CICIH

CICIH en Honduras ¿para cuándo? 

*La escogencia de una Corte Suprema independiente, así como la abolición y reforma de leyes que favorecen la corrupción, son acciones indispensables para que una Comisión Internacional Contra la Impunidad pueda hacer su trabajo.

**La Presidencia de Xiomara Castro sin avances concretos para que  CICIH sea una realidad, pues sus acciones contra la corrupción son contradictorios y, además, enfrenta grandes obstáculos políticos.


Expediente Público

Reformas al sistema de justicia, abolición de un conjunto de leyes que protegen a quienes cometen actos de corrupción y el fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), son algunas de las condiciones que analistas internacionales en política exterior, organismos de la sociedad civil recomiendan al Gobierno de Xiomara Castro para dar pasos concretos para la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

“No es solo importante que llegue al país una misión fiscal de relevo a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), también es necesario que encaje dentro de una reforma integral del Sistema de Justicia en Honduras, que allane el camino a su llegada”, indica un informe elaborado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad).

Bajo el título “Coalición Anticorrupción, aspira a una CICIH independiente, autónoma y con enfoque de derechos humanos”, el documento sugiere una serie de condiciones para la instalación de la misión.

El 17 de febrero de 2022 la Cancillería de Honduras solicitó apoyo a la Secretaría General de Naciones Unidas para la creación de una CICIH. El 10 de mayo llegó una misión para reunirse con funcionarios de Gobierno y representantes de la sociedad civil.

La misión elaboró un informe que servirá al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para tomar la decisión. Hasta la fecha no hay nada nuevo que decir, indicó la oficina de la organización en Honduras, a cargo de Alice Schackelford, ante la solicitud de información por Expediente Público.

El gobierno de Honduras está a la espera de nuevas comunicaciones del organismo internacional, pero no existe una fecha concreta para saber si la respuesta será favorable.

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Obstáculo: Libertad para acusados por corrupción

Gustavo Irías, director de Cespad, considera que se debe revisar y reformar la Ley de Amnistía, ya que sería un obstáculo para la CICIH.

Esta amnistía figura en el capítulo II de la “Ley para la reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan” establecida en el decreto número 4-2022.

La norma concede «amnistía general, amplia e incondicional» a funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración del expresidente Manuel Zelaya (27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009), esposo y asesor de la presidenta, Xiomara Castro.

Este decreto fue aprobado por el Poder Legislativo el jueves 3 de febrero del 2022 y publicado en el diario oficial La Gaceta dos días después, a una semana de haber asumido la presidenta Xiomara Castro de Zelaya.

“Hablamos de la necesidad de reformar esta ley. Existen casos de funcionarios del periodo 2006-2009 acusados de delitos de corrupción, y donde no ha habido motivación política provocada por el golpe de Estado, pero se han visto librados de la acción de la justicia”, expresó Irías a Expediente Público

Agrega que “es importante su reforma, de tal manera que no pueda constituir una limitante para una misión internacional que busca enfrentar la corrupción”.

Grieta entre el Gobierno y aliados

La aprobación de esta ley no sólo despertó rechazo en la ciudadanía, sino que generó una grieta a lo interno del Congreso Nacional, entre los partidos que participaron en su aprobación: Salvador de Honduras (PSH), que aboga por una reforma; y su aliado, el actual gobernante Partido Libre, cuya bancada propuso la amnistía.

La diputada por el PSH, Maribel Espinoza, refirió a Expediente Público que la ley se convierte en una barrera al dejar en libertad a personas “que no están comprendidas dentro del concepto de delito político.

Tal es el caso de Enrique Flores Lanza, quien se desempeñó como ministro de la Presidencia desde el 3 de enero de 2008 hasta el día del golpe de Estado, el 28 de junio de 2009.

El Ministerio Público lo acusó por la sustracción de casi 50 millones de lempiras (unos 2 millones de dólares) de las bóvedas del Banco Central. También por falsificación de documentos, tres delitos de abuso de autoridad y fraude. Es decir, delitos no vinculados a su participación política durante el golpe de Estado, sino a acciones de corrupción. Estuvo exiliado en Nicaragua durante 12 años, hasta el 18 de marzo de 2022.

Carta de Libertad de Enrique Flores Lanzas

 

Otro de los favorecidos fue Marcelo Chimirri Castro, condenado a 17 años de reclusión (8 por abuso de autoridad y 9 por enriquecimiento ilícito). Él es pariente de la presidenta.

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“La bancada del PSH propuso una reforma a la amnistía para que los jueces no la apliquen a todos los que la soliciten, sin encontrarse dentro de las características indispensables para obtenerla”, aseguró la abogada Espinoza.

Las diputadas del PSH, Ligia Ramos y Maribel Espinoza, introdujeron en la secretaría del Congreso un proyecto de reforma de la Ley, para establecer el concepto de delitos políticos y hacer una disminución en el catálogo de delitos que están en el decreto original.

Así como fue aprobada la Ley de Amnistía podría beneficiar a quienes cometieron  lavado de activos, apropiación indebida de bienes, malversación de caudales y hurto, entre otros. En consecuencia, entorpecería la acción de la CICIH.

Sin embargo, diputados de Libre, como el vicepresidente del Legislativo, Rasel Tomé, han afirmado públicamente que la reforma no será aprobada.

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CICIH y la barrera de la Corte Suprema

Por ley el Congreso Nacional debe hacer la convocatoria para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) en este mes de julio de 2022 y el proceso debería estar culminado a principios de 2023.

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Una de las organizaciones que exige una reforma del método de elección de magistrados es la plataforma social Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), integrada por 29 organizaciones de empresarios, universidades, entidades de la iglesia católica, así como otras de la sociedad civil.

Sus miembros dejaron claro su apoyo a la CICIH y que se fijen parámetros mínimos para su funcionamiento. Uno es elegir una Corte independiente de los otros poderes del Estado, refirió la abogada Lourdes Mejía, de la Plataforma Amplia Nacional Liberadora, una de las organizaciones que integran la ACTJ.

Hasta ahora los magistrados se han electo por criterios políticos, dependiendo del partido que gobierna. Para el caso, la actual está conformada por 8 magistrados nacionalistas y 7 liberales. En el 2022 se da una nueva coyuntura porque por primera vez en la historia, Honduras es gobernada por un tercer partido, Libre, de izquierda.

La ACTJ exige reformas en la Ley Especial para la Junta Nominadora y que no se elija a magistrados con vinculación a partidos políticos.

Leyes que son piedra de tropiezo

Adicionalmente hay un cuerpo de leyes que deben ser derogadas o reformadas. Una de ellas es la “Ley especial para la gestión, asignación, liquidación de rendición de fondos públicos” (Decreto 116-2019), conocida como “Ley de fondos departamentales”, que son partidas asignadas a los diputados.

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Gustavo Irías, de Cespad, refiere que esta norma ha permitido el manejo de fondos del Estado, no solo a legisladores, sino a funcionarios, fundaciones y organizaciones no gubernamentales.

También bloquea las capacidades del Ministerio Público para investigar el desvío de esos fondos, y traspasa durante tres años esas funciones al Tribunal Superior de Cuentas, una instancia cuyos funcionarios son nombrados por el Congreso.

A criterio de Irías, otro estamento legal que inhibiría el trabajo de la CICIH es el decreto 93-2021, el cual reformó decenas de artículos al Código Penal y con ello favoreció a quienes cometen lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraudes, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y cohecho entre otros.

La reforma “suprime algunos de los delitos precedentes (para acusar por lavado de activos) y usted sabe que el lavado de activos no es un delito como tal, tienen que haber delitos precedentes” señala Irías.

Antes de la reforma, un sujeto que de la noche a la mañana aparecía como propietario de bienes y cuentas bancarias, podía ser acusado de lavado de activos para que demostrara el origen lícito de su fortuna.

Ahora, el Ministerio Público debe demostrar primero que el sujeto cometió un delito (tráfico de drogas, desvío de fondos públicos, etc.,) con el que se enriqueció, para poder acusarlo.

La Coalición Anticorrupción advierte que este decreto reformó el artículo 47 del Código Procesal Penal, imposibilitando a la Fiscalía obtener de manera directa informes del sistema bancario sobre las cuentas de cualquier sujeto. Ahora, deben pedir autorización de un juez.

Finalmente, está el decreto 57-2020, el cual interpreta los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal con el propósito de evitar el decomiso o secuestro de documentos por parte del Ministerio Público, resaltó Irías.

Antes de la reforma el Ministerio Público podía llegar a instituciones, como alcaldías y ministerios, para “secuestrar” documentos necesarios para probar un delito. Ahora, debe solicitarse el permiso de un juez, lo que puede alargar el proceso indefinidamente y lo expone a filtraciones hacia partes interesadas en un sistema judicial altamente politizado.

Ante esta clase de barreras, Luis Javier Santos, fiscal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), manifestó que “pueden venir 20 CICIH pero si tenemos los obstáculos legales es imposible”.

“¿Cómo vamos a acceder a información financiera si hay un decreto que dice que no podemos acceder a información financiera? Hay que derogarlo”, demandó.

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Para representantes de la sociedad civil, el fortalecimiento de la Uferco es imprescindible para continuar con la persecución penal de la corrupción, ya que se espera actúe de la mano con la CICIH.

Hay que “mejorar su presupuesto, la calificación y el número de su personal, así como toda su capacidad logística”, recomendó el director de Cespad sobre esta unidad.

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