El giro organizativo de la MS-13 y el Barrio 18, junto con 20 bandas locales, ha transformado las dinámicas delictivas en Honduras. Reportes y estadísticas policiales reflejan un reordenamiento territorial marcado por la extorsión y la penetración rural.
Expediente Público
Honduras atestigua una silenciosa y voraz metamorfosis del crimen organizado. Las maras y pandillas ya no solo disputan las esquinas, sino que rediseñan el imperio delictivo que ahoga al país. Células locales emergentes y antiguos mandos consolidados han reestructurado sus fronteras de dominación territorial ante el implacable avance de las organizaciones criminales transnacionales.
Reportes de la Policía Nacional destacan la operatividad ya no solo de la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, sino de otras 20 estructuras criminales que operan de manera independiente.
Expediente Público accedió a informes oficiales que muestran cómo estas organizaciones se reparten el territorio nacional y los delitos a los que se dedican.
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A la par de este despliegue de maras y bandas, las cifras del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) muestran una caída en los homicidios. La tasa nacional por cada 100 mil habitantes descendió de 26 en 2024 a 23 en 2025. En los primeros siete meses de este año, la tasa llegó a 12, según cifras de la Policía Nacional. Sin embargo, se han registrado muertes violentas en departamentos donde antes no había.
La estructura criminal en Honduras
El general de las Fuerzas Armadas en condición de retiro Luis Alonso Maldonado Galeas explicó a Expediente Público cómo se articula la cadena de mando del crimen organizado en Honduras.
Según el analista, esta estructura funciona como una pirámide de jerarquías que distribuye roles específicos en la operatividad delictiva.
En la cúspide se encuentran los cárteles transnacionales, dirigidos por personas extranjeras —provenientes de países como México o Venezuela— o nacionales. Su función principal dentro del esquema criminal es liderar y financiar las operaciones de la narcoactividad a gran escala.
En el nivel intermedio de la organización se ubican las maras y pandillas, como la MS-13 y el Barrio 18. Maldonado Galeas explicó que estas estructuras actúan como el enlace logístico entre las cúpulas internacionales y el plano territorial interno para coordinar el tráfico de drogas.
En el escalón inferior se sitúa una estructura de base encargada del trabajo de campo. Sus miembros ejecutan la distribución interna de droga y aseguran tareas logísticas clave como la custodia, el almacenamiento, las rutas terrestres y el control de zonas de aterrizaje o amarizaje.
Las 22 organizaciones locales
De acuerdo con los informes policiales, Copán es el departamento más fragmentado por la cantidad de organizaciones delictivas que ahí operan. Los reportes muestran la presencia de cinco estructuras: Los Primos, Banda Super Javi, Los Arturos y Los Fuentes o Charrudos, además de la MS-13.
En esta geografía delictiva coexisten tanto bandas tradicionales de arraigo histórico como células emergentes de escala departamental o insular.
Entre las organizaciones más antiguas destacan la banda de «Mito Padilla» en Olancho y Yoro —con una trayectoria ligada al sicariato, despojo de tierras y abigeato— y «El Combo que no se deja» en Francisco Morazán, surgida como una facción disidente que desafió directamente el monopolio urbano de las maras.
A estas se suman estructuras consolidadas en corredores delictivos, como «Los Pelonas» en Cortés, Los Peludos en Olancho, y «Los Pérez» y «Los Castillos» en el departamento de Comayagua.
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Paralelamente, la penetración del crimen organizado en áreas periféricas e insulares ha impulsado la aparición de células operativas adaptadas a las dinámicas locales. En el litoral atlántico e insular figuran «Los Sosa» en La Ceiba (Atlántida), «Los Coleman» en Puerto Cortés y estructuras transfronterizas como «Los Isleños» y «Los Jamaiquinos» en Islas de la Bahía, asociadas al tráfico marítimo y la extorsión comercial.
En el sur del país, el control del microtráfico y delitos fronterizos en Choluteca y Valle se encuentra repartido entre «La Doña» y «Los Muñoz», mientras que en el occidente (Ocotepeque) operan «Los del Callejón» junto con células especializadas de extorsión.
Cambio de modelo organizativo
El general Maldonado Galeas sostiene que las dos principales maras que operan en el país —la MS-13 y Barrio 18— han tomado rumbos operativos distintos.
Argumenta que la evolución de sus actividades responde a las oportunidades de negocio y a la presión de las fuerzas de seguridad.
«La Mara Salvatrucha ya se orientó hacia crímenes más sofisticados y de mayor rentabilidad (transporte, seguridad y protección de cargamentos de droga). La Mara 18 se quedó con la criminalidad de un nivel medio para abajo, con mucha incidencia en la extorsión», afirmó Maldonado Galeas.
Esta división del trabajo criminal ha reconfigurado el control territorial en los barrios y colonias. La MS-13 busca escalar en la cadena de valor del crimen, mientras que el Barrio 18 presiona la economía de base.
Por su parte, la experta en seguridad Mirna Flores sostiene que las pandillas están experimentando un proceso de reconfiguración forzada tras los embates policiales.
«Las pandillas se están desarticulando y van orientándose hacia ciertas actividades y algunas de ellas empiezan a operar em el narcotráfico», afirmó Flores a Expediente Público.
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Expansión de las maras y extorsión hacia zonas rurales
La expansión de las estructuras criminales hacia zonas montañosas se refleja en los datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL) entre 2023 y 2025. Ocotepeque más que duplicó los homicidios al pasar de 18 en 2023 a 46 en 2024. Y en 2025 alcanzó los 52.
Intibucá registró 50 homicidios en 2023. La cifra se redujo a 34 en 2024 y ascendió nuevamente a 54 en 2025.
Lempira mostró un incremento constante al pasar de 102 casos en 2023 a 109 en 2024 y 123 en 2025.
Maldonado Galeas señala que la poca presencia estatal en estos municipios facilita la penetración delictiva.
«Se ha encontrado la extorsión como uno de los negocios más rentables (…) Otras organizaciones criminales han encontrado que todavía el método de la extorsión directa es rentable en los municipios, en las aldeas», indicó Maldonado Galeas.
El sesgo geográfico de SEPOL evidencia que el campo sostiene una alta proporción del fenómeno violento: las zonas rurales representaron el 47 % de los homicidios en 2023 (1,431 casos), el 45 % en 2024 (1,161 casos) y el 44 % en 2025 (1,022 casos).
Sin embargo, los datos oficiales muestran un matiz clave en la dinámica de las masacres. Los casos registrados en el área rural aumentaron de 12 en 2024 a 16 en 2025. Este crecimiento se dio a pesar del descenso general de homicidios individuales.
Mirna Flores coincide en que el traslado de operaciones hacia zonas rurales responde a la búsqueda de refugio.
«Eso también hace que estas estructuras se desplacen a las zonas montañosas, a zonas donde no puedan ser percibidas», manifestó la especialista.
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El ‘efecto contagio’ y la presión en El Salvador
El despliegue de políticas de mano dura y los regímenes de excepción en El Salvador han generado un reordenamiento forzado en las fronteras hondureñas. Flores advierte que la asfixia operativa en el país vecino no eliminó las estructuras, sino que provocó un desplazamiento táctico de sus integrantes hacia áreas donde la vigilancia es menor.
«Eso también hace que estas estructuras se desplacen a las zonas montañosas, a zonas donde no puedan ser percibidos», señaló Flores y explicó cómo miembros de pandillas salvadoreñas buscan refugio y reorganización en municipios rurales y fronterizos de Honduras.
Sumisión de maras al narcotráfico transnacional
La relación entre las maras y las grandes estructuras internacionales como el Tren de Aragua, de Venezuela, y los cárteles de Sinaloa y Jalisco de Nueva Generación, de México, ha mutado hacia una subordinación.
«El narcotráfico se ha expandido, ha subsumido a las maras, las ha puesto a su servicio», afirmó Flores.
El exagente de la DEA, Mike Vigil, coincide en que la presencia transnacional en suelo hondureño está encabezada por los cárteles más poderosos del continente.
«Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa tienen presencia ahí en Honduras; manejan el movimiento de coca de Colombia y podrían comenzar a producir fentanilo si las autoridades no están al tanto», afirmó Vigil a Expediente Público.
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Cultivos de coca y la amenaza del fentanilo en Honduras
Más allá del tránsito de estupefacientes, la dinámica del narcotráfico en territorio nacional ha sufrido una transformación. Vigil explicó que el país dejó de ser un simple puente para convertirse en un centro de cultivo y procesamiento.
«Honduras no es nomás ahora un punto transitorio; es un país productor donde están encontrando muchos plantíos de coca y laboratorios para procesar la pasta y la base», destacó Vigil.
Respecto a las drogas sintéticas, el especialista advierte sobre la detección de opioides en el país y el riesgo latente de que los cárteles mexicanos instalen laboratorios locales.
«Se ha incautado fentanilo en Honduras (…) no he visto evidencia de que lo estén produciendo, pero eso puede llegar muy fácil porque los dos productores más grandes en México son los dos cárteles que tienen presencia ahí», aseguró el exagente de la DEA.
Respuestas estatales y vacíos en la contención del delito
Frente a la recomposición de las maras y pandillas, los especialistas entrevistados cuestionan la efectividad de los cambios de nombre en las unidades de seguridad. Maldonado Galeas se refirió a la transformación de la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), que fue disuelta y reemplazada por la División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en mayo de este año.
«No se advierte una efectividad en cuanto a la nominación que se le dio a esta organización (…) El antiterrorismo requiere de mucha especialización y también enfrentar a las maras y pandillas», remarcó Maldonado Galeas.
Por su parte, Flores considera que los ajustes estructurales responden más a un cálculo político que a una estrategia técnica.
Advirtió que la rotación de personal no elimina los vicios del pasado. «Lo que se va a tener es un cambio de nombre, pero no va a tener una estructura eficiente (…) Son cambios de nombre, son políticas populistas», sentenció Flores.
Ante el endurecimiento del crimen, el Congreso Nacional impulsó reformas penales publicadas en La Gaceta para elevar las penas por extorsión, que iban de 10 a 15 años y pasaron a ser de 15 a 20 años de prisión.
Entre las nuevas conductas tipificadas se incorporó el desplazamiento forzado territorial, penalizando de forma explícita el amedrentamiento de maras y pandillas para expulsar a ciudadanos de sus viviendas o comercios.
Asimismo, se equiparó la extorsión sistemática y el control de barrios con los delitos de criminalidad organizada de alto impacto y terrorismo, se incluyó la figura de coacción para el cobro o colaboración logística, y se fortaleció la sanción al financiamiento indirecto y lavado de activos vinculados a estructuras extorsivas.
A la par, el Gobierno asegura haber bloqueado el 98.5 % de las llamadas desde los centros penitenciarios para asfixiar las órdenes que salen del encierro. Una investigación de Expediente Público mostró que la política militarista no está frenando la extorsión. Los conductores de taxis siguen viviendo un estado de alerta ante este flagelo.
