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Estados Unidos: Diversas voces demandan desconocer elecciones en Nicaragua

*La expresidenta costarricense Laura Chinchilla señaló que el país centroamericano está en un “precipicio sin retorno” y llama a tomar acciones contra el régimen de Daniel Ortega.  

**Berta Valle, esposa del detenido precandidato presidencial Félix Maradiaga, narró a los congresistas estadounidenses las torturas a las que son sometidas las personas presas políticas en Nicaragua. 

***Ryan Berg, analista del CSIS pidió a Estados Unidos tomar más medidas contra el régimen, incluyendo sanciones contra la cúpula militar. 


EXPEDIENTE PÚBLICO 

El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos recibió este 21 de septiembre de 2021 testimonios que evidencian el creciente hostigamiento del régimen nicaragüense contra la oposición política, medios de comunicación y oenegés en Nicaragua como parte de una campaña de “brutal represión política”, previo a las elecciones del 7 de noviembre en la que Daniel Ortega y Rosario Murillo buscan su reelección.


El congresista demócrata Albio Sires dio inicio a la audiencia denominada «Una respuesta internacional a la destrucción de la democracia por parte de Ortega en Nicaragua” que se efectuó en el Comité de Asuntos Exteriores.

Según Sires, la actual legislación del Congreso de los Estados Unidos está comprometida a continuar alentando a la administración del presidente Joe Biden a trabajar muy de cerca con la Unión Europea para implementar un marco de sanciones contra el régimen nicaragüense, que ha opacado el contexto electoral en el país centroamericano que debería desarrollarse como una fiesta cívica justa, libre y transparente.  

“También deberíamos de preparar un número de consecuencias para los diplomáticos civiles, asumiendo que las próximas elecciones de Nicaragua, en noviembre, va a ser como una coronación para Ortega”, mencionó el congresista Sires.

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Emily Mendrala, Subsecretaria Adjunta en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental Departamento de Estado de EE. UU., intervino durante la audiencia y explicó que, desde el 14 de septiembre de 2020 hasta 2021, al menos 31 individuos y ocho entidades nicaragüenses han sido sancionados bajo la Ley Global Magnitsky, que castiga actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. 

Además, se ha aplicado restricciones de visa a 169 nicaragüenses en respuesta a la “represión política y la aplicación de leyes vergonzosas que aseguran que las elecciones de noviembre no serán libres, justas, transparentes, ni reflejarán el deseo de las personas nicaragüenses”, dijo la funcionaria estadounidense.  

“El Departamento (de Estado) ya ha tomado fuertes acciones para imponer sanciones en el gobierno Ortega-Murillo. Hemos trabajado con el Departamento del Tesoro para imponer sanciones contra los implicados y los que están llevando a cabo la represión del régimen”, advirtió Mendrala.  

El congresista republicano Mark Green expresó sentirse “profundamente entristecido y consternado por la represión”, que ejercen Ortega y Murillo en Nicaragua.  

“No hay cuestionamiento (de) que el régimen de Ortega ha convertido a Nicaragua en estado policial tiránico”, agregó Green durante su intervención.  

Chinchilla: “Un precipicio sin retorno” 

Durante la audiencia, uno de los testimonios recogidos por los congresistas fue el de la expresidente de Costa Rica (2010-2014) y copresidenta del centro de análisis e intercambio político Diálogo Interamericano, Laura Chinchilla, quien afirmó que las próximas elecciones en Nicaragua están precedidas por “años de creciente deterioro de las normas democráticas”, el debilitamiento del Estado de derecho y violaciones a los derechos humanos.  

La expresidenta costarricense agregó que los más de 300 personas que fueron asesinadas en el contexto de las manifestaciones de abril de 2018, y más recientemente el “secuestro y encarcelamiento” de los opositores que se perfilaban como precandidatos a la presidencia de Nicaragua, son solo las «acciones más recientes y visibles de una campaña de brutal represión política por parte del régimen de Ortega y Murillo”.  

La represión en el país centroamericano traerá como consecuencia un “aumento de la migración forzada”, estima Chinchilla, cuyo país es el mayor receptor de exiliados nicaragüenses. 

Según datos del gobierno costarricense, más de 100,000 nicaragüenses han migrado desde que comenzó la crisis sociopolítica en 2018 y unas 87,000 de estas personas han solicitado refugio.  

Sin embargo, esos flujos de nicaragüenses también se están dirigiendo a los Estados Unidos. “Se espera que en el 2021, al menos 60,000 nicaragüenses serán aprehendido en las fronteras de los Estados Unidos y México”, estimó la expresidenta costarricense.  

La consolidación del régimen de Ortega y Murillo en las elecciones de 2021 también provocará una “interrupción del comercio regional”, advirtió Chinchilla durante su intervención ante los congresistas. 

“Una crisis más profunda en Nicaragua obstaculizará la reactivación económica que necesitan urgentemente los países vecinos, dado que las economías de Centroamérica están altamente integradas, con las del mercado común americano que representa más del 20% de la actividad comercial” en la región, recordó la exmandataria.  

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De darse una continuidad del régimen sandinista, Chinchilla insistió que se estaría dando lugar a un “gobierno antidemocrático” en Nicaragua.  

Desde mayo pasado, el régimen de Ortega ha ordenado la detención de más de una treintena de figuras de la oposición y de la sociedad civil, incluidos siete precandidatos presidenciales, y ordenó el cierre de medios de comunicación independientes y de organizaciones no gubernamentales. 

La periodista Cristiana Chamorro Barrios, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, que venció a Ortega en las elecciones de 1990, fue la primera en ser detenida.  

Otros aspirantes presidenciales opositores encarcelados son Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.  

En la mayoría de los casos, los arrestos se han basado en acusaciones “vagas y dudosas y se le ha negado al individuo sus derechos de debido proceso”.  

“La reelección de Ortega en un amañado proceso, particularmente después de desafiar abiertamente los llamados de la comunidad internacional para corregir el rumbo, incentivará a otros gobernantes autocráticos en Centroamérica y más allá de abandonar incluso la apariencia de democracia”, cuestionó Chinchilla.  .  

Finalmente, la expresidenta costarricense sostuvo que un eventual triunfo de Ortega y Murillo representaría una “amenaza para la seguridad regional”, por sus vínculos con Rusia.  

A finales de junio pasado en una declaración pública, el ministro de Defensa ruso, Serguéi  Shoigú, confirmó que el gobernante Daniel Ortega solicitó a Rusia un  abastecimiento de “armamento más moderno y preparación de los militares”, para enfrentar diferentes formas de presión” en Nicaragua.

Además, Nicaragua ha firmado con Rusia un acuerdo de seguridad en materia digital y de comunicaciones, aparte de desarrollar programas de capacitación a las fuerzas de seguridad nicaragüense y haber adquirido tanques rusos T-72B1. 

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“La estrategia militar de Ortega de incrementar la cooperación con Rusia corre el riesgo de alterar un equilibrio de fuerzas razonable en América, que es parte fundamental del Tratado de Seguridad Democrática de 1995. El territorio de Nicaragua también se ha utilizado para proteger a prófugos centroamericanos de la justicia, algo que probablemente aumentará”, insistió Chinchilla.  

Una “dictadura dinástica” 

Para Ryan Berg, analista senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) las elecciones en Nicaragua lejos de ser un ejercicio democrático, son una amarga reafirmación del plan de la familia Ortega y Murillo para “consolidar una dictadura dinástica”.  

“Ortega y sus colaboradores han preparado el escenario para una ceremonia de coronación. Creo que deberían ignorar completamente el 7 de noviembre de 2021, a como dije las elecciones no son un ejercicio democrático”, reafirmó el analista de CSIS.  

Berg enfatizó que ante la política de represión impuesta por Ortega y Murillo existe una necesidad renovada de encontrar, entre las opciones que tiene la comunidad internacional, “formas de presión a largo plazo sobre el régimen».  

El funcionario de CSIS demandó además ejercer más presión para lograr la liberación de los más de 140 presos políticos en Nicaragua.  

«Ortega y Murillo presiden un gobierno revolucionario moribundo”, dijo Berg para quien la Asamblea Nacional en Nicaragua ha sido un elemento principal para “amplificar la arquitectura autoritaria».  

A finales de 2020, los diputados sandinistas y sus aliados aprobaron un conjunto de polémicas leyes represivas contra periodistas, empresarios, activistas de derechos humanos, líderes políticos y de la sociedad civil, entre las que figuran la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, siendo esta última la que está siendo utilizada para encarcelar y acusar a toda voz opositora en la nación centroamericana.  

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“La criminalización de la disidencia política representa el golpe definitivo del régimen de Ortega Murillo a las elecciones previstas para el 7 de noviembre de este año”, puntualizó Berg.  

Esposa de preso político expone crueles tratos  

La nicaragüense Berta Valle, esposa del precandidato a la presidencia Félix Maradiaga, quien este 21 de septiembre cumplió 105 días de haber sido detenido, compareció de forma virtual en la audiencia del Congreso y denunció las arbitrariedades del régimen contra las personas presas políticas.  

Maradiaga fue detenido el 8 de junio de 2021 tras salir de un largo interrogatorio en el Ministerio Público. Por 84 días, en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) no dieron información a los familiares sobre la condición de Maradiaga.  

De acuerdo con el testimonio de Valle, el régimen ha utilizado las mismas tácticas de persecución, represión y violación de derechos humanos en contra de incontables líderes opositores, candidatos presidenciales, líderes de partidos políticos, activistas estudiantiles y periodistas.  

“Nosotros sabemos que algunos han sido sometidos a torturas psicológicas. Muchos han perdido peso sustancial. Félix y Juan Sebastián han perdido 25 libras cada uno en apenas tres meses y nos preocupamos especialmente por las mujeres que han sido detenidas, ya que hemos escuchado que han estado recluidas en régimen de aislamiento durante tres meses”, denunció Valle ante los congresistas.  

Valle recordó que, junto a Victoria Cárdenas, esposa del también aspirante a la presidencia Juan Sebastián Chamorro, han alzado sus voces para denunciar la situación de los presos políticos en Nicaragua y han logrado reunirse con funcionarios de la administración Biden en Washington.  

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Después de sus primeras acciones de denuncia, el Ministerio Público las acusó a ambas de “traidores a la patria” e inició un proceso investigativo contra ellas. “Nosotras sabemos que, si nos quedamos calladas, ganará Daniel Ortega”, mencionó Valle. 

La organización Human Rigths Watch (HRW) publicó esta semana un informe en el que describe las condiciones abusivas en las que se encuentran los presos políticos en Nicaragua.  

En algunos casos, la policía utilizó violencia durante las detenciones, e incluso golpeó a personas que no mostraron resistencia, señaló la organización de derechos humanos. 

“La velocidad con la cual el gobierno de Ortega ha llevado a cabo esta ola de detenciones antes de las elecciones presidenciales de noviembre, sometiendo a sus críticos a condiciones horrorosas de detención, y acusándolos de delitos sin ninguna base ni debido proceso, revela que Ortega no tiene la más mínima intención de perder los próximos comicios”, señaló el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco durante la presentación del informe.  

Los presos políticos se encuentran incomunicados y a menudo son sometidos a “agotadores interrogatorios”, señaló HRW.  

Berg pide sanciones para el Ejército  

El analista de CSIS pidió ante los congresistas “ignorar” las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua y declararlas «ilegítimas”. 

“El lenguaje diplomático debe dejar en claro que Estados Unidos: considerar ilegítimo al régimen de Ortega-Murillo. Se debe alentar a Canadá, la Unión Europea y los países de América Latina a hacer lo mismo”, mencionó Berg.  

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Agregó que EE. UU., debe emitir sanciones contra el Ejército de Nicaragua bajo el mismo razonamiento utilizado para sancionar a la Policía Nacional en marzo de 2020.  

“El Ejército ha estado involucrado en algunos de los abusos más graves contra los derechos humanos en el país y está acusado de armar a grupos paramilitares. Estados Unidos también debería apuntar al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) del Ejército de Nicaragua, su lucrativo fondo de inversión que no solo está expuesto a los mercados estadounidenses, sino que ayuda a Ortega a mantener la lealtad de los altos mandos”, insistió Berg tras demandar que se corte toda fuente de financiamiento para el régimen sandinista.  

Estados Unidos sancionó en mayo del 2020 al jefe del Ejército nicaragüense, general Julio César Avilés Castillo por complicidad en los ataques de policías y paramilitares que dejaron al menos 328 muertes en las protestas de abril de 2018; además sancionó en junio de este año al coronel Julio Modesto Rodríguez Balladares, administrador del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), brazo financiero del Ejército.  

El próximo 7 de noviembre los nicaragüenses se preparan para elegir a su próximo presidente, pero los comicios son ampliamente rechazados por la oposición a lo interno del país centroamericano y la comunidad internacional, luego de la eliminación de las dos principales fuerzas políticas opositores, del encarcelamiento de los principales precandidatos y de la aprobación de una reforma electoral considerada excluyente. 

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