*Institución emitió un ofensivo comunicado anunciando que este 1 de febrero se restablecen las audiencias de juicio contra los reos políticos que están en “El Chipote” y bajo arresto domiciliar.
**Institución acusa a los presos y presas de conciencia de responsabilidad en secuestros, asesinatos y torturas cometidos por las fuerzas estatales desde abril de 2018.
***Más familiares de presos políticos suscriben pronunciamiento que abre posibilidad de un diálogo en el país centroamericano.
Expediente Público
El Ministerio Público anunció que reanudará los juicios contra los reos de conciencia en Nicaragua que permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote” y contra otros que están bajo arresto domiciliar. La institución, bajo control del régimen sandinista, llamó “criminales y delincuentes” a los detenidos, violando el universal principio de inocencia a la que tiene derecho toda persona detenida.
“Estos mismos criminales y delincuentes, han reincidido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad”, señaló el Ministerio Público (Fiscalía) en el comunicado dado a conocer este 31 de enero de 2022.
Pablo Fletes, hermano del preso político Marcos Fletes, en entrevista con Expediente Público se mostró sorprendido al conocer el comunicado del Ministerio Público en el que se llamó “criminales y delincuentes” a las personas que el año pasado fueron detenidas arbitrariamente por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en los preámbulos del proceso electoral de 2021.
“Creemos que fue un exabrupto, algo desubicado, algo fuera de lugar ese comunicado donde se enjuicia y penaliza a los presos políticos, entre ellos mi hermano. Es algo que no va a tono con un Ministerio Público, ya dando por culpables a gente que está en un proceso judicial”, señaló Fletes.
Marcos Fletes, contador de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cumple hoy 249 días desde que fue detenido arbitrariamente el 28 de mayo de 2021, tras ser citado por el Ministerio Público en el caso que por lavado de dinero se abrió contra esta organización que dirigía la periodista Cristiana Chamorro.
Fletes fue secuestrado por civiles armados en el sector de Los Robles, un residencial ubicado en el centro de Managua.
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“Para mí (el comunicado) es una mala señal de que los van a enjuiciar, lamentablemente aquí (en Nicaragua) las leyes están solo de un lado, no son leyes parejas y eso es una mala señal. Esperamos que esto haya sido algo fuera de lugar, que haya sido un error este comunicado”, mencionó Fletes.
Violó principio de presunción de inocencia
La abogada Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explicó a Expediente Público que la institución acusadora violó el “principio de inocencia” que cobija a toda persona que está siendo procesada al utilizar términos “peyorativos” contra los presos políticos que “lesionan la dignidad humana”.
“Es un derecho humano que tiene toda persona que debe ser o que es acusada por un presunto delito y que al Ministerio Público romper con pruebas, con evidencias la presunción de inocencia; mientras no se demuestre lo contrario se presume inocente. En este caso el Ministerio Público está diciéndolo y condenándolos anticipadamente al llamarles que son criminales y delincuentes”, explicó Flores.
El comunicado de la institución acusadora cita que los presos políticos estarán siendo juzgados por “haber violentado” la Constitución Política; la Ley 1055, Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de Nicaragua.
“Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas del fallido intento golpe de Estado del 2018, habiendo paralizado al país y creado daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en la familia nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”, agregó el comunicado, siguiendo la narrativa oficial del régimen, que niega su responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad contra manifestantes que participan en las protestas sociales.
De acuerdo con la comunicación oficial los juicios que estuvieron suspendidos durante semanas, desde noviembre de 2021, supuestamente por “sobrecarga laboral” de los jueces, se reanudarán este primero de febrero.
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“Estarán siendo procesadas por cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer delitos de lavado de dinero, bienes y activos”, señaló la institución acusadora, a cargo de la ex jefa policial Ana Julia Guido, sancionada individualmente por violación de derechos humanos.
“Instrumento de represión”
Para la abogada del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más con ese pronunciamiento quedó demostrado que el “Ministerio Público sigue siendo un instrumento para la represión al adoptar posiciones que van más allá de las facultades que le otorga la Constitución Política y el Código Procesal Penal”.
El 15 de noviembre de 2021 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al Ministerio Público de Nicaragua en la lista de personas o instituciones sancionadas por violación de derechos humanos, corrupción y lavado de dinero.
Estados Unidos consideró que el Ministerio Público es “responsable o cómplice” en acciones o políticas que socavan procesos o instituciones democráticas en Nicaragua.
“Una vez más el Ministerio Público falla, le falla a la sociedad, le falla al pueblo de Nicaragua, vulnera los derechos humanos y mantiene su política represora en contra de la ciudadanía nicaragüense y particularmente en contra de quienes hoy se encuentran presos y presas políticas por ejercer derechos constitucionales”, reiteró Flores.
Antecedentes del Ministerio Público
En junio de 2021, el Ministerio Público invocó la Ley 1055 y solicitó que se inhabilitara para participar en el proceso electoral del 7 de noviembre de 2021 a la precandidata opositora, Cristiana Chamorro, quien gozaba de mucha simpatía.
Chamorro permanece bajo arresto domiciliar desde el 2 de junio de 2021, después de un allanamiento que realizó la Policía Nacional en su domicilio, ubicado al sur de la capital nicaragüense. Se le abrió un proceso de investigación por cargos infundados vinculados con delitos de lavado de dinero, falsedad ideológica y gestión abusiva.
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El Ministerio Público también presentó cargos contra los principales candidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, además detuvo al opositor Medardo Mairena y Noel Vidaurre, quienes apuntaban a competir en la contienda electoral.
La institución, que es señalada de prefabricar acusaciones contra las personas presas políticas en Nicaragua, también es responsable de la detención de casi 40 personas desde fines de mayo, incluidos líderes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, representantes del sector privado, estudiantes y periodistas.
Siguen apoyando pronunciamiento
Este lunes 31 de enero, familiares de 14 reos políticos suscribieron el pronunciamiento dado a conocer el 25 de ese mismo mes y en el que proponen un proceso de “unificación ciudadana” que garantice la libertad de todos aquellos que están en las cárceles del país por razones políticas.
Se estima que familiares de 100 personas presas políticas son firmantes del documento, cuya iniciativa es interpretada como un llamado humanitario a un diálogo para lograr la liberación de los más de 170 personas detenidas arbitrariamente.
“Yo no soy quién para hablar de política o diálogo, me interesa la libertad de mi hermano y en ese aspecto quiero que vean el sentido humanitario, porque él ya perdió a dos de sus hijos, ya están fuera del país, ya no va a poder verlos sus hijos menores que tuvieron que irse del país, se ha quebrantado la unidad familiar y en eso nos enfocamos en el área humanitaria”, señaló Fletes.
El preso político Marcos Fletes es un diabético y su salud se ha visto quebrantada en la prisión.
“Es un diabético, tiene problemas de salud y tiene que estarse cuidando la alimentación y la medicación, afuera estás pendiente de tu salud y no es lo mismo lo que te diga un médico de la cárcel”, manifestó Fletes al referirse a la situación de su hermano.
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Familiares de los presos políticos Tamara Dávila, Juan Sebastián Chamorro, Dora María Téllez, Hugo Torres, todavía no suscriben el pronunciamiento en el que se invoca el apoyo de “gobernantes, fuerzas vivas de la nación, así como la Iglesia”, para que encabecen ese proceso de liberación.
A título personal Ana Lucía Álvarez, hermana de la presa política Tamara Dávila, dijo a Expediente Público que una salida cívica en la que se logre la liberación de los reos de conciencia apuntaría a un proceso de “diálogo y negociación”, pero que resulte en un cambio democrático.
“Es importante que pensemos, empujemos y construyamos las visiones para que ese proceso cuando llegue pueda apuntar no solamente a la liberación inmediata, que no sea una condición, sino que primero libertad y después eso (diálogo) que es una demanda que hemos tenido y cuando eso suceda que sea un espacio que garantice una transformación democrática”, señaló Álvarez.
En Nicaragua hay más de 170 personas presas políticas que son el resultado de una crisis que derivó de las protestas cívicas que iniciaron en abril de 2018.
Las manifestaciones que fueron reprimidas por el régimen dejaron como saldo además 355 personas asesinadas, más de 2 mil heridos y 110 mil desplazados.
