El Salvador vive en estado de excepción desde marzo de 2022. Cada mes, el presidente Nayib Bukele prorroga la medida. Argumenta que ha capturado a más de 90,000 “terroristas” y que El Salvador es el país más seguro de la región. Por otro lado, hay denuncias de graves violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué Bukele mantiene la medida si las condiciones han cambiado?
Jéssica Guzmán / Expediente Público
Los salvadoreños llevan más de 1,600 días con derechos fundamentales suspendidos. Esto es lo que ha durado el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele. Él defiende la medida argumentando que, gracias a esta, ha logrado capturar a 92,959 personas a las que señala de “terroristas”.
Por otro lado, organizaciones civiles denuncian que 30,000 de esas detenciones se han realizado contra ciudadanos sobre los cuales no hay evidencia de que pertenezcan a las pandillas. También señalan que, en estos casi cuatro años y medio, se han registrado 565 muertes de personas bajo custodia del Estado.
Con estos contrapuntos se abre el debate: ¿El régimen de excepción es necesario para dar seguridad en el país? ¿Por qué Bukele no gobierna sin él?
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Expediente Público habló con expertos para entender por qué Bukele sigue manteniendo la medida si las condiciones que la motivaron el 27 de marzo de 2022 han cambiado.
Hay leyes suficientes para combatir el crimen
Mauricio Maravilla, abogado y analista político, señala que El Salvador cuenta con la legislación suficiente para capturar, enjuiciar y condenar a los pandilleros. Considera que la medida excepcional no busca este fin, sino suspender garantías constitucionales a todos los salvadoreños.
Argumenta que las solicitudes de prórroga que el Ejecutivo envía, mes a mes, a la Asamblea Legislativa alegan la persistencia de crímenes comunes.
“Quieren hacer ver que ninguna de estas cosas de criminalidad común puede ser atendidas sin el régimen de excepción. (…) Ahí está un primer problema porque eso no es cierto”, aseguró el experto a Expediente Público.
Agregó que El Salvador no solo cuenta con el Código Penal y el Código Procesal Penal, sino también con varias leyes especializadas contra delitos específicos como la extorsión, el crimen organizado y el lavado de activos, entre otros. “Tiene una cantidad de leyes que en su conjunto son las que el Estado necesita para combatir la criminalidad, y no el régimen de excepción”, enfatizó Maravilla.
Tres garantías constitucionales suspendidas
Con el régimen se han suspendido tres garantías constitucionales. Con ello, si un ciudadano es apresado, no tiene derecho a conocer el motivo. Además, la Policía puede mantener detenida a cualquier persona durante más de 72 horas para investigación. Por último, el secreto de las comunicaciones está anulado.
“Esta suspensión de garantías no es solamente para los que están vinculados con pandilla, ya que, cuando las garantías constitucionales se suspenden, se suspenden para todo el mundo”, afirmó Maravilla.
El antes y el después del régimen
Las denominadas maras MS-13 y Barrio 18 controlaron El Salvador por más de dos décadas con asesinatos, violaciones, extorsiones y toda clase de crímenes. Por esta razón, el país fue calificado como el más violento del hemisferio occidental. El 2015 fue, según registros oficiales, el más violento, con una tasa de homicidios de 106 por cada 100,000 habitantes.
El fin de semana del viernes 25 de marzo de 2022 fue el más violento de la historia reciente salvadoreña. En tres días, la cifra superó los 80 asesinatos. Eso motivó la aprobación del régimen de excepción. El objetivo era reforzar el denominado Plan de Control Territorial.
Las autoridades montaron cercos de seguridad en zonas peligrosas como el distrito de Soyapango, las colonias Chintuc y Valle del Sol en Apopa, y Tutunichapa en San Salvador, entre otras.
Ese mismo año, en junio, tras la muerte de tres agentes policiales en manos de pandilleros, Bukele aseguró que iba a “arreciar la guerra contra las pandillas, se queje quien se queje”.
En esa ocasión, dejó ver que la duración de la medida sería larga. “El régimen de excepción es de excepción; no va a durar para siempre (…), pero no lo vamos a quitar en dos, tres meses, antes de acabar la guerra contra las pandillas, sostuvo Bukele.
El anuncio del Cecot
Ese mismo junio, el presidente salvadoreño anunció la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel de máxima seguridad que fue inaugurada el 31 de enero de enero de 2023.
A casi un año del régimen, el gobierno informó que, dentro de los 61,300 pandilleros capturados a esa fecha, había 900 cabecillas de pandillas y que, de ellos, 10 formaban parte de la «mesa criminal» de la MS-13. Además, las autoridades decomisaron USD 226 millones en droga.
El primero de junio de 2025, el presidente Bukele, en su discurso del primer año del segundo mandato aseguró que las pandillas dejaron “la cifra real de homicidios arriba de 200,000 salvadoreños asesinados por las pandillas”.
La violencia criminal descendió
En mayo de 2026, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro aseguró que, gracias al régimen de excepción, el año 2025 terminó con una tasa de “1.3 homicidios por cada 100 mil habitantes y cero impunidad en los 82 asesinatos ocurridos en ese período”.
A esos datos, el Gobierno suma 1,102 días sin muertes violentas, según sus registros. “El 2025 representa el año más seguro en la historia patria”, subrayó Villatoro.
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, defendió el manejo de la seguridad mediante el régimen el 6 de marzo pasado, en una entrevista para Euronews.
“No hay una agenda mejor en América Latina, en Centroamérica, en las Américas que la de El Salvador; somos el país más seguro del hemisferio occidental… en Europa no te sentís tan seguro, nosotros en El Salvador estamos 100% seguros”, defendió Ulloa.
Una cuestión de marketing
Maravilla señala que, mediante propaganda, el gobierno ha construido el régimen como “una gran marca que viene a equipararse con la palabra seguridad” y le atribuye la disminución de homicidios.
Al estar suspendidos tres derechos fundamentales, no todos están dispuestos a criticar públicamente al estado de excepción. Un politólogo y analista experto en temas de seguridad, quien pidió anonimato para evitar posibles represalias, comentó a Expediente Público que, si bien el régimen es una medida legal, “obedece a una estrategia de comunicación política exitosa”.
Agregó que, como instrumento político, el estado de excepción no solo ayuda a detectar pandilleros y agrupaciones ilícitas, sino que además “le puede servir al Gobierno para espiar a sus opositores, para prevenir que la oposición en el país se organice y se desarrolle, que haya voces críticas. Entonces, ¿por qué lo va a quitar?”, cuestionó el especialista.
A finales de 2021, un grupo de periodistas, dirigentes de organizaciones civiles y políticos denunciaron públicamente haber recibido advertencias de posible espionaje de parte del gobierno.
En julio de 2022, el relator para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno para esclarecer las denuncias de espionaje por medio del software Pegasus.
Límites para la libertad de expresión
Samuel Ramírez, vocero del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), coincide en que el régimen de excepción le ha dado muchos réditos políticos al presidente. “Bukele no quitará el régimen mientras le sirva para seguir gobernando”, afirmó a Expediente Público.
Agregó que, por la medida, la población no puede protestar, denunciar ni pronunciarse sobre las violaciones a los derechos humanos; tampoco sobre las decisiones antipopulares del Ejecutivo y del Legislativo, como las reformas a la Constitución para permitir la reelección indefinida.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró, en su informe sobre Libertad de Expresión 2025, “50 casos de periodistas que fueron forzados al exilio, ante la posibilidad de un arresto arbitrario”.
También se registran casos de defensores de derechos humanos, críticos del gobierno, como el de Ruth López, quien era jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal.
La Policía la aprehendió el 18 de mayo de 2025, acusada por el Gobierno de peculado, primero, y de enriquecimiento ilícito, después. López lleva más de 470 días detenida.
Ingrid Escobar, vocera de Socorro Jurídico Humanitario, denunciante de casos de violaciones de derechos humanos y de supuestas muertes a manos del Estado, optó por el exilio, asegurando que recibía “constantes acosos de parte de la Policía Nacional Civil”.
Una medida antidemocrática
José Miguel Cruz, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de La Florida (FIU, por sus siglas en inglés), ha dado seguimiento a la situación de El Salvador bajo el estado de excepción.
Él asegura que el régimen de excepción “nunca fue necesario, tal y como fue concebido por el gobierno de Bukele, porque no fue diseñado para resolver el problema de la violencia, sino para someter a la población salvadoreña, desmontar muchos contrapesos y ejercer el poder sin limitaciones”.
Cruz respalda el argumento de que El Salvador tiene un marco legal suficiente para hacer frente a las pandillas. “En las condiciones actuales el Gobierno ha metido a la cárcel a gente completamente inocente y eso es un costo demasiado alto para la sociedad salvadoreña”, afirmó a Expediente Público.
El director del Centro recordó que esta “estrategia política” les funcionó a los anteriores gobiernos, como la “mano dura”, implementada por los mandatarios Francisco Flores y Antonio Saca, ambos de Arena.
“Fue una estrategia para ganar votos y que el partido Arena se mantuviera en el poder; asimismo, la estrategia de Bukele con el régimen es para mantenerse en el poder”, aseguró Cruz.
El riesgo de quitar el régimen
Por su parte, el director del Programa para América Latina y el Caribe de Crisis Group, Iván Briscoe, coincide en que el “régimen no es esencial”, pero señala que quitarlo significa un riesgo para el gobierno.
Briscoe argumenta que devolver los derechos constitucionales suspendidos daría pie a investigaciones de “violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado, documentadas por organizaciones”.
“El próximo año hay elecciones y Bukele seguramente va a ganar. Podría levantarlo al inicio de ese mandato si tiene la evidencia de lo que ha logrado El Salvador es irreversible”, afirmó Briscoe a Expediente Público.
Compras sin concurso bajo el régimen
Para la diputada Marcela Villatoro, jefa de la fracción de Arena en la Asamblea Legislativa, aprobar mes a mes el régimen les sirve a los diputados del Nuevas Ideas, el partido oficial, para hacerse ver ante los salvadoreños “como los salvadores”, pero también le sirve al Ejecutivo para “realizar compras y contrataciones directas, sin el proceso debido, sin licitaciones”.
Esto obedece a que, en el marco del régimen de excepción, se aprobó el “Régimen especial transitorio para la adquisición de bienes y servicios y para la ejecución de todo tipo de obras de inversión por parte del Estado en el marco de la declaratoria de régimen de excepción”.
Este decreto establece que las adquisiciones ser realizarán de forma directa para que se “simplifique y facilite” el proceso.
Expediente Público solicitó una entrevista al presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, pero no hubo respuesta. Tampoco hubo contestación por parte del secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Manuel Flores.
30,000 detenidos sin vínculos con pandillas
Socorro Jurídico Humanitario (SJH) es una organización civil que se constituyó para dar asistencia legal a víctimas de violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción.
Su vocera, Ingrid Escobar, dijo a Expediente Público que la agrupación ha recibido 5,000 solicitudes de ayuda y que han presentado al sistema judicial 3,600 casos en los que hay evidencia de violaciones.
El Gobierno sostiene que bajo el régimen ha capturado a “92,959 terroristas”. De acuerdo con SJH una tercera parte de esas aprehensiones generan dudas.
“Dentro de nuestro análisis con criminólogos y abogados, consideramos unas 30,000 personas detenidas en el régimen de excepción con elementos de prueba suficientes para considerarlas inocentes”, señaló Escobar.
Según la vocera de SJH, bajo el régimen de excepción han muerto 565 personas y que la mayoría de las víctimas no tenía perfil de pertenecer a una mara.
“El 6 % estaban perfilados, tenían tatuajes alusivos a pandillas y/o antecedentes penales. Pero el 94 % no tenían perfil de pandilleros. Cuando hemos visto caso a caso, no tienen antecedentes, tienen la referencia de la comunidad; hemos ido uno por uno”, sostiene Escobar.
Preocupación internacional por violaciones
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el pasado 21 de abril que “mantiene serias preocupaciones por los impactos en los derechos humanos derivados de la prolongación excesiva e indebida del régimen de excepción en El Salvador”.
Además, la CIDH reiteró al Estado salvadoreño su llamado “a poner fin al uso continuado de esta medida como parte de su política de seguridad para combatir la criminalidad organizada y la delincuencia común”.
En noviembre de 2024, en una visita que el presidente salvadoreño hizo a Costa Rica, reconoció la captura de inocentes dentro del régimen de excepción. “Las operaciones no son perfectas (…), pues algunos inocentes fueron capturados, de la misma manera que son capturados en todos los países del mundo y estamos liberándolos; ya hemos liberado 8,000 personas y vamos a liberar al 100 %”, dijo el mandatario.
