El reciente acuerdo para explotar millones de barriles de reservas probadas amplía la influencia de Estados Unidos sobre la industria petrolera de Venezuela. Mientras tanto, miles de millones de dólares generados por el crudo venezolano aún permanecen fuera del escrutinio público.
Sharon Ardon / Expediente Público
Desde que Nicolás Maduro fue sustraído del poder en enero del 2026, Washington y el gobierno interino de Delcy Rodríguez han construido una relación alrededor de la inversión privada en el sector petrolero y el control del dinero generado por el crudo.
El pacto más ambicioso se anunció a finales de agosto: la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP) obtuvo derechos para perforar 17 campos con reservas probadas de aproximadamente 65.000 millones de barriles, equivalentes a cerca de una quinta parte de los depósitos venezolanos.
Donald Trump lo presentó como el “mayor acuerdo petrolero de la historia del mundo”. La Casa Blanca sostiene que el pacto permitirá atraer hasta USD 100.000 millones en inversiones y recuperar la industria petrolera de Venezuela.
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Washington tendrá una participación del 35% en la empresa, acceso a un 20% de su producción a precio de costo y derecho preferente sobre el 80% restante. Además, el Gobierno estadounidense tendrá poder de veto sobre los nombramientos en el consejo de administración de NABEP.
Un día después de firmado el acuerdo, Delcy Rodríguez manifestó públicamente: “Los venezolanos tienen derecho a saber cuánto invierten, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones para los operadores”.
Sin embargo, organizaciones civiles y expertos denuncian que existe opacidad sobre el manejo de recursos derivados del petróleo. La administración de Trump tiene control sobre ellos a través del Fondo Petrolero.
Este fondo es un mecanismo creado por Estados Unidos para custodiar y supervisar los ingresos provenientes de la venta del petróleo. Fue creado mediante la Orden Ejecutiva 14.373, del 9 de enero de 2026, una semana después de la caída de Maduro.
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Recursos estratégicos: la presión de Washington a Caracas
Hasta abril del 2026, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, aseguraba que ya se había cumplido la primera fase del plan estratégico de Washington para con Venezuela. Este consistía en tres fases: estabilización; recuperación económica y reconciliación, y transición hacia la democracia.
Sin embargo, los acuerdos conocidos hasta ahora están concentrados en petróleo, energía, inversión y producción. El propio Gobierno estadounidense presenta la recuperación económica como una condición para una futura transformación democrática.
Delcy Rodríguez, por su parte, ha insistido en que Venezuela tendrá un proceso electoral, pero ha evitado fijar una fecha.
“Hay un sistema electoral y democrático en la Constitución, lo segundo es que yo no fijo fecha (…); he trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada cuando corresponda ir a su proceso electoral, que lo habrá, no tengan duda de eso, lo habrá”, dijo el 2 de septiembre durante una conferencia de prensa.
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‘EE. UU. no tiene un plan’
Para Christopher Sabatini, director de Programas de América Latina en Chatham House, la falta de una ruta política clara responde a que Washington “no tiene un plan”.
En entrevista con Expediente Público, Sabatini consideró que el gobierno de Trump ha ido tomando decisiones sobre la marcha después de la captura de Maduro.
Sabatini advirtió que esa improvisación no favorece el camino hacia la democracia, sino que, al contrario, puede terminar favoreciendo el statu quo.
“El gobierno de Trump está acercándose más y más hacia un modelo que parece muy neocolonial”, afirmó el experto.
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Otros acuerdos petroleros
El pasado 2 de septiembre, varias compañías firmaron nuevos acuerdos con Venezuela para ampliar sus operaciones en el país. Entre ellas están las petroleras Chevron, Repsol, General Electric (GE) Vernova y Eni para la exploración y explotación del crudo.
El gobierno interino y Chevron también suscribieron un acuerdo para adecuar los contratos de las empresas mixtas Petroboscán, Petropiar y Petroindependencia, constituidas entre la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la compañía norteamericana, a los términos de la nueva Ley de Hidrocarburos, reformada en enero del 2026.
Esta reforma modificó las reglas para la participación de empresas privadas y extranjeras en la industria petrolera.
Chevron además anunció una inversión superior a 7.000 millones de dólares para elevar su producción hasta unos 600.000 barriles diarios.
Entretanto, Pdvsa también firmó un contrato de reparto de producción de hidrocarburos con Eni para el bloque Junín 5 en el Cinturón Petrolero del Orinoco, la mayor reserva mundial de crudo, así como un acuerdo de transición para la zona.
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Opacidad en red de contratos
Los acuerdos anunciados a inicios de este mes amplían o modifican la participación de empresas que, en varios casos, ya tenían operaciones en Venezuela.
El informe de Transparencia Venezuela, titulado “Tras la pista del fondo”, señala que 53 empresas de 22 países aparecen vinculadas a operaciones en el sector petrolero venezolano, pero los términos de esos contratos no son públicamente conocidos.
El periodista de investigación venezolano Gustavo Azócar dijo a Expediente Público que la opacidad, el hermetismo y la corrupción han caracterizado el manejo de los recursos públicos de Venezuela bajo el régimen chavista durante los últimos 27 años, lo cual —a su criterio— aún persiste en el interinato de Delcy Rodríguez.
“A los 30 millones de venezolanos nos gustaría saber con quién contrató Pdvsa. ¿Qué contrató? ¿En qué condiciones contrató? ¿Cuándo contrató? Los montos, todos los detalles de los contratos”, reclamó Azócar.
EE. UU. no soltará el Fondo Petrolero
A la par que Pdvsa volvió a hacer negocios con empresas extranjeras, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmó el 2 de septiembre que Estados Unidos mantendrá supervisión estricta sobre los flujos de dinero derivados del nuevo acuerdo.
“Hemos establecido nuevos mecanismos de control financiero para garantizar que los ingresos petroleros se destinen a usos productivos en beneficio del pueblo venezolano. Hemos implementado auditorías y sólidas medidas de gobernanza para asegurar que no se repita la situación de Pdvsa”, dice la epístola de la Casa Blanca.
Durante años, Pdvsa funcionó como la principal caja financiera del Estado y fue uno de los mayores símbolos de la corrupción y el deterioro institucional venezolano.
Sabatini considera que Washington tiene razones para desconfiar de Pdvsa y del gobierno venezolano como administradores de los recursos petroleros, debido a años de corrupción, interferencia política y deterioro de la capacidad de producción.
Por eso considera comprensible que Estados Unidos busque supervisar cómo se generan y utilizan los ingresos. El problema, sin embargo, “es que el gobierno de los EE. UU. no está respondiendo a solicitudes para la rendición de cuentas”.
El politólogo venezolano Carlos Piña coincide en que no existe transparencia. “En la actualidad, bajo el tutelaje de Estados Unidos, existe esta opacidad con respecto al manejo de los recursos”, afirmó a Expediente Público.
Fondo Petrolero: USD 15,000 millones sin rastro
Solo durante el primer semestre del 2026, de acuerdo con las estimaciones de Transparencia Venezuela, el país produjo alrededor de 196 millones de barriles de petróleo y exportó 190.5 millones, lo que generó ingresos estimados de USD 15,166 millones.
De ese monto, entre USD12,512 y USD13,572 millones habrían sido transferidos al Fondo Petrolero, que está bajo supervisión estadounidense, señala la organización civil.
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Sin embargo, el informe advierte que no existe información suficiente para conocer cuánto dinero ha ingresado realmente, cuánto ha salido y cuál ha sido su destino.
Transparencia Venezuela estima que el interinato podría haber dispuesto entre USD 6,353 y USD 8 mil millones, pero el Gobierno de Venezuela solo ha informado sobre el uso de USD 300 millones, lo que equivale al 2 % del total de ingresos del Fondo Petrolero.
El único mensaje que Delcy Rodríguez ha emitido sobre el uso de esos recursos se dio el 20 de enero, pocos días después de haberse creado el fondo. En su cuenta de X, la mandataria publicó un video en el que dijo: “Han ingresado USD300 millones, esos recursos irán para cubrir, financiar y proteger el poder adquisitivo de nuestros trabajadores de Venezuela”.
El Fondo Petrolero: una estrategia de presión
Durante una audiencia sobre seguridad nacional, en junio de este año, la senadora demócrata Jacky Rosen cuestionó al subsecretario de Estado, Michael Kozak, sobre el mecanismo utilizado por Estados Unidos para supervisar los recursos petroleros de Venezuela y le pidió precisar dónde estaban retenidos los fondos.
Kozak explicó que inicialmente se utilizó una cuenta en Qatar, pero que posteriormente el Departamento del Tesoro estableció una cuenta bajo control estadounidense. El funcionario se comprometió a proporcionar información sobre el mecanismo a la senadora.
Para Piña, este esquema va más allá de la supervisión financiera y le permite a Washington ejercer presión sobre el gobierno interino.
“El gobierno estadounidense está utilizando el manejo de estos recursos para presionar políticamente y manejar políticamente a la presidenta interina Delcy Rodríguez y al grupo que está con ella”, acotó el analista.
Matrimonio por conveniencia
Sabatini explicó que Estados Unidos tiene mecanismos de control sobre Rodríguez. Considera que ese control sobre los ingresos petroleros es una herramienta para condicionar el acceso del Gobierno venezolano a esos recursos.
Sin embargo, Rodríguez no es una contraparte sin poder. El analista considera que Trump necesita que ella se mantenga al frente del Gobierno y preserve la estabilidad en Venezuela.
Por eso, Sabatini describe la relación como un “matrimonio de convivencia”. Washington obtiene capacidad para influir sobre el manejo de los recursos y avanzar en sus intereses en Venezuela, mientras Rodríguez mantiene el control del aparato estatal y obtiene el respaldo que necesita para sostener la recuperación económica.
“Venezuela conserva la propiedad y soberanía sobre sus recursos mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para recuperación de una industria duramente golpeada por sanciones”, aclaró Rodríguez.
