* Expediente Público comprobó cómo los cadáveres de centenares de víctimas están hacinados a la intemperie en La Guaira, al norte de Caracas.
* Transparencia Venezuela manifestó su temor por cómo el interinato administrará los fondos para la reconstrucción de Venezuela.
* La cifra oficial de víctimas mortales bordea las 2600, pero una fuente de la Cruz Roja Internacional informó a Expediente Público que serían más.
Expediente Público / Caracas
Los terremotos gemelos que azotaron Venezuela el 24 de junio tomaron a las instituciones del Estado sin los recursos esenciales para afrontar la emergencia. Estos estuvieron alguna vez en manos del Gobierno, pero desaparecieron en medio de la corrupción y la desidia.
El parte oficial de fallecidos por los sismos ascendía a 2595 hasta el viernes pasado. Sin embargo, una fuente de la Cruz Roja Internacional informó a Expediente Público, bajo condición de anonimato, que la cifra real es más elevada.
La institución entregó al interinato de Delcy Rodríguez 3000 bolsas para cadáveres, puesto que las instituciones venezolanas no tenían los instrumentos para resguardarlos ni trasladarlos.
Suscríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
“Estas bolsas ya las teníamos en stock (…) Creemos que serán necesarias otras 2000”, afirmó la fuente.
Los terremotos azotaron 7 de los 23 estados venezolanos, con especial fuerza las zonas central y este del Litoral Central. Sectores como Catia La Mar, Playa Grande, Tanaguarena y Caraballeda quedaron devastados. Otro de los más afectados fue La Guaira.
Ese día era feriado nacional y muchas personas habían viajado a esos lugares desde la capital para disfrutar de las playas y los toques de tambor, que tradicionalmente se hacen por las fiestas de San Juan.
Expediente Público comprobó cómo los cadáveres de centenares de víctimas están hacinados a la intemperie —sin refrigeración— en Bolipuertos de La Guaira, 13 kilómetros al norte de Caracas.
Deslice para más información
Helicópteros rusos de rescate sin funcionamiento
En una situación como esta, la disponibilidad de medios de transporte aéreos puede marcar una diferencia, pues aligera los tiempos de respuesta. Una de las entidades que estaba llamada a participar en la atención a la emergencia era el Servicio Aeronáutico de Rescate (SAR), cuya sede está en la vieja terminal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, al norte de Caracas.
Sin embargo, los tres helicópteros del SAR permanecieron en tierra. Las aeronaves MIL MI-17, de fabricación rusa, no estaban aptas para volar.
En 2006, esta pequeña flota fue entregada al servicio por el entonces presidente Hugo Chávez. Los helicópteros formaban parte de una voluminosa adquisición de 38 unidades, con la que el dictador pretendía abastecer a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional.
La intención era que la dotación de tecnología que no fuese afectada por las restricciones que, desde entonces, imponía el gobierno estadounidense.
Esta adquisición se hizo a pesar de las críticas de grupos con experiencia en materia de salvamento. En 2003, cuando comenzó el estudio para equipar al SAR, la Organización Nacional de Salvamento (ONSA) —una asociación civil sin fines de lucro dedicada al rescate y prevención de riesgos— presentó un informe en el que desaconsejaba esta compra.
En contexto: Más de USD 3900 millones de la corrupción chavista están en 21 países
“Es inconveniente la adquisición del Helicóptero MIL MI-17 como Unidad de Apoyo Aéreo para operaciones de Búsqueda y Salvamento (SAR) debido a su poca versatilidad para maniobras SAR, considerando que existen Unidades de Apoyo Aéreo de ala rotativa, ligeros y medianos, que se adaptan de manera mucho más eficiente a las condiciones y características del Sistema SAR en Venezuela”, indica el informe de la ONSA.
Otra de las razones esgrimidas por esta organización era que estas aeronaves carecían de soporte para el mantenimiento en el país.
En 2019, el medio periodístico Runrunes divulgó una nota sobre estos helicópteros, tras constatar que los tenían parados en el aeropuerto La Carlota, de Caracas. El texto indicaba que los tenían “tirados como chatarra”.
Según el representante de la organización Rescate Humboldt, Enrique Martín, los helicópteros carecían de mantenimiento puesto que Venezuela había cesado los pagos a la empresa estatal rusa Kazan, fabricante de las aeronaves.
Martín afirmó a Expediente Público que dos de las tres aeronaves fueron llevadas a Rusia en 2022, donde una empresa distinta a la del fabricante debía hacer el mantenimiento, y que uno quedó en La Carlota “prácticamente abandonado”.
Además: Delcy Rodríguez escaló arrastrando denuncias de corrupción en Venezuela
“El taller que reparó los helicópteros en Rusia los tenía operativos. Venezuela hizo un pago parcial y los trajo. Luego, los guardaron en hangares de la Aviación Naval en Puerto Cabello. Pero Venezuela no ha terminado de pagar. Y con la guerra (Ucrania) y con Trump gobernando mucho menos pagarán a los rusos. Entonces, aquí no han querido armarlos, pues creen que hay una garantía”, explicó.
La falta de helicópteros dificultó aún más el salvamento de las personas que quedaron en el sector este de La Guaira, toda vez que el rescate por vía terrestre se dificultó pues colapsó el puente de la vía costanera en Caraballeda.
Hubo necesidad de acudir a un viejo Cougar de la Aviación y, ocasionalmente, a la aeronave de un servicio privado de medicina. Luego, EE. UU. aportó helicópteros Super Huey y dos V22 Osprey.
Emergencia y descoordinación
Al conocerse la magnitud de los daños, la presidenta interina Delcy Rodríguez emitió un decreto declarando la emergencia por razones de catástrofe natural. Este es uno de los tres estados de excepción previstos en la Constitución venezolana, vigente desde 1999.
En el decreto se instituye un “estado mayor” para afrontar la crisis, conformado por cinco vicepresidencias que, a su vez, corresponden a los ministerios de Relaciones Interiores, de Ciencia y Tecnología, de Obras Públicas, de Socialismo Social y de Economía.
Igualmente, Rodríguez designó al mayor general Juan Ernesto Sulbarán como “autoridad única” para afrontar los “efectos dañosos” de los sismos. Este oficial, además, es comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, un cuerpo militar señalado por frecuentes actos de corrupción en informes del Departamento de Estado de EE. UU.
El 3 de julio, Rodríguez informó sobre el “colapso total” de 189 edificaciones en La Guaira. Sin embargo, otras fuentes señalan daños mucho más cuantiosos. Según el servicio europeo Copernicus —que realiza monitoreo satelital del planeta—, los sismos habrían afectado 434 inmuebles. Y la agencia estadounidense NASA calcula que serían 58,870.
En ambos casos, las cifras surgen de inferencias derivadas de la comparación de las imágenes satelitales tomadas antes y después de la tragedia.
Según el extitular de la Dirección de Protección Civil y Administración de Desastres, general de brigada retirado (Ejército) Antonio Rivero, la designación de un oficial de la GNB para esta tarea está “totalmente fuera de lugar”.
Rivero afirmó a Expediente Público que lo apropiado era nombrar al director de Protección Civil para esta función. En el decreto, este funcionario —el almirante Juan Carlos Oti— aparece como un subordinado de Relaciones Interiores, despacho a cargo del capitán retirado del Ejército Diosdado Cabello.
Cabello es solicitado por el gobierno de EE. UU., señalado en el expediente judicial del Cartel de los Soles. Es el mismo caso por el que fue extraído el dictador Nicolás Maduro de Caracas el pasado 3 de enero. Por el actual titular de Relaciones Interiores, los norteamericanos ofrecieron una recompensa de USD 25 millones.
En el decreto presidencial, Cabello fue encargado de decidir sobre las expropiaciones de bienes privados que se consideren necesarias para afrontar la emergencia.
Le interesa: ¿Quién es Gustavo González López, el nuevo general en la Defensa de Venezuela?
En criterio de Rivero, este contexto es clave para comprender la actitud vigilante y a veces entorpecedora que han tenido los efectivos militares y policiales hacia los grupos de rescatistas internacionales.
“Les metieron en la cabeza la idea de que son enemigos de la revolución. Hay planes donde se dice que los enemigos internos son los disidentes, entonces el funcionario solo ve enemigos internos, y si vienen de afuera mucho más. Por eso tanta restricción a los rescatistas internacionales. No hay asimilación ni conciencia para diferenciar el momento de tragedia”, indicó.
Agregó que esta conducta ha suscitado rechazo en la población afectada por la tragedia. Los encontronazos entre civiles y uniformados han sido frecuentes tras los sismos. En un video, divulgado a través de las redes sociales, grupos de motorizados arremetían contra policías y guardias nacionales que les impedían el paso a La Guaira, luego de que Relaciones Interiores implementara el requisito del salvoconducto.
Rivero recordó que este estado de ánimo difiere radicalmente del que hubo con respecto a los uniformados en situaciones similares, como los deslaves en el mismo Litoral Central, en diciembre de 1999, y en El Limón, en septiembre de 1987.
“Esto se ha venido regularizando con posterioridad. Pero sucede luego de 144 horas del desastre”, afirmó.
Transparencia para prevenir la corrupción
No es la primera vez que Venezuela afronta emergencias masivas como la planteada luego de los sismos del 24 de junio. Luego del deslave en el Litoral Central, en 1999, el entonces presidente Hugo Chávez instauró el plan Bolívar 2000.
Una bonanza en los precios internacionales del crudo permitió al gobernante financiar obras sin mayor control. Ante las denuncias crecientes sobre malversaciones de fondos, se inició una investigación, y el máximo ejecutor del plan, el general de división Víctor Cruz Weffer, fue enjuiciado y condenado.
Tanto la emergencia de 1999 como la actual se centralizaron en una entidad comandada por militares. Frente a esto, la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, hace un llamado público para que se facilite la auditoría externa de todos los fondos manejados para la reconstrucción.
“En todos los países, los momentos de emergencia han servido para el abuso, por esto hay que implantar sistemas de rendición cuentas muy estrictos. Aquí eso no existe. Y este gobierno, que se mantiene en el poder, es el que va a tratar de atender a las víctimas en este momento de caos”, advirtió.
Para facilitar la salida de la emergencia, EE. UU. otorgó un fondo de USD 300 millones. La Unión Europea, por su parte, ofreció un fondo de emergencia por 5 millones de euros y otros 57 millones de euros en “asignaciones humanitarias”.
Para Mercedes de Freitas, la administración de tanto dinero en un contexto de emergencia comporta grandes riesgos. De allí la necesidad de poner condiciones.
Por ello, advierte: “Hay que exigir la publicación de todos los fondos que se reciben, quién dona y cuánto, para qué destino, quién es responsable de recibir y ejecutar esas donaciones, y cómo será la rendición de cuentas, para que las comunidades puedan evaluar. Hay que publicar eso ya. Lo vamos a pedir”.
