometidos a una segunda o tercera evaluación porque el estado de excepción permite encarcelar a deportados.
Ese fue el caso de Jonathan, que fue llevado en un autobús al CAIM, que es administrado por la Dirección General de Migración y Extranjería.
El lugar fue reformado en julio de 2015 con apoyo del Organismo Internacional de Migración (OIM) con el objetivo de que hubiera un sitio seguro donde pudieran contactar a sus familiares tras ser expulsados de México o EE. UU.
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Jonathan no tenía domicilio en El Salvador, mucho menos antecedentes policiales o penales, pues había dejado el país a sus 12 años. Ni siquiera recordaba con exactitud cómo era el lugar donde había vivido. No sabía qué contestar cuando los oficiales de Migración le preguntaron dónde iba a vivir para poderlo liberar.
Huyendo de la MS-13
Ibania contó su angustia a Expediente Público. “Yo tenía temor porque mi hijo tiene tatuado el nombre de su hermanita, de su esposa y el mío en su antebrazo. Tardó bastante en salir de ese lugar de Migración”, recordó.
En un año que ahora es lejano, 2012, ella reunió el dinero que le pidieron los traficantes de inmigrantes para llevar a su hijo irregularmente a EE. UU.
El día que la familiar que cuidaba de aquel niño le avisó que los pandilleros andaban detrás de él cuando salía de la escuela, Ibania no lo pensó dos veces. De su poblado natal, Ciudad Arce, un lugar que estaba cercado por la MS-13, Jonathan tuvo que sortear solo, sin compañía, una travesía arriesgada por Guatemala y México hasta llegar a Los Ángeles, a los brazos de su madre.
Jonathan vivió los siguientes once años en dicha ciudad estadounidense, donde completó la educación media y luego empezó a trabajar porque iba a ser padre. Su hija nació en junio de 2023.
Ibania contó que Jonathan recibió una denuncia por violencia doméstica, tras una discusión con la madre de la bebé. A raíz de la acusación, a principios de noviembre de 2023, fue requerido judicialmente. En la audiencia, el juez ordenó deportarlo. Primero fue trasladado a un centro de detención, donde estuvo recluido hasta que fue devuelto a El Salvador el 8 de diciembre.
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Según Ibania, fue un proceso rápido, sin aviso, sin tiempo para encontrar un defensor que apelara. En cuestión de horas, su hijo, al que rescató del acoso de las pandillas, estaba de regreso en un país que desconocía.
Encarcelado, incomunicado y sin audiencia judicial
En El Salvador, Jonathan se alojó en casa de un tío paterno, el único pariente que pudo albergarlo. No tenía otro lugar adónde ir, pues su padre era un oficial de la policía que había sido asesinado en 2010 por pandilleros.
“Mi cuñado se lo llevó a su casa en El Congo, Santa Ana. Ahí estuvo mi hijo, que no salía porque no conocía a nadie. Él había vivido en Ciudad Arce con una tía. Pero como mi tía está enferma, entonces mi cuñado se hizo cargo de tenerlo”.
El Congo es un municipio ubicado a 52 kilómetros al oeste de San Salvador.
Sin embargo, la estadía en ese lugar duró apenas 13 días. “Los policías lo fueron a buscar a la casa del tío el 11 de diciembre (de 2023) diciendo que habían recibido una llamada telefónica anónima avisando que habían visto a un pandillero. Lo llevaron a la delegación de El Congo y volvieron a verificar que no tenía antecedentes penales y lo liberaron. Pero regresaron el 21 de diciembre y se lo llevaron. Y desde allí ya no supe nada de mi hijo”, se lamentó Ibania.
Ella no sabe a ciencia cierta dónde está Jonathan. Conoce que fue recluido inicialmente en el sector 1 del Centro Penitenciario de Izalco. Sin embargo, gracias a expresidiarios que una tía suya conoció por casualidad, tiene información de que Jonathan habría sido trasladado al sector 3, enfermo.
Esos expresos le contaron que Jonathan tiene diabetes, que está un poco delgado y anda predicando porque se ha hecho cristiano.
Ibania afirma que, hasta el momento, Jonathan sigue detenido, incomunicado, sin una audiencia judicial.
“He pagado abogados, pero ninguno me da respuesta. No sé nada de él, lo que duele es no tener una llamada, no tener ningún tipo de información, si él está bien, si él está enfermo. No sabes nada. Es como que están secuestrados y uno desde acá envía dinero para que le compren su paquete de reo. En realidad, uno hace las cosas, pero nadie te asegura si lo recibe”.
Dos ataques de las pandillas
La madre de José Roger Urquilla Rivas recuerda vívidamente el 30 de agosto de 2023. Ese día deportaron a su hijo desde Estados Unidos e inició su pesadilla entre delegaciones policiales, instituciones públicas y recintos carcelarios en busca de su paradero.
Sara reside en el departamento La Paz, 59 kilómetros al sureste de la capital salvadoreña. Relató a Expediente Público que su hijo vivió en EE. UU. durante once años, antes de regresar a su país natal en 2020, donde reinició su vida trabajando como conductor particular. Hacía viajes a domicilio porque así evitó el riesgo de ser atacado por pandilleros.
En julio de 2023, sin embargo, decidió que saldría de El Salvador nuevamente por el acoso de la MS-13, que había intentado asesinarlo dos veces, primero, por no pagar la extorsión que le exigían y, después, por conducir en un vecindario sin autorización de los criminales.
En este segundo viaje a EE. UU. no llegó lejos porque fue interceptado por las autoridades migratorias en la ciudad de El Paso, en Texas, donde fue recluido un mes.
El 25 de agosto, José Roger pudo telefonear a su madre desde EE. UU. para avisarle que lo iban a deportar, aunque no sabía la fecha de su regreso.
Sara recibió una segunda llamada el miércoles 30 de agosto, pero ahora el número telefónico era de El Salvador.
“A mí me cayó de sorpresa a eso de las tres de la tarde porque me llamó desde un teléfono desconocido que le había prestado un policía para que me avisara y fue cuando me dijo: ‘mami, fíjese que me han detenido aquí en el aeropuerto al salir del vuelo con los deportados. Vaya a la delegación (policial) en Zacatecoluca porque dicen que allá nos van a llevar”, rememora Sara.
La ciudad Zacatecoluca, que es la cabecera de La Paz, está a 29 kilómetros del aeropuerto y, a veces, los retornados son trasladados a la sede de la policía de la localidad antes de ser distribuidos en alguna de las 24 prisiones del país.
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El ‘código rojo’ de la Interpol
Sara contó que se dirigió de inmediato hasta la sede policial y logró tener un intercambio fugaz con José Roger, quien pudo entregarle sus escasas pertenencias. Vio que él estaba junto con otros cinco deportados.
Al preguntar a la policía el motivo de la detención, un agente le dijo que “todos los que vienen deportados, vienen con un código rojo”.
Se refería a la “notificación roja” con la cual la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) identifica a personas requeridas por las autoridades judiciales de algún país.
“Entonces le dije, ‘mire, señor agente, con todo el respeto que se merece, si él es extraditado con código rojo, sería buscado internacionalmente por la Interpol. ¿Me podría mostrar ese documento que muestra que él es extraditado con código rojo?’ Me respondió: ‘no, es que él ha sido detenido por agrupaciones ilícitas’. ‘Pero él fue detenido al bajar del avión’, le refuté. Y ahí fue cuando afirmó: ‘es que mire, él ha sido detenido por el régimen”, recuerda Sara.
Un día después, el 31 de agosto, Sara fue a la sede de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Zacatecoluca para que le aclararan por qué su hijo estaba detenido.
La funcionaria, al escuchar su solicitud, llamó la atención del resto de sus compañeros de trabajo para indicarles que ella era madre de uno de los retornados y detenidos en el vuelo del día anterior.
“Es que mire, señora, todos los que vienen deportados de Estados Unidos el juez de San Antonio los manda con un ‘código rojo’, me repitió”, relata a Expediente Público.
Tres años de ausencia
Sara no ha vuelto a ver a su hijo desde aquel miércoles 30 de agosto. Por los mismos policías, supo que estuvo recluido durante 15 días en las bartolinas de Zacatecoluca hasta que el 8 de septiembre fue encerrado en el Centro Penitenciario de Izalco, en el departamento de Sonsonate, donde estuvo 15 meses antes de ser trasladado a la cárcel de Ciudad Barrios, que está en el departamento de San Miguel, en el extremo nororiente del país.
Entre la ciudad donde Sara vive y la cárcel donde ahora está José Roger Urquilla Rivas hay 128 kilómetros de distancia. Cada mes, debe efectuar ese recorrido para ir a dejar el paquete de ropa y víveres que exige el sistema penitenciario salvadoreño.
“El 20 de agosto del año pasado (2025) me telefonearon de esa cárcel para avisarme del estado de salud de mi hijo. Me informaron que tiene infección renal crónica y que no me preocupara porque ya estaba en control, que tenía su dieta, sus vitaminas, que lo llevaban a su tratamiento, pero que no me preocupara porque todavía no le estaban haciendo la diálisis”, recuerda mientras contiene el aliento.
“¿Cómo no me voy a preocupar si la insuficiencia renal es una enfermedad terminal?”, se lamenta.
Los once desaparecidos denunciados por HRW
La cantidad de personas expulsadas por EE. UU. y que son apresadas en el marco del régimen de excepción en El Salvador es desconocida porque el gobierno de Nayib Bukele reservó toda la información disponible.
Una investigación de Human Rights Watch (HRW), que analizó el caso de otros ciudadanos salvadoreños deportados en 2025 junto con 252 venezolanos acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, reveló posibles desapariciones forzadas en el sistema penitenciario de este país centroamericano, debido a que los reos no tienen contacto con sus familias ni sus abogados.
Según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la desaparición forzada es definida como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado (…) seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.
De acuerdo con HRW, los familiares de los detenidos por el régimen de excepción no suelen recibir una notificación oficial de su captura ni documentación del lugar de su detención, y deben esperar a que el nombre de su pariente aparezca en el listado de alguna cárcel para poder llevarles artículos de primera necesidad.
El informe sostiene que El Salvador ha sometido a desaparición forzada y detenido arbitrariamente a salvadoreños deportados desde EE. UU.
“Las personas detenidas se encuentran entre los más de 9.000 salvadoreños deportados por Estados Unidos desde principios de 2025. Algunos de ellos fueron deportados el 15 de marzo de 2025, junto con los venezolanos que fueron torturados y, en algunos casos, abusados sexualmente en la prisión de máxima seguridad conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)”, indica la organización.
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Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, dijo a Expediente Público que “las violaciones al debido proceso y las desapariciones forzadas han sido sistemáticas en el marco del régimen de excepción del gobierno Bukele”.
“Las personas deportadas han quedado atrapadas dentro de esas políticas de incomunicación absoluta y suspensión de derechos a las que son sometidos los salvadoreños”, añadió.
Con base en las estadísticas de ICE, desde enero de 2025 han sido deportados más de 9.000 salvadoreños.
“Solo el 10.5% de ellos tenía condenas por delitos violentos en Estados Unidos. Nosotros por ahora solo hemos podido documentar once casos de salvadoreños deportados que se encuentran bajo detención arbitraria y régimen de incomunicación”, explicó Goebertus.
Human Rights Watch conoce de estos casos porque entrevistó a 20 familiares y abogados de esos once salvadoreños que fueron deportados entre mediados de marzo y mediados de octubre de 2025 y luego detenidos inmediatamente en El Salvador. El dossier fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“La respuesta del gobierno Bukele ha sido atacar a las organizaciones, un intento por matar al mensajero, pero sin lograr responder el mensaje central. La realidad es que bajo cuatro años de régimen de excepción su gobierno ha violado de manera sistemática los derechos humanos con detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas e incluso muertes bajo custodia”, recalcó Goebertus.
Juristas internacionales: ‘crímenes de lesa humanidad’
Por otra parte, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) alertó el 24 de marzo que en este país centroamericano están cometiendo “crímenes de lesa humanidad”.
El informe, titulado “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad bajo la política de seguridad pública”, documenta 540 casos de posible desaparición forzada y la muerte de 403 detenidos bajo custodia estatal, incluidos cuatro niños.
Los expertos concluyen que “existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad conforme el artículo 7 del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional (CPI)”.
El Estatuto, del que el Estado salvadoreño es suscriptor desde marzo de 2016, define los crímenes de lesa humanidad como actos atroces, que incluye asesinato, exterminio, esclavitud, tortura, violación, desaparición forzada, entre otros, que son cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
El director del Centro Monseñor Óscar Romero de la Universidad Centroamericana (UCA), Rodolfo Cardenal, afirmó a Expediente Público que “el señalamiento puede sentar a los responsables en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional, por donde ya han pasado varios connotados dictadores”.
Y agregó: “Ningún funcionario (de la administración Bukele) cuestiona la veracidad del informe, sino la integridad de sus autores, y el oficialismo asume que, si el mensajero carece de integridad, su mensaje no es veraz”.
