* Castillos, mansiones, aviones, joyas, cuentas bancarias y hasta caballos son parte de los 719 bienes vinculados a la corrupción de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
* La mayoría de los activos han sido ubicados en Estados Unidos, cuyo sistema judicial ventila 80 casos de irregularidades registradas en el chavismo.
* Activistas venezolanos respaldan la PANA Act, una propuesta legislativa estadounidense diseñada para proteger los activos confiscados en beneficio de Venezuela.
Expediente Público
Una reciente investigación de la organización civil Transparencia Venezuela identificó 719 bienes relacionados con los casos de corrupción registrados en los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, los cuales han sido congelados, incautados o decomisados en distintas jurisdicciones.
Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, explicó en una presentación realizada este martes que los activos detectados se encuentran distribuidos en 21 países, entre ellos Estados Unidos, Colombia, Suiza, Italia, Israel, Argentina e Isla Mauricio.
El estudio revela que el valor estimado de estos bienes supera los USD 3900 millones. Sin embargo, la cifra representa apenas una fracción de los recursos desviados en los grandes casos de corrupción que han salido a la luz durante las últimas dos décadas, precisó Freitas.
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“Cuando vemos esos casi 4000 millones de dólares parece mucho dinero, pero es poco si se compara con la magnitud de la corrupción venezolana”, señaló.
Los activos recuperados incluyen una amplia variedad de bienes. Además de cuentas bancarias, las autoridades internacionales han localizado propiedades de lujo, palacios, castillos, vehículos, aeronaves, joyas y otros bienes adquiridos con fondos presuntamente provenientes de la corrupción.
Solo una parte ha sido decomisada
Transparencia Venezuela señala que gran parte de esos bienes aún no está disponible para ser utilizada en beneficio de los venezolanos.
De los 719 activos identificados, únicamente 287 han sido decomisados de manera definitiva. Su valor ronda los USD 1300 millones.
Los otros 432 bienes permanecen congelados mientras los procesos judiciales continúan en tribunales de distintos países.
La diferencia es clave. Un bien congelado sigue sujeto a investigaciones o juicios pendientes, mientras que un bien decomisado ya pasó a ser propiedad del Estado que ejecutó la confiscación.
En muchos casos, explicó De Freitas, los procesos se retrasan porque las autoridades judiciales extranjeras solicitan información a Venezuela y no reciben respuestas. Esa falta de cooperación puede provocar que investigaciones enteras se estanquen o incluso sean archivadas.
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Estados Unidos concentra la mayoría de los casos
La mayor parte de los procesos relacionados con corrupción venezolana se encuentra en Estados Unidos.
María Alejandra Márquez, periodista y fundadora de la Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos (INRAVI), explicó en la misma presentación que su organización está realizando seguimiento a 80 casos procesados en tribunales estadounidenses.
De esos expedientes, 60 ya han generado órdenes de confiscación por aproximadamente USD 2600 millones, precisó Márquez. Sin embargo, eso no significa que todo el dinero esté disponible.
De ese monto, alrededor de USD 600 millones han sido efectivamente recuperados en forma líquida, según los datos recopilados por INRAVI.
Márquez destacó que la cifra podría ser mayor, debido a que parte de la información permanece protegida por confidencialidad judicial.
Además, el número de investigaciones sigue creciendo. Cuando la organización comenzó a monitorear estos casos, hace seis años, existían 20 expedientes. Hoy son 80 y se espera que se sumen al menos 15 más en el corto plazo, afirmó la activista.
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Recuperar dinero no significa automáticamente hacer justicia
Uno de los puntos centrales del debate es que la recuperación de activos no termina cuando se confisca el dinero.
Para Márquez, el verdadero desafío consiste en transformar esos recursos en beneficios concretos para la población venezolana.
“El reto más grande es lograr que esos activos se vuelvan justicia para la población de la que fueron robados”, afirmó.
La especialista sostiene que Venezuela enfrenta actualmente una situación excepcional. Las vías tradicionales para recuperar activos exigen la participación del Estado víctima. Sin embargo, las condiciones institucionales del país dificultan ese proceso, señaló.
Ante este escenario, INRAVI impulsa en Estados Unidos una propuesta legislativa denominada PANA Act.
La iniciativa plantea la creación de un fondo especial destinado a proteger los recursos recuperados en casos de corrupción venezolana y garantizar que, en el futuro, puedan utilizarse en beneficio de la población.
La propuesta contempla cuatro áreas prioritarias: fortalecimiento institucional y democrático, defensa de los derechos humanos, apoyo a medios independientes y libertad de expresión, así como programas para el combate a la corrupción.
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Los obstáculos jurídicos
El abogado e investigador Guillermo Jorge explicó en el mismo panel que la recuperación internacional de activos es uno de los procesos más complejos dentro de la lucha anticorrupción.
Aunque la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción estableció mecanismos para facilitar estas acciones desde 2005, en la práctica los países afectados deben participar para demostrar la procedencia de los recursos y reclamar su devolución.
El problema surge cuando las instituciones nacionales carecen de independencia o no colaboran con las investigaciones, señaló Jorge.
“Los procesos de recuperación de activos son procesos complejos y requieren la participación activa del Estado víctima”, explicó.
En algunos países, como Suiza y Francia, se han aprobado leyes especiales que permiten decomisar bienes vinculados a la corrupción incluso cuando el país de origen no coopera adecuadamente.
Estas herramientas han surgido precisamente para evitar que recursos vinculados a regímenes cuestionados permanezcan indefinidamente congelados o regresen a manos de quienes los obtuvieron de forma ilícita.
¿Quién es la verdadera víctima?
Otro de los debates es la definición de quién debe ser considerado víctima en los casos de corrupción. Tradicionalmente, los sistemas judiciales consideran que la víctima es el Estado afectado. Desde esta perspectiva, los bienes recuperados deberían pasar al erario nacional.
Sin embargo, algunos fallos recientes han reconocido que, en determinadas circunstancias, las verdaderas víctimas son los ciudadanos.
Para organizaciones de transparencia y recuperación de activos, esta interpretación podría abrir nuevas posibilidades para destinar los recursos recuperados a programas sociales, reparación de víctimas y fortalecimiento institucional.
La discusión cobra especial importancia en Venezuela, donde millones de personas han sufrido las consecuencias de una profunda crisis económica, social e institucional.
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Una oportunidad para la reconstrucción democrática
En la presentación del informe de Transparencia Venezuela, los tres expertos coincidieron en que los más de USD 3900 millones identificados no resolverán por sí solos los problemas estructurales del país: no alcanzarán para reconstruir el sistema eléctrico, recuperar la infraestructura nacional o solucionar la crisis económica.
Sin embargo, sí podrían convertirse en una herramienta importante para promover justicia, transparencia y fortalecimiento institucional, precisaron.
La clave estará, según Jorge, en definir mecanismos claros, transparentes y supervisados para administrar esos recursos.
Mientras tanto, los activos permanecen dispersos en distintas jurisdicciones del mundo, sujetos a procesos judiciales que pueden extenderse durante años.
