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Honduras: 2,896 denuncias por abusos sexuales de mujeres y niñas y solo 88 condenas el último año

*En manos de la Comisión de Educación del Congreso Nacional el proyecto para la Ley de Educación Integral para la Sexualidad, al que grupos ultraconservadores han venido haciendo oposición. Más de 700 niñas sufrieron abusos sexuales entre enero y mayo del 2022.

**Una mesa técnica de trabajo realiza la revisión de un protocolo de atención integral para sobrevivientes de violencia sexual, al que las autoridades han venido dando largas desde 2017, y que incluye anticoncepción de emergencia.

*** La presidenta Xiomara Castro no logra concretar la agenda progresista de los derechos de las mujeres, una de las promesas más importantes de su campaña y que grupos feministas hoy le reclaman cumplir.

Expediente Público

De las 2,896 denuncias de violencia sexual contra niñas y mujeres en Honduras presentadas durante 2021 ante el Ministerio Público, más del 53 por ciento de las víctimas tenían edades entre los 10 y 19 años, según datos oficiales que recoge un informe del Centro de Derechos de Mujeres (CDM). 

Los delitos más registrados fueron violación, actos de lujuria y tentativa de violación. 

Pero si bien las denuncias representan un aumento del 36 por ciento con respecto al 2020, cuando estas se redujeron debido en parte al confinamiento por la pandemia del COVID-19, los datos oficiales no reflejan la realidad de las mujeres y niñas en Honduras.

La pandemia de violencia de género en Honduras sigue imparable. 788 niñas han sido agredidas sexualmente en los primeros cinco meses del año, según datos recopilados por el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM.

Con la llegada de un nuevo Gobierno, presidido por primera vez por una mujer, Xiomara Castro, los grupos defensores de derechos de las mujeres esperan lograr cambios a favor. Sin embargo, tras varios meses de mandato, la presidenta no ha impulsado sus promesas de flexibilizar las restricciones sobre los derechos reproductivos de las mujeres o la despenalización de aborto en casos de violación, malformaciones fetales y cuando la vida de la mujer esté en riesgo.

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Además del subregistro, la impunidad y la falta de políticas públicas de prevención suman a la perpetuación de un delito por el cual las probabilidades de contraer enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados son altas; sin mencionar las secuelas psicológicas que impactan de por vida en las sobrevivientes.

En los países desarrollados, aproximadamente 1 de cada seis mujeres sobrevivientes de estos delitos interpone la denuncia. Extrapolando al caso de Honduras “eso aumenta a 18 mil los casos de violencia sexual que ocurrirían por año y es un número bastante conservador”, dijo a Expediente Público la coordinadora del CDM, Regina Fonseca.

“Cuántas historias conocemos nosotras de mujeres que son sobrevivientes de violencia sexual y que no lo denuncian por diversas razones”, lamentó la defensora.

Entre ellas, la falta de credibilidad de los operadores de justicia, la revictimización que sufren quienes acuden a denunciar y la ausencia de un protocolo integral para atender a las sobrevivientes de delitos sexuales.

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Abusos sexuales en impunidad

De los 2,089 dictámenes médicos por violencia sexual contra mujeres y niñas que registra Medicina Forense entre enero y diciembre de 2021, apenas el 20.68 por ciento (432) fueron judicializados y de estos 88 (20.37%) recibieron sentencia condenatoria, según datos del Ministerio Público.

“Cómo va a confiar usted a ir a poner una denuncia donde la posibilidad de que obtenga justicia es eso”, además de que los procesos son “muy largos y dolorosos”, cuestionó Fonseca, para quien tiene mucho que ver el Ministerio Público, donde “efectivamente la respuesta es tardía, es revictimizante, si es que hay respuesta”.

A su criterio “necesitamos otra Corte Suprema de Justicia y otro Ministerio Público” que garanticen el acceso a la justicia para que las mujeres se atrevan a denunciar.

El informe “Violencia sexual contra niñas y mujeres en Honduras” de 2021, presentado el 22 de junio por el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM, señala además que los registros en entidades como el Ministerio Público en cuanto a la edad, nivel educativo, orientación sexual y origen étnico de las víctimas, así como el tipo de abuso que sufrió, entre otros, son inexactos e incompletos.

“El adecuado registro es sólo uno de los retos que se enfrentan en el país para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y en particular la violencia sexual”, indica el documento.

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No hay un plan de atención integral

Aunque hay mecanismos altamente probados para prevenir algunos efectos de la violencia sexual (entre ellos enfermedades de transmisión sexual como el VIH y embarazos no deseados), en Honduras ni siquiera en caso de violación se permite el uso de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE).

Para Fonseca se trata de una “distorsión” que se mantiene desde 2009 “por la fuerza de los grupos antiderechos”, cuando la promoción, el uso y la distribución de la PAE fue prohibida mediante un acuerdo ministerial en el Gobierno de facto de Roberto Micheletti (junio 2009-enero 2010).

“No solamente las sobrevivientes de violencia sexual, sino que cualquier mujer debería de tener acceso a anticonceptivos de emergencia”, recalcó.

Durante los últimos años, el Grupo Estratégico por las PAE, del que Fonseca es parte, ha venido sosteniendo reuniones con varias autoridades, incluyendo titulares de la Secretaría de Salud. Sin embargo, ha existido un claro desinterés. Por ejemplo, en el Gobierno de Hernández, la entonces ministra Alba Consuelo Flores, ni siquiera contestaba los mensajes.

Entonces, “nos encontramos con autoridades que nos dan la espalda”, criticó la defensora. El Grupo Estratégico por las PAE está integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil, como Acción Joven, “Yo no quiero ser violada”, Ecuménicas, GOJoven, Médicos sin Fronteras, entre otras. 

Protocolo para atender a víctimas de abusos sexuales

Fonseca mencionó que desde 2017 fue presentado a las autoridades de la Secretaría de Salud el Protocolo de Atención a Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual “que fue validado en campo y validado por expertos, y cinco años después no ha sido aprobado”.

En ese sentido, estimó que “el Poder Ejecutivo tiene una enorme responsabilidad, sobre todo en políticas sostenidas con recursos que permitan acciones de prevención de la violencia”, que incluyen a los sectores de salud y educación.

Criticó que el Gobierno anterior del presidente Juan Orlando Hernández (enero 2014-enero 2022) no implementó las guías de educación sexual. 

Por el contrario, “hubo un deterioro de la situación de las mujeres durante los gobiernos de este señor, más aún cuando su Congreso Nacional, sus diputados, votaron junto con otros diputados que se dicen liberales, pero evidentemente son neoconservadores, junto con gente de Libre (Libertad y Refundación, en el Gobierno actualmente), por volver constitucional la prohibición del aborto en Honduras”, recordó la feminista hondureña.

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La deuda de la presidenta

Las organizaciones feministas y sus partidarios políticos han aumentado la presión a la presidenta Castro para que cumpla su promesa de legalizar la anticoncepción de emergencia sobre todo en casos de abusos sexuales, pero se enfrenta al bloqueo incluso a lo interno de su partido, Libre.

“En este momento estamos en una mesa técnica de trabajo para la revisión” del protocolo de atención, a modo de actualizar cifras e insumos, explicó la coordinadora del CDM, para quien “veremos de qué está hecho” el actual ministro de Salud, Manuel Matheu, en el sentido de “si van a prevalecer sus propios prejuicios”.

Pero fue enfática en que “un protocolo de atención integral a sobrevivientes de violencia sexual deja de ser integral si no incluye la anticoncepción de emergencia”, por lo que debe eliminarse el acuerdo ministerial que prohíbe la PAE.

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Oposición a Ley de Educación Sexual

En 2015 y en 2018 fue presentado en el Congreso Nacional (parlamento) un proyecto de ley orientado a brindar educación sexual en los centros educativos, pero en ambas ocasiones esa propuesta no fue sometida a discusión.

Se trata de la “Ley de Educación Integral para la Sexualidad”, cuya proponente es la diputada por el partido gobernante Libre, Scherly Arriaga.

“La iniciativa ya se presentó nuevamente en este periodo legislativo. Está en este momento en la comisión de Educación, que es presidida por el diputado Edgardo Casaña”, dijo Arriaga en entrevista con Expediente Público.

La ley necesita 65 votos para su aprobación, lo que dependerá “de las fuerzas políticas representadas en el Pleno”, recordó la parlamentaria.

Embarazos adolescentes 

Según datos de la Secretaría de Salud, durante 2021 se registraron solo en los hospitales públicos 21,627 partos de adolescentes entre 15 y 19 años, y 920 de entre 10 y 14 años.

“Si bien muchas adolescentes inician su vida sexual a temprana edad, vemos que los partos en menores de edad son muy altos y algunos de estos pueden ser producto de una violación”, señala el informe del CDM.

En el mismo período se reportaron en hospitales públicos 10,233 egresos hospitalarios por aborto. De ellos, 1,579 eran de niñas de entre 15 a 19 años y 93 de niñas entre los 10 y 14 años.

“Estos últimos todos corresponden a embarazos producto de violencia”, ya sea por violación o estupro, señala el CDM.

En algunos casos, la menor que es abusada sexualmente ni siquiera reconoce que está sufriendo violencia.

“Una niña, una mujer de la ciudad, medianamente informada, tiene muchas más oportunidades que una niña del área rural, donde no tiene información” para asumir que está padeciendo violencia sexual y que es denunciable, explicó Regina Fonseca en referencia a la importancia de la educación sexual.

Para la diputada Arriaga, Honduras es uno de los países con mayores dificultades en temas de salud reproductiva y un sistema sanitario “totalmente desfasado”, y en consecuencia “lo que tenemos son niñas que se embarazan en la adolescencia por falta de educación, por falta de salud, de prevención”.

Explicó que la “Ley de Educación Integral para la Sexualidad” garantiza la educación y orientación desde un aspecto científico, e involucra a los padres de familia, a los maestros y, obviamente, a la niñez y la juventud. Esto es “casi que empezar desde cero a nivel de educación y a nivel de salud pública”, consideró.

Cuestión de voluntad

La diputada Arriaga reconoció que entre los obstáculos que ha tenido el proyecto para su aprobación están autoridades sumamente conservadoras, la falta de voluntad política, el poco interés por los problemas de las niñas, adolescentes y mujeres. “Y por último podemos también mencionar lo ultraconservador que son en el Congreso Nacional, donde casi no se puede hablar de estos temas”.  

Sin embargo, se mostró optimista: “Miramos toda la voluntad política para poder aprobarla favorablemente a nivel de comisión; sin embargo, después necesitamos que se agende y así pueda ser debatida y votada por los diputados y diputadas en el Pleno del Legislativo”.

La prontitud con que dictamine la comisión de educación dependerá nada más de la voluntad de cada uno de los integrantes. “No hay nada que esté evitando que pueda ser dictaminada, puede ser al regreso del receso legislativo (el 5 de julio) o según sean priorizados los temas en la comisión”, puntualizó.

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