Presión internacional por desaparición forzada de activista en Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares exigiendo al régimen sandinista informe sobre la desaparición forzada de la activista Thelma Montenegro, capturada el 23 de agosto.
Tomás Guevara / Expediente Público / Washington
La presión internacional para exigir a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a proporcionar información sobre la desaparición forzada de la activista de derechos humanos, Thelma Montenegro, crece al desconocerse su condición, ubicación y estado de salud.
Montenegro, una reconocida opositora, fue apresada por la policía nicaragüense el 23 de agosto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA, ha exigido este 30 de septiembre, al régimen sandinista que proporcione información sobre la detención y desaparición forzada de la activista.
En la resolución aprobada por el organismo el 28 de septiembre y publicada este miércoles se otorga las medidas cautelares a favor de Montenegro Centeno, tras considerar que se encuentran “en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua”, cita el documento.
“La parte solicitante indicó que Thelma del Rosario Montenegro Centeno forma parte de la Asociación Madre de Abril (AMA)”, documenta la resolución.
AMA es una organización cancelada en Nicaragua que nació de las familias que perdieron a seres queridos durante las protestas de 2018, víctimas de la represión estatal. Más de 300 muertos confirmados se cuentan en este periodo.
Desde su captura, los familiares y allegados de Montenegro “no tendrían información oficial sobre su ubicación y condiciones de reclusión pese a las gestiones realizadas para verificar su situación actual. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH”, dijo el ente en Washington.
Riesgo a la vida de la detenida
El organismo garante respeto a derechos humanos, del que el Estado nicaragüense en firmante de la Carta Interamericana. Pese a haber abandonado la OEA, Nicaragua debe cumplir las garantías de los derechos fundamentales.
“Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho referidas en el presente asunto, la CIDH consideró que la beneficiaria se encuentra en una situación de riesgo y es susceptible de estar expuesto a una mayor afectación de sus derechos”, considera la CIDH.
El colectivo Nicaragua Nunca Más, y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que se abocaron a la CIDH para solicitar las medidas provisionales y consecuentemente medidas cautelares a favor de la desaparecida.
La CIDH reitera que “se desconocen sus condiciones de detención; permanece en incomunicación total y prolongada; y sin posibilidad de recibir visitas de sus familiares y allegados”, por lo que solicita al Estado de Nicaragua que a la brevedad posible “adopte las medidas necesarias para protegerle los derechos de la vida, integridad”, acorde a los mandatos de la Carta.
Un caso más de la larga lista de abusos del régimen
Lucas Mantelli, Coordinador jurídico del Programa para Centroamérica y México, de CEJIL, explicó a Expediente Público que el caso de Montenegro se suma al patrón utilizado por el régimen sandinista para propiciar terror colectivo en Nicaragua, que desde las protestas de 2018 hasta la fecha recurre con frecuencia a la desaparición forzada.
“El caso de Thelma Montenegro refleja precisamente uno de los principales desafíos que tenemos frente a la desaparición forzada en Nicaragua”, explicó el experto de CEJIL.
Mantelli dijo que su organización solicitó a principios de septiembre que se emitieran medidas provisionales y que la CIDH enviara de urgencia el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Para este experto de CEJIL, cuya organización lleva numerosos casos de demandas ante la CIDH con el tema Nicaragua, dice que el problema es que a este momento el deterioro de las garantías en Nicaragua es tal, que entes como la CIDH deben proceder con inmediatez para responder en casos como el de Montenegro.
“Creemos que en un contexto como el de Nicaragua donde se han documentado torturas, malos tratos, muerte bajo custodia estatal, estas herramientas deben utilizarse con toda la celeridad posible por parte de la Comisión”, dijo.
La ONU revisó la grave situación
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprovechó el marco de la recién pasada 81ª Asamblea General del organismo en Nueva York para presentar un informe que aborda la situación de las desapariciones forzadas a manos del régimen.
El informe titulado: “Anatomía de la crueldad estatal: Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, documentó al menos 161 casos de desapariciones de opositores, el organismo reconoce que esta sería una muestra dada la falta de información y la dificultad que enfrentan organizaciones y familias para dar con los suyos.
Mantelli cree que el resultado de esta práctica ha dado tantos resultados a la dictadura que en la actualidad la utiliza para detener no solo a opositores, sino a cualquier persona incluso sin militancia partidista.
“No es que se utiliza únicamente para castigar a personas opositoras o personas con voces críticas, sino también de alguna forma para prevenir y disuadir cualquier expresión posible de disidencia”, explica Mantelli.
El mantener a los detenidos incomunicados de su familia y sin un paradero determinado, más la negativa en comisarías a proporcionar información a los familiares se utiliza como un disuasivo para que ninguna persona se atreva a desafiar al poder estatal.
La incertidumbre que siembra esta situación “busca tener un impacto hacia las comunidades” opina este experto.
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El perfil de la detenida
Montenegro fue detenida a mediados de agosto luego de ser citada a la comisaría de policía para corregir problemas en su documentación personal, al acudir a la instancia policial fue detenida en las instalaciones y permaneció ahí unos días.
Luego fue liberada y volvió a su domicilio, medios nicaragüenses en exilio han explicado que la activista se mantuvo en su hogar, días después los agentes policiales volvieron por ella para apresarla.
Desde entonces su familia desconoce el paradero, pese a las insistentes búsquedas en las instancias policiales, hospitales y centros de detención.
Montenegro ha tenido un protagonismo político durante los casi ocho años de crisis política y social de su país, se vio forzada a participar en exigencias de justicia por muertes de seres cercanos durante las protestas.
Al presentar el caso ante la CIDH, la organización CEJIL explicó que Montenegro de 54 años ha sufrido la desaparición forzada como “acto de represalia por la búsqueda incansable de justicia y forma parte de la persecución y violencia dirigida contra miembros de su familia en el marco de la represión desplegada en Nicaragua”.
En 2019, cuatro miembros de su familia fueron asesinados en el contexto de la represión por las protestas, sin que las muertes hayan sido investigadas; también otros miembros de su familia han sufrido detenciones arbitrarias, allanamientos y actos de hostigamiento, según CEJIL.
Esta organización reaccionó este miércoles para celebrar la resolución de la CIDH y poner en la mira casos como el de la activista y esperan que este hecho contribuya para tener información de su paradero, pues las múltiples gestiones realizadas ante el régimen no han tenido efecto hasta la fecha.
