Expediente Público accedió a los nueve convenios de cooperación de Honduras con Cuba y Venezuela. Cuatro incluyeron cláusulas de confidencialidad. Uno obligó a Honduras a hacer consultas políticas periódicas al régimen de Nicolás Maduro. Otros sirvieron para fortalecer la propaganda.
Sharon Ardon / Expediente Público
Los hondureños se enteraron solo de una parte de la relación que el Gobierno de Xiomara Castro tejió con Cuba y Venezuela. Vieron llegar brigadas médicas y escucharon anuncios sobre alfabetización. Otra parte se realizó a puertas cerradas.
Expediente Público accedió a nueve instrumentos de cooperación suscritos por Honduras y esos países entre 2022 y 2025. Los documentos se obtuvieron mediante una solicitud de información pública. Seis son acuerdos firmados con La Habana y tres con Caracas.
Los convenios cubrieron diferentes áreas: dos se centraron en relaciones y consultas políticas; dos en cooperación técnica; dos en educación y formación; uno en comunicación política; uno en cooperación cultural, y uno en salud.
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Cuatro de estos nueve acuerdos tienen cláusulas de confidencialidad que limitan el acceso a detalles sobre su ejecución y los beneficios que dejaron al país.
Entre ellos figura un memorándum de entendimiento con el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, el cual creó un mecanismo permanente de consultas políticas entre ambos gobiernos.
Asimismo, se firmó un convenio con cláusula de confidencialidad en materia de comunicación política. Lo suscribieron la extinta Secretaría de Planificación Estratégica de Honduras y la Universidad Internacional de las Comunicaciones de Venezuela (LAUICOM) alineada al chavismo.
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Otro convenio confidencial fue un memorándum de entendimiento suscrito con la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba para la formación de cineastas, productores y guionistas hondureños.
Y el cuarto fue la contratación de brigadas médicas cubanas, un convenio suscrito entre el Ministerio de Salud de Cuba y la extinta Secretaría de Planificación Estratégica de Honduras.
Esta institución hondureña fue la que firmó la mayoría de los acuerdos. Castro creó esta Secretaría en septiembre de 2022 y el actual presidente, Nasry Asfura, la suspendió en febrero de 2026.
Expediente Público ha tratado de comunicarse a través de llamadas y mensajes de texto con el exministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, desde junio, para conocer los alcances de estos acuerdos y quiénes se beneficiaron de ellos, pero este no respondió hasta el cierre de este artículo.
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Sin embargo, un informe público sobre los logros institucionales, elaborado por la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG) de Cancillería, correspondiente al período 2022-2026, realza varios objetivos alcanzados a través de la relación con Cuba y Venezuela.
Por ejemplo, señala que 278 estudiantes hondureños participaron en programas académicos en Cuba, de los cuales 158 fueron becados.
Xiomara Castro restableció la relación con Venezuela
El mismo informe señala como un logro el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Honduras y Venezuela en enero de 2022, apenas iniciado el Gobierno de Castro. La mandataria tomó esa decisión luego de que las relaciones se mantuvieran suspendidas durante tres años.
Mientras esto sucedía —agrega el documento—, Venezuela otorgó a Honduras una cooperación no reembolsable de USD 10 millones en asistencia social y en combustible.
Desde entonces, ambos países impulsaron una nueva agenda de cooperación bilateral. Así lo evidencia el Convenio Marco No. 005-DGAJTC-2022, publicado en La Gaceta el 4 de marzo de 2023, que contempla 17 áreas de cooperación entre ambos países.
Los documentos revisados por Expediente Público muestran que parte de esa relación se formalizó mediante instrumentos que contemplan consultas políticas, cooperación consular y programas de formación institucional, dos de los cuales incorporan cláusulas de confidencialidad.
Consultas políticas confidenciales
Uno de estos documentos establece un mecanismo permanente de consultas políticas entre ambos gobiernos. El convenio, firmado el 28 de junio de 2023, contempla reuniones periódicas para intercambiar posiciones sobre asuntos regionales e internacionales, evaluar el estado de las relaciones y coordinar acciones en distintos espacios multilaterales.
El instrumento fue suscrito por el entonces vicecanciller hondureño Gerardo Torres y el entonces viceministro del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Rander Ismael Peña.
Un mes después de la firma se celebró la primera reunión en Caracas, en donde se abordaron acciones conjuntas en organismos regionales y multilaterales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Organización de Naciones Unidas.
En su momento, el excanciller Enrique Reina defendió el mecanismo como una práctica habitual para coordinar posiciones internacionales, incluida la discusión de temas de derechos humanos y cooperación en foros internacionales y organizaciones multilaterales.
«De esta forma se coordina en el aspecto de cómo vamos a ver temas en Naciones Unidas», afirmó Reina ante los medios de comunicación.
La coordinación política mencionada por Reina coincidió con posiciones del Gobierno de Castro en foros internacionales. En la Asamblea de 2022 y en la 79.ª Asamblea General de las Naciones Unidas de 2024, la entonces presidenta pidió el fin de los bloqueos contra Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Para el analista político Saúl Bueso, es preocupante que un memorándum como este incluya una cláusula de confidencialidad, al tratarse de un instrumento cuyo propósito es discutir asuntos de política exterior.
La Cancillería debería explicar qué información quedó bajo reserva y cuáles fueron los resultados concretos de estas consultas, afirmó el experto a Expediente Público.
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Convenio de propaganda bajo llave
El convenio entre la Secretaría de Planificación Estratégica y la LAUICOM, que tiene una cláusula de confidencialidad, se firmó el 2 de agosto de 2024 y tuvo vigencia hasta diciembre de 2025.
La LAUICOM se creó bajo las directrices del régimen de Nicolás Maduro en 2019, especializada en la formación y comunicación política.
El acuerdo establece programas de formación dirigidos a comunicadores sociales, creadores de contenido, personal de medios de comunicación e instituciones públicas hondureñas.
Entre las actividades contempladas figuraban diplomados, talleres y cursos, así como proyectos relacionados con comunicación política, estrategias digitales y tecnologías de la información.
En la página oficial en X de LAUICOM, hay registro de una actividad bajo este convenio. De acuerdo con la publicación, la universidad impartió un taller sobre el manejo avanzado de redes el 11 de julio de 2024, pero no especifica quiénes fueron los beneficiarios.
El convenio obliga a las partes a mantener “total y absoluta confidencialidad” sobre toda información, documentos, equipos y tecnologías compartidas durante la vigencia del acuerdo, incluso después de su finalización.
Bueso señala que las actuales autoridades de Cancillería tienen la potestad de revisar ese mandato de confidencialidad “y definir si mandarlo al Congreso para que pueda de alguna forma caducarlo ese convenio en virtud y es fundamentado que a su criterio está violentando los principios de transparencia».
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Capacitación a cineastas bajo reserva
Otro convenio con cláusula de confidencialidad fue el memorándum de entendimiento firmado entre la Dirección General de Cinematografía de Honduras y la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba el 9 de diciembre de 2024.
Este acuerdo contempló la capacitación y formación de cineastas, productores y directores hondureños mediante talleres y programas especializados impartidos por expertos cubanos.
Bajo este instrumento, se realizó el Diplomado en Producción Cinematográfica “KINICH”, desarrollado en 2025 en varias ciudades de Honduras. El programa contó con el acompañamiento de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba.
La cláusula de confidencialidad puso reserva a “la información proporcionada, aun cuando el presente instrumento se dé por finalizado”.
Para el economista Ismael Zepeda, el problema de este tipo de convenios no radica únicamente en su contenido, sino también en el gasto del Estado y las limitaciones para conocer cómo se ejecutaron esos recursos públicos.
Los convenios no permiten determinar cuántos y quiénes fueron los hondureños que participaron en estos programas, cuántos talleres se impartieron o cuáles fueron los productos concretos que derivaron de esta cooperación. Lo único que se conoce es que fue patrocinado por el Gobierno hondureño.
Los médicos cubanos, la cara visible de la cooperación
Un cuarto convenio reservado tuvo amplia difusión por parte del Gobierno de Castro, pese a que tenía una cláusula de confidencialidad. Se trata del acuerdo con el que médicos cubanos atendieron en Honduras.
Las visitas de las brigadas médicas cubanas a hospitales y centros de salud, así como la implementación del programa de alfabetización “Yo sí puedo”, tuvieron amplia presencia en la propaganda del Gobierno.
A través de estos instrumentos, Honduras contrató a 170 médicos y 123 profesores cubanos para incorporarlos al sistema hondureño.
Organizaciones internacionales como Prisoners Defenders, entre otras, han señalado que estas brigadas cubanas son un modelo de esclavitud moderna, debido a las restricciones laborales y la retención de los pagos a los profesionales que realiza el régimen cubano.
Según el convenio, Honduras se comprometió a cubrir los gastos de alojamiento, transporte, alimentación y a otorgar un pago mensual de USD 1,600 al gobierno de Cuba por cada médico.
Además, el Colegio Médico de Honduras (CMH) denunció ante el Ministerio Público que los profesionales no contaban con la debida certificación u homologación de títulos ante el CMH, sino que todo se coordinó a través de la Secretaría de Planificación Estratégica.
Desde su llegada al poder, Castro adoptó una postura de Estado en rechazo al bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba. Además, en varios foros internacionales, denunció la inclusión de la isla en la lista de países que patrocinan el terrorismo.
Compartir el cielo con Cuba
Otro de los convenios suscritos con Cuba que despertó discusión en el plano político fue el de servicios aéreos firmado en noviembre del 2023. Los objetivos eran: concederse mutuamente el derecho a efectuar vuelos a través de sus territorios sin aterrizar, realizar escalas con fines no comerciales y transportar pasajeros, carga y correo en tráfico internacional.
El acuerdo también regulaba aspectos como la designación de aerolíneas, las autorizaciones de operación, la aplicación de la normativa aeronáutica y exenciones de impuestos y derechos aduaneros.
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Sin embargo, la oposición señaló que este acuerdo crearía posibles riesgos para la soberanía, por lo que no fue aprobado en el Congreso.
Otra polémica se generó por la contratación de los profesores cubanos para el programa de alfabetización “Yo sí puedo” en lugar de favorecer a profesionales hondureños.
Los convenios de salud y educación expiraban en julio de 2026. Sin embargo, Asfura se negó a extenderlos una vez que tomó el poder.
