Detenidos durante el régimen de excepción, sin antecedentes penales, empiezan a ser sometidos a juicios sumarios para ser sentenciados junto con jefes pandilleros. Sus abogados denuncian que no tienen derecho a la defensa. Algunos están recluidos en el CECOT, la cárcel de máxima seguridad.
Eric Lemus / Expediente Público
José David Sánchez Aguilar tenía 23 años, un título de bachiller en sistemas eléctricos y un empleo en una cohetería artesanal. Llegó a este lugar por recomendación de un amigo que asistía a la misma iglesia que él. Ahí, la Policía salvadoreña lo detuvo el 16 de junio de 2022, cuando los gendarmes buscaban a unos pandilleros.
La historia de José David retrata la situación que atraviesan los jóvenes sin antecedentes penales ni vinculación con pandillas que han sido capturados en el régimen de excepción y ahora están a las puertas de los juicios sumarios promovidos por el gobierno de Nayib Bukele.
El sistema judicial salvadoreño empezó estos juicios masivos contra los pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 el pasado 21 de abril. Estas diligencias se llevan a cabo en audiencias telemáticas desde las cárceles donde los procesados están recluidos.
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Hasta la primera semana de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó 35 juicios sumarios. De estos, 24 son contra miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y 11 contra integrantes del Barrio 18.
En estos procesos están vinculados 2.459 presuntos pandilleros de la MS-13 y 1.232 del Barrio 18. En total son 3,691 procesados. Esta cifra contrasta con los 92,838 detenidos durante el estado de excepción, según cifras oficiales.
A los procesados se los acusa de 29.000 homicidios y 47.000 delitos como asociación ilícita, extorsión agravada, privación de libertad, amenazas y agresión sexual.
El juicio sumario más grande juzga a 485 presuntos pandilleros de la MS-13. El proceso se lleva a cabo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad del país.
Juicios sumarios sin absolución
Los juicios sumarios son la alternativa de Bukele para juzgar a los miembros de ambas bandas capturados durante el régimen de excepción, el cual empezó en marzo de 2022. Sin embargo, entre los procesados hay quienes reclaman su inocencia argumentando que no pertenecían a estas agrupaciones, como el caso de José David.
La abogada penalista Lucrecia Landaverde, quien representa a Fidel Zavala, exvocero de la organización Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), afirmó a Expediente Público que “se está condenando a muchos inocentes mezclados con los delincuentes”.
“Todos los procesados con el régimen de excepción, todos, absolutamente todos, incluso los que dijo el presidente Bukele que fueron liberados, los jueces revocaron las medidas a solicitud de la Fiscalía y son condenados. No ha habido ni una sola absolución”, denunció.
El caso de José David Sánchez Aguilar, de 27 años, retrata un patrón de captura y enjuiciamiento sin el debido proceso en este país centroamericano. De acuerdo con organismos de derechos humanos, los casos empezaron a aparecer desde que el presidente Bukele puso en vigencia el régimen de excepción para realizar capturas masivas con el objetivo de desarticular a las pandillas.
Denuncia de detención arbitraria
José David residía en Santa Ana, a 65 kilómetros al oeste de San Salvador. Un miembro de la iglesia a la que acudía —junto con su madre y hermanos— lo recomendó para trabajar en una cohetería artesanal en una localidad rural conocida como Cantarrana.
Aunque estudió bachillerato en electricidad, tenía meses sin lograr un empleo en su área. Pensó que aquella oferta de temporada le permitiría ayudar económicamente a su familia. Sin embargo, ese 16 de junio de 2022 su vida cambió por completo.
La abogada Roxana Cardona, que lleva la defensa de su caso, relató a Expediente Público que unos pandilleros huían de la Policía y entraron con violencia al taller de cohetería artesanal. Entonces, la dueña del establecimiento telefoneó a las autoridades para que intervinieran.
“En el acta policial dice que llamaron para avisar que había un “mitin” (reunión, en jerga pandilleril) y en la Fiscalía hay una declaración que niega esa afirmación porque no fue así, pero los policías se llevaron a todos los empleados”, afirmó Cardona.
Tres meses antes de esta detención, la Asamblea Legislativa —controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas— había aprobado el régimen de excepción que suprimió todas las garantías constitucionales en El Salvador.
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‘Nos equivocamos, licenciada’
“En la misma comunidad desmienten que él (José David) fuera pandillero y hay testigos que demuestran que no se relacionaba con esa gente. Era bachiller y eso es importante porque la Fiscalía usa eso como parámetro para decir si alguien es pandillero. Es decir, alguien que no es estudiante es visto como pandillero, pero él se había graduado de bachillerato en el Instituto Nacional de Santa Ana”, afirmó Cardona.
Ella sostiene que su defendido está encarcelado en el CECOT desde hace tres años, pese a que no tiene antecedentes penales ni tatuajes. Estos son otros parámetros con los que la Fiscalía suele definir si un detenido es o no pandillero.
“A mí uno de los investigadores me dijo: ‘Nos equivocamos, licenciada, ya le va a salir el muchacho’; pero él ya concluyó la fase de dos años de investigación y está a punto de pasar a un juez que lo incluya en una audiencia única”, dijo Cardona. Su principal temor es que finalice en un juicio sumario, pues sabe que el derecho a la defensa ahí no está garantizado.
1600 sentenciados en los juicios sumarios
El gobierno de Bukele promocionó los juicios sumarios como una forma acelerada de juzgar a los pandilleros capturados en el estado de excepción. A cuatro meses de iniciados estos, 13 de los 35 procesos tienen sentencia.
El primer juicio contra la MS-13, que se instaló el pasado 21 de abril, aún no termina. La FGR informó que el tribunal lleva 20 audiencias telemáticas y no hay condenas porque aún no concluye el desfile de pruebas.
En la audiencia del pasado 9 de junio, por ejemplo, la Fiscalía hizo un recuento de los homicidios cometidos por los ocho “programas” —término que los pandilleros usan para nombrar a sus subestructuras— que controlaban la zona occidental del país.
Sí hay otros juicios sumarios donde el sistema judicial emitió condenas contra dos estructuras del Barrio 18 y once de la MS-13.
El 24 de abril, 60 miembros del Barrio 18 recibieron condena de 150 años y el 22 de julio otro grupo tuvo penas que oscilan entre 30 y 45 años. La información oficial no detalla los delitos por los que fueron juzgados.
En el caso de la MS-13, se han emitido once sentencias. En total, 1,627 pandilleros han recibido condenas que van desde los 40 a los 260 años de prisión. Sin embargo, las autoridades judiciales no individualizan los delitos cometidos por los sentenciados.
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Condenas sin muertes esclarecidas
Las muertes violentas no han sido esclarecidas durante el juicio. Aún se desconoce el paradero de muchas de sus víctimas sepultadas en fosas clandestinas. Por ello, los familiares aún reclaman impunidad.
Marvin Reyes, representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía, afirmó a Expediente Público que “las autoridades siguen sin mencionar el tema (de las fosas clandestinas) y no dicen por qué no se les da respuesta a los familiares de estas víctimas”.
“Las evidencias demuestran ataques directos a policías y militares mediante directrices terroristas dirigidas por su cadena de mando en al menos 118 homicidios cometidos entre 2012 y 2022”, comunicó la Fiscalía a Expediente Público.
Un patrón sin el debido proceso
La madre de José David habló con Expediente Público. Ella recuerda con detalle el día de la captura de su hijo porque fue la última vez que lo vio.
“La Policía llegó al taller de la cohetería y vio que no tenía tatuajes ni nada, pero, como estaba recién puesto el régimen, la cosa era llevarse a quien se ponía enfrente”, lamentó.
“Acababan de almorzar; ellos estaban en su hora de reposo cuando los detuvieron. No más me avisó la dueña de la cohetería, fui a buscarlo y ella me entregó su teléfono, documentos y la ropa porque la Policía se lo llevó sin nada a la delegación del 911”, agregó.
La mamá de José David, que prefiere reservar su nombre por temor a represalias, contó que buscó a su hijo en la delegación policial.
“En ese momento que yo llegué lo tenían junto con los compañeros de trabajo que los estaban revisando y solo nos pudimos ver porque él no pudo hablar ni yo le pude hablar… desde ese momento, ya no lo he visto hasta el día de ahora”, contó.
Preso en el CECOT
José David fue remitido inicialmente al Centro Penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona, que está ubicado en la periferia sur de San Salvador. Cinco meses después, fue enviado a la cárcel de Izalco, ubicada en Sonsonate, en el oeste del país. Ahí estuvo un año, hasta que regresó al recinto inicial en la capital. Desde ahí, fue trasladado al CECOT. La madre recuerda la opacidad con la que se realizan esos traslados.
“Cuando ellos son trasladados, uno tiene que esperar tres días para que le den información si el detenido está en esa cárcel. Fui a Mariona al cuarto día y me dijeron que él había sido trasladado hacia el CECOT. Entonces pregunté por qué, pues uno sabe el concepto del CECOT, que allá solo van líderes pandilleros y todo lo peor. Entonces el custodio que me atendió me dijo: ‘Mire, madre, no se aflija; a él se lo llevan a pasar el último filtro y ya va a ver que va a salir libre”, relató.
Sin embargo, José David sigue encerrado en la cárcel de máxima seguridad desde el 12 de mayo de 2023.
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Los defensores públicos están colapsados
Un defensor del sistema público, que accedió a conversar con Expediente Público a condición de anonimato, detalló que el sistema está colapsado con casos de procesados en juicios sumarios, lo cual impide realizar un buen trabajo.
“La Fiscalía agrupa a los capturados durante el régimen por delitos como agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito agravado, asociaciones delictivas. Son tipificaciones bien amplias y sirven para aplicar condenas de 30, 50, 70 años. Un defensor público, por ejemplo, lleva 200 casos a la vez o más. No podemos leer el expediente ni individualizar la acusación”, afirmó.
Las denuncias contra el Estado salvadoreño ante instancias internacionales, como la formulada por diez organizaciones sociales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en julio de 2024, abarcaron casos de capturas arbitrarias, detención forzada, torturas y muertes bajo custodia estatal.
Para los abogados defensores, uno de los principales problemas que enfrentan los detenidos sin antecedentes penales es que la Fiscalía utiliza testigos que pertenecen a las pandillas para abreviar los procesos. Es decir que un delincuente confeso, por ejemplo, negocia beneficios penales como reducción de la condena a cambio de acusar a otros.
En el caso de José David, su defensora ha mostrado arraigos y testimonios que confirman que no tenía relación con las pandillas. Sin embargo, corre un alto riesgo de ser incluido en un juicio sumario como una cifra más en la estrategia de seguridad que se aplica en El Salvador.
