* Los recientes asesinatos de dos periodistas alarman al gremio en Honduras.
** Javier Hércules era de origen salvadoreño y beneficiario del Sistema Nacional de Protección.
*** Carlos Aguirre es otra de las últimas trece víctimas de ataques mortales contra el periodismo durante la administración de Xiomara Castro.
Sharon Ardon / Eric Lemus / Expediente Público
A solo una semana de conmemorarse el Día del Periodista en Honduras, dos comunicadores fueron asesinados, evidenciando el ambiente hostil y de alta vulnerabilidad que enfrentan quienes ejercen el periodismo en este país centroamericano.
El 31 de mayo, el locutor hondureño Carlos Gilberto Aguirre fue asesinado en el norte del país, mientras que un día después en el occidente del territorio nacional acribillaron al periodista salvadoreño Javier Antonio Hércules, quien estuvo bajo el Mecanismo de Protección tras recibir múltiples amenazas de muerte por el ejercicio de su profesión.
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Con estos dos crímenes, ya suman 13 los periodistas y comunicadores asesinados durante la actual administración de la presidenta Xiomara Castro, según los datos recopilados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
Aunque, el gremio periodístico en Honduras exige una investigación exhaustiva de estos asesinatos, la tasa de impunidad del 88% en casos de violencia contra la prensa refleja que la aplicación de la justicia sigue siendo un tema pendiente.
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Doble asesinato
Los asesinatos saltaron las alarmas a nivel internacional sobre los riesgos de ejercer el periodismo en Honduras porque acaecieron en menos de 24 horas y en dos diferentes regiones del país, que permite dimensionar el alcance geográfico del problema.
Carlos Gilberto Aguirre, de 68 años, locutor y cronista deportivo, era originario de Juticalpa, departamento de Olancho, fue apuñalado repetidas veces la madrugada del 31 de mayo de este 2025, según informaron las autoridades oficiales que dieron cuenta del ataque.
Horas después, en el occidente del país, en la pintoresca ciudad de Santa Rosa de Copán, se encontró el cadáver del periodista Javier Antonio Hércules, quien era de origen salvadoreño.
Ambos departamentos registran desde el año 2003 hasta la fecha, al menos, la muerte violenta de 18 personas que laboraban en medios de comunicación.
Hércules nació en el departamento de Santa Ana, en el vecino El Salvador, y desde hace seis años se estableció en la ciudad de Copán donde empezó a ejercer el periodismo de forma empírica a través de canales de video en redes sociales, de acuerdo con la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu).
“Él era comerciante, llegó a Copán, le gustó el lugar y se quedó a vivir allí”, relató a Expediente Público un miembro de la asociación hondureña. Según medios locales, dos desconocidos le dispararon a quemarropa dentro del vehículo en el cual trabajaba como taxista.
Por su parte, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió un comunicado oficial en el que pidió el esclarecimiento del homicidio para que no quede en la impunidad. Un directivo de la organización informó a Expediente Público que Hércules no está en el registro de afiliados de dicho gremio.
«Expresamos nuestra profunda solidaridad ante los recientes acontecimientos. Asimismo, solicitamos respetuosamente a las autoridades hondureñas competentes que lleven a cabo las investigaciones correspondientes y esclarezcan los hechos de manera transparente», publicó la asociación salvadoreña.
Abordaje de temas sensibles
Fuentes locales relataron a Expediente Público que Hércules radicó en esa ciudad poco antes del pandemia del Covid-19 y que después empezó a ejercer el periodismo desde el año 2021 colaborando con el medio local “A Todo Noticias” (ATN) al mismo tiempo que trabajaba como conductor de un radiotaxi.
Como reportero de ATN realizaba coberturas sobre diversos temas sensibles ante la opinión pública, como era el ascenso del crimen organizado, el narcotráfico y los efectos de la inseguridad social debido a la ola delictiva.
En 2023, el periodista fue víctima de un intento de secuestro cuyo fin era quitarle la vida. Después de este incidente, acudió a Asopodehu para solicitar asesoramiento y acompañamiento debido a la gravedad de su caso, eso le permitió ingresar al Sistema Nacional de Protección a finales de ese año.
Bajo mecanismo de protección
Desde el 2015, el mecanismo se creó en la República de Honduras con el objetivo de proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia en riesgo.
Según declaraciones del nuevo ministro de Derechos Humanos, Longino Becerra, el periodista contaba con medidas de resguardo tales como patrullaje en su domicilio, un enlace policial, capacitación sobre autoprotección y un estipendio mensual.
Pero algunas de esas medidas ya habían vencido, según lo explicó Becerra.
Y las amenazas no cesaron porque Hércules recibió advertencias directas, en algunos casos de sus propios pasajeros, y era seguido por motocicletas que intentaban intimidarlo.
Medidas fueron insuficientes
Sin embargo, las amenazas fueron más lejos y el 1 de junio del 2025 dos hombres que se conducían en una motocicleta lo acribillaron cuando estaba adentro de su carro.
“Puede ser que la protección está fallando o que no es suficiente y se requieren otros componentes para lograr prevenir estos hechos tan lamentables”, dijo a Expediente Público Óscar Hernández, periodista de ATN, medio en el que Hércules laboró.
De igual manera, para el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) este crimen evidencia que este mecanismo no funciona.
“Nosotros como colegio nos retiramos porque miramos que había una politización enorme en este proceso” dijo a Expediente Público su presidente, Juan Carlos Sierra.
Un sistema sin dientes
El presidente señaló que el CPH no ve con buenos ojos que esta institución esté en manos de una secretaría de Estado como la de Derechos Humanos, por lo tanto, hizo un llamado tanto a reformarlo como a garantizar su independencia.
Acotó, además, que el mecanismo arrastra deficiencias como un presupuesto limitado de apenas 11 millones de lempiras anuales, los cuales “se están gastando de forma rápida”.
Sierra criticó que la institución gubernamental está “alquilando carros y pagando apartamentos a personas que no lo necesitan en la actualidad” porque considera unos casos ya no se encuentran en una situación de riesgo.
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Impunidad perpetúa violencia
En ese sentido, para el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Carlos Lauría, resulta imperioso que se fortalezca este mecanismo y se evalúen reformas que lo hagan más eficaz y confiable.
“Honduras desde hace tiempo es un país peligroso en el que ejercer el periodismo entraña riesgos evidentes, la violencia contra periodistas es casi una constante y lo más alarmante es que la justicia sin respuestas hace que la mayor parte de estos crímenes quedan en la impunidad”, lamentó Lauría a Expediente Público.
Según Conadeh, informes preliminares indican que la muerte violenta de los 18 periodistas y comunicadores sociales en los departamentos de Olancho y Copán estarían en la impunidad.
Agregó que la impunidad solo perpetúa el ciclo de violencia, “cuando autores de asesinatos, amenazas, agresiones no enfrentan consecuencias, no son procesados en la justicia, se envía un mensaje claro de que atacar la prensa es una conducta tolerada”.
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Estigmatización institucional
A esta crisis de inseguridad se le suma un discurso hostil que, a consideración de los entrevistados, se origina desde las propias instituciones del Estado.
Recientemente, el periódico de las Fuerzas Armadas publicó una portada en la que calificó a tres periodistas hondureños como “sicarios de la libertad”.
Para el presidente del CPH, “estos mensajes de odio desde la institucionalidad nos vuelven mucho más vulnerables para ejercer nuestro ejercicio periodístico”.
Asimismo, el periodista expresó su temor de que estos mensajes de odio incrementen aún más en un contexto preelectoral “donde el ambiente desde ya es sumamente peligroso y delicado para el ejercicio periodístico”.
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Efecto inhibidor y autocensura
Al director de la SIP, estos discursos que se promueven desde las autoridades “no son solo irresponsables sino peligrosos porque funcionan como habilitadores de la violencia”.
Lo anterior, crea un clima propicio para que después de produzcan ataques físicos y más violencia que provoca temor y, en consecuencia, a la autocensura de muchos periodistas que incluso terminan abandonando la profesión y saliendo del país.
El Conadeh tiene el registro que desde el año 2016 hasta la fecha un total de 133 periodistas y comunicadores sociales han sido víctimas de desplazamiento forzado en el país debido al riesgo que enfrentan.
“El 50% de estos casos se registraron a partir del año 2022 a la fecha”, explicitó Julio Velásquez, oficial de comunicaciones de CONADEH.
Finalmente, Lauría puntualizó esencial de que las autoridades prometan una cultura de respeto a los periodistas, que reconozcan públicamente la importancia de su labor en términos de lo que significa para que la población pueda acceder a información de interés público.
