Ciberviolencia, mujeres y niñas en Honduras totalmente desprotegidas

Ciberviolencia en Honduras, mujeres y niñas totalmente desprotegidas

Diferentes formas de ciberviolencia no están adecuadamente tipificadas, lamentan feministas que siguen esperando la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. 

**Informe de Laboratorio Ciudadano denuncia la existencia de grupos de Telegram que divulgan contenido íntimo de niñas y mujeres obtenido de forma maliciosa.


Aimée Cárcamo / Expediente Público

«Estaba en un programa de televisión y un compañero me mandó un mensaje y me dijo: “¿podemos hablar? Tengo una amiga y me dijo que estaba a punto de tomarse unas pastillas…”».

La amiga en mención estaba siendo amenazada por su expareja, de que, si no volvía con él, divulgaría videos íntimos. Quien cuenta esa vivencia a Expediente Público es la periodista hondureña Isis Vásquez.

«Fuimos y evitamos ese suicidio, porque ella estaba a punto de hacerlo», recuerda la periodista, quien vivió de primera mano una experiencia similar de amenaza digital.

Hace más de 17 años, Vásquez fue víctima de violencia digital, cuando en pleno proceso de divorcio su expareja difundió un video íntimo que generó un escándalo mediático y le costó su trabajo en un reconocido canal de televisión en el que prefirieron despedirla antes que ponerse de su lado.

«Recuerdo que quedé como en shock, no reaccioné, o sea, como que no lo asimilaba», cuenta la periodista de esa experiencia, que fue uno de los primeros casos de ciberviolencia que se conocen en Honduras.

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Pero la popular comunicadora no solo superó airosa aquel acto de venganza, sino que sacó de él la empatía necesaria para ayudar a otras mujeres que acuden a ella desesperadas cuando enfrentan una situación parecida y no encuentran protección en el brazo de la justicia, que todavía se queda corto ante una forma de violencia que no para de crecer.

Violencias que se entrecruzan

Si bien no existe una definición unificada de la ciberviolencia, ONU Mujeres la describe como: “Cualquier acción o conducta en contra de la mujer, basada en su género, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, económico o simbólico, en cualquier ámbito de su vida, la cual es cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia de las tecnologías de la información y comunicación”.

La violencia digital surgió con el internet, hace más de veinte años, pero creció exponencialmente durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, cuando aumentó el uso de tecnologías de información y de comunicación, así como de las redes sociales.

Los tipos de ciberviolencia incluyen acoso, extorsión, discriminación, amenazas, suplantación y usurpación de identidad, retención o robo de acceso no autorizado a equipo, monitoreo y acecho, desprestigio, control y manipulación de información, entre otros, enumera por su parte la investigadora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Helen Ocampo, quien explica que hay muchas de estas formas de violencia que se entrecruzan.

Ciberviolencia, mujeres y niñas en Honduras totalmente desprotegidas

Difusión de contenido íntimo

Una de las formas más comunes de la ciberviolencia es la difusión de contenido íntimo, ya sean fotos o videos que las víctimas han compartido en confianza y que luego son usados en su contra por exparejas que quieren obligarlas a reanudar la relación o a tener relaciones sexuales, o particulares que las extorsionan por dinero o para que cometan actos delictivos.

Pero ese contenido también puede ser hackeado, como revela un informe de Laboratorio Ciudadano, un colectivo enfocado en derechos digitales, que muestra la existencia de canales y grupos en la red de Telegram, algunos con más de 50 mil seguidores, que divulgan material íntimo de mujeres y niñas, la mayoría obtenido de forma maliciosa.

El último caso fue monitoreado el 14 de mayo de 2023, en el canal Catranuds de Telegram, en el que se compartieron fotografías de una menor y además se divulgaron sus datos personales.

Formas de ciberviolencia

Que la persona sea reconocida públicamente, ya sea porque forma parte de la sociedad civil, es periodista, activista o participante de un concurso de belleza la vuelve más vulnerable todavía, «porque más o menos esta es como la característica de las víctimas que andan buscando estas personas», dice a Expediente Público Iris Alas, activista del Laboratorio Ciudadano.

Helen Ocampo afirma que este tipo de contenidos incluso ya se empieza a vender en las redes sociales.

Pero también se dan otras formas de agresiones, entre ellas que una mujer cuyo celular fue hackeado es publicitada junto con sus datos como una trabajadora sexual.

A lo anterior se suma la inteligencia artificial, que está siendo utilizada para modificar fotos y mostrar a mujeres sin ropa.

Es lo que recientemente vivió la periodista Johanna Villalobos, de Costa Rica.

«Agarraron una foto mía que yo había subido a mi Instagram en la playa, la metieron a inteligencia artificial (…) y me quitaron la ropa», denunció en su cuenta de Twitter.

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Consecuencias desastrosas

Las niñas, jóvenes y mujeres, incluyendo las que pertenecen a la comunidad LGTBI, son las principales víctimas de la ciberviolencia, cuyos efectos pueden ser fatales.

Iris Alas conoció el caso de una víctima de esa exposición íntima, cuyo padre murió de un infarto cuando vio las fotografías que le enviaron sus vecinos. «Ella al final tomó la decisión de irse del país», comenta.

También supo de embarazadas de quienes ha sido divulgado material íntimo y una de ellas casi tiene un aborto espontáneo por el trauma psicológico.

El CDM realizó dos pequeñas investigaciones sobre violencia digital y en una de ellas se registraron cuatro suicidios, de las que tres eran niñas, refiere Helen Ocampo, para quien el suicidio provocado por la exposición de contenido privado debería ser considerado “suicidio inducido”, que es un delito que tiene una pena de entre 3 y 6 años.

En ese mismo estudio, el 77.8 por ciento de las entrevistadas dijo haber sufrido ciberviolencia.

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Honduras no penaliza ciberviolencia

A pesar de lo grave del problema, “no tenemos una legislación que proteja a las niñas y a las mujeres de este tipo de situaciones”, señala Romina Cerna, especialista de género e inclusión de Plan Internacional. 

El Código Penal de Honduras habla en su artículo 253 del contacto con finalidad sexual con menores de 14 años por medios electrónicos, pero no aborda el tema de la disposición de las fotos y videos, comenta.

 «No podemos dejar impunes a los agresores viéndolo como pues: “ay, simplemente compartió una foto, compartió un video”. Esto atenta contra la dignidad y la seguridad de las personas», enfatiza.

Además, señala que esos grupos que comparten contenido íntimo, como los que existen en Telegram, están ligados a personas con poder y conllevan delitos como trata y extorsión.

Ocampo recuerda que también en algunos casos el fin es el feminicidio, como ha ocurrido con mujeres atraídas con la oferta de un empleo que luego han sido asesinadas.

Ley integral sigue en espera

Para Regina Fonseca, coordinadora de incidencia del CDM, debe ser motivo de preocupación que esa forma de violencia no esté adecuadamente tipificada y que las leyes no recojan todo el abanico que se requiere en el contexto actual.

La iniciativa de Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, que las organizaciones feministas elaboraron durante seis años y pasó por un proceso de discusión técnica durante casi un año en el actual Gobierno, incluye la violencia digital, la ciberviolencia, la violencia mediática, así como mecanismos de prevención, de atención y denuncia.

 «Es una ley que ya está en manos de la Secretaría de la Mujer. La hemos socializado con distintos actores dentro del poder Ejecutivo, pero también dentro del poder Judicial y dentro de la Comisión de Género del Congreso Nacional y entiendo que ya pasó el dictamen del equipo de abogados de la presidenta (Xiomara Castro) y estamos a la espera de que se envíe al Congreso Nacional», apunta.

Vergüenza y poca denuncia

Fonseca menciona que hay muy poca denuncia de la violencia cibernética, sobre todo cuando se trata de exposición de contenido íntimo, por vergüenza y porque las mismas autoridades culpabilizan a las víctimas por haber compartido ese material.

Cuando una víctima se atreve a denunciar, los casos suelen ser atendidos por la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer o la Fiscalía de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática del Ministerio Público. Expediente Público trató de obtener información para esta publicación con la fiscal de esta última y con un relacionador público del Ministerio Público, pero ninguno respondió los mensajes.

Iris Alas agrega que hay bastante negligencia en cuanto a la atención de las víctimas de ciberviolencia y que no existe ningún protocolo para resolver estos casos.

La mayoría de los casos que lleva Laboratorio Ciudadano es con la Unidad contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas, que prioriza los casos de menores, pero las mujeres adultas quedan sin atención.

Helen Ocampo, por su parte, compartió que desde 2017 se creó en la capital, Tegucigalpa, la Unidad de Delitos Cibernéticos de la policía, «pero es insuficiente» y las posibilidades de investigación son mínimas debido a que su personal es escaso.

Aprender a cuidarse

Para Iris Alas, «la tecnología ha venido a ser parte de nuestra vida diaria, entonces es normal podríamos decir o por lo menos entendible que ahora los jóvenes quieran expresar su sexualidad utilizando sus teléfonos móviles y los medios tecnológicos».

Recuerda que Laboratorio Ciudadano tiene una línea de ayuda para bajar contenido íntimo de redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, entre otros.

En esa misma línea, Marivi Marín Vásquez, directora ejecutiva del Laboratorio Digital ProBox, considera que es decisión personal de cada quien, sin importar el género o la orientación sexual, cómo disfruta de su intimidad.

Sin embargo, recomienda tomar medidas, para evitar la filtración de información privada.

Difundir contenido íntimo «no es solo una mala acción, sino que en muchos países es un delito», expresa la experta venezolana, para quien la divulgación ilegítima contenido íntimo debe estar penado por la ley bajo cualquier circunstancia.

La experta reconoce que «las mujeres somos más vulnerables porque desafortunadamente en este tipo de situaciones solemos ser sometidas a mayor descrédito, exposición e, incluso, muchos desvían la atención sobre quién debe ser responsable ante estas terribles y maliciosas acciones».

Helen Ocampo considera que los hombres que reciben información íntima y la comparten son tan responsables como quienes generan y roban ese contenido, por lo que deben ser conscientes de que esa mujer que se está viendo en esa publicación electrónica fácilmente podría ser su prima o su amiga.

El cuerpo de las mujeres no es para entretenimiento y placer para otros, a menos que sea su decisión, puntualiza.