OEA Nicaragua

Confiscación del edificio de la OEA en Managua es un “antecedente peligroso” para el sistema interamericano  

*Secretario general de la OEA, Luis Almagro, se comprometió a apoyar cualquier decisión que adopte el Consejo Permanente y advierte que el acto no debe ser “tolerado”.  

**El Consejo Permanente de la OEA, tomó nota de la situación ocurrida en Managua para incluirla en las discusiones que determinarán el “curso de acción” para dar respuesta al hecho.  

***Representantes de diversos países repudiaron las acciones del gobierno de Nicaragua. El de Bolivia, que en otras ocasiones se abstuvo de cuestionar al régimen, reconoció que se ha «violado el derecho internacional». Honduras y El Salvador no se pronunciaron.


Expediente Público

Mientras el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó a través del diario La Gaceta la confiscación del inmueble que albergaba las oficinas de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Consejo Permanente de esta organización abordó la situación este miércoles en una sesión ordinaria, en la que se concluyó que la acción es “moralmente repudiable” y viola las normas del derecho internacional.  

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó a la presidenta del Consejo Permanente, la embajadora Elizabeth Darius-Clarke, que incluyera en la agenda de la sesión ordinaria de este miércoles la situación con el propósito de tomar acciones, porque abre un “precedente” que de ninguna manera puede ser tolerado.  

“Quien no respeta el derecho internacional y no es responsabilizado por eso tiene el camino abierto para todo tipo de ilegalidades. Es necesario actuar ya, si no queremos que mañana sean otros los perjudicados ante la menor diferencia con los caprichos de quienes hoy transitoriamente ejercen el poder en Nicaragua”, mencionó Almagro.  

Este 27 de abril, a través del acuerdo administrativo número 10-2022, publicado en el diario oficial La Gaceta, el régimen oficializó la confiscación de la propiedad donde funcionaban las oficinas de la OEA en Managua, misma que fue declarada de “utilidad pública” y donde se construirá un “Museo de la Infamia”, tras la expulsión del país de este organismo.  

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Confiscaron un inmueble que es retando

El bien inmueble fue declarado de “utilidad pública”, conforme a la Ley de Expropiación, y será el Instituto Nicaragüense de Cultura el encargado de desarrollar e implementar el proyecto del “Museo de la Infamia”, según publicación de La Gaceta.  

“Ese edificio ni siquiera es nuestra propiedad, la OEA solo arrienda parte del mismo, estamos frente a las más graves ilegalidades internacionales, seguidas de medidas nacionales de las más disparatadas que afectan a inocentes que solo hicieron hace años una simple operación inmobiliaria”, refirió Almagro.

El secretario general insistió que la acción ejecutada por el régimen sandinista es un acto que va mucho más allá de este hecho, pues “abre un precedente que, de ser tolerado, puede llevar mañana a actos mayores contra cualquier organización internacional o contra cualquier sede diplomática”.  

“Las normas que regulan las instalaciones son similares a las que tienen todas las organizaciones internacionales y muy similares a la de las embajadas, en un principio reconocido por el derecho internacional. Las inmunidades y el privilegio de los funcionarios no son un capricho del Estado sede que, cuando se enoja puede eliminarlos, son muchos siglos de normas básicas reconocidas”, reiteró el secretario general.  

La acción, según Almagro, es “moralmente repudiable (y) jurídicamente lamentable”, pero son más lamentables las “actitudes del régimen contra su propio pueblo”. 

Nicaragua, desde 2018, vive una crisis sociopolítica que dejó al menos a 355 personas asesinadas, más de 2 mil heridos y más de 144 mil nicaragüenses llevados al exilio.  

Un asalto a todos los Estados

Los representantes permanentes de cada uno de los Estados miembros que conforman el organismo hemisférico hicieron uso de la palabra durante la sesión ordinaria celebrada de forma presencial y virtual, condenando el hecho ocurrido en Managua, con excepción de Honduras y El Salvador, quienes no se pronunciaron al respecto.  

 El embajador de Antigua y Barbuda, Sir Ronald Sanders, calificó la acción del régimen orteguista como un “ataque” dirigido a cada uno de los Estados miembros de la organización internacional panamericanista de ámbito regional y continental, creada el 30 de abril de 1948.  

“Su fuerza policial entró ilegalmente en la propiedad e incautó los archivos. Ningún Estado de la comunidad internacional, puede hacer caso omiso a esta violación de la Convención de Viena”,  

El representante permanente de esa misión diplomática recordó que el artículo 22 de la Convención de Viena, establece que los locales de la misión son “inviolables”, y que los agentes del Estado receptor “no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”. 

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“Los agentes del Estado, Nicaragua no pueden ingresar en esos terrenos salvo por el consentimiento del jefe de misión (…) La acción del gobierno nicaragüense ha golpeado el núcleo de las relaciones diplomáticas”, insistió el representante de Antigua y Barbuda.  

El embajador de Uruguay, Washington Abdala, señaló que los Estados están ante un “régimen que ya no mira, respeta y aprecia a su pueblo”.  

“Se terminan violentando derechos de personas, lo material es relevante, pero siempre es la gente contra la que se arremete (…) Este tipo de violencias ocultan una debilidad del régimen, el régimen está fuera de sí y recurre a estas maniobras, estas manipulaciones para evitar que la comunidad internacional le diga lo que le está diciendo por todos lados”, refirió Abdala.  

El representante permanente de Paraguay, Raúl Mariano Martínez Villalba, señaló que “el régimen demuestra una vez más su voluntad de no respetar el derecho internacional”.  

El diplomático insistió en que todavía queda “un largo camino para recuperar la democracia” en el país centroamericano, que este abril cumplió cuatro años de crisis sociopolítica.  

Incluso Bolivia reclamó

Incluso la delegación de Bolivia, que en otros momentos se abstuvo de votar a favor de resoluciones que demandan la liberación de los presos políticos en Nicaragua, condenó la agresión sufrida por la OEA.  

“Se ha violado el derecho internacional (…) el derecho debe ser siempre la luz que guíe nuestras actividades, debe ser siempre obedecido”, manifestó el representante permanente de Bolivia, Héctor Arce Zaconeta, al hacer uso de la palabra durante la sesión del Consejo Permanente.  

Nicaragua viola acuerdo 

El artículo 133 de la Carta de la OEA establece que, en cada territorio de cada uno de sus Estados miembros, la organización gozará de la “capacidad jurídica, privilegios e inmunidades” que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.  

En la carta dirigida a la presidenta del Consejo Permanente, Elizabeth Darius-Clarke, el secretario general de la OEA, recordó que el 2 de octubre de 1989, Nicaragua suscribió con el organismo un acuerdo sobre el funcionamiento de su oficina y el reconocimiento de sus “privilegios e inmunidades”.  

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El acuerdo se suscribió durante el primer gobierno sandinista y fue firmado por el canciller de la época, Miguel D’Escoto Brockman (QEPD). El acuerdo reconoce los privilegios e inmunidades que el gobierno le reconoce a la oficina de la Secretaría General contra todo tipo de “procedimientos, allanamiento, registro, confiscación o cualquier otra medida”.  

Almagro señaló que el personal de la oficina también goza de inmunidades “contra todo arresto personal, detención o procesos administrativos o judiciales”.  

En la misiva, también dirigida a los Estados miembros, señaló que ante cualquier divergencia acerca de la aplicación o interpretación de las disposiciones de este acuerdo, se “someterá al procedimiento de solución que convengan el gobierno y la Secretaría General”.  

“Nada puede justificar un desconocimiento de inmunidades y privilegios que gozan las instalaciones, los bienes, los archivos de una organización”, dijo Almagro durante su intervención ante el Consejo Permanente.  

¿Qué harán?

 Al final de la sesión ordinaria, la presidenta del Consejo Permanente se comprometió a tomar nota de cada de una de las intervenciones de los representantes de los Estados miembros para las “discusiones que determinarán el curso de acción para este importante tema”.  

La noche del 24 de abril, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, anunció el retiro de las credenciales de sus representantes ante la OEA, y la expulsión del organismo del país. La acción fue acompañada del cierre de la sede en Managua.  

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A través de los medios oficialistas se difundieron videos y fotografías donde aparecen oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía en la sede del edificio de la OEA.  

“El consejo permanente no puede dudar que la violación a estos derechos y obligaciones, que no son comunes, no pueden dejar de generar las mayores responsabilidades de quienes los cometieron. La Secretaría General dará todo el apoyo a las medidas que este cuerpo político (Consejo Permanente) acuerde, esto no existía, ahora existe, es un antecedente peligroso para el Sistema Interamericano”, puntualizó Almagro.  

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