* Cabañas, departamento ubicado 60 kilómetros al noreste de la capital de El Salvador, fue cercado con más de 8,000 soldados y policías desde el 3 de agosto de 2023.
*** En Cabañas está la comunidad que rechaza la llegada de empresas exploradoras de minería metálica y donde capturaron a cinco ambientalistas que siguen encarcelados desde hace un año.
Eric Lemus / Expediente Público
El asalto sorpresivo contra dos policías de El Salvador cuando realizaron un patrullaje el 30 de julio del 2023 en el cantón Maquilishuat, jurisdicción de Ilobasco, en el departamento de Cabañas, desencadenó el operativo que llevó miles de soldados a la zona, según reveló el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP).
La provincia es conocida porque es donde surgió el movimiento ecologista cuyo rechazo a la minería metálica logró que el país centroamericano tenga una ley contra proyectos extractivistas a nivel nacional.
Marvin Reyes, el representante del MTP, confirmó la emboscada a través de las redes sociales y, posteriormente el ministro de Defensa, Francis Merino, informó de la evacuación de los lesionados hacia un hospital.
El municipio, que está ubicado 60 kilómetros al noreste de El Salvador, fue retaguardia de los grupos criminales hasta que el régimen de excepción los neutralizó desde hace más de un año.
A raíz del asalto, la Policía Nacional Civil (PNC) desplegó agentes policiales para rastrear las montañas aledañas en busca de los delincuentes.
Sin embargo, el jueves 3 de agosto de 2023 el presidente Nayib Bukele cambió la estrategia y anunció el cerco de todo el departamento con más de 8,000 elementos de la Fuerza Armada.
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8,000 efectivos cercan Cabañas
Desde diciembre del 2022, el Gobierno de Bukele aplicó lo que denomina la fase extracción del Plan de Control Territorial para localizar y capturar los reductos de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, en lugares como la ciudad dormitorio Soyapango y el municipio rural Nueva Concepción, en Chalatenango.
Pero la incursión en Cabañas, según una filtración de Inteligencia Criminal, una cuenta en la red social Twitter, publicó que “existe una alta probabilidad que unos pandilleros-militares que desertaron de la Fuerza Naval con todo y equipo son los responsables del atentado contra la PNC en Cabañas”.
La denuncia incluyó fotografías de los presuntos hechores portando armas de guerra que son de uso privativo del ejército salvadoreño e incluso la Policía reportó la muerte de uno de ellos.
El Salvador contra las maras
Al final del sábado 5 de agosto, la PNC confirmó la detención de ambos sujetos a quienes identificó como Juan José Moreno Cruz, de 33 años, alias “el Cebo” o “Aniquilador”, y Roberto Carlos Arias, de 18 años, alias “el Garrobito”, tipificado como el segundo al mando del grupo armado de la MS-13.
“Dirigían un grupo fuertemente armado en la zona rural de Cabañas. Ante el miedo de ser capturados en el #CercoCabañas trataron de huir a Chalatenango, sin embargo, nuestras unidades élite los interceptaron y capturaron”, informó la Policía salvadoreña.
Desde la llegada de los 8,000 elementos de seguridad a Cabañas, el Gobierno salvadoreño reportó la captura de al menos 18 presuntos miembros de la MS-13 y el Barrio 18, entre estos tres menores de edad y dos mujeres, informaron fuentes oficiales.
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Los cinco de Santa Marta
El operativo de búsqueda de pandilleros en esta región del país está antecedido de incursiones de los cuerpos de seguridad luego que la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó 11 de enero la captura de cinco ambientalistas miembros de la comunidad Santa Marta, a quienes acusó de un crimen perpetrado durante la guerra civil en los años 80.
La FGR sostiene que Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas, junto a los directivos de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas, quienes integraron la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), están involucrados en el homicidio de María Inés Alvarenga.
La Fiscalía dice que Alvarenga fue secuestrada en el cantón Santa Marta, Cabañas, en agosto de 1989 acusada de ser informante del Ejército y que luego fue trasladada a un campamento insurgente donde la ejecutaron.
El 19 de enero de 2023, los acusados enfrentaron la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Victoria, en la misma región; pero finalmente se desarrolló en la capital San Salvador, donde decretaron prisión preventiva.
Juicio sin derecho a la defensa
“La Fiscalía de Bukele los acusó bajo el régimen de excepción con testigo secreto, con reserva total del caso, sin acceso a su abogado e incluso los acusan de asociaciones ilícitas. Todo por oponerse a la minería metálica”, opinó a Expediente Público Luis Parada, quien ahora corre como candidato presidencial por el partido Nuestro Tiempo.
Parada, quien es un militar retirado que reside en Estados Unidos, es abogado en litigio internacional, que defendió en 2016 al Estado salvadoreño ante el Centro Internacionales de Arbitrajes Relativos a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) en una demanda interpuesta por Pacific Rim, una empresa minera de capital canadiense.
Posteriormente, el Congreso de El Salvador aprobó en abril de 2017 una ley para prohibir la minería metálica a nivel nacional tras un intenso debate iniciado por las organizaciones ambientalistas que rechazan inversiones extractivas que pongan en riesgo los recursos naturales.
Pedro Cabezas, representante de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), dijo a Expediente Público que “los arrestos tuvieron motivaciones políticas pues los cinco líderes fueron parte del movimiento antiminería que comenzó en Cabañas, donde está claro que el Gobierno actual quiere reiniciar la minería”.
Por su parte, Alfredo Leiva, miembro de ADES, recordó a Expediente Público que representantes de empresas mineras han estado haciendo acercamientos con la Alcaldía de San Isidro, en el municipio aledaño, para lograr permisos de exploración, pese a que la ley lo prohíbe.
“Nosotros consideramos que las capturas de nuestros compañeros van creando las condiciones para detener la resistencia a la actividad minera”, afirmó Leiva.
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“Hasta el último remanente”
El despliegue militar fue realizado al mismo tiempo que los capitalinos celebran fiestas locales, que es cada primera semana de agosto, de modo que coincide con el plan de seguridad que despliega la Policía en esta época.
Al cabo de cinco días, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, anunció a la prensa que ellos “como Gabinete de Seguridad del presidente Bukele no descansaremos hasta extraer al último remanente de grupos terroristas en el país”.
“Nuestro trabajo no se detiene en el cerco a Cabañas”, recalcó Villatoro.
El informe de la PNC reportó que hasta el domingo 6 de agosto hubo dos homicidios en el oriente del país, de los cuales uno “se resolvió tras la captura del responsable”. Además, de la incautación de dos fusiles AK-47, un fusil M-16, cinco cargadores y dos pistolas automáticas en un escondite en la ribera del río Lempa, “entre el límite de (los departamentos de) Cabañas y Chalatenango”.
El Salvador criminalizan a defensores ambientales
Por su parte, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) calificó de “exagerado y violento el operativo militar del régimen”.
La organización, que reúne diversas agrupaciones universitarias y sociales, denunció que el Ejército llegó “a comunidades en Suchitoto, Santa Marta, Cinquera, Copapayo, Pepeshtenango, Agua Caliente que históricamente no han presentado problemas de delincuencia y son de larga tradición de organización y lucha”.
“Están obligando a entregar las casas comunales, casas de la cultura y otros espacios de uso comunal para uso militar” por lo que “alertamos ante cualquier atropello a los derechos humanos, capturas arbitrarias de personas inocentes, encarcelamiento, tortura o agresiones físicas y sicológicas”, manifestó el BRP.
El régimen de excepción en poblados rurales
A mediados de junio, los habitantes de Arcatao, un municipio a 135 kilómetros al norte de la capital exhortó al Gobierno de Bukele el fin del acoso policial y militar que amedrenta especialmente a jóvenes y agricultores.
El lugar, que está enclavado en una montaña limítrofe con Honduras, es un municipio sumamente organizado que mantuvo a raya la presencia de las pandillas gracias a la vigilancia ciudadana tras el fin de la guerra civil en enero de 1992.
Pero a raíz del Estado de excepción, la comunidad denuncia diversos casos de abuso de autoridad del ejército particularmente contra jóvenes y campesinos.
Sin derechos de forma permanente
Contexto: Se documentan más de 300 denuncias de muertes en el Estado de excepción en El Salvador
El Salvador vive desde marzo de 2022 bajo la figura del Estado de excepción, que eliminó todas las garantías constitucionales y facilita la captura inmediata de personas relacionadas con las pandillas.
“Hemos prácticamente cercado los 1,100 kilómetros cuadrados del departamento de Cabañas. Sabemos que las pandillas han cambiado de estrategia se han ido a las zonas rurales, boscosas y están en las montañas”, anunció el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas.
La Asamblea Legislativa ha prorrogado 14 veces la medida que sigue siendo la columna vertebral del plan de seguridad que incluye la militarización progresiva de este país centroamericano.
