El uso de los “influencers” en la política hondureña
El respaldo del Gobierno de Asfura a un evento de tiktokers y un audio con acusaciones sobre una supuesta red pagada por Libre reabren el debate sobre el dinero, la propaganda y la influencia política en las redes sociales.
Los creadores de contenido se han convertido en actores cada vez más visibles de la disputa política en Honduras. El Gobierno de Nasry Asfura habría respaldado actividades de tiktokers con recursos públicos, mientras un audio atribuido a un popular “influencer” contiene acusaciones sobre una supuesta red pagada para difundir mensajes políticos desde la oposición.
Ambos episodios tienen características distintas, pero plantean preguntas sobre los límites entre el entretenimiento, la comunicación política y la propaganda, así como sobre la transparencia de los recursos utilizados para financiar estas actividades.
Expertos consultados por Expediente Público advierten que los gobiernos y otros actores políticos pueden aprovechar el alcance de los creadores de contenido para llegar a públicos que no consumen medios tradicionales. El problema surge cuando los pagos o los intereses detrás de estas campañas no se hacen públicos.
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El fenómeno no es exclusivo de Honduras, se extiende por América Latina, donde persisten cuestionamientos sobre la transparencia y la fiscalización de los fondos públicos destinados a creadores de contenido.
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El apoyo del Gobierno hondureño a los tiktokers
El creador de contenido Lester Alberto Cardona Meza, conocido como Supremo, encabezó un grupo de tiktokers hondureños que viajó a Lima, Perú, para participar en un partido de fútbol contra creadores de ese país, el 24 de julio de 2026.
El alcance digital de Supremo supera ampliamente al del presidente Nasry Asfura. Mientras el creador de contenido reúne alrededor de cuatro millones de seguidores en TikTok y más de un millón en Instagram, la cuenta política de Asfura, @papialaorden, registra unos 99.100 seguidores en esta última plataforma.
A partir de esos datos, el presidente Nasry Asfura recibió a Supremo en Casa Presidencial el 27 de abril, luego de que el creador de contenido solicitara apoyo para organizar el viaje a Perú.
Según informó el exsecretario de Comunicaciones, José Argueta, el Gobierno cubriría los boletos de avión de los veinte creadores hondureños de contenido que viajaron a Perú a jugar el partido de fútbol. Argueta estimó que el apoyo rondaría los US$ 19.000.
El uso de recursos públicos para respaldar el evento abrió un debate sobre las prioridades del gasto estatal y la conveniencia de destinar fondos y servicios públicos a actividades organizadas por figuras de las redes sociales.
Expediente Público solicitó a Casa Presidencial información sobre los montos destinados a los creadores de contenido. Pese a las declaraciones de Argueta, la respuesta indicó que no existían registros de viajes otorgados a “influencers” hasta la fecha.
Este caso permite examinar qué criterios utiliza el Estado para decidir cuándo respaldar actividades de esta índole, cómo contabiliza esos recursos y qué mecanismos de transparencia aplica.
Expediente Público también intentó contactar a Supremo para conocer su versión sobre los montos y las condiciones del apoyo, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta publicación.
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El audio de “Buzo Caperuzo” y la respuesta de Libre
En septiembre de 2026 circuló en redes sociales una grabación atribuida a Luis Rodríguez, conocido como “Buzo Caperuzo”, un creador de contenido con más de cien mil seguidores en Facebook, en la que se habla de una supuesta estructura de “influencers” vinculada con el partido Libertad y Refundación (Libre), para impulsar campañas contra el gobierno de Asfura.
En el audio se menciona a Carmen Haydeé López, actual secretaria de Comunicación y Prensa de Libre y exsubsecretaria de Justicia del gobierno de Xiomara Castro (2022-2026), y se le atribuye la afirmación de que contaría con 85 tiktokers para difundir mensajes contra el Gobierno de Asfura.
La grabación también hace referencias a cheques y pagos en dólares a creadores hondureños de contenido en el exterior.
El partido rechazó la grabación mediante un comunicado, calificándola de “falsa” y pidió verificar la información antes de compartirla.
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Días después, la creadora de contenido conocida como “La Trompudita504” afirmó que había sido ella quien habría grabado la llamada con Rodríguez, pero negó haber recibido dinero de Libre por sus publicaciones. Aunque reconoció que mantenía un acercamiento con Carmen Haydeé López, según reportes periodísticos sobre sus declaraciones.
Una estrategia que trasciende las ideologías
El uso de creadores de contenido para difundir mensajes políticos no es exclusivo de Honduras ni de una corriente ideológica.
Jesús Delgado Valery, politólogo venezolano y director de Programas de Transparencia Electoral, una organización dedicada a promover la integridad de los procesos electorales en América Latina, explicó a Expediente Público que las redes sociales ampliaron el acceso a la información, pero también crearon nuevas oportunidades para que gobiernos y actores políticos intenten influir en la conversación pública.
Según Delgado, estas plataformas permiten alcanzar audiencias amplias con un costo potencialmente menor que el de los canales tradicionales. El riesgo aparece cuando se utilizan para mejorar la imagen de los gobernantes, desacreditar a sus críticos o difundir mensajes coordinados sin transparentar quién los financia.
Delgado sostiene que no se trata de una cuestión ideológica, “gobiernos de derecha o de izquierda con talante autoritario han usado estas herramientas para mejorar su imagen, para callar las críticas”, explicó.
Adrián Pino, periodista argentino y director ejecutivo de Proyecto Desconfío, una iniciativa dedicada a combatir la desinformación en América Latina, señaló a Expediente Público que estas prácticas se vinculan con la pérdida de confianza en los medios y en las formas tradicionales de comunicación institucional.
“La pérdida de confianza y de credibilidad de las prácticas de comunicación tradicionales tratan de suplir parte de esa desconfianza con la convocatoria a figuras públicas”, detalló Pino.
Brasil, México y Colombia: tres formas de usar “influencers”
Los casos internacionales muestran que la relación entre creadores de contenido, dinero y política puede adoptar distintas formas.
Delgado Valery recuerda el caso de Brasil, cuando en 2025 la Policía Federal de ese país investigó una presunta campaña digital para defender al Banco Master y desacreditar al Banco Central, que había ordenado la liquidación de la entidad financiera.
Según CNN Brasil, las investigaciones identificaron al menos 40 de creadores de contenidos que difundían mensajes con argumentos similares, recibiendo sumas que alcanzaban los US$394 mil. Entre ellos había páginas de chismes, nutrición y otros temas sin relación directa con el sector financiero.
La investigación apunta a la contratación de “influencers” por intermediarios vinculados con una estrategia de comunicación favorable al banco. Se trata de un caso relacionado con intereses privados, no de una campaña gubernamental.
En México, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) contrató a “influencers” para difundir mensajes a su favor durante la veda electoral de 2021, cuando la propaganda política estaba prohibida.
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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó sanciones contra ese partido y varios creadores de contenido. La autoridad determinó que las publicaciones coordinadas vulneraron las reglas electorales y afectaron la equidad de la contienda.
De acuerdo con medios mexicanos como Animal Político, el tribunal impuso al partido una multa de 118.5 millones de pesos mexicanos.
En Colombia, una investigación de La Silla Vacía documentó en 2026 el caso de dos creadoras de contenido que difundían mensajes favorables al presidente Abelardo de la Espriella, obteniendo contratos con el sistema de medios público Inravisión, anteriormente conocida como RTVC.
El caso colombiano plantea interrogantes sobre los criterios de contratación pública y la relación entre la actividad política de los creadores de contenido y los servicios que prestan al Estado.
Rumanía, el ejemplo más extremo
Uno de los casos más delicados para Delgado Valery ocurrió en Rumanía, donde el Tribunal Constitucional anuló en diciembre de 2024 la primera vuelta de las elecciones presidenciales tras detectar que un candidato había usado una red de “influencers” que generó una competencia desleal.
La candidatura de un aspirante había ganado visibilidad mediante una campaña viral en TikTok. Las autoridades rumanas investigaron posibles irregularidades en el financiamiento electoral y presuntas operaciones de influencia digital.
La decisión judicial generó controversia sobre la integridad electoral y la transparencia de las campañas en línea. A juicio de Delgado, esa decisión fue muy radical, ya que el tribunal quizás se habría extralimitado.
El rastro del dinero y la transparencia
Adrián Pino señala a Expediente Público que una de las dificultades para fiscalizar estas prácticas es que los pagos pueden canalizarse a través de agencias de marketing o intermediarios, lo que complica identificar al financiador final.
Para el experto, los pagos realizados por los gobiernos a creadores de contenido deberían ser información pública. Si una institución decide contratarlos para comunicar políticas o servicios, debe transparentar el propósito, los montos y los beneficiarios.
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La falta de información también dificulta distinguir entre una campaña institucional legítima, una colaboración comercial y una operación destinada a ocultar intereses políticos.
«En todas las campañas hay un intento por afectar la confianza y la credibilidad del periodismo como primera acción y paso seguido instalar desinformación», advierte Pino.
El especialista argentino señala, además, que la inteligencia artificial puede reducir los costos de producción y distribución de contenidos, lo que facilita ampliar el alcance de mensajes engañosos o coordinados.
En Honduras, el apoyo público a actividades de creadores de contenido y las acusaciones sobre una supuesta red pagada por la oposición plantean ciertas preguntas. ¿Cuánto dinero se destina a estas actividades? ¿Quién lo recibe? ¿Con qué propósito y bajo qué mecanismos de control?.
El asunto central es la transparencia. Cuando los recursos públicos financian actividades de comunicación digital, la ciudadanía tiene derecho a conocer las condiciones del apoyo y a evaluar si responde a un interés público.
