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Kathia Crivelli: En busca de ampliar el oscuro poder familiar desde el Congreso

Expediente Público

Kathia Marcella Crivelli Ramírez es una ingeniera industrial con maestría en Finanzas que busca ser diputada del Partido Liberal por el departamento de Cortés, al norte de Honduras.

Es hija de uno de los líderes liberales más importante de la costa norte, Leopoldo “Polo” Crivelli, quien ha sido alcalde de Choloma por cuatro períodos consecutivos, cumpliendo 16 años en el poder el próximo enero, aunque anteriormente fue regidor durante tres períodos (12 años). Es ingeniero agrónomo y su familia es originaria de Suiza.

Choloma es una de las ciudades con más industria y que provee más empleos, pero también es una de las más violentas, ha sido una base de operaciones de las pandillas para la extorsión en las ciudades aledañas como San Pedro Sula y Villanueva, y un paso necesario para el trasiego de droga que viene de Gracias a Dios, Colón y Atlántida en tránsito hacia Copán y otros puntos fronterizos con Guatemala.

A Polo se le ha acusado por corrupción, clientelismo y favorecer a sus parientes y amigos con contratos en diversas ocasiones; en el 2020 fue suspendido del cargo ya que el Ministerio Público lo acusó de fraude, abuso de autoridad y uso de documentos públicos falsos, motivados por la compra de un terreno sobrevalorado y sin cumplir los reglamentos.

El terreno en mención fue utilizado para la construcción de un relleno sanitario, que según las investigaciones tenía un valor de tres millones de lempiras, pero la alcaldía lo pagó por 10.5 millones.

Estuvo suspendido dos meses, pero gracias a un amparo la Corte Suprema de Justicia le permitió reintegrarse a sus labores al frente de la alcaldía, el proceso sigue en los tribunales aún sin resolverse.

Pero los señalamientos más importantes contra Polo se han dado en Nueva York, Estados Unidos, específicamente en la Corte del Distrito Sur.

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El líder de la banda del crimen organizado “Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, dijo durante el juicio de Geovanny Fuentes Ramírez, que el edil y su hijo “Polito” Crivelli les brindaban información de cuando estaban en la zona los policías de la lucha contra el narcotráfico.

En su defensa dijo que a él se le mencionaba, no se le señalaba, y que la mención era malintencionada, pero que él estaba tranquilo ya que no sabía nada de eso ni había tenido ni un ápice de acercamiento para una ilegalidad como es el narcotráfico “jamás en su vida”.

También dijo que nunca había conocido ni hablado con “El Cachiro”, Rivera Maradiaga, pero sí aceptó conocer a Fuentes Ramírez, miembro de esa banda, porque era nacido en Choloma, aunque dijo que su relación nunca pasó de un “hola como estás”.

Aunque la controversia más reciente, le proviene de la próxima instalación en el municipio de la Zona Especial de Empleo y Desarrollo (ZEDE), Ciudad Morazán, misma que se ha ganado el rechazo de una buena parte de la población local y a nivel nacional ha provocado igualmente malestar ya que para muchos son proyectos inconstitucionales.

Las fuerzas vivas de la ciudad y la oposición obligaron a Polo a convocar un cabildo abierto y así decidir el futuro de las Zedes en el municipio, el mismo se celebraría el 29 de octubre, pero el alcalde lo suspendió ya que los ánimos estaban muy exaltados.

El mismo se reprogramó y se realizó el pasado siete de noviembre, y bajo fuerte presión de patronatos, iglesias, organizaciones de trabajadores, de mujeres y otros sectores obligaron a declarar al municipio de Choloma libre de ZEDE.

Habitantes de la zona han denunciado que se les ha ofrecido dinero por sus tierras, aunque muy por debajo del valor real, e incluso se les ha amenazado con expropiar sus propiedades.

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En 2003 se aprobó la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento para descentralizar el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), y pasarlo a las municipalidades, con lo que nace Aguas de Choloma para proporcionar servicios de Agua Potable y Saneamiento al municipio, el presidente del Consejo de Administración es el alcalde Polo, en 2019 contrató a su hija Kathia como Gerente de Recursos Humanos de esa institución.

Kathia “diputada”

En el proceso interno de 2017 Kathia se postuló por el Movimiento Nuevo Liberalismo de Gabriela Núñez, logró la última posición de Cortés, la 20, pero no logró llegar al Congreso en las generales.

En esa ocasión, su suplente fue Mauro Caballero Alvarado, quien fue regidor de Villanueva Cortés, y quien fue acusado junto al alcalde Walter Smelin Perdomo Aguilar, la exalcaldesa María Antonieta Botto y el resto de la corporación municipal, por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios por la compra de vehículos que fueron destinados a otros fines.

En 2016 el Tribunal de Sentencia determinó que no había responsabilidad por parte de los funcionarios y los absolvió.

En las elecciones primarias se postuló por segunda vez a través del movimiento de Yani Rosenthal, dio la sorpresa y fue la diputada más votada en ese departamento del norte de Honduras por el Partido Liberal.

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Allegados a Yani Rosenthal

La acompaña como suplente Cinthya Carolina Agurcia Cabrera, quien se postuló como candidata a diputada en las elecciones de 2017, logró pasar las primeras y a pesar de tener la segunda posición en la papeleta liberal quedó en el puesto 57.

Kathia presume tener una trayectoria política desde que era pequeña gracias a su padre, dice que ha vivido y crecido en la política y dice que busca lo mejor para su pueblo.

Ha dicho que una de sus prioridades es la educación, esto lo aprendió de su madre quien ha sido maestra por más de 40 años y ella misma fue maestra por siete años mientras estudiaba en la universidad. Promete apoyar la educación y el deporte.

Su padre y ella son cercanos a Yani Rosenthal, candidato presidencial liberal, quien apenas hace un año salió de la cárcel en Estados Unidos tras haber cumplido tres años de cárcel por delitos relacionados al lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Apoya la propuesta de un Ingreso Básico Universal que propone Rosenthal, con el que se le darían 1500 lempiras en efectivo cada mes a cada ciudadano.

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