*Los presos políticos son tratados con saña, que ni los reos comunes reciben. Dos han muerto en custodia policial, dos más sufrieron derrames cerebrales. Algunos comienzan a sufrir enfermedades físicas y mentales, informaron defensores a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
**Daños graves en la salud ponen en peligro la vida de los presos políticos, a pesar de que decenas de ellos cuentan con medidas cautelares de la CIDH.
Expediente Público
Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamaron al Gobierno de Nicaragua a un diálogo urgente ante las denuncias de tortura y tratos crueles contra los presos políticos y un notable deterioro en la salud física y mental de los reclusos por motivos de conciencia.
En una audiencia virtual con defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil de Nicaragua, realizada el viernes 24 de junio, el comisionado de la CIDH, Carlos Bernal, consideró que a pesar de lo inadmisible de los actos cometidos por el Estados de Nicaragua, “ni la Comisión ni los organismos internacionales deben cesar en el intento, aunque resulte paradójico, de abrir vías de comunicación con el régimen de Nicaragua, al menos para obtener la protección de los derechos como en casos con medidas cautelares”.
“Es una paradoja que tengamos que abrir vías de diálogo con regímenes que están perpetrando violaciones de derechos humanos que la propia Comisión debe condenar, pero ese intento es la única manera para posibilitar algunas soluciones de corto plazo a situaciones tan desesperadas como las que se han se han manifestado” en Nicaragua, agregó el comisionado.
Consideró que un avance en una vía de posible diálogo sería buscar alivios urgentes en la situación del derecho a la salud de los presos políticos.
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Esmeralda Arosemena, comisionada para Nicaragua de la CIDH, remarcó la falta de respuesta estatal a las solicitudes de los familiares y defensores relacionadas a la salud e integridad de los presos políticos.
“Para la CIDH es importante evaluar niveles de posibilidad de concertación y disposiciones que puedan tener las autoridades para concertar alguna respuesta, y plantear estas realidades”, indicó.
Arosemena pidió a defensores y familiares que reporten y documenten las veces que han pedido a las autoridades judiciales, policiales y penitenciarias, de todas las acciones para mejorar las condiciones de los presos políticos beneficiados con medidas cautelares.
Los organismos defensores como Raza e Igualdad, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Colectivo Nicaragua Nunca Más, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Acción Penal, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM Defensoras) y la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) detallaron las condiciones actuales de más de 190 personas presas políticas en Nicaragua.
La CIDH desde 2018 otorgó medidas cautelares a 60 presos políticos, 44 de ellos siguen privados de libertad, 7 están excarcelados y los demás son familiares. De los actuales reclusos 45 fueron recapturados, 6 por tercera vez y los demás por segunda vez.
Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la CIDH, “mediante la cual esta solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable”.
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Denuncias interpuestas
Según las organizaciones, se encuentran en el penal principal del país, cerca de Managua, conocido como La Modelo, un total de 42 beneficiarios de medidas cautelares, pero en las celdas de 2×2 metros de máxima seguridad y castigo, llamada la 300, se encuentran Jaime Navarrete, Eduard Lacayo, Víctor Sosa, Kevin Solís, Víctor Díaz, John Cerna, Gustavo Mendoza, Ernesto Ramírez, Uriel Pérez y Néstor Montealto.
Algunos beneficiarios de estas medidas, entre ellos Manuel Urbina Lara y Cerna han permanecido con grilletes en manos y piernas. Algunos familiares relatan que así los llevaban a verlos durante las visitas, afirmó Georgina Ruiz, del Cenidh.
Además, en La Modelo solo tienen agua dos horas en la madrugada. En el caso de las mujeres, una pileta con lama les sirve para beber y ducharse. A veces solo reciben dos litros de agua, pero no les entregan las botellas que les llevan los familiares.
En algunas galerías con capacidad para 50 y 60 personas, hay 150 reos comunes. Denis García, está en una celda tan hacinada, que tiene que dormir en el piso.
Se denunció que 39 presos políticos tuvieron síntomas de covid-19. En una ocasión en que fumigaron las celdas los dejaron adentro y uno de ellos casi se asfixia.
Cuando reciben visitas les dan menos tiempo a lo establecido. En Waswalí, la cárcel de Matagalpa, al norte del país, les sirvieron comida podrida y les han robado artículos personales que les dejan las visitas familiares.
Alexandra Salazar, representante de la UDJ, explicó que estas denuncias son solo una parte de lo que está ocurriendo en las cárceles de Nicaragua con los presos políticos, porque las autoridades amenazan a los reclusos, incluso los obligan a firmar cartas donde dicen que todo está bien y que no acudan a ningún organismo a poner denuncias.
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Grave deterioro en su salud
La defensora explicó que uno de los beneficiarios con medidas cautelares sufrió convulsiones y padece una enfermedad pulmonar, además, de una fractura por luxación de hombro que quedó después de una paliza, pero no recibe tratamiento médico. En otro caso, el detenido padece de asma, taquicardia, hipertensión e infección en los oídos.
Se les ha negado acceso a médicos y medicinas, aunque uno de los beneficiarios tiene dos balas alojadas en su cabeza producto de la represión policial en 2018. Muchos presentan diarreas, dolores en la columna vertebral, sangrado en las heces, sarna y otras condiciones en la piel; trastornos mentales, como depresión y alucinaciones; desnutrición y covid-19. Dos reclusos tuvieron derrames cerebrales.
La falta de implementación de las medidas cautelares se ha materializado en daños a la integridad personal de al menos dos beneficiarios, quienes continúan hospitalizados desde el año pasado. Tal es el caso de Eliseo Castro, de 59 años, quien permanece postrado en una cama desde agosto del 2021 a raíz de un derrame cerebral sufrido dentro del centro de detención. De la misma forma Justo Rodríguez, quien quedó parapléjico a causa de haber recibido atención médica tardía.
Se han solicitado valoraciones médicas en todas las instancias correspondientes, desde jueces de audiencia y de juicio de ejecución de sentencia e inclusive magistrados de los tribunales de apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, “sin que hasta la fecha se haya obtenido una respuesta positiva, esto debido a que las autoridades de los sistemas penitenciarios en ocasiones no reciben oficios judiciales y en otras pese a recibirlos no los acatan”, indicó Salazar.
Karina Sánchez, de IM Defensoras, explicó que en Nicaragua desde enero 2020 hasta mayo de 2022 se han producido 4,141 agresiones contra ellas, lo que supone un promedio aproximado de 4.7 agresiones por día. En el caso de las mujeres, las más perseguidas han sido aquellas defensoras de derechos.
Entre estos ataques se identifican detenciones arbitrarias, violencia sexual, amenazas, allanamientos ilegales de domicilios, campañas de difamación y constante hostigamiento policial. Actualmente hay 18 presas políticas, quienes han sido objeto de múltiples agresiones que también se han dirigido en contra de sus familiares y organizaciones.
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Las presas políticas sufren acoso sexual, una práctica sistemática. Del 2018 a la actualidad se documentan al menos 44 agresiones sexuales solamente en contra de defensores y activistas.
Las presas políticas no tienen acceso a servicios de salud específicos para atender sus necesidades diferenciadas en razón de su sexo o identidad de género y orientación sexual. Por ejemplo, atención médica especializada en el área de ginecología; acceso a objetos de higiene personal e íntima; atención adecuada por enfermedades crónicas o acceso a tratamiento hormonal en el caso de las mujeres trans.
Represalias contra familiares de presos
Carlos Guadamuz, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, indicó que las violaciones a los derechos humanos no son exclusivas contra los presos políticos, también se traspasan a sus familiares.
Las familias de las beneficiarias de medidas cautelares también son víctimas de malos tratos cuando llegan de visita a la cárcel. Se han registrado tocamientos excesivos, particularmente hacia niñas y adolescentes, tanto en senos como áreas genitales. Ellas son obligadas a tomarse fotos y vídeos, “actos que se identifican como humillantes, invasivo de la privacidad e intimidatorios”.
Además del hostigamiento, persecución y ciberacoso, les impiden realizar actividades económicas, como venta de artesanía y comida, por eso muchos tuvieron que exiliarse.
