*El Gobierno de El Salvador prorrogó por décima sexta ocasión el régimen de excepción e incluyó una propuesta de reforma a la Ley del crimen organizado para ampliar condenas a 45 años de prisión.
**Organizaciones sociedad civil alertan que la iniciativa de ley vulnera los derechos constitucionales con el argumento de luchar contra crimen organizado.
***El Estado salvadoreño fue denunciado el 14 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de 300 reos bajo custodia y sin vinculación con las pandillas.
Eric Lemus / Expediente Público
Condenas de 45 años de cárcel y el uso del testimonio de policías como elemento probatorio, son parte de una nueva iniciativa de reformas a la ley contra el crimen organizado, respaldada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el oficialismo.
La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa, controlada por Nuevas Ideas (NI) del presidente Nayib Bukele, analizó esta reforma junto a otro proyecto que ofrece más herramientas a la Fiscalía General de la República (FGR) para agilizar la acusación a los detenidos en el régimen de excepción.
El argumento del Gobierno de Bukele es facilitar el trabajo de los tribunales a cargo de la investigación de delitos complejos en el que estén vinculados los jefes de las pandillas.
“Adicionalmente a la solicitud de prórroga estamos adjuntando dos anteproyectos de ley. Una son reformas a la Ley de crimen organizado que nos va a permitir agilizar los trámites ante los tribunales de crimen organizado”, anunció el pasado 12 de julio el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro al solicitar en la Asamblea Legislativa la décima sexta extensión del régimen de excepción.
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Herramientas para el régimen de excepción
Según el último consolidado oficial, el Gobierno totaliza la captura de 71,479 pandilleros, pero no detalla la cantidad de personas liberadas o retenidas arbitrariamente, como fue el caso del periodista Víctor Barahona.
El reportero fue encarcelado durante 11 meses y 12 días luego que la Policía llegó a su domicilio y fue acusado de “agrupaciones ilícitas”, la figura generalizada que utiliza el Gobierno durante el régimen de excepción.
Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, destacó a Expediente Público que el presidente Bukele ya no puede negar que persigue a periodistas.
“Durante el régimen de excepción la APES registró 209 vulneraciones a periodistas, incluyendo el encarcelamiento de Víctor, que es un periodista comunitario a quien se le privó de libertad durante casi un año y nunca le levantaron cargos”, afirmó Cárcamo.
El estado no responde a ninguna de las denuncias hechas por la sociedad civil.
“No son capaces de reconocer que cometen violaciones de derechos humanos y siguen estigmatizando a quienes les cuestionan”, reclama la periodista.
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Reforma da amplios poderes
Para Miguel Montenegro, de la organización no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), la preocupación de la reforma legal es el artículo 4 que abre la puerta a la obtención de información de forma arbitraria, pues una “denuncia o cualquier información relevante será prueba documental”.
“Justifica y legaliza la obtención de información de forma ilícita como un parte que levante un agente sin la presencia de un defensor o un fiscal”, explica a Expediente Público.
Montenegro reitera que “con el régimen de excepción se suspenden las garantías constitucionales de la población y quiere decir que la persona puede ser detenida, sometida hasta cuando ellos consideren que es necesario (…) no hay una protección de los derechos del detenido”, reitera Montenegro.
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De agrupación ilícita a procesar estructuras
La reforma conceptualiza el crimen organizado como “aquella forma de delincuencia que se caracteriza por provenir de un grupo estructurado de dos o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos”.
Durante la intervención en la Asamblea Legislativa, el ministro Villatoro, explicó que una vez entre en vigor el nuevo marco penal, la Fiscalía podrá procesar y condenar a pandilleros colectivamente por su pertenencia a las denominadas clicas o canchas, que definen la organización territorial en los vecindarios que controló la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, por ejemplo.
“Lo que vamos a hacer es convertir esas 3,200 solicitudes de imposición de medidas en un poco más de 300 casos (…) vamos a procesar a estas organizaciones terroristas por estructura”, dijo el funcionario.
CIDH interpela al Estado de El Salvador
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó en la ciudad de San José, Costa Rica, el pasado 14 de julio la audiencia “Derechos humanos y estados de excepción en El Salvador” a solicitud de organizaciones de la sociedad civil de este país centroamericano que denuncian los abusos del régimen de excepción.
Participaron en la audiencia la organización de derechos humanos Cristosal, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Periodistas de El Salvador, expusieron diversos casos que incluyeron torturas, capturas arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
“El Estado de Excepción se ha vuelto una medida permanente de violación y represión a los derechos humanos, volviéndose la única herramienta de política pública en materia de seguridad del actual Gobierno”, denunció en la audiencia Zaira Navas, jefa de la unidad de Estado de Derecho de Cristosal.
Versión del fiscal sobre abusos
Durante la interpelación, que fue realizada por videoconferencia, el fiscal general Rodolfo Delgado refutó los señalamientos contra el Gobierno salvadoreño asegurando que la institución que preside no ha recibido ninguna denuncia sobre torturas, ni tratos malos, crueles o degradantes en contra de algún salvadoreño.
“En relación con los fallecidos al interior de los centros de detención, a partir del año 2019, la tasa de fallecidos se redujo aproximadamente al 50 %”, esgrimió Delgado.
En tanto, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, insistió que “las víctimas reales son los salvadoreños de bien, la gran mayoría de bien, ellos son quienes merecen ser tenidos en cuenta en primera instancia”.
Crimen de lesa humanidad
La Comisión de Derechos Humanos Pro Memoria Histórica sostiene que el Estado salvadoreño comete delitos de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción.
“Ya tenemos varias denuncias a través de los habeas corpus donde ha habido detenciones ilegales, torturas e incluso hasta muertes. El asesinato de una persona se puede cometer de forma directa o indirecta”, dice a Expediente Público el abogado Ovidio Mauricio.
Mauricio, director ejecutivo de Tutela Legal “María Julia Hernández”, aclara que la muerte indirecta “sucede por omisión, por no darle la medicina correspondiente, por no atenderlo en salud, ahí puede darse un asesinato perfectamente”.
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Por su lado, Montenegro de CDHES, recordó que El Salvador como firmante del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional debe respetar los instrumentos de derechos humanos.
“La otra situación que abarca la Corte Penal Internacional es que se puede ir a denunciar no a un Estado, sino a la persona directamente que ha violentado el derecho humano”, defiende.
Los crímenes de lesa humanidad abarcan ataque general o sistemático contra civiles en tiempos de paz o de guerra, que incluyen tortura, homicidio, desaparición forzada, violencia sexual y de género, esclavización y deportación.
Según datos oficiales, 174 personas murieron bajo custodia del Estado; sin embargo, las organizaciones denunciantes reportan más de 300 decesos de detenidos sin vinculación con pandillas y cuyos casos son públicos por los avisos de sus familiares.
