Expediente Público
Los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025 (OBS, por sus siglas en inglés), elaborada por International Budget Partnership, evidencian, en esta décima edición, las profundas diferencias en materia de transparencia presupuestaria entre los países centroamericanos.
En este ciclo de evaluación —que analizó la transparencia presupuestaria, la participación ciudadana y la fiscalización en 83 países— se incluyeron cuatro naciones centroamericanas: Guatemala y Honduras destacaron por compartir información “suficiente” en materia presupuestaria, mientras que Nicaragua y El Salvador permanecen estancados en la categoría de transparencia “insuficiente”.
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En Nicaragua, según lo documentado por la OBS, se reflejó una leve mejora en la puntuación de transparencia presupuestaria, al pasar de 44 puntos en 2023 a 50 en 2025. Sin embargo, el país reprobó tras acumular diez evaluaciones consecutivas en la categoría “insuficiente” de transparencia, donde se ubican los países que consiguen calificaciones menores a 61 puntos.
Economistas entrevistados por Expediente Público concuerdan en que, para obtener resultados más acordes con la realidad que se vive en los países, la transparencia presupuestaria debe medirse incluyendo otros indicadores, además de la publicación de ocho documentos presupuestarios y algunos de sus elementos, como se hace en la OBS.
Los especialistas señalaro que se deberían considerar otros factores determinantes, como la voluntad política de cada gobierno de transparentar el gasto, la funcionalidad de los espacios de participación ciudadana o el grado de independencia de los órganos encargados de fiscalizar el manejo de los fondos públicos, señalaron los especialistas.
Expediente Público presenta en este especial de dos entregas un análisis profundo de los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025, con énfasis en Centroamérica y, especialmente, en Nicaragua, donde, aunque se publican algunos documentos fiscales, miles de ciudadanos no pueden comprenderlos, debatirlos, oponerse a su aprobación ni fiscalizar su ejecución debido a la concentración total del poder en la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
