* Nicaragua es el país calificado como más corrupto de Centroamérica. El resto de los países muestran deterioros significativos.
** Regímenes autoritarios y líderes democráticos que menoscaban la justicia contribuyen a profundizar la impunidad de la corrupción, señala Transparencia Internacional.
**Para Juany Guzmán, de Costa Rica Íntegra, en Centroamérica los políticos no están interesado en eliminar esa corrupción.
Aimée Cárcamo / Expediente Público
Por tercer año consecutivo, Nicaragua, Guatemala y El Salvador registraron un retroceso en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2023 publicado esta semana por la organización Transparencia Internacional.
Mientras Costa Rica subió un punto, y es el país con la mejor calificación de Centroamérica, Panamá retrocedió otro punto. En el caso de Honduras se mantiene estancado en la medición de los niveles de corrupción del sector público.
El IPC asigna una puntuación de 0 a 100 (en la que 100 equivale a “muy transparente” y 0 a “altamente corrupto”).
Según Transparencia Internacional los avances en el combate de la corrupción fueron “mínimos o nulos” en la mayoría de los países de Centroamérica y en doce años consecutivos el promedio global del IPC, de 43 puntos, no ha tenido variaciones.
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Además, la puntuación de más de dos tercios de los 180 países y territorios evaluados es menor a 50, lo que “indica que existen graves problemas de corrupción”, señala la organización con sede en Berlín.
Estado de derecho en Centroamérica
En su informe de este año, Transparencia Internacional destacó la conexión que existe entre el acceso a la justicia y la corrupción.
Los regímenes autoritarios, así como los líderes democráticos que menoscaban la justicia contribuyen a profundizar la impunidad de la corrupción y, en algunos casos, incluso la fomentan, señala la organización.
El ÍPC 2023 detallada que el Poder Judicial “muestra que tenemos un foco complejo” no solo de la región, sino global, dijo a Expediente Público la investigadora y académica Juany Guzmán, de la organización Costa Rica Íntegra.
En vez de estar más fuertes, independientes y con mejores capacidades de sanción y enjuiciamiento de los delitos de corrupción, los poderes judiciales son más bien “parte de un esquema connivente con la impunidad”, agregó.
Debilidad del Poder Judicial
Lo anterior tiene que ver con la cooptación del Poder Judicial, la injerencia en el mismo por parte del Ejecutivo y, en suma, el irrespeto a su independencia, lo que coincide con las bajas puntuaciones de los países.
A su criterio, el IPC 2023 “manifiesta que Centroamérica está estancando, o sea, estancado quiere decir en realidad en deterioro”.
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El IPC “funciona como un reflejo más de las debilidades institucionales que históricamente hemos experimentado” en Centroamérica, declaró a Expediente Público el analista costarricense Carlos Cascante Segura.
Además de las debilidades en los poderes judiciales, fiscales y contralores del Ejecutivo, añadió la mala percepción que existe de los partidos políticos e incluso la inexistencia de estos en algunos países.
Por su parte, el exdirector del diario La Nación de Costa Rica, Eduardo Ulibarre, consideró que la corrupción es un fenómeno sumamente preocupante y que en todos los países del istmo hay una tendencia a empeorar.
Esto es por “cierta fatiga institucional y un débil compromiso de los actores políticos y económicos, incluso sociales, (…) en contra de la corrupción”, dijo Ulibarre a Expediente Público.
Nicaragua, el más rezagado
En el IPC 2023, Nicaragua aparece a la cola de Centroamérica con 17 puntos, que lo ubican en el número 172 de los países evaluados.
Nicaragua es uno de los doce países que desde 2018 han registrado un descenso significativo en las puntuaciones del IPC, indica Transparencia Internacional.
En esa lista se encuentra también El Salvador, Honduras, Venezuela y Argentina, que al igual que Nicaragua son países de ingresos bajos y medianos.
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El régimen de Daniel Ortega depende de mecanismos corruptos y ha cooptado todas las estructuras de control del Estado, los tribunales, las agencias de cuentas o de vigilancia estatal, el poder legislativo.
Cascante Segura señala que Nicaragua “repite el patrón” de que entre más autoritario es un país mayor es la corrupción.
“La única forma de revertir sistemas corruptos es con institucionalidad fuerte, con un sistema de servicio público profesionalizado, con división de poderes, cuando no hay esas tres cosas la corrupción camina rampante y con facilidad”, analizó.
Ulibarre, por su parte, recordó que en la medida que la corrupción incide negativamente en los procesos de desarrollo, de protección e integridad personal genera también, al sumarse con otros factores, las oleadas migratorias que se han visto en los últimos dos o tres años.
Guatemala en declive
En el IPC 2023, Guatemala obtuvo 23 puntos, que lo ubican en el número 154 de los países evaluados.
Según Transparencia Internacional, el declive que registra Guatemala es resultado de tres gobiernos consecutivos implicados en prácticas corruptas.
Tanto el Ministerio Público como el poder judicial “se han utilizado para conceder impunidad” y “atacar a quienes alzan la voz contra la corrupción”, lo que dejó al Estado sin ninguna capacidad institucional para combatir la corrupción, apunta la organización.
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El principal desafío para el nuevo gobierno del presidente Bernardo Arévalo “será desarticular las redes de corrupción que han cooptado al Estado guatemalteco y restablecer sus funciones primarias”, puntualiza Transparencia Internacional.
El problema es que las grandes transformaciones institucionales llevan tiempo, dijo Cascante Segura, y en el caso de Guatemala “hay estructuras de poder muy fuertes” como el Ejército, los grupos empresariales e ilegales como el narcotráfico, “que viven un poco de una institucionalidad débil y corrupta”.
Retroceso de lucha contra la corrupción en El Salvador
La puntuación de El Salvador en el IPC 2023 es de 31/126, con lo que el país ha retrocedido cinco puntos desde 2020. Esto coincide con el período del presidente Nayib Bukele, quien acudirá el 4 de febrero a elecciones a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección.
Para Cascante Segura, entre más rasgos autoritarios tiene la administración de Bukele, más evidente parece la percepción de corrupción y debilidad institucional.
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A su criterio, las elecciones del próximo domingo no serán competidas, ya que Bukele “ha concitado una serie de componendas” para ganar, lo que demuestra la concentración de poder que ha logrado en poco tiempo.
De ahí que esas elecciones ayudan a plantear la idea de El Salvador como un país cada vez más corrupto, “pese a que el gobierno de Bukele venda que lucha contra la corrupción”.
Honduras se estanca en la corrupción
De su lado, Honduras volvió a obtener una puntuación de 23 por tercer año consecutivo y se ubica en el número 154 de los 180 países evaluados.
En Honduras se encuentra en marcha un proceso para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, que no ha logrado cumplir en los dos años que lleva de gobierno.
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Esa búsqueda de una solución externa, como ya hizo honduras, El Salvador y Guatemala en el pasado, muestra “la debilidad institucional que tenemos para combatir la corrupción”, apuntó Cascante Segura.
Panamá y Costa Rica
Panamá obtuvo una puntuación de 35 y se ubica en el ránking 108 de los países; mientras que Costa Rica se ubica a la cabeza del istmo centroamericano con 55 puntos y en el lugar 45.
Si bien los resultados de Costa Rica son mejores que el resto de Centroamérica, no son necesariamente tan importantes si se compara con los primeros lugares, y el país solo subió un lugar en el Índice, “lo que tampoco es una mejoría como uno lo podría plantear”, dijo Cascante Segura.
Para Guzmán, en promedio, están reprobados los 180 países del Índice, pero reconoció también que “hay distancias impresionantes”, entre ellos en la percepción de corrupción.
¿Por qué es difícil combatir la corrupción?
A esta pregunta, Guzmán respondió que falta una mirada de más largo plazo, “primero es creer que la corrupción se ataca al final” cuando “ya el daño está hecho”, analizó.
En ese sentido, “Centroamérica no está trabajando ni en la prevención ni en la sanción de los delitos por corrupción”, consideró.
Lo anterior depende de una cultura de transparencia, que viene desde el sistema educativo, de una legislación fuerte y rigurosa, del control político y de una participación ciudadana responsable, con capacidad de incidencia, vigilancia y fiscalización de la institucionalidad.
También mencionó la necesidad de proteger a los denunciantes y a las víctimas de la corrupción, así como el papel de los medios de comunicación en la denuncia, que es “absolutamente clave”.
El otro problema es el discurso de la corrupción con fines políticos, “y cuando la corrupción se trivializa y se utiliza como un discurso populista no se enfrenta”, sino que “se utiliza como un arma política”, pero “nadie está interesado en eliminar esa corrupción de nuestras sociedades”.
Lo peor de todo, “es que ha tenido resultado, porque ha abonado mucho en favor del discurso populista”.
