Nicaragua, CSE, FSLN, magistrados

El FSLN retiene el control del Consejo Electoral e impone reformas contra la oposición

*El partido de Daniel Ortega se aseguró siete magistrados en el órgano que dirigirá las elecciones nacionales en 2021 en Nicaragua. El sancionado Lumberto Campbell fue reelecto como magistrado y asumiría como presidente del Consejo Supremo Electoral.

**Se confirmó pacto político con los partidos PLC, Conservador y PLI entre quienes se repartieron tres magistrados.  La opositora Coalición Nacional podría expulsar a Yatama, porque el diputado Brooklyn Rivera apoyó relección de Campbell.


Expediente Público

El mes de mayo da inicio a la cuenta regresiva para las elecciones nacionales previstas en noviembre del 2021, pero en este contexto el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) demostró que no está dispuesto a ceder espacios que arriesguen su permanencia en el poder en Nicaragua. Así lo demostró con el nombramiento en la Asamblea Nacional (parlamento), este 4 de mayo, de los diez magistrados entre propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral (CSE), donde el presidente Daniel Ortega se aseguró tener el control mayoritario, quedándose con cinco de los 7 propietarios y 2 de los suplentes.

Los sandinistas Lumberto Ignacio Campbell Hooker y Mayra Salinas fueron reelectos como magistrados propietarios por cinco años más, y se espera que Campbell permanezca como presidente del CSE, cargo que asumió de forma interina desde mayo del 2018, cuando Roberto Rivas Reyes fue forzado a renunciar al ser sancionado por Estados Unidos.

Campbell también está sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense por “abuso a los derechos humanos, fraude electoral y corrupción” en el Consejo Electoral nicaragüense.

En la misma sesión de este martes quedó clara la reedición del pacto político del FSLN con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el Partido Liberal Independiente (PLI) y el Partido Conservador (PC), pues cada uno obtuvo un magistrado en el tribunal electoral.  

La elección de esos funcionarios fue en combo con las reformas a la Ley Electoral (331), las que dejan normas para inhibir a los candidatos de la oposición que tengan respaldo suficiente ciudadano que, para el sandinismo, sean una amenaza en las elecciones previstas el 7 de noviembre del 2021.

Las reformas electorales las aprobaron 85 diputados entre los que sumaron los 70 del FSLN, 12 del PLC y tres de la bancada PLI-ALN-Apre. Hubo cuatro legisladores que se opusieron: Azucena Castillo y Adilia Salinas de PLC, Alejandro Mejía Ferreti de ALN y Brookyn Rivera de Yatama.

Lumberto Campbell la figura clave

Sin embargo, al momento de la elección de los magistrados, el diputado Rivera votó a favor de la reelección del sandinista Lumberto Campbell, lo que causó una crisis en la opositora Coalición Nacional que calificó de “infracción grave a los Estatutos y Código de Ética” de la organización por parte del legislador caribeño. Yatama podría ser expulsado como aliado de la Coalición como consecuencia.

Campbell fue reelecto como magistrado con el voto de 73 diputados. A pesar del apoyo que dio Rivera a los sandinistas, ninguno de los candidatos propuestos por Yatama fue nombrado en el CSE.

“Ya está electo, con los votos el Frente elije, mi voto simplemente se suma uno más”, dijo Rivera para intentar justificar su apoyo al magistrado sandinista. Agregó que Yatama no al ser un partido regional en la Costa Caribe nicaragüense “no podemos ni modificar ni transformar al país, apenas tenemos menos del 10% de la población, nuestros votos no definen quién va a ser electo, apenas podemos contribuir al cambio, pero no somos quienes decidimos”, dijo el legislador Rivera a periodistas que dieron cobertura a la sesión parlamentaria este 4 de mayo.

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), miembro de la Coalición Nacional, rechazó la elección de los magistrados del CSE “quienes no abonan a la necesidad de devolverle a la ciudadanía la confianza en la administración electoral”.

Sobre el voto de Yatama por el magistrado Campbell, la UNAB señaló que “genera dudas respecto a la pertenencia del partido que representa el diputado Rivera, en este momento histórico por el que atraviesa el país”, sumido en una profunda crisis social y política desde 2018, por la brutal represión de las fuerzas policiales y paramilitares del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Mayra Salinas, electa en febrero de 2016 en el CSE, es la segunda magistrada reelecta por el sandinismo.

Los otros cinco magistrados electorales sandinistas propietarios son Brenda Rocha, Alma Nubia Baltodano, Devoney McDavis, Cairo Amador, y Adriana Molina quien fue electa como magistrada suplente.

Aunque Cairo Amador fue propuesto al cargo por los partidos ALN- Apre y Leonzo Knight por el Conservador, sin embargo, ambos funcionarios son reconocidos fieles del FSLN.

Los otros dos magistrados suplentes son Maura Lissete Alvarez Ortiz y Alberto Blandón.

Cairo Melvin Amador, Leonzo Knight Julián cerraron el grupo de los siete magistrados propietarios electos, y la tercera suplente es Maura Lissete Alvarez Ortiz.

Oposición fue ignorada

La oposición no logró incidir en que el gobierno de Ortega y el FSLN accedieran a renovar el Consejo Supremo Electoral para dar garantías a los nicaragüenses y a la comunidad internacional, de que las elecciones nacionales de noviembre se realizarán en base a la transparencia que se le están demandando.

De los principales bloques opositores solo la Coalición Nacional propuso candidatos, a través del diputado Brooklyn Rivera de Yatama, mientras la Alianza Ciudadana, por no contar con representación parlamentaria no propuso a nadie.

Los candidatos a magistrados propietarios propuestos por la Coalición eran Anexa Alfred Cunningham de origen misquito, abogada con postgrados en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas en la Universidad de Arizona y Carlos III de España; Nardo Sequeira Báez, exdiputado liberal de Chontales y expreso político; María Fiallos, abogada y miembro del Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE); Uri Rojas Videa, abogado y asesor jurídico legislativo; Yáder Loza Jarquín, exdirector de Hagamos Democracia; Álvaro Montenegro Mallona, empresario y exembajador en Naciones Unidas; Nelson Álvarez Salinas, del Movimiento Campesino; Marianela Martínez, Azalía Avilés y Francisco Sequeira.

El FSLN ignoró a los propuestos a magistrados por la oposición, a pesar de que en la Comisión Especial que estuvo a cargo del proceso de selección en la Asamblea validó que todos los candidatos cumplían con los requisitos de la Ley Electoral y la Constitución de la República de Nicaragua para ser electos en el cargo en el CSE.

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Este 3 de mayo, Julie Chung, subsecretaria asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló en Twitter que “el pueblo de Nicaragua sabe que su proceso electoral necesita reformas para poder elegir a sus líderes libre y limpiamente, con transparencia y credibilidad. El presidente (Daniel) Ortega y sus seguidores deberían aprovechar esta oportunidad para hacer el sistema electoral más creíble”.

Desde el Congreso, tanto demócratas como republicanos mantienen la presión sobre el gobierno sandinista, el 30 de abril fue presentada la propuesta de Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer, por sus siglas en inglés), que implica ampliar las sanciones y limitar los recursos de los organismos internacionales con los que cuenta Ortega con el fin de presionar por elecciones competitivas. El mismo 30 de abril, la vicepresidenta Rosario Murillo volvió a alegar contra los opositores y la propuesta legislativa de Estados Unidos. “Qué clase de inutilidad tienen aquellos que tienen que ir a buscar padrinos, porque no son capaces, por ellos mismos, de articular propuestas creíbles. ¿Quién les va a creer, después de todo el mal que hicieron en abril? ¿Quién va a creerles cualquier propuesta? Nadie”, dijo Murillo en su acostumbrada intervención en los medios de comunicación oficialistas.

No esperan giro positivo del FSLN

Aunque la Alianza Ciudadana no pudo presentar candidatos a magistrados por no tener representación parlamentaria, el precandidato presidencial por este bloque Juan Sebastián Chamorro, dijo a Expediente Público que la oposición propuso buenos aspirantes al CSE.

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“Particularmente en el Grupo Promotor de Reformas Electorales hay personas de demostrada capacidad técnica y honestidad, algunos de sus miembros se pudieron incluir, pero se perdió una oportunidad para que de manera consensuada entre todas las organizaciones se pudiera hacer un listado único”, sostuvo Chamorro.

Por su parte, el precandidato presidencial por la Coalición Nacional, Félix Maradiaga, señaló que, esperaban que hubiese cambios de magistrados como se demandaba, en base a que “parte de la premisa que el régimen de Ortega tiene nula voluntad política, aunque le preocupe la comunidad internacional y más sanciones”.

Maradiaga, horas después de la reforma electoral aprobada en el parlamento nicaragüense, emitió un comunicado en el que reitera su llamado a la unidad de la oposición, ya que el nuevo escenario supone decidir si participarán en las elecciones. “Ese es el llamado que hago el día de hoy. Es el momento de unirnos para ponerle un alto al mal gobierno de Ortega, para que los nicaragüenses podamos trabajar y vivir en paz. Pongámonos la mano en el corazón y hagamos lo correcto” dijo el precandidato presidencial.

Reformas a la medida de Ortega

Para este mes de mayo la Organización de Estados Americanos (OEA) planteó una respuesta del Gobierno de Nicaragua a siete puntos de reforma electoral para garantizar la transparencia de las votaciones de noviembre 2021. Por lo cual, para Chamorro, uno de los precandidatos presidenciales de la Alianza Ciudadana, las propuestas sandinistas son más bien una contrarreforma dictada directamente por Ortega a los diputados.

Chamorro señala que la reforma da más atribuciones a la Policía Nacional, de la cual él Ortega es jefe supremo. “La contrarreforma inhibe al invocar leyes inconstitucionales aprobadas en 2020, también es restrictiva con los nicaragüenses en el exterior que quieren apoyar candidaturas, los trata como ciudadanos de cuarta categoría, finalmente, hace caso omiso a la observación nacional e internacional irrestricta”.

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“He estado en mesa de negociación con la dictadura, sé de lo que están hechos, no son demócratas, ni están interesados en defender derechos de los nicaragüenses, no vino como sorpresa que mandaran una ley más restrictiva que la actual cuyo objetivo es hacer más difícil todo a los opositores y desmotivar al votante”, expresó Chamorro a Expediente Público.

Maradiaga también interpreta las reformas electorales del FSLN como una acción sin sorpresas. “El régimen de Ortega tiene temor a las elecciones aun en condiciones muy difíciles, sabe que son una minoría política, aunque armada y muy organizada, pero minoría política, y no quiere pagar el costo de inhibir candidatos y cerrar completamente las puertas a una elección medianamente competitiva”.

¿Qué alternativas quedan?

Frente a la selección de magistrados y la aprobación de las reformas electorales que favorecen al FSLN, la oposición se debate entre ir a un proceso electoral ilegítimo o dejarle el camino libre a Ortega para su reelección sin adversarios.

Chamorro indicó que en la discusión política solo quedan dos escenarios: participar o no en las elecciones. Una tercera alternativa está descartada como es la lucha armada, pero se debe seguir exigiendo reformas que garanticen un sufragio con mejores condiciones, aseguró.

En entrevista con Expediente Público previa al nombramiento de los magistrados del CSE, Chamorro afirmó: “Si las condiciones son como las actuales, debemos discutir como oposición para decidir participar o no. Mi posición es ir, participar para denunciar las irregularidades y el fraude, en caso que no se logren las reformas, porque si uno se queda en casa le estas dando al dictador la argumentación que necesita, participar no debe verse como un ejercicio de validar, sino, como un acto de rebeldía y demostrar en qué consistirían las irregularidades”.

Por su parte, Maradiaga cree que, aunque a Ortega “no le temblaría la mano inhibir candidatos que le hacen contrapeso, pero preferiría que fuera la oposición la que se desmovilizara de manera unilateral, que varios candidatos y las organizaciones más activas y con mayor presencia determinen tempranamente no participar, pero tenemos que participar en condiciones adecuadas, lo que implica no colgar los guantes todavía”.

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