*El Departamento del Tesoro afirma que el gobierno salvadoreño tendría un pacto con las pandillas MS-13 y Barrio 18 para reducir los homicidios.
**Las pandillas habrían ofrecido apoyo político al partido oficialista Nuevas Ideas y a cambio Bukele les habría entregado incentivos financieros, celulares y prostitutas a líderes mareros en prisión.
***Presidente Bukele resta credibilidad a la información y dice que Estados Unidos no respalda el combate a la criminalidad.
Expediente Público
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este 8 de diciembre sanciones contra dos funcionarios salvadoreños y a la madre de uno de estos porque habrían pactado con pandillas organizadas, como parte de una tregua secreta entre el gobierno de Nayib Bukele y las bandas delincuenciales Mara Salvatrucha y Barrio 18.
El objetivo de dicha tregua era reducir el número de homicidios y dar apoyo al partido oficialista Nuevas Ideas, según el Departamento del Tesoro.
Los sancionados son el viceministro de Seguridad y jefe de Centros Penales, Osiris Luna Meza y Carlos Amílcar Marroquín Chica, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social del gobierno salvadoreño.
La madre de Luna, Alma Yanira Meza Olivares, también aparece señalada por actos de corrupción.
Los tres son sancionados por la Ley Global Magnitsky.
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Tregua a cambio de beneficios a pandilleros
“En 2020, la administración del presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó incentivos financieros a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para garantizar que los incidentes de violencia de pandillas y el número de homicidios confirmados se mantuvieran bajos”, dice el comunicado del Departamento del Tesoro.
Según el comunicado del gobierno estadounidense, «Osiris Luna Meza y Carlos Amílcar Marroquín Chica dirigieron, facilitaron y organizaron una serie de reuniones secretas en las que participaron líderes de pandillas encarcelados, en las que se permitió que pandilleros conocidos ingresaran a las instalaciones penitenciarias y se reunieran con altos mandos de las pandillas”.
La Mara Salvatrucha (MS-13) fue designada como organización criminal transnacional por Estados Unidos desde octubre de 2012 por su participación en graves actividades delictivas transnacionales, que incluyen tráfico de drogas, secuestro, tráfico de personas, tráfico sexual, asesinatos, asesinatos, extorsión, chantaje, extorsión y delitos migratorios.
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Apoyo político a Nuevas Ideas
Según el Departamento del Tesoro, se habrían dado las negociaciones con Luna y Marroquín en las que el liderazgo de las pandillas también acordó brindar apoyo político al partido político Nuevas Ideas en las elecciones que se celebraron en febrero de 2021, y en las que ese partido obtuvo una amplia mayoría parlamentaria.
“Además de las asignaciones financieras del gobierno salvadoreño en 2020, las pandillas también recibieron privilegios para el liderazgo de las pandillas encarcelados en las cárceles salvadoreñas, como la provisión de teléfonos móviles y prostitutas”, dice el informe.
Corrupción con ayuda para pandemia
El Departamento del Tesoro también señala que Osiris Luna habría participado en un plan para sustraer y revender productos básicos comprados por el gobierno salvadoreño, que originalmente estaban destinados a la atención de la población por la pandemia de Covid-19.
“Estos artículos se transfirieron a empresas privadas y luego se revenden en el mercado privado o se devuelven al Gobierno. La madre de Luna, Alma Yanira Meza Olivares actuó como negociadora en algunas de estas transacciones”, se habría documentado.
Según el Departamento del Tesoro, Luna y Meza habrían desarrollaron un plan para malversar millones de dólares del sistema de comisaría penitenciaria de El Salvador.
También habrían crearon puestos de trabajo fraudulentos dentro del sistema penitenciario, en los que supuestos “empleados” recibirían cheques de pago mensuales y devolverían la mayor parte de las ganancias a Luna y Meza.
En medio de la pandemia de Covid-19, Luna también habría negociado un acuerdo con los líderes de las pandillas de la MS-13 y Barrio 18, para el apoyo de las pandillas a la cuarentena nacional ordenada por el presidente Bukele en las áreas controladas por esas organizaciones criminales.
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Las sanciones
Luna y Marroquín fueron designados por el Departamento del Tesoro por la Orden Ejecutiva 12818 que bloquea la propiedad en los Estados Unidos, de personas involucradas en graves abusos de derechos humanos o corrupción.
“Por ser personas extranjeras que son funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, o personas que actúan para o en nombre de dicho funcionario, que son responsables o cómplices de, o han participado directa o indirectamente en la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno”, explica el gobierno de Joe Biden.
Mientras que Meza está designada por haber asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a Luna o en apoyo de ella.
La reducción de homicidios
El Salvador ha tenido una situación endémica de homicidios en los últimos 25 años, al grado que en la capital, San Salvador, aparecía encabezando los índices internacionales entre las ciudades más violentas del mundo.
Según estadísticas de la Policía Nacional Civil, las cifras de homicidios en 2021 dejan una tasa anual de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más baja en 25 años.
En contraste, fue en 2015, durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, que la tasa anual llegó a 103 homicidios por cada 100 mil.
Ese año se registraron en total 6,656 homicidios. En 2021 no ha sobrepasado los mil.
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La reacción de Nayib Bukele
El presidente salvadoreño reaccionó restando credibilidad al informe estadounidense e hizo una serie de afirmaciones sobre las supuestas conversaciones con Jean Manes, la exencargada de negocios de Estados Unidos que recientemente terminó su misión en el país centroamericano.
“¿Celulares y prostitutas en las cárceles? ¿Dinero a las pandillas? ¿Cuándo pasó eso? ¿No revisaron ni la fecha? ¿Cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie se las cuestione? Hay videos sí, pero de sus amigos haciendo eso. No nosotros. Ya ni disimulan», escribió Bukele en su cuenta en Twitter.
Según el mandatario salvadoreño, Jean Manes le habría pedido la excarcelación del exalcalde capitalino, Ernesto Muyshondt, la no reelección del fiscal Rodolfo Delgado y evitar procesar al expresidente Alfredo Cristiani y al exfiscal Douglas Meléndez.
Muyshondt está procesado por delitos administrativos durante su gestión (1 de mayo del 2018 al 30 de abril del 2021) , pero también tiene abierto un caso por negociar con pandillas.
“No tenía la facultad de liberar a Ernesto Muyshondt; ademas era evidente que él sí había entregado dinero a pandillas y que habían dos videos que lo comprobaban. Uno de ellos lo muestra entregando una montaña de dinero en efectivo”, le respondió a Manes, según Bukele.
Según el presidente “nuestras acciones contra la delincuencia no tienen el respaldo del actual Gobierno de EEUU. Por eso no recibimos reconocimientos por las grandes incautaciones de droga, ni por la reducción en los homicidios (reconocido incluso por los medios de oposición)».
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Oposición pide separar a funcionarios
El jefe de la fracción legislativa del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, pidió la separación de los funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense.
“Yo creo que sería una buena señal que el presidente de la República separé a estos funcionarios, pero no solo los separe, sino que también ordene que haya una investigación y una deducción de responsabilidades civiles, penales y administrativas», dijo Portillo Cuadra a periodistas.
El partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y el partido Nuestro Tiempo también demandaron la destitución de los funcionarios sancionados y expresaron su preocupación por el mal estado de la relación de los Estados Unidos con El Salvador.
Ley Magnitsky
Es la primera vez que ciudadanos salvadoreños son designados en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, aprobada en diciembre de 2017 por Estados Unidos para combatir la prevalencia de los abusos de derechos humanos y la corrupción.
El Departamento de Estado recordó que los abusos de los derechos humanos y la corrupción socavan los valores que forman la base esencial de una vida estable.
En julio pasado, Osiris Luna fue incluido en la llamada Lista Engel por “importantes actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y sobornos”.
Otros 20 salvadoreños, incluyendo funcionarios gubernamentales y miembros de los partidos ARENA y FMLN, también han sido incluidos en la Lista Engel.
