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Justicia hondureña, entre la lealtad y la supervivencia por el caso de extradición de expresidente Hernández

*La solicitud de extradición desnuda el pobre estado de la justicia en Honduras que durante los ocho años de Gobierno de Hernández, nunca fue acusado de ningún delito. 

**Sigilo y rapidez de la apertura del caso pudo evitar que Hernández usara la carta del asilo en Nicaragua al igual que otros expresidentes acusados de corrupción.  

***Salvar a Juan Orlando Hernández representaría no solo un enorme costo político para los magistrados y el Partido Nacional, sino, un desastre económico para Honduras, advirtió experto en gobernabilidad Javier Osorio. 


Expediente Público 

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien enfrenta un pedido de extradición de Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico, copó al poder judicial de su país con personas leales. Los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron electos en 2016 y facilitaron su reelección inconstitucional en 2017, recordó a Expediente Público Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), una de las organizaciones que ha señalado la corrupción. 

Uno de estos magistrados es el juez natural nombrado para el caso, Edwin Ortez, quien tiene en su registro la liberación de diputados acusados de corrupción.  

“Tiene trayectoria dentro del Partido Nacional. Ha jugado un rol nefasto en las últimas sentencias, por ejemplo, un caso de los casos más emblemáticos de la Misión de Apoyo contra el Crimen y la Impunidad de Honduras (MACCIH), denominado Caja Pandora, donde recursos fueron dados a congresistas y drenados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Este juez declaró sobreseimiento a los imputados, dejó en libertad a esos políticos y congresistas. Es un cuadro del Partido Nacional”, aseguró Zepeda. 

Después de la primera audiencia, dejó en prisión judicial al exmandatario, pero ubicó la fecha de su segunda audiencia para el 16 de marzo. El hecho que Ortez haya otorgado un mes para la segunda audiencia muestra un trato preferencial a favor de Hernández, señaló la experta constitucionalista Ana Pineda a Expediente Público.

“Es una ventaja para la defensa y un tiempo más que razonable. ¿A cuántos se les ha dado una detención judicial de hasta un mes? A otros aun interpuesta la apelación hoy, el día de mañana los están entregando. Que se le conceda a un mes puede ser una prerrogativa para que sus abogados puedan buscar todos los medios de prueba, esa no es una buena noticia para el pueblo hondureño”, agregó.  

Tras el inicio del proceso de extradición, millones de hondureños se preguntan hasta qué extremo llegaría la lealtad de los magistrados y fiscales a favor del otrora hombre más poderoso de Honduras.  

Las estrategias posibles de Hernández 

Según Zepeda y Pineda, la defensa del expresidente tiene varias alternativas para evitar la extradición: si el juez designado declara improcedente la solicitud de Estados Unidos, si los abogados logran demostrar que hay un caso nacional pendiente que debe ser juzgado primero en Honduras, si la defensa apela y la CSJ en pleno acepta la apelación.  

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“Si sale un caso nacional, el acuerdo de extradición no se cumple, es uno de los escenarios. La tradición es que deben cumplir la justica local, si logra armar un juicio el Ministerio Público y la misma CSJ, dirían que no necesitan extraditarlo porque debe cumplir primero el procedimiento nacional”, dijo Zepeda. 

La abogada constitucionalista Pineda señaló que “no se descarta el escenario, porque sus apoderados visitaron al CSJ y el MP para saber si había investigaciones o causas abiertas contra el expresidente. Cuando se les preguntó el resultado de estas visitas, dijeron que mantenían la información bajo reserva”. 

Si hubiera un recurso de apelación, sus apoderados, tendrán que expresar agravio, si hubiera representantes del Gobierno requirente, también pueden presentarlo ante la CSJ, que al final podría confirmar, reformar o revocar el dictamen del juez Ortez. 

También el propio juez puede declarar sin lugar el recurso de apelación e inmediatamente se emite una resolución y esta se entrega a las autoridades correspondiente para que se extradite. Estas secretarías serían Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores. 

La defensa de Hernández también indicó que este gozaba de inmunidad como diputado del Parlamento Centroamericano, un órgano regional con personalidad jurídica internacional que da un sistema de inmunidades a sus miembros, como Hernández, pero estas prerrogativas se pueden invocar en los demás estados partes, en el país sede, o en el estado donde ha sido electo. 

Pineda consideró que Hernández solo goza de las prerrogativas de los congresistas hondureños, esto significa que solo puede ser juzgado por su condición de expresidente y diputado por un magistrado designado por el pleno de la corte, por un juez natural, como ya se ha hecho. 

Hernández, el más poderoso de Honduras 

Para explicar el poder que tuvo el expresidente Hernández, Zepeda se remonta a su periodo como presidente del parlamento, por lo que manejó durante 12 años al país y organizó una estructura corrupta a su alrededor. 

“Nuestro Poder Judicial es elegido bajo un proceso de selección, pero quienes toman la decisión son los congresistas. En pocas palabras, estos magistrados son los escogidos por Hernández y permitieron su reelección inconstitucional, bajo la sombrilla que tuvieron Evo Morales y Daniel Ortega, por el derecho humano a ser reelecto, esta Corte tiene la etiqueta del Partido Nacional y algunos del Partido Libera”, indicó el representante de Fosdeh. 

“Sabemos que hay una estructura criminal detrás de Hernández, la CSJ, el Ministerio Público, el Partido Nacional y algunos políticos y elites económicas, en 12 años ha constituido o reforzado esa estructura, por eso este juez dará largas al asunto, dará tiempo a reacciones legales, o a la estructura organizativa de acomodos del crimen organizado y la élite política, posiblemente están dando tiempo para hacer algunas jugadas”, reiteró. 

En todo este tiempo Hernández fue señalado múltiples veces de nexos corruptos y con el crimen organizado, la detención y juicio en 2018 de su hermano Antonio fue particularmente el momento que despejó dudas de sus relaciones ilegales. 

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Desde 2016 criminales conocidos lo mencionaron durante investigaciones y juicios, los testimonios en una corte de Nueva York contra Antonio Hernández, de narcotraficantes nacionales y extranjeros, particularmente los del cartel de la zona oriente de Honduras conocido como Los Cachiros y otros que informaron a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), nombraron a Juan Orlando Hernández en el presunto pago de sobornos, campañas electorales y coimas. 

El 30 de marzo de 2021, el tribunal de Nueva York condenó a Antonio Hernández a cadena perpetua más 30 años, y el mismo juez Kevin Castel ha pedido la extradición de su hermano, el expresidente. Y el 14 de febrero se dio a conocer la petición de extradición, apenas 20 días después de dejar el poder. 

Zepeda señaló que hasta en el mismo Joaquín “El Chapo Guzmán”, líder del cartel de Sinaloa, testificó que aportó a la campaña de “un presidente”. El cabecilla también visitó el occidente de Honduras, de donde es la familia Hernández. 

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“Es un expresidente que tiene cargos (de tráfico) por encima de 500 toneladas de drogas, millonarios sobornos y aportes de campaña de otros narcotraficantes, que ya tienen cadena perpetua, el último de ellos hace dos semanas, Geovany Fuentes, han aportado evidencia contra él”, resumió Zepeda. 

La solicitud de extradición de un tribunal de Nueva York, también es “una bofetada a nuestro sistema judicial, investigativo del Ministerio Publico, porque nos dice que nuestro país ninguno de nuestros políticos, ni Hernández tienen una causa abierta, por narcotráfico o algún delito, nos demuestra que está cooptada la institucionalidad. Si no es Estados Unidos, ellos estuvieran en Honduras sin ningún caso o seguimiento”, expresó. 

Para el académico en temas de gobernabilidad en América Central de la Universidad de Arizona, Javier Osorio, “las acusaciones en contra del expresidente Hernández, vienen de tiempo atrás, pero tenía esa aura de poder y protección a su lado. Difícilmente va a poder eludir los cargos, la DEA y la Corte en Estados Unidos no llaman de manera laxa o sin argumentos sólidos para tener una sentencia exitosa”, afirmó en entrevista con Expediente Público.  

El proceso de extradición paso a paso 

En Honduras no hay una ley de extradición, sino, un acuerdo bilateral con Estados Unidos que data de 1909 y otro complementario de 1927, pero fue hasta la reforma constitucional de 2012 que quedó habilitada en la carta magna, aunque no está reglamentada su implementación o los procedimientos. Sin embargo, hay disposiciones a lo interno del Poder Judicial que se adoptaron en 2013, un marco legal con el cual se han enviado a juicio a Norteamérica a 32 capos, expuso la experta constitucionalista Ana Pineda.  

“Una vez que Estados Unidos con ocasión de un proceso en curso, en este caso del distrito sur de Nueva York, libra una solicitud de detención provisional por extradición, a través de la Cancillería, Relaciones Exteriores la traslada a la CSJ, esta si lo recibe inmediatamente se reúne y designa a un juez natural, en el caso del exgobernante la Corte no estuvo reunida, siendo él un alto exfuncionario y figura del Estado. Dentro de los 15 magistrados se designó a Ortez, como juez natural, este juez natural es el que tiene que proceder de inmediato a examinar la petición que le hace Estados Unidos y en el marco de eso puede declarar procedente o improcedente la petición”, indicó. 

Ortez declaró procedente la solicitud el 15 de febrero, libró orden de captura y a la vez allanamiento, en caso que no permitiera la orden de captura el indicado, pero Hernández salió de su casa y permitió que le esposaran y lo trasladaran a la Secretaría de Seguridad.  

“Una vez finalizado eso, se pone a la orden la Secretaría de Seguridad, lo ponen a la orden del juez designado para que, en una audiencia de intimación, los periodistas lo llaman audiencia de información, se pone en conocimiento la solicitud de extradición que el Estado requirente formula en su contra y se informan las garantías y derechos procesales constitucionales y de tratados internacionales”, dijo. 

Lo que pasará en la segunda audiencia 

El juez decretó detención judicial y una nueva fecha de audiencia para el 16 de marzo. Ese día Hernández tendrá la oportunidad de presentar los medios de prueba de descargo a las tres imputaciones de delitos que hace los Estados Unidos, por tráfico de drogas y armas. 

Inmediatamente se evacuará la prueba. Con esa valoración y evacuación de medios de pruebas, el juez natural tomará la decisión en la que otorgará o denegara la extradición, enfatizó Pineda. 

En caso de que se apruebe la extradición, se puede apelar, pero Pineda aseguró que esto ocurre raras veces cuando los abogados buscan percibir más honorarios, pues nunca son favorables e incluso, muchos son extraditados sin que concluya el proceso. Otros procesos de extradición han tardado máximo dos semanas. 

¿Qué pasaría si CSJ decide no extraditar a Hernández? 

Si el Poder Judicial decide no extraditar al expresidente, “corremos mucho riesgo sobre todo con la relación con Estados Unidos, pero también corremos mucho riesgo al tener un nuevo Gobierno y ver que continúa el entramado de corrupción y parecer que se puede desarticular”, advirtió Zepeda. 

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Osorio indicó que al hacer un anuncio tan público y visual, se generó una percepción que se daría un paso importante, aunque existe la posibilidad de intentos de prevenir o bloquear el proceso, pero eso tendría consecuencias, un daño en percepción del Gobierno entrante. 

“El costo más importante es a nivel internacional, dañaría mucho la relación con Estados Unidos y eso traería consecuencia, al final de cuenta, la administración de Joe Biden ha hecho un esfuerzo de canalizar una gran parte los recursos internacionales de asistencia para las causas de la migración, acompañado de paquetes económicos muy grandes”, explicó. 

El tema de la migración es una de las cuñas que dividen la opinión pública en Estados Unidos y es un tema importante de la administración Biden. Su predecesor Donald Trump tuvo una estrategia punitiva, tuvo un tratamiento hostil a los migrantes. En repuesta a eso, el nuevo mandatario, aborda la migración, pero en lugar de hacer un tratamiento agresivo, tiene una campaña muy fuerte de atender las causas de la migración, eso tiene que ver con pobreza y seguridad ciudadana, y parte, es la gobernabilidad democrática de los países, manifestó el académico. 

Desquebrajar las estructuras de corrupción y crimen organizada es una política importante, donde un actor importante ha sido el expresidente Hernández, sostuvo Osorio. 

El experto también indicó que la presidenta Xiomara Castro accedió a esta solicitud con lo que atiende a demandas domésticas propias, como es evitar la corrupción a niveles cínicos. Se presenta ante el electorado como una persona que combate al crimen organizado y eso aumentaría su legitimidad y popularidad, aumentaría su capacidad de maniobra en otros aspectos de su agenda, además, se beneficia en el ámbito internacional consolidando las alianzas tan importantes sobre todo con Estados Unidos no solo en aspectos de prestigio y políticos, sino, con una avalancha de fondos que beneficiarían a muchos sectores en Honduras. 

No jugó la carta de asilo en Nicaragua 

Osorio consideró que es difícil saber por qué Hernández no tomó una ruta de escape rápida y efectiva, y decidió quedarse. Pudo ser falta de información o juicio o se manejó de forma tan exitosa por Estados Unidos y Honduras, que fue operado con un nivel alto de secreto que no esperaba esto. 

Sin embargo, el experto no consideró que esto repercutiría a nivel regional como un efecto dominó ni en un cambio de política antidrogas de Estados Unidos. Por el contrario, los gobiernos se blindan para garantizar la supervivencia, incluso dejando la administración. Por ejemplo, en Nicaragua nunca se activarían las cortes locales para realizar extradiciones o en el caso del dictador chileno Augusto Pinochet se encontraron huecos legales, como su edad avanzada para evitar rendir cuentas en España cuando fue enjuiciado.

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