El presupuesto de Guatemala para seguridad y defensa pasó de USD 986 millones a USD 1,901 millones en los últimos años. Sin embargo, la tasa de homicidios se mantiene. Un estudio de Expediente Abierto analiza qué sucede.
Por Expediente Público
Guatemala casi ha duplicado los recursos para seguridad y defensa en los últimos años. Sin embargo, las encuestas muestran que la percepción ciudadana sigue marcada por el temor a la delincuencia, la expansión del crimen organizado y la desconfianza en el Estado para responder a estos desafíos.
Especialistas consultados por Expediente Público coinciden en que el problema no radica principalmente en cuánto dinero se invierte, sino en cómo se ejecuta.
Las instituciones gubernamentales, por su parte, justifican el uso del presupuesto. El Ministerio de la Defensa señaló a Expediente Público que los recursos han servido para potenciar su desempeño en el campo. Y el Ministerio de Gobernación afirmó que, pese al incremento presupuestario, el dinero sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de la población.
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El informe “¿Más seguridad? Análisis de la eficacia del gasto en seguridad y defensa en Centroamérica (2020-2026)”, elaborado por el centro de pensamiento Expediente Abierto, concluye que existe una paradoja en la región: los presupuestos destinados a seguridad crecen, pero las capacidades institucionales siguen siendo limitadas y los resultados son desiguales.
De acuerdo con este estudio, Guatemala gastó USD 986 millones en seguridad y defensa en 2020 y aprobó un presupuesto de casi USD 1.901 millones, un incremento del 93%.
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Estas cifras reflejan que el fortalecimiento financiero de las instituciones encargadas de combatir la criminalidad ha sido una prioridad para el Estado. Sin embargo, el propio informe advierte que mayores asignaciones presupuestarias no han reducido la inseguridad, pues persisten debilidades en la planificación, la ejecución del gasto y la coordinación institucional.
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La seguridad, el mayor problema ciudadano
Los datos recopilados por Latinobarómetro, incluidos en la investigación de Expediente Abierto, muestran que la delincuencia continúa siendo el principal problema nacional. El 16.1 % de los guatemaltecos entrevistados contestó que esa era su mayor preocupación, seguida de la economía y la corrupción.
La sensación de vulnerabilidad también quedó reflejada al consultar a los ciudadanos sobre su experiencia con el delito. En Guatemala, el 26.6 % de las personas afirmó haber sido víctima de la delincuencia durante los doce meses previos a la encuesta, la cual fue realizada en 2024.
Esta cifra es superior a la registrada un año antes y coloca al país entre los que tienen niveles delictivos más altos de la región, superado solo por Honduras.
Pedro Montenegro, analista en seguridad y catedrático guatemalteco, considera que lo central debe ser la atención a la ciudadanía. “La población evalúa la seguridad por lo que vive todos los días. Si continúa siendo víctima de extorsiones, robos o hechos violentos, difícilmente va a considerar que existe una mejora, aunque las instituciones dispongan de más recursos”, afirmó a Expediente Público.
Poca planificación
Para los investigadores de Expediente Abierto, estos datos evidencian que la percepción de seguridad no depende únicamente del tamaño del presupuesto, sino de la capacidad del Estado para traducir esos recursos en instituciones más eficientes, en mayor presencia policial, en investigaciones oportunas y en políticas públicas sostenidas.
En el caso guatemalteco, el informe identifica varios factores que limitan este proceso. Uno de ellos es que el crecimiento del gasto no responde a una planificación estratégica de mediano y largo plazo.
Con frecuencia, las decisiones presupuestarias obedecen a necesidades coyunturales o criterios políticos, lo cual termina debilitando la posibilidad de medir resultados concretos y mejorar la eficacia institucional, señala el informe.
Mucho gasto, mínima inversión
Los especialistas consultados para el estudio también advierten que buena parte de los recursos continúa concentrándose en gasto corriente, mientras que la inversión destinada a infraestructura, tecnología, equipamiento y modernización institucional mantiene una participación baja.
La investigación muestra que el Ministerio de Gobernación destinó el 6.18 % de sus recursos para proyectos de inversión el año pasado, mientras que el Ministerio de la Defensa asignó el 1.5 %.
Esta situación limita la capacidad operativa de las instituciones para responder a amenazas cada vez más complejas, especialmente frente al crecimiento del crimen organizado y del narcotráfico, según señaló a Expediente Público el portavoz del Ministerio de la Defensa, el teniente Alfredo Sierra.
Falta de policías
El informe de Expediente Abierto agrega que Guatemala comparte otra dificultad, que es común en los países de la región: la deficiente profesionalización policial.
El estudio recuerda que algunas reformas impulsadas para fortalecer la formación de los agentes se debilitaron en administraciones anteriores, que privilegiaron criterios políticos sobre aspectos técnicos.
En el gobierno de Alejandro Giammattei se dejó de reclutar nuevos agentes para la Policía Nacional Civil con el argumento de que no había recursos para ello en el presupuesto.
Este problema inició en 2022 y se extendió hasta 2024, el primer año del gobierno del actual presidente, Bernardo Arévalo. El reclutamiento se reinició en 2025.
Ahora, existen 42,934 agentes, esto es 242 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con Jorge Aguilar, portavoz del Ministerio de Gobernación.
Montenegro señala que, en un país con alta criminalidad como Guatemala, se necesitan 375 agentes por cada 100 mil habitantes y que estos deben estar dedicados al patrullaje ciudadano, no a cuidar instituciones o embajadas.
Pablo Velásquez, analista en seguridad y experto en presupuestos, agrega que además hacen falta incentivos para los agentes policiales. “Los policías siguen enfrentando condiciones difíciles. Durante los últimos años no se han observado incrementos salariales que correspondan a la responsabilidad que implica su trabajo”, afirmó a Expediente Público.
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Más presupuesto, pero sin cambios visibles
Montenegro sostiene que el manejo presupuestario ha sido deficiente en las áreas de seguridad y defensa.
“En los últimos años hemos visto presupuestos cada vez más altos, pero ese crecimiento no se refleja en un incremento significativo de agentes policiales ni en mejores condiciones para quienes ya integran la institución”, afirmó a Expediente Público.
El especialista indicó que buena parte del presupuesto continúa absorbiéndose en gastos de funcionamiento, mientras las inversiones dirigidas a fortalecer el trabajo operativo siguen siendo limitadas.
“El problema no es únicamente cuánto dinero se aprueba, sino cómo se distribuye. Si la mayor parte termina cubriendo funcionamiento administrativo y no se traduce en más policías, mejor capacitación, infraestructura o tecnología, difícilmente la población percibirá cambios en su seguridad cotidiana”, señaló.
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El reto no es solo gastar más, sino gastar mejor
El estudio de Expediente Abierto también advierte que las amenazas que enfrenta Guatemala han evolucionado durante los últimos años. Las estructuras criminales operan con mayor capacidad logística, recursos económicos y presencia territorial, lo que obliga a que las instituciones del Estado respondan con estrategias de largo plazo, mejor coordinación y procesos permanentes de modernización.
En este contexto, los especialistas coinciden en que aumentar el presupuesto representa únicamente una parte de la solución.
“La eficacia de la inversión dependerá de que los recursos lleguen a donde realmente se necesitan: más agentes capacitados, mejor tecnología para la investigación criminal, infraestructura adecuada, sistemas de inteligencia fortalecidos, controles internos eficientes y condiciones laborales que permitan retener personal calificado”, comentó Velásquez.
El informe de Expediente Abierto concluye que Centroamérica enfrenta el reto de pasar de medir el esfuerzo de los Estados por el tamaño de sus presupuestos a evaluar el impacto real de esos recursos sobre la seguridad de la población.
En Guatemala, ese desafío cobra especial relevancia debido a que, pese al crecimiento sostenido de las asignaciones para seguridad y defensa, la ciudadanía continúa percibiendo que la violencia y la delincuencia forman parte de su vida cotidiana, afirmó Velásquez.
Defensa destaca su papel en operativos
El portavoz del Ministerio de la Defensa, teniente Alfredo Sierra, afirmó a Expediente Público que el incremento en el presupuesto asignado a la institución responde a las funciones que desempeña en materia de seguridad interna, especialmente en apoyo a las fuerzas de seguridad en operativos contra estructuras dedicadas al narcotráfico y otros grupos delincuenciales.
Según Sierra, los recursos permiten mantener la capacidad operativa de las unidades militares y fortalecer las acciones de vigilancia en distintos puntos del país.
Señaló que el Ejército mantiene un trabajo coordinado con la Policía Nacional Civil (PNC), mediante patrullajes conjuntos y acciones destinadas a reforzar la presencia del Estado en áreas donde se requiere mayor control territorial.
Agregó que la institución mantiene una participación constante en tareas de apoyo a la seguridad pública, principalmente en la persecución de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas. Sierra destacó que la incautación de drogas se ha duplicado.
Gobernación reconoce limitaciones
Por su parte, Jorge Aguilar, portavoz del Ministerio de Gobernación, aseguró a Expediente Público que, aunque la institución recibe recursos para atender las necesidades de seguridad, el presupuesto continúa siendo insuficiente para realizar transformaciones profundas en la Policía Nacional Civil.
Aguilar explicó que existen necesidades relacionadas con equipo, tecnología y herramientas para los agentes, pero que deben priorizar las compras de acuerdo con la capacidad financiera disponible.
El funcionario reconoció que la cantidad de armas, uniformes y vehículos es insuficiente.
A pesar de estas limitaciones, agregó Aguilar, los operativos masivos contra las pandillas y narcomenudeo han sido uno de los principales logros en el combate al crimen. Recalcó que, en esas operaciones, se han capturado hasta 200 personas en 24 horas.
