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Propuesta de diálogo de familiares de presos políticos agita a oposición de Nicaragua

*Un grupo amplio de familiares de personas encarceladas por el régimen Ortega-Murillo, busca un acercamiento con los “gobernantes” de Nicaragua en desesperación por lograr la liberación de los reos de conciencia.  

**Grupos de excarcelados políticos reiteran que la primera y gran condición para un diálogo es la liberación incondicional de los más de 170 personas presas políticas.  

Expediente Público

Mientras un grupo de familiares de 72 presos políticos, a través de un pronunciamiento conjunto, apeló públicamente a desarrollar un proceso de “unificación ciudadana” que garantice la libertad de los reos de conciencia en Nicaragua, la cúpula empresarial más grande del país avaló un posible diálogo como el “único instrumento” para conseguir ese objetivo. 

Sin embargo, las fuerzas opositoras insisten que no debe ser “cualquier diálogo”, mientras otro sector político no acepta una negociación que genere “impunidad” a los desmanes del régimen.  

La iniciativa ha sido interpretada a nivel político como un llamado humanitario a un diálogo con el régimen de Nicaragua.  

Los familiares de los presos políticos que firman el documento apelaron al apoyo de “gobernantes, fuerzas vivas de la nación, así como la Iglesia”, para que encabecen ese proceso que ayude a la liberación de las más de 170 personas presas políticas.  

El pronunciamiento fue presentado el 25 de enero de 2022 por familiares de 27 reos de conciencia y en el transcurso de los días se fueron sumando otros que firmaron la iniciativa, porque consideran que la libertad de los presos políticos “no es un asunto de preferencias partidarias ni es una maniobra en una lucha por el poder”.  

Edward Lacayo, conocido como “La Loba”, cumple el próximo 14 de marzo tres años de estar encerrado en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa, cumpliendo una condena de 15 años de prisión, tras ser procesado por crimen organizado y transporte ilegal de drogas. 

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Su hermana Karen Lacayo es una de las firmantes del pronunciamiento y está convencida de que es la única salida para lograr la libertad de los presos de conciencia en el país.  

“Ya nuestros hermanos no aguantan de estar encerrados, mi hermano va a cumplir tres años de estar secuestrado injustamente en las celdas de Tipitapa, en máxima seguridad, mi hermano es diabético, está deteriorado su físico, no le dan la alimentación y medicinas adecuadas, mi madre es una persona de 70 años y para llegar donde mi hermano tiene que caminar alrededor de tres kilómetros y es injusto”, dijo Lacayo a Expediente Público.  

Los familiares de los prisioneros políticos en reiteradas ocasiones han denunciado las constantes torturas físicas y sicológicas que sufren en los centros de detención del régimen sandinista.  

Debido al constante asedio que sufría por su demanda de justicia, Lacayo cruzó en diciembre de 2021 la frontera hacia Estados Unidos, donde pidió refugio.  

“Debemos pensar una estrategia y esta es la manera para que Daniel Ortega libere a nuestros hermanos, es con la persona que nosotros tenemos que sentarnos lamentablemente, porque él es el que está en el poder (…) Nosotros ya estamos desesperados”, mencionó Lacayo.  

Negociación sin “impunidad” 

El Grupo de Reflexión de Excarcelados (GREX) señaló en un comunicado que acuerpa la demanda de los familiares de los presos políticos, pero en las actuales condiciones no tiene valor alguno considerar que el régimen pueda variar su “comportamiento dictatorial”.  

El GREX insiste que los detenidos deben ser puestos en libertad de forma incondicional. 

“El régimen sabe de nuestros justos reclamos y no necesita que le hagamos coro en una mesa”, menciona el GREX.  

La Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN), organización también conformada por excarcelados políticos, rechazó a través de un comunicado la petición de diálogo de los familiares de más de 70 presos de conciencia.  

“Hasta hoy sigue intacto nuestro compromiso de desconocer cualquier negociación que conlleve a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el FSLN y el Estado de Nicaragua, a través de cualquier mecanismo. La libertad de las y los presos políticos debe darse sin condiciones de ningún tipo, porque siempre han sido inocentes”, señaló la UPPN.  

La excarcelada política Yaritza Mairena en entrevista con Expediente Público insistió que la UPPN solo está haciendo una “advertencia” para que cualquier negociación no genere impunidad.  

“Nosotros somos una organización de víctimas directas de crimen de lesa humanidad como es la prisión arbitraria y sabemos cómo se llevaron a cabo las negociaciones en 2019 y por eso hacemos la advertencia de que una negociación con imposiciones del régimen solo va a conllevar al beneficio de la dictadura, por ende, perpetúa la impunidad y crea las condiciones para que la dictadura siga asesinando”, mencionó Mairena.  

Prueba de su desconfianza es que existen 42 excarcelados recapturados, sin “derecho a una defensa efectiva” y sufriendo graves violaciones de derechos humanos, señaló la UPPN.  

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La impunidad, según la UPPN, jamás tendrá como resultado una “paz verdadera y una democracia sólida”.  

“Claramente respaldamos a los familiares de los presos políticos en la búsqueda de la libertad, porque son nuestros hermanos de lucha, no nos oponemos a un diálogo, sino que pedimos que haya condiciones y de hecho la precondición debe ser la liberación y muestras de voluntad del régimen que va a liberar a los presos políticos”, dijo Mairena.  

Cosep apoya a familiares de presos políticos 

El 27 de enero de 2022, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) a través de un breve comunicado acogió el comunicado de los familiares de las personas presas políticas de Nicaragua y confirmó que el diálogo es el “único instrumento para que los nicaragüenses encontremos el camino hacia la reunificación de la familia”.  

El expresidente del Cosep, José Adán Aguerri y los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, quienes en 2020 fueron elegidos como presidente y vicepresidente para dirigir la principal cúpula empresarial del país, forman parte de la lista de personas presas políticas.  

Aguerri fue detenido la noche del 8 de junio de 2021, mientras que Healy y Vargas fueron capturados el 21 de octubre de ese mismo año.  

“Nos comprometemos de manera franca, a la búsqueda de soluciones viables, prontas y sin precondiciones, que prioricen solucionar la encrucijada que atraviesa la nación”, señaló el Cosep en su comunicado emitido posterior a su sesión plenaria del 26 de enero de 2022. 

El banquero Luis Rivas Anduray, director ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro) y CEO del regional Grupo Promerica, aunque no forma parte del Cosep, también figura entre los empresarios detenidos por el régimen.  

Su esposa Haydeé Lacayo Rodríguez firmó el documento este 28 de enero en el que citan los resultados de una encuesta de la firma costarricense CID Gallup, que apoya la “anulación de sus juicios y su excarcelación inmediata”.  

El sondeo, publicado en diciembre de 2021 reveló que el 73% de los nicaragüenses consideran la “encarcelación de los presos políticos una injusticia”, cita el pronunciamiento.  

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UNAB: No debe ser cualquier diálogo 

Nicaragua vive la peor crisis sociopolítica de sus últimos tiempos, que ha dejado al menos a 355 personas asesinadas desde la represión estatal a las protestas cívicas que iniciaron en abril de 2018.  

Más de 2 mil personas resultaron heridas y según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) unos 110 mil nicaragüenses se han visto forzados a huir del asedio y hostigamiento de los operadores del régimen en Nicaragua.  

Organismos de derechos humanos además registran que más de 170 personas son presas políticas en el país.  

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) se mostró firme con el compromiso de apoyar cualquier proceso que conlleve a la “liberación absoluta e incondicional” de todas las personas presas políticas.  

En un comunicado emitido este 28 de enero de 2022 la UNAB reafirmó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han tenido innumerables llamados para rectificar, pero este “ha hundido su credibilidad rechazando diálogos reales y persistiendo en su conducta autoritaria”.  

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“No debe ser cualquier diálogo ni bajo las condiciones de la dictadura y que previo a todo eso debe haber muestras de voluntades encaminadas a la liberación absoluta e incondicional, a anulación de juicios de las 170 personas presas políticas y restitución de los derechos fundamentales, es decir el cese del estado policial y la justicia sin impunidad”, dijo a Expediente Público Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la UNAB.  

Un total de 39 personas del liderazgo de la UNAB fueron detenidas entre mayo y noviembre de 2021. 

El aspirante a la presidencia Félix Maradiaga, los exguerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres, las dirigentes Violeta Granera, Tamara Dávila, Suyen Barahona y Ana Margarita Vijil, el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, y el politólogo José Antonio Peraza son algunos de líderes detenidos que forman parte de la UNAB.  

El abogado Róger Reyes, la periodista Samantha Jirón y Yader Parajón, también figuran entre los detenidos. 

“Creemos que el diálogo es la vía para solucionar el problema por el que estamos pasando todos los nicaragüenses”, insistió Barberena.  

Régimen reactiva juicio a presos políticos  

En lugar de retomar un diálogo sin condiciones como demandan los familiares de presos políticos, el régimen ordenó reactivar los juicios contra los reos de conciencia encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como “El Chipote”.  

Los juicios en contra de Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Yader Parajón, Yaser Vado, Miguel Mendoza y José Antonio Peraza fueron fijados para el 1, 2, 3, 8 y 9 de febrero, respectivamente, en las instalaciones “El Chipote”.  

Las familias y abogados de los presos políticos en reiteradas ocasiones han denunciado que los juicios están plagados de nulidades y de ilegalidades que violentan sus derechos consagrados en la Constitución Política nicaragüense y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, apoyó un posible proceso de unificación ciudadana en Nicaragua, que pase por la liberación de los denominados “presos políticos”. 

“Nuestro apoyo al pronunciamiento de los familiares de los presos políticos” en Nicaragua, señaló Almagro en un mensaje en su cuenta de Twitter.  

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