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Expertos alertan que la ofensiva de Bukele añade incertidumbre en Haití 

Especialistas advierten que la fragmentación de los mandos, las alianzas históricas entre pandillas y redes políticas y la fragilidad institucional haitiana dificultan una salida militar a la crisis.

Expertos alertan que la ofensiva de Bukele añade incertidumbre en Haití 

El despliegue de más de 2.000 militares salvadoreños en Haití, ordenado por el presidente Nayib Bukele después de la desaparición de cuatro técnicos de aviación salvadoreños el 18 de octubre, ha abierto un nuevo frente en la respuesta internacional a la crisis de seguridad del país caribeño. 

La intervención militar ocurre en un país donde las pandillas han ampliado su control territorial, mientras las instituciones estatales enfrentan décadas de debilitamiento, corrupción y alianzas entre actores políticos y grupos armados. 

Los expertos Wolf Pamphile, fundador y director ejecutivo de Haití Policy House, y Sophie Rutenbar, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), analizaron este escenario el 10 de noviembre, durante un foro titulado Haití en la encrucijada: pandillas, elecciones y El Salvador. 

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Presentada inicialmente como una operación de rescate, la movilización militar salvadoreña ha generado interrogantes sobre sus objetivos, la duración de la intervención y la estructura de mando bajo la que operan los efectivos.  

Sobre todo, porque la mayoría de sus militares desplegados no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

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El despliegue salvadoreño altera el tablero  

Pamphile y Rutenbar coincidieron en que la llegada de los militares salvadoreños, al margen de la estructura operativa de la GSF, añade incertidumbre a una crisis que exige recuperar los territorios controlados por las pandillas, restablecer la autoridad estatal y garantizar condiciones para celebrar elecciones en 2027. 

El proceso electoral también enfrenta nuevos desafíos. Tras modificar su calendario, el Consejo Electoral Provisional de Haití fijó el 18 de julio de 2027 para la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas, y el 4 de octubre para la segunda vuelta y los comicios locales. 

A este escenario se suman las consecuencias políticas de las elecciones de medio término celebradas en EE. UU. el 3 de noviembre, cuyo resultado dará a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso a partir de enero de 2027. Ese cambio podría incidir en la política de Washington hacia Haití y en el respaldo internacional a las operaciones de seguridad. 

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“Hemos observado numerosos cambios, tanto a pequeña como a gran escala, en el ámbito de la seguridad, particularmente en las actividades de las pandillas, las brigadas y otros grupos armados no convencionales; también cambios en la respuesta internacional”, explica Sophie Rutenbar. 

La Fuerza de Supresión de Pandillas fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU mediante la resolución 2793 de 2025. Su capacidad máxima es de 5.600 integrantes, entre militares, policías y civiles.  

Al 12 de octubre de 2026, la fuerza contaba con 1,563 efectivos uniformados, entre ellos 124 salvadoreños. Los contingentes procedían de Chad, Sri Lanka, Guatemala, Mongolia, El Salvador y Jamaica. Posteriormente se anunciaron nuevos despliegues de Bangladesh. 

Expertos alertan que la ofensiva de Bukele añade incertidumbre en Haití 

La ONU advierte sobre una operación fuera de su mandato 

El despliegue adicional de 2.000 militares salvadoreños se acordó bilateralmente entre los gobiernos de El Salvador y Haití. Ahora, estas tropas superan el cuerpo de la misión de las fuerzas conjuntas de la ONU.  

“Hace tres meses nadie habría imaginado que El Salvador desempeñaría el papel que actualmente tiene en Haití, después de la emboscada del 18 de octubre y la desaparición de cuatro integrantes del personal salvadoreño. Este incidente revela las capacidades de los grupos armados haitianos y las vulnerabilidades de las fuerzas internacionales”, señaló Wolf Pamphile. 

La ONU aclaró que la mayoría de los militares salvadoreños recién desplegados no forma parte de la GSF.  

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, explicó que esos efectivos operan fuera del marco autorizado por el Consejo de Seguridad y de los mecanismos de seguimiento de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH). 

Los efectivos que integran la GSF cuentan con un marco de actuación y mecanismos de apoyo internacional. La mayoría del contingente salvadoreño adicional, en cambio, responde a un acuerdo bilateral cuyos términos y reglas de operación no se han hecho públicos. 

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Según Dujarric, la coexistencia de ambas estructuras plantea riesgos de coordinación, posibles enfrentamientos accidentales, duplicidad de objetivos y falta de intercambio de información sobre las operaciones. También abre la posibilidad de que las pandillas adapten sus estrategias ante la presencia de fuerzas con diferentes mandos y procedimientos. 

La preocupación no se limita a la coordinación militar. La mayoría de los efectivos salvadoreños queda fuera de los mecanismos de seguimiento de la UNSOH, que proporciona apoyo logístico y operacional a la GSF. 

Esto aumenta las dudas sobre quién supervisa las operaciones bilaterales, qué protocolos rigen el uso de la fuerza y qué mecanismos existen para investigar posibles abusos contra la población civil. 

Expertos alertan que la ofensiva de Bukele añade incertidumbre en Haití 

Banderas rojas y exigencias 

Amnistía Internacional pidió a los gobiernos de Haití y El Salvador que publiquen el acuerdo que ampara el despliegue de los militares salvadoreños y expliquen cómo supervisan sus operaciones. 

“El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional (…) Ambos gobiernos deben hacer público el acuerdo que ampara el despliegue y explicar cómo supervisan a las fuerzas desplegadas”, señaló la organización. 

La exigencia apunta a uno de los principales vacíos de la operación, la rendición de cuentas. No se han hecho públicos los mecanismos para determinar bajo qué reglas actúan los militares, quién responde ante eventuales violaciones de derechos humanos y dónde pueden denunciar los haitianos los abusos. 

Dujarric recordó que todas las operaciones de seguridad en Haití, tanto las realizadas en el marco de la GSF como las ejecutadas por las autoridades nacionales y sus socios, deben cumplir el derecho internacional aplicable. 

El Consejo de Seguridad aprobó el 29 de septiembre la resolución 2829 de 2026, que prorrogó el mandato de la GSF hasta el 31 de marzo de 2027. La decisión mantiene el apoyo logístico y operacional de Naciones Unidas a la fuerza multinacional. 

Por ahora, la operación de El Salvador funciona bajo un esquema diferente, acordado con el Gobierno haitiano. Su duración, sus reglas de actuación y los mecanismos de supervisión siguen sin conocerse públicamente. 

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En territorio desconocido 

Sophie Rutenbar, experta de GI-TOC, señaló otro elemento para comprender los alcances de la apuesta de Bukele: las desventajas operativas de las fuerzas extranjeras que llegan a un territorio que desconocen. 

Según la especialista, los militares salvadoreños pueden contar con armamento y entrenamiento, pero enfrentan dificultades para desenvolverse en un entorno urbano que no conocen, con redes territoriales y dinámicas sociales que las pandillas dominan. A ello se suma la barrera del idioma, especialmente el criollo haitiano (kreyòl). 

Para Rutenbar, la desaparición de los cuatro técnicos salvadoreños evidencia las vulnerabilidades de las fuerzas internacionales cuando operan en Haití. 

“Son fuerzas que cuentan con entrenamiento, vehículos blindados y equipamiento adecuado; sin embargo, operan en un entorno que no conocen y que les resulta ajeno, incluso para algo tan cotidiano como ir de compras”, explicó la experta. 

Si a esas dificultades se añade la fragmentación de los mandos y la ausencia de canales suficientes de comunicación e intercambio de inteligencia, la exposición de los efectivos extranjeros aumenta. 

Las pandillas, en cambio, conocen el territorio, tienen redes de apoyo y disponen de fuentes de información que les permiten anticipar los movimientos de las fuerzas de seguridad y coordinar sus respuestas. 

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“Esto genera una vulnerabilidad inherente para las fuerzas internacionales que llegan a Haití con el propósito de combatir a las pandillas en sus propios territorios. Todos sabemos que las pandillas haitianas también están muy bien armadas y equipadas”, advirtió Rutenbar. 

La operación militar en Haití involucra ahora a varios actores con estructuras y responsabilidades diferentes, como la Policía Nacional haitiana, las Fuerzas Armadas del país, la GSF autorizada por el Consejo de Seguridad, la fuerza antipandillas que opera la empresa militar privada Vectus Global y el contingente salvadoreño desplegado bilateralmente. 

Bukele en un Haití de alianzas entre pandillas y redes políticas 

El analista Wolf Pamphile considera que Bukele se ha adentrado en un territorio desconocido al ofrecer trasladar a Haití su estrategia de seguridad, aplicada en El Salvador contra las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en El Salvador. 

En el país centroamericano, el mandatario ha concentrado poder en los tres poderes del Estado y sostenido una política de encarcelamiento masivo bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.  

Esta estrategia ha reducido los homicidios, pero también ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos debido a las detenciones arbitrarias, las restricciones al debido proceso y otros abusos denunciados. 

El Gobierno salvadoreño presenta sus resultados como un modelo exitoso para combatir las pandillas. Sin embargo, la experiencia haitiana plantea un problema diferente.  

Pamphile cuestiona que Bukele no haya explicado cómo pretende controlar un país donde las élites políticas y económicas han utilizado a las pandillas para alcanzar sus propios objetivos.  

“Esta es una pregunta que ni El Salvador ni la Fuerza de Supresión de Pandillas pueden responder por Haití; es una cuestión que los propios haitianos tendrán que resolver”, dijo al referirse a los problemas políticos que ninguna fuerza internacional puede solucionar por sí sola. 

Expertos alertan que la ofensiva de Bukele añade incertidumbre en Haití 

Rutenbar advirtió que, pese a los avances de las operaciones de seguridad, las pandillas están lejos de haber sido derrotadas. Algunas han perdido capacidad de acción en zonas sometidas a una presión militar sostenida, pero continúan adaptándose y extendiendo su presencia territorial. 

Desde GI-TOC, explicó, han documentado que las pandillas siguen expandiéndose hacia nuevas zonas, incluso rurales, en parte como respuesta a las operaciones de las fuerzas de seguridad. 

También señaló que estos grupos suelen responder con mayor violencia cuando las intervenciones amenazan sus principales fuentes de ingresos, las rutas de contrabando de armas y drogas, así como las redes de extorsión al transporte y los negocios. 

La apuesta militar de Bukele en Haití 

Tras la desaparición de los cuatro técnicos salvadoreños el 18 de octubre, Bukele presentó el despliegue militar como una operación para rescatarlos. Sin embargo, sus declaraciones también proyectaron una ofensiva más amplia contra las pandillas haitianas. 

“Ya acabamos con las pandillas en El Salvador y también podemos acabar con ustedes”, advirtió el mandatario en un mensaje dirigido a los grupos armados haitianos. 

Para comienzos de noviembre, el contingente salvadoreño desplegado en Haití alcanzaría al menos 2.000 militares. La movilización habría contado con apoyo logístico de EE. UU. Un funcionario militar confirmó a Reuters que aviones C-130 del Pentágono participaron en el traslado. Washington, sin embargo, no había expresado públicamente esa información. 

La apuesta también tiene una dimensión política interna. Bukele buscará un tercer mandato consecutivo en las elecciones presidenciales salvadoreñas del 28 de febrero de 2027. La reforma constitucional aprobada en 2025 habilitó la reelección presidencial inmediata, una decisión cuestionada por sus críticos. 

Ante las advertencias sobre la falta de objetivos claros, los riesgos para la población civil y la posibilidad de una intervención prolongada, el mandatario ha defendido públicamente la presencia de sus militares. 

“Esta no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión del país de Haití. No somos una gran potencia. No tenemos interés en dominar al pueblo haitiano, ni en apropiarnos de la riqueza de Haití”, escribió en sus redes sociales. 

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Pamphile y Rutenbar coincidieron en que la crisis haitiana no puede entenderse únicamente como un problema de seguridad. La multiplicidad de actores armados, la fragilidad institucional y la falta de mecanismos claros de coordinación dificultan cualquier estrategia que dependa exclusivamente de la intervención militar. 

La presencia salvadoreña añade una estructura más a ese escenario. Mientras no se conozcan públicamente el acuerdo bilateral, las reglas de operación y la cadena de mando, seguirá sin estar claro quién supervisa a los efectivos y quién responde por sus actuaciones. 

Los especialistas señalaron que coordinar al contingente salvadoreño desde la Policía Nacional de Haití y el Gobierno de transición supondría un reto importante, dadas las limitaciones institucionales y operativas de las autoridades haitianas. 

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