* Dirigentes de la oposición nicaragüense en el exilio se reunieron el pasado 30 de junio en el Centro Internacional de Estudios Estratégicos, en Washington.
* Advirtieron que EE. UU. y la Unión Europea aún no han presionado lo suficiente a las estructuras que financian y sostienen a la dictadura.
* Los estrechos vínculos del régimen sandinista con Irán, Rusia y China son un asunto sensible para la seguridad nacional de EE. UU.
Tomás Guevara / Expediente Público / Washington
Una reunión de dirigentes opositores nicaragüenses en Washington D. C. pasó de ser un encuentro de denuncia contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a un debate sobre qué tan preparada está la oposición visible en el exilio para enfrentar una eventual transición en Nicaragua.
La cita se llevó a cabo en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) el pasado 30 de junio, pero se hizo pública este miércoles. Se dio en un contexto en el que el régimen sandinista realiza ajustes para blindar su continuidad dinástica con un eventual delfín, Laureano Ortega, tercer hijo de Ortega y Murillo, ambos envejecidos y aferrados al poder.
Expediente Público entrevistó a tres participantes del encuentro: Juan Sebastián Chamorro, ex precandidato presidencial encarcelado y entregado a Estados Unidos en febrero de 2023 junto a 200 presos políticos del régimen; Félix Maradiaga, ex precandidato presidencial encarcelado y convertido en apátrida entregado a Estados Unidos; y Evan Ellis, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos del Army War College de Estados Unidos.
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Ellis sostiene que la oposición organizada en el exilio debe estar preparada para esa eventual crisis de sucesión, pero sin posibilidades reales de tener un papel decisivo en esa etapa.
Este analista señala que, pese a los abrumadores reclamos de la sociedad civil, de la oposición dentro y fuera del país, de las organizaciones de derechos humanos y de gran parte de la comunidad internacional, las condiciones para una transición en Nicaragua no están dadas y compara la situación con la de Venezuela.
“Las condiciones en Nicaragua, como en Venezuela, aún no son adecuadas para una transición democrática. Prácticamente toda la oposición organizada, desde la Iglesia Católica hasta la sociedad civil y los líderes políticos, ha sido criminalizada, torturada, expulsada o forzada al exilio”, afirmó Ellis a Expediente Público.
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Agregó que los estamentos de seguridad y del tejido productivo del país, con sus elites económicas, están involucrados en la corrupción e incluso en las graves violaciones de derechos humanos registradas por organismos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Juan Sebastián Chamorro difiere de la previsión de Ellis. Para el nicaragüense, hay todos los signos de un proceso de transición en marcha por la falta de viabilidad de la dictadura.
“Nosotros lo vemos de otra manera. Vemos una transición democrática; las transiciones a veces ocurren mucho antes del evento transicional que se identifica como la clave o el hito fundacional de la transición. Soy creyente de que Nicaragua ya está en una etapa de transición”, aseguró Chamorro a Expediente Público.
Este dirigente, que encabeza la plataforma de Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), enfatizó que no se puede predecir cuánto durará el proceso político en que se embarca su país.
“Los desafíos de la oposición nicaragüense están en función de esta transición en marcha”, señaló. Agregó que se deben enviar mensajes a sectores del régimen que están conscientes de que “el sistema político actual es insostenible, que una dictadura no se puede sostener como se está sustentando a través de la represión, de las armas, del Ejército, de la Policía”.
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De su parte, Félix Maradiaga sostiene que en este momento la oposición debe actuar enfocada en un proyecto de unidad y que el principal objetivo debe ser desmontar una dictadura “familiar, dinástica y policial”, y dejar de verla como “un asunto estrictamente ideológico o partidario”.
“Nicaragua no está al borde de un colapso inmediato; se encuentra en el frágil intervalo previo a la sucesión, que es a la vez el momento de mayor riesgo y de mayor oportunidad”, apuntó.
Y agregó: “El régimen prepara una sucesión dinástica diseñada de antemano y el peligro más grave no es que la dictadura caiga mañana, sino que posponga su propio fin”.
Maradiaga, que encabeza la Fundación para la Libertad de Nicaragua, cree además que, por ahora, la oposición nicaragüense es un crisol extendido en decenas de países con exiliados obligados por las circunstancias y que la pluralidad es una fortaleza.
“Es plural por naturaleza y dispersa por imposición; el destierro, la desnacionalización y la persecución la han distribuido por decenas de países. Esa pluralidad no es una anomalía que corregir; es el reflejo de una sociedad plural que aspira a la democracia precisamente porque no piensa igual”, dijo.
Chamorro enfatizó que, por ahora, el mayor desafío para la oposición es encontrar canales de comunicación para impulsar la transición democrática.
“Estoy seguro de que muchos de los que están en Nicaragua también lo están sintiendo”, subrayó. Así se refirió a sectores que apoyan al régimen, pero que saben que la dictadura no es sostenible.
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Otro tema de discusión fue cuánto más puede hacer Estados Unidos para debilitar a la dictadura.
Desde 2018, cuando inició el levantamiento social con una severa represión del régimen que dejó al menos 350 personas asesinadas y miles de heridos y encarcelados, Washington ha instaurado una serie de medidas consensuadas entre legisladores demócratas y republicanos para responder ante el agravamiento de la situación.
Las acciones se han enfocado en aplicar sanciones individuales a funcionarios del régimen y algunos familiares, con restricciones de visados, acciones financieras y hasta marcos legales para limitar el acceso al financiamiento internacional del régimen.
En 2026, el Departamento del Tesoro sancionó a altos funcionarios nicaragüenses vinculados con agencias financieras, militares y de comunicación; también impuso sanciones relacionadas con el sector del oro, incluyendo a dos hijos de Ortega y Murillo y varias empresas señaladas por participar en redes económicas controladas por la familia gobernante.
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Sin embargo, para los líderes opositores estas medidas impulsadas siguen siendo insuficientes al permitir que la dictadura aún mantenga oxigenada y engrasada su maquinaria.
Chamorro afirmó que la presión estadounidense debe ir más allá de la cancelación de visas y concentrarse en las instituciones y circuitos económicos que sostienen a la dictadura.
“Sostenemos constantemente que se debe ir más allá de la suspensión de visas y aplicar sanciones concretas y específicas contra las instituciones que procuran fondos y recursos para sostener la dictadura”, aseveró.
Ellis coincide con esta postura. Sostiene que EE. UU. no ha agotado todo su arsenal para debilitar a la dictadura Ortega – Murillo y considera que la opción de cancelar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA) debería tomarse.
También existe la posibilidad de que potencia norteamericana sancione directamente al dictador. “Es impensable que no hemos sancionado directamente a Daniel Ortega”, opinó Ellis.
Otra opción de Washington es sancionar a entidades que negocien con las empresas de la familia gobernante y presionar a empresas chinas que faciliten recursos al régimen.
“Podemos poner sanciones secundarias en varias entidades en Centroamérica y otros sitios a quienes realicen negocio con los Ortegas y no solo sancionando directamente a personas atadas al sandinismo, si realmente deseamos tomar esto en serio”, apuntó Ellis.
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Ampliar las sanciones comerciales para debilitar la dictadura es una opción que ha barajado el legislativo federal estadounidense en ambas cámaras. En 2025 se propuso aplicar tarifas selectivas con aranceles de hasta el 100% para las exportaciones nicaragüenses y la suspensión temporal o parcial del CAFTA.
Ellis considera que el problema no es solo técnico, sino político, ya que Nicaragua no es la única dictadura de la región que ha llamado la atención de EE. UU., que ha intervenido en Venezuela y Cuba sin lograr cumplir los planes iniciales anunciados por la administración del presidente Donald Trump.
“En Washington, otras prioridades, incluido Venezuela, Medio Oriente y Cuba, podrían retrasar la atención sostenida a Nicaragua, aunque el país encaje perfectamente en las preocupaciones estratégicas declaradas por la administración”, señaló Ellis.
Por otro lado, Maradiaga considera que el modelo de asfixia económica aplicado a otros países en entornos de dictadura es menos transferible a Nicaragua.
“Nicaragua presenta diferencias estructurales que obligan a la cautela; carece del petróleo que hizo vulnerable al chavismo; su economía respira por los pulmones de una diáspora expulsada con las remesas que rondan ya cerca del 30 % del PIB, conserva una macroeconomía relativamente ordenada que le permite vender una imagen de falsa normalidad”, explicó Maradiaga.
Además, Estados Unidos se encamina a las elecciones de medio mandato en noviembre próximo, por lo cual el Gobierno ralentiza las decisiones en política exterior y se enfoca más en la agenda doméstica.
Nicaragua amenaza con Rusia, Irán y China
La escalada represiva en Nicaragua va más allá de las severas violaciones a los derechos humanos y el cierre total del espacio cívico para la población.
Para Chamorro, el régimen también representa una amenaza directa a los intereses estratégicos de Estados Unidos al afianzar vínculos con Irán, Rusia y China, sobre todo aquellos relacionados con cooperación militar y de inteligencia.
La relación de Nicaragua con China es un punto sensible para Washington. El régimen sandinista ha estrechado sus vínculos económicos y comerciales con Pekín, mientras Washington observa con preocupación el avance de las empresas chinas en sectores estratégicos como la extracción de minerales y tierras raras.
En abril de este año, el Departamento de Estado apuntó a las redes vinculadas a la extracción de oro en el país centroamericano y el Departamento del Tesoro procedió a ampliar sanciones a individuos y empresas vinculados con la familia Ortega Murillo y a compañías chinas.
Maradiaga cree que un punto de máxima sensibilidad para Washington debería ser la fuerte penetración rusa en el país, que ha escalado a acuerdos para posicionar militares eslavos en Centroamérica.
“Nicaragua, con su alianza militar con Rusia y su papel en el ecosistema autoritario del hemisferio, ya no es solamente un expediente humanitario; es un problema de seguridad regional”, advirtió.
Chamorro afirmó que ese es un punto en el que trabajan en Washington, pues el problema no solo va más allá de una dictadura criolla en el corazón de las Américas, sino que es una amenaza directa para el «patio» estadounidense.
Los liderazgos de la oposición explicaron a Expediente Público que existe un amplio consenso en sus plataformas para afinar las coincidencias que lleven a la recuperación del país, con el apoyo interno de la resistencia silenciosa, la organización de los grupos exiliados y el decidido aporte internacional para ver, finalmente, una Nicaragua libre.
