El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acude este martes a la Corte Suprema de Justicia para la etapa final de la audiencia inicial de presentación de cargos en su contra. Está acusado de desvío de fondos públicos en el caso Pandora II.
Tomás Guevara / Expediente Público / Washington
Expertos consultados por Expediente Público consideran que el caso contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), pone a prueba el sistema judicial de Honduras. También plantean tres escenarios: sobreseimiento definitivo, aplazamiento por cinco años o juicio.
Hernández regresó en julio reciente a Honduras luego de recibir un indulto por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cumplía una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico.
La audiencia inicial de Hernández (JOH) concluirá este martes después de seis días de receso, durante los cuales el Ministerio Público y la Procuraduría General acusaron al exmandatario de desvío y malversación de fondos públicos.
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El requerimiento fiscal indaga la sustracción de unos 62 millones de lempiras (3 millones de dólares) en 2013, para financiar la primera campaña presidencial de Hernández cuando este fungía como presidente del Congreso Nacional de Honduras.
Expertos consultados por Expediente Público consideran que este emblemático caso se desarrolla dentro de un entorno politizado y polarizado en el país.
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Impacto progresivo
Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia y Democracia en la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), le dice a Expediente Público que este caso pone a prueba al sistema judicial hondureño y enumera los componentes de un proceso bajo un entorno de sobrecarga política.
“Es un caso de impacto, tanto mediático, pero también de impacto progresivo para el sistema de justicia hondureño, para bien o para mal (…) va a ser un reto que la decisión sea eminentemente jurídica y no tenga un tinte político de por medio”, comenta Aguilar.
Este experto dice del caso que al tener vínculos con la corrupción en el país, plantea un reto también para el Ministerio Público de sostener la acusación en esta audiencia inicial, sobre esos dineros desviados para campaña política hace más de una década.
El Ministerio Público presentó en la primera etapa de esta audiencia inicial 19 medios de prueba para avanzar en la querella; la defensa refutará en la sesión de este martes 18 de esos hallazgos del ente fiscal.
El caso ha llevado también la participación del procurador general, Dagoberto Aspra, quien en su carácter de abogado del Estado, anunció antes de iniciar la audiencia el miércoles que solicitaría la prisión preventiva contra JOH.
La audiencia —según Aguilar—, en el proceso penal hondureño, “simplemente es enmarcada para generarle indicios al juez” de la causa, para que decida sobre los cargos.
“No se ve el total material probatorio, se ve una parte, y ahí es donde el Ministerio Público debe de ser astuto en función de qué pruebas son las que va a presentar para generarle ese indicio, esa duda al juez de que el expresidente es responsable y que él pueda emitir ese auto de formal procesamiento”, explica.
El reto de encausar a un “protegido” de Trump
Efraín Díaz Arrivillaga, analista político y consultor internacional, comenta a Expediente Público que no hay claridad sobre hacia dónde llegará este caso, pero sí total certeza en Honduras de que esta acusación pone a prueba la independencia judicial en el país.
“El sistema de justicia hondureño está siendo puesto a prueba. Su capacidad de poder enfrentar a alguien que ha tenido por más de una década influencia muy determinante en todos los poderes del Estado”, dice Díaz Arrivillaga.
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Y agrega que el entorno de JOH está utilizando esos “apoyos políticos limitados” en Honduras para capitalizar su figura después de ser extraditado a Estados Unidos y luego indultado por Trump, “viene con una aureola de una nueva presencia política en el país”, opina este analista.
Díaz Arrivillaga considera que el caso plantea una prueba clara para el sistema judicial y de “poder ir más allá de alguien que tiene todavía un caudal político presente en el país y el respaldo de la administración Trump en Estados Unidos”.
Menudencias del caso
A su llegada a la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Tegucigalpa el miércoles reciente, Juan Orlando Hernández dijo a la prensa —que esperaba su arribo al recinto judicial— que él es “respetuoso de las instituciones del país”.
Y que esperaba que su caso fuera desestimado por el juez encargado de ventilar la causa, porque no hay evidencias en su contra. Y se refirió a la primera etapa del caso Pandora.
Paso seguido cedió los micrófonos a su esposa, Ana García de Hernández, para que hablara a la prensa, quien aprovechó el momento para denunciar que sentía la “misma persecución” de cuando su esposo fue encausado y extraditado a Estados Unidos.
Entre caudillos
Algunos sectores del Partido Nacional afines a JOH ven potable una posible candidatura presidencial de García de Hernández, posibilidad rechazada por sus detractores que adelantan una segunda versión de Manuel Zelaya y Xiomara Castro.
Maribel Espinoza, abogada y excandidata presidencial en 2021 por el Partido Liberal, no ha dudado en hacer la comparación del comportamiento de “dos caudillos” en una declaración publicada en su red social X.
La política hondureña dijo que además del daño de JOH a la “poca credibilidad de la Corte Suprema de Justicia, en donde no se ocultan los privilegios que le otorgan”, Hernández y su contraparte Manuel Zelaya tienen más en común de lo que sus adeptos piensan.
“Lo que vemos solo es el caudillismo puro usado por JOH y Mel; ambos solo le han traído un profundo retroceso y dolor a Honduras. (…) Mel y JOH se parecen mucho: Mel, quien soñó con reelegirse, pero no pudo lograrlo; JOH sí lo logró con afrentas fraudulentas a la Constitución”, escribió.
Partido Liberal
La exlíder de los liberales cuestionó que JOH no haya aprendido lecciones de humildad durante el proceso penal que enfrentó en EE.UU. luego de ser extraditado a Nueva York en abril de 2022 y condenado en marzo de 2024 en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan a 45 años de cárcel.
Alertó a los hondureños de no caer nuevamente en la misma trampa de la política que ha marcado los pasos de Honduras al correr las últimas dos décadas.
“Tampoco es correcto que haga las pasadas de Mel y lance a su esposa (García de Hernández) como candidata para estar él atrás del poder o postularse ambos como diputados”, opinó.
Posibles escenarios
Al concluir la audiencia inicial este martes, donde se prevé que la defensa refute las acusaciones del Ministerio Público y del procurador general, el juez tendría su palabra.
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Juan Carlos Aguilar de ASJ comenta a Expediente Público que uno de los posibles escenarios sería que el juez proceda a un sobreseimiento provisional, dejando abierto el caso por cinco años para realizar una investigación.
También podría darse un sobreseimiento definitivo, con lo que se cerraría completamente la causa. Esta posibilidad podría surgir con antecedentes anteriores del caso Pandora.
“Viendo la tendencia y los acusados en ese caso, la resolución para los anteriores imputados ha sido una resolución vinculada al sobreseimiento definitivo”, apunta este experto.
Como tercer escenario -explica Aguilar- sería vinculado a un auto de formal procesamiento, que según el proceso penal hondureño, pasa a una etapa intermedia y posteriormente a una etapa de juicio oral y público.
“Donde ya no solamente la conoce un juez, lo conoce un tribunal de sentencia integrado por tres jueces y sus respectivos suplentes”, afirma.
No obstante, dado el calibre de este caso, pueden notarse algunas tendencias, apunta este investigador de ASJ, como que el magistrado Walter Miranda, designado como juez natural de la Corte Suprema de Justicia para seguir el caso Pandora II, se declaró incompetente por jurisdicción.
Así el expediente de JOH fue remitido a un juzgado de letras con competencia nacional en asuntos de criminalidad común, crimen organizado y corrupción.
Pero esto genera preocupación porque “vimos al magistrado que era el juez natural que recibió el requerimiento que suspendió las órdenes de captura, posteriormente se declaró incompetente para conocer el caso, eso va dando pautas y señales de cómo podría llegar a ser el proceso”, explicó.
Al concluir la audiencia de este martes se darán luces de hacia dónde se encaminaría la causa penal y qué podría deparar el futuro a Juan Orlando Hernández frente a la justicia hondureña.
