La OEA ofrece diálogo de alto nivel a dictadura de Nicaragua
Una nueva resolución de la OEA crea un Grupo Ministerial de Seguimiento para buscar un diálogo directo con las autoridades nicaragüenses, incluida una eventual visita de cancilleres.
Por consenso, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que exige al régimen de Nicaragua restablecer condiciones democráticas, libertades civiles y garantías de derechos humanos. El organismo también creó un Grupo Ministerial de Seguimiento para abrir un canal de comunicación con las autoridades nicaragüenses, cerradas a la comunidad internacional desde hace varios años.
El grupo tendrá entre sus primeras tareas “buscar un diálogo rápido y directo con las autoridades nicaragüenses”, así como procurar una visita a Nicaragua que, de ser posible, estaría encabezada por ministros de Relaciones Exteriores.
Este viernes 2 de octubre, la XXXI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores aprobó una nueva resolución sobre la situación en Nicaragua, ante el deterioro de las condiciones democráticas y las recientes reformas impulsadas por el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes anunciaron la cancelación definitiva de la vía electoral.
Colombia, Estados Unidos y Perú, promovieron la resolución con apoyo de Argentina, Costa Rica, Paraguay y República Dominicana.
La resolución reclama, entre otras medidas, liberar a los presos políticos, informar sobre el paradero de las personas sometidas a desaparición forzada, restituir la nacionalidad y el derecho al retorno de los nicaragüenses privados de ella, recuperar las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica, y devolver la personalidad jurídica y los bienes confiscados a organizaciones, medios de comunicación e instituciones.
En contexto: Nicaragua: Secretario General de la OEA propone ‘unilateralismo colectivo’ contra la dictadura
El Grupo Ministerial de Seguimiento deberá iniciar sus labores dentro de los 30 días posteriores a la aprobación de la resolución. Entre sus funciones estará dialogar con las autoridades y con distintos sectores políticos y sociales de Nicaragua, incluida la oposición en el exilio, y presentar recomendaciones sobre posibles acciones diplomáticas y jurídicas.
La misión reportará a la XXXI Reunión, que quedará abierta hasta en 90 días cuando se reencuentren los jefes de la diplomacia continental o sus delegados.
OEA: Dictadura es un riesgo para el continente
El secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, sostuvo que «los nicaragüenses sufren el estrechamiento del espacio político. Las autoridades del Ejecutivo establecieron un sistema de copresidencia y se removieron los derechos de votar».
La resolución se aprobó después de que distintos gobiernos cuestionaran el cierre del espacio político en Nicaragua y las reformas constitucionales impulsadas por Ortega y Murillo.
«La restauración de los derechos políticos es esencial en Nicaragua para que haya un gobierno democrático y una reconciliación nacional. También nos unimos al llamado a la liberación inmediata de todos los presos políticos», mencionó.
Christopher Landau, vicesecretario de Estado de Estados Unidos, sostuvo que la crisis democrática nicaragüense no es únicamente un asunto interno y afirmó que “este no es un asunto interno; por el contrario, la dictadura pone en peligro la paz y seguridad de nuestro hemisferio”, afirmó Landau durante la reunión.
El funcionario estadounidense también señaló que, a su juicio, las políticas de la dictadura nicaragüense contribuyen a la inestabilidad regional, al facilitar la migración irregular y poniendo en jaque a todos los servicios de seguridad.
Visita de alto nivel
Landau manifestó su respaldo a la creación del Grupo Ministerial de Seguimiento y a una eventual visita a Nicaragua encabezada por cancilleres.
El representante estadounidense pidió también aprovechar las herramientas disponibles a nivel nacional e internacional, que van desde sanciones económicas, restricciones diplomáticas para ciertos individuos, a la mediación y facilitación.
La resolución establece que el grupo deberá procurar un diálogo directo con las autoridades nicaragüenses y mantener conversaciones con los distintos sectores del país, incluida la oposición, la sociedad civil y las comunidades nicaragüenses en el exilio.
Rubén Ramírez Lezcano, canciller de Paraguay y presidente de la reunión, sostuvo que la OEA no puede permanecer ajena a situaciones que afecten la democracia en un país del hemisferio.
Para Ramírez la situación de los nicaragüenses es extrema, porque se ven «privados de sus más elementales derechos políticos y humanos».
CIDH: “Los nicaragüenses viven en una dictadura”
La comisionada de la CIDH y relatora para Nicaragua, Rosa María Payá, afirmó que “los nicaragüenses viven en una dictadura”. La CIDH mantiene a Nicaragua entre los países de la región con una de las situaciones más graves de derechos humanos.
Las protestas de 2018 dejaron al menos 355 personas muertas y más de 2,000 heridas, según la CIDH. El organismo también ha documentado miles de detenciones arbitrarias y el cierre de miles de organizaciones de la sociedad civil.
Al 24 de septiembre de 2026, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, de la Asociación Memoria y Justicia, registraba 68 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 31 se encontraban en condición de desaparición forzada.
Payá también se refirió a la muerte bajo custodia estatal del líder indígena misquito Brooklyn Rivera, quien falleció el 30 de mayo después de permanecer detenido y en condición de desaparición forzada durante casi tres años. Tras su muerte, familiares suyos siguen detenidos y desaparecidos por intentar sepultarlo conforme a las costumbres de su pueblo.
La CIDH ha señalado además que más de 450 nicaragüenses fueron privados de su nacionalidad y que más de 5,400 organizaciones de la sociedad civil han sido canceladas desde 2018. Además, más de 800 mil personas han tenido que abandonar el país.
«Quiero ser muy clara, la situación en Nicaragua es una amenaza a la seguridad regional y no solo un problema interno. Nicaragua es un Estado policial y su clima de miedo se extiende a otros países», sostuvo.
La Comisión reiteró su disposición para visitar Nicaragua, de donde fue expulsada en diciembre de 2018.
Además: Estados Unidos pide a miembros de OEA acciones contra dictadura de Nicaragua
Amplias intervenciones diplomáticas
Durante la reunión intervinieron representantes de numerosos países. La delegación de Costa Rica sostuvo que el proceso de reducción del pluralismo político, el cierre del espacio cívico y la concentración del poder tienen consecuencias que trascienden las fronteras de Nicaragua.
La vicecanciller de Costa Rica Alejandra Bolaños también señaló preocupaciones relacionadas con la minería ilegal en la zona norte de Nicaragua y sus posibles vínculos con el crimen organizado transnacional.
El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, señaló que, aunque Nicaragua dejó de ser parte de la Carta de la OEA en 2023, ello no elimina las obligaciones internacionales que el país mantiene bajo otros instrumentos, particularmente en materia de derechos humanos.
Por su parte, el canciller de República Dominicana, Víctor Ito Bisonó, anunció durante la reunión que su país retirará su embajada de Nicaragua mientras persistan las condiciones que, según el Gobierno dominicano, afectan las libertades y los principios democráticos.
Aliados ideológicos de la dictadura
México argumentó los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos para no apoyar la resolución, al considerarla que podría tener alcances en temas de seguridad, por encima de los derechos humanos.
Durante las negociaciones de la resolución, Brasil también expresó reservas sobre la consideración de Nicaragua como una amenaza para la seguridad regional y que requiera la intervención del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.
El representante de Brasil ante la OEA, Benoni Belli, expresó que, aunque la situación tiene repercusiones en países vecinos, estas deben enfrentarse mediante cooperación jurídica, investigaciones conjuntas, operaciones policiales, mecanismos de gestión migratoria y el monitoreo del sistema interamericano de derechos humanos.
