*El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo citó a la fiscal general Consuelo Porras este 24 de enero, pero la funcionaria no ha respondido si asistirá.
**Consuelo Porras, fiscal general, fue designada como “corrupta” por Estados Unidos y torpedeó desde el Ministerio Público la transición de Arévalo.
** Expertos coinciden en que se deben reformar las leyes del Ministerio Público para que se puedan ampliar los causales de destitución, pero que no queden tan abiertas como antes del 2016.
Luisa Laguardia / Expediente Público
“No voy a renunciar”. Es la respuesta pública de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras un par de horas antes de cumplirse la cita que le hizo el nuevo presidente, Bernardo Arévalo.
El mandatario convocó a Porras a las 10 de la mañana de este miércoles 24 de enero, aunque aún se desconoce si la fiscal asistirá al encuentro en la que se espera que se le pida oficialmente retirarse del Ministerio Público.
“Una de las primeras acciones, si no la primera, será exigirle la renuncia a la señora fiscal general”, fueron las palabras del presidente de Guatemala, Arévalo, en su toma de posesión el pasado 14 de enero.
Consuelo Porras reta a Arévalo
En un video difundido en las redes sociales del Ministerio Público, la fiscal Porras siguió retando a Arévalo, a quien intentó evitar que asumiera la Presidencia a través de varias acusaciones penales por supuestas violaciones en el proceso electoral.
“Ante la tentativa de solicitar mi renuncia, quiero enviar un mensaje claro y contundente al pueblo de Guatemala y el presidente de la República, para hacerle saber de forma categórica que soy respetuosa de las leyes del país y, en consecuencia, cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años para el cual fui reelecta y en consecuencia no voy a renunciar”, declaró Consuelo Porras.
Las primeras reacciones del gobernante Movimiento Semilla fueron de la diputada Laura Marroquín dijo que, según la información que dispone, es que “no era una reunión para solicitar explícitamente” la renuncia de la fiscal general, “sino una reunión de trabajo para poder empezar a trabajar”.
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¿Acudirá a la cita con el Presidente?
Expediente Público trató de comunicarse con la fiscal general, pero no recibió respuesta.
A pesar de ello, el vocero de la entidad, Juan Luis Pantaleón, afirmó a Expediente Público que se recibió la invitación del presidente Arévalo y aclaró que “al contrario de información que ha circulado en los últimos días, en dicha comunicación no se solicita la renuncia de la señora fiscal general”.
Pantaleón afirmó, 48 horas antes del encuentro solicitado por Arévalo, que la institución está analizando el tema y que buscará dar la respuesta oportuna, sin confirmar si Porras acatará la petición del presidente de Guatemala.
Por su parte, el presidente Arévalo, durante una conferencia de prensa del lunes 22 de enero, indicó que tampoco había recibido respuesta de la fiscal general sobre de la petición de un informe de 4 puntos “que son de preocupación para esta Presidencia”: Derechos Humanos, libertad de expresión, proceso de compras de vacunas contra la Covid-19 y protocolos de actuación del Ministerio Público.
Además, añadió que “la reunión será privada, al final de la cual haré las declaraciones del caso”.
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Posibles panoramas con la fiscal Porras
No existe obligación para que la fiscal general asista a la reunión con el presidente Arévalo, así que si no lo hace no tendría consecuencias legales.
Consuelo Porras puede seguir en el cargo hasta mayo de 2026, aunque efectuó desde el Ministerio Público una persecución política contra los magistrados electorales, el partido Movimiento Semilla y el binomio presidencial electo en 2023.
Porras fue incluida por el gobierno estadounidense en la Lista Engel por corrupción y “socavar la democracia” del país.
La solicitud de la renuncia de la fiscal es un hecho que esperan con ansias los guatemaltecos que se manifestaron en las calles contra de las acciones del Ministerio Público, mencionó Arévalo en el pasado.
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Salida es reformar Ley de la Fiscalía
El abogado constitucionalista, Edgar Ortiz, explicó a Expediente Público que tanto Bernardo Arévalo como el Congreso pueden y deben reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, “ampliando el conjunto de razones que justifican la destitución de un fiscal general”.
El jurista hizo énfasis que no se debe retornar al escenario previo al 2016, donde el presidente tenía un amplio margen de discreción para remover al fiscal general, pero si se deben establecer procesos y criterios de rendición de cuentas que permitan destituir a un fiscal general que no cumpla adecuadamente su deber.
Para que se pueda reformar dicho artículo se requerirían 107 votos a favor en el Congreso de la República y desde el punto de vista de Ortiz, debería de ser una prioridad en esta agenda legislativa. Esto se debe a que, desde su análisis legal de la situación “resulta difícil imaginar una destitución, a parte de su renuncia, sin modificar la Ley”, aclaró.
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Por su parte, el analista político, Renzo Rosal, expresó a Expediente Público que la solicitud realizada por el presidente Arévalo tiene como fin “empezar un proceso de destitución”.
Entre los temas que se abordarán en la reunión bilateral, de darse, la fiscal presentará material o no de su trabajo, con lo cual podría iniciar dicho proceso, precisó.
¿Gestión corrupta?
La exfiscal general y ahora directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Claudia Paz y Paz, en entrevista con Expediente Público, mencionó varias ilegalidades cometidas por Consuelo Porras durante su gestión y señalados en 2022 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Consuelo Porras ha liderado la impunidad en casos de gran corrupción y la criminalización de periodistas, defensores de derechos humanos, jueces independientes y fiscales íntegros, sin agotar los procesos disciplinarios establecidos en la Ley orgánica del Ministerio Público”, manifestó Paz.
La exfiscal guatemalteca hizo alusión al informe de 2022 de la CIDH Guatemala donde se encuentra incluida la fiscal en el Capítulo IV, por la criminalización de actores de la sociedad civil liderada por la fiscalía.
En el texto del informe la CIDH afirma que existe: “La percepción generalizada de que las acciones emprendidas por la fiscal general formarían parte de una política de persecución y toma de represalias en contra de personas operadoras de justicia”.
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Pasos para destituir a la fiscal
Paz y Paz recordó también las sanciones internacionales que Porras tiene. “Estados Unidos la incluyó en la lista Engel, porque obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos”, puntualizó.
Paz considera que para poder remover a la fiscal sin necesidad de reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público, primero, se debe agotar la figura de antejuicio, hacer el retiro de la inmunidad, iniciar un proceso penal y asignar a un fiscal especial para que pueda garantizar la imparcialidad de la investigación.
Ortiz opinó que la “fiscalía general ha desempeñado un papel fundamental en el retroceso institucional y democrático que ha experimentado Guatemala en los últimos años”. Considera que es una figura polarizada ya que fue utilizada como herramienta para atacar a opositores políticos, sociedad civil y prensa.
Fiscalía, un puesto clave
El artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público se reformó en 2016 cuando la entonces fiscal Thelma Aldana buscaba perpetuarse en el poder. Este cambio a la ley lo logró luego de una campaña que realizó durante varios meses, en varios puntos clave como la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
En 2016 se dispuso que “el Presidente de la República podrá remover al Fiscal General de la República, por causa justificada debidamente establecida”, lo que conlleva a un juicio, que por lo general, dura años.
El analista Rosal explicó que fueron justo esas reformas, “las que dieron lugar, en la actualidad, a estas complicaciones de remoción de fiscal general”.
Por su parte, Ortiz cree firmemente que “un fiscal general debe contar con garantías y mantener su inamovilidad por principio. Sin embargo, consideró que el cambio legal implementado en 2016, que establece como única causa de destitución una condena firme, es un estándar excesivamente alto”.
