*Pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral hace oficial el cierre del periodo electoral y el primer efecto inmediato es la suspensión de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla.
**Presidente electo, Bernardo Arévalo, solicita que “cesen las acciones tendientes a burlar la voz del pueblo” y Organismo Judicial rechaza señalamientos.
***Se anuncian manifestaciones en la capital y el interior de Guatemala por rechazo a las decisiones tomadas por las autoridades electorales.
Luisa Laguardia / Expediente Público
La crisis política en Guatemala está lejos de terminar. El Movimiento Semilla que en agosto de 2023 llevó a Bernardo Arévalo a convertirse en el próximo presidente de esta nación, se encuentra en un “limbo” jurídico y mientras llega la fecha de traspaso de poder, no se sabe las consecuencias que tendrá esto.
El martes 31 de octubre el Tribunal Supremo Electoral decidió no prorrogar el periodo electoral hasta el 15 de enero del 2024 para garantizar que Bernardo Arévalo, presidente electo, tomara posesión.
Sin embargo, al no ampliar el proceso, el primer efecto inmediato fue suspender nuevamente la personería jurídica de Movimiento Semilla.
¿Qué implica la suspensión del Movimiento Semilla?
La suspensión implica que la agrupación política pierde sus derechos y obligaciones como partido político. Esto afecta principalmente a los diputados que se encuentran actualmente en el Congreso, ya que podrán formar parte de comisiones de trabajo mas no presidirlas.
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En una entrevista para Expediente Público, el abogado constitucionalista, Edgar Ortiz, dijo que “es importante recalcar que no es una decisión firme todavía, porque es apelable y al no ser una decisión firme, no hay efectos inmediatos”, aclaró.
Por su parte, el presidente electo, Bernardo Arévalo, solicitó que “cesen las acciones tendientes a burlar la voz del pueblo libremente expresada en las urnas” y mediante un pronunciamiento en redes sociales, el Organismo Judicial (OJ) rechazó dichos señalamientos.
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“El Organismo Judicial rechaza tajantemente los señalamientos formulados por el señor Bernardo Arévalo”, explicaron, en alusión a las acciones judiciales contra el proceso electoral.
En el pronunciamiento, el OJ, enfatizó que tanto los jueces como los magistrados que integran la institución, se rigen bajo el artículo 203 de la Constitución que dice “son independientes en el ejercicio de sus funciones”.
¿Pérdida o guanacia de garantías democráticas?
Las manifestaciones realizadas por diferentes actores de la sociedad civil organizada solicitan garantizar el proceso de transición democrática. Y que el presidente electo Bernardo Arévalo, junto a su compañera de fórmula, Karin Herrera, tomen posesión el 14 de enero a las 14:00 horas como lo especifica la Carta Magna de Guatemala y esta decisión pone en riesgo dicho acto.
Luis Gerardo Ramírez, vocero del TSE, explicó a los periodistas esta semana, incluido Expediente Público, que “en cumplimiento con la orden del juez séptimo y teniendo en cuenta que el proceso electoral ha terminado, el Registro de Ciudadanos ha procedido a conocer y acatar la orden girada por el juez”.
Esa decisión provocó manifestaciones en la capital de Guatemala el 2 y 3 de noviembre.
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Para Ramírez, la suspensión de la personería jurídica del partido Semilla significa “que no puede realizar trámites administrativos dentro del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral”, dejando al movimiento sin posibilidad de ejercer sus derechos y obligaciones como agrupación política.
Ley tendrá que interpretarse
Para el exmagistrado del TSE, Gabriel Medrano, este “limbo legal” en el que se encuentra el Guatemala se debe a que “la ley no puede prever todos los escenarios”.
“Estamos ante una situación donde los magistrados de las distintas cortes deberán de interpretar la ley y ver cómo resuelven, porque las acciones tomadas por el Ministerio Público están claramente fuera de la ley”, explicó a Expediente Público.
La magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, negó en conferencia de prensa esta semana que fue una decisión tomada en conjunto por los magistrados.
“Sería injusto decir que personas influyeron sobre nosotros, es un tema eminentemente jurídico legal”, enfatizó.
Alfaro respondió tajantemente que “el TSE ha cumplido con la tercera fase del proceso electoral y con ello los resultados de las elecciones están oficializados y validados”.
Insistió en que la decisión busca disminuir “esa crisis de polarización y confrontación política” de los últimos meses.
¿Cómo quedarán en el Congreso?
El exmagistrado del TSE, Gabriel Medrano dijo a Expediente Publico que “el problema inmediato de la suspensión que hizo el Tribunal Supremo Electoral es que en el Congreso” los diputados de Semilla “ya no podrán ser una bancada”.
Sin embargo, para Edgar Ortiz, abogado constitucionalista en realidad “la suspensión, no está claro y al ser apelable, deberían poder seguir siendo una bancada”.
Para Ortiz, que el Registro de Ciudadanos tome una decisión basada en la orden de un juez penal no tiene peso jurídico en materia electoral.
Según la explicación de Medrano, en este sentido, se entra a una discusión jurídica ya que “ahora hay que ver si el partido tiene personería jurídica para poder apelar o defenderse de los distintos casos que tiene.
Con respecto al derecho de defensa, que es constitucional, debería, desde mi punto de vista tener, pero ya serán los magistrados que dicten la ruta de lo que sigue”, manifestó.
“Yo creo que es ilegal porque recordemos la cuestión de competencia que resuelve la Corte de Constitucionalidad el 5 de octubre que puede llegar a ser cierto que un juez penal suspenda un partido político, esto debe de cumplir ciertos estándares”.
Entre dichos requisitos destaca la excepcionalidad y que la plataforma fáctica sea sólida, por lo que, desde su perspectiva “antes de suspender o no a un partido habría que ver si la orden del juez cumple con esos requisitos o no porque la Corte dice que no se debe alterar el orden democrático”.
Según la experiencia y el análisis del jurista, “lo más peligroso en este momento es que se utilice esta orden judicial, sostengo que es ilegal, para tratar de afectar dicho orden democrático”, enfatizó.
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Futuro incierto y todos contra todos
Mientras las luchas legales y políticas continúan en Guatemala, el presidente electo, Bernardo Arévalo, notificó el marte 7 de noviembre que viajara a Washington para platicar de los desafíos del país.
Para Medrano, “desde el ámbito legal” Arévalo y Herrera” deben asumir sus cargos en enero próximo, lo contrario implicaría “un rompimiento constitucional”.
“Considero que sí llegarán al Ejecutivo, habrá que ver qué les depara a los diputados, si quedarán en calidad de independientes o se irán con otras bancadas”, explicó.
La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el presidente electo en contra del juez penal Freddy Orellana, que busca frenar la toma de posesión del partido Semilla.
La CC afirmó que el Movimiento Semilla sí pudo fundamentar la apelación como “inconstitucional”.
“Que el Juzgado Séptimo analice el fondo del planteamiento mediante la emisión del auto respectivo, en el que se tomen en cuenta las alegaciones de las partes, así como la plataforma fáctica y jurídica aplicable al presente asunto y, con base en ello, determinar si la frase de la disposición cuestionada es inconstitucional al caso concreto”, manifestó la Corte Constitucional.
¿Qué pasará con el Vicepresidente?
El Congreso de Guatemala está en el centro de la convulsión política debido a que, en las próximas sesiones legislativas deben decidir si le quita al actual vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, el derecho de antejuicio como lo solicitó la Fiscalía.
El caso por un posible nombramiento ilegal por parte del vicepresidente actual de la República, Guillermo Castillo, empezó a sonar en los últimos días. Esto como resultado del enfrentamiento entre Castillo y el presidente, Alejandro Giammattei.
Y sí el Congreso falla a favor de quitarle la inmunidad a Castillo el Ministerio Público podrá iniciar con la investigación en su contra.
Los legisladores también deberán resolver si quital la figura legal a los magistrados del Tribunal Electoral, como igual lo pidió el Ministerio Público.
Los magistrados electorales son señalados por la Fiscalía, al frente de Consuelo Porras, quien está sancionada por corrupción por parte de Estados Unidos, por los delitos de fraude, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
