Panamá: gestión sanitaria con problema de transparencia

Según los datos oficiales, hasta el 1 de mayo los casos positivos de COVID-19 suman 6,532 y 188 muertes.. De los 6,532 casos, 2,494 son mujeres y 4,038 son hombres, El número de recuperados ascendió a 576. Hay 2,916 personas en aislamiento domiciliar y 367 hospitalizadas, 275 de ellas en sala general y 92 en unidades de cuidados intensivos.

Se han realizado 1,042 nuevas pruebas en la última semana de abril y el acumulado es de 29,837. De este total, 22,767 resultaron negativas y 7,070 positivas.

La zona más afectada es la capital, Ciudad de Panamá, con el mayor número de casos positivos y la población más afectada oscila entre los 20 y 39 años.

INICIO DE TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES

El presidente Laurentino Cortizo anunció que esta semana se harán efectivas transferencias masivas usando la cédula. A través del Decreto Ejecutivo No. 400, del 27 de marzo de 2020, el Gobierno creó el Plan Panamá Solidario, con el cual se gestiona la ayuda a los panameños cuya economía se ha visto afectada por la emergencia nacional declarada por el nuevo coronavirus.

Lea: Centroamérica con estadísticas poco creíbles, fondos a manos llenas y falta de transparencia

Un cálculo de 5,500 personas, según fuentes gubernamentales, ha sido beneficiado con las transferencias, en esta primera semana de funcionamiento. En una primera fase beneficiará a 84 mil personas a un monto de 6.3 millones de dólares.

ASAMBLEA NACIONAL APRUEBA ALIVIOS FINANCIEROS

La iniciativa legislativa No. 234, fue aprobada el 30 de abril en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional. Con ello se busca facilitar al cliente de instituciones financieras el apoyo de la consolidación de sus deudas que tengan con una entidad bancaria o agente económico, mediante mecanismos de pago en una sola letra.

El país adopta con esto medidas para brindar alivio financiero a los compromisos bancarios referente a tarjetas de crédito y a los intereses de préstamos. Se fija en 2% mensual la tasa máxima de interés efectiva para los créditos que se realicen a nivel nacional.

Si el Ejecutivo sanciona dicha iniciativa, los cobros de intereses, por parte de entidades bancarias y financieras, que estén por encima del máximo establecido por la Ley, serán considerados como usureros e ilícitos y serán multados por la Superintendencia de Bancos y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

PROBLEMAS CON LA TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

El Ministerio Público abrió una investigación por la compra directa de 100 ventiladores AHP-300 a un costo de 48,950 dólares, cada uno. El mismo día se informó que el proveedor, Muriba Company Inc., retiró la oferta por la “demanda mundial”. La Fiscalía Anticorrupción anunció que la investigación de oficio sería por la presunta comisión del delito contra la administración pública.

A raíz de esa investigación, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) emitió un comunicado el 28 de abril exigiendo a las autoridades transparencia en los actos públicos, protección a los derechos humanos y sanciones para todo acto de violencia.

En un comunicado, el gremio empresarial expresó que “apoyamos la labor que se lleva a cabo desde el Ministerio de Salud para atender la crisis sanitaria y al mismo tiempo exigimos total transparencia y la rendición de cuentas por parte de todas las instituciones del Estado y el actuar de forma contundente y determinada ante los recientes señalamientos de corrupción relacionados a la adquisición de los insumos y equipos necesarios para combatir la COVID-19”.

GOBIERNO ATIENDE LAS DEMANDAS DE TRANSPARENCIA

A raíz de los cuestionamientos por la poca transparencia en las compras para hacerle frente a la pandemia, el gobierno habilitó en el portal de Panamá Compras una sección denominada “Compras Mesa Covid-19”, en la que se podrán ver las gestiones que hacen las instituciones para adquirir insumos.

Lea: Centroamérica: vulnerable ante la pandemia en Latinoamérica

Según los datos oficiales, hasta el 1 de mayo los casos positivos de COVID-19 suman 6,532 y 188 muertes.. De los 6,532 casos, 2,494 son mujeres y 4,038 son hombres, El número de recuperados ascendió a 576. Hay 2,916 personas en aislamiento domiciliar y 367 hospitalizadas, 275 de ellas en sala general y 92 en unidades de cuidados intensivos.

Se han realizado 1,042 nuevas pruebas en la última semana de abril y el acumulado es de 29,837. De este total, 22,767 resultaron negativas y 7,070 positivas.

La zona más afectada es la capital, Ciudad de Panamá, con el mayor número de casos positivos y la población más afectada oscila entre los 20 y 39 años.

INICIO DE TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES

El presidente Laurentino Cortizo anunció que esta semana se harán efectivas transferencias masivas usando la cédula. A través del Decreto Ejecutivo No. 400, del 27 de marzo de 2020, el Gobierno creó el Plan Panamá Solidario, con el cual se gestiona la ayuda a los panameños cuya economía se ha visto afectada por la emergencia nacional declarada por el nuevo coronavirus.

Un cálculo de 5,500 personas, según fuentes gubernamentales, ha sido beneficiado con las transferencias, en esta primera semana de funcionamiento. En una primera fase beneficiará a 84 mil personas a un monto de 6.3 millones de dólares.

ASAMBLEA NACIONAL APRUEBA ALIVIOS FINANCIEROS

La iniciativa legislativa No. 234, fue aprobada el 30 de abril en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional. Con ello se busca facilitar al cliente de instituciones financieras el apoyo de la consolidación de sus deudas que tengan con una entidad bancaria o agente económico, mediante mecanismos de pago en una sola letra.

El país adopta con esto medidas para brindar alivio financiero a los compromisos bancarios referente a tarjetas de crédito y a los intereses de préstamos. Se fija en 2% mensual la tasa máxima de interés efectiva para los créditos que se realicen a nivel nacional.

Si el Ejecutivo sanciona dicha iniciativa, los cobros de intereses, por parte de entidades bancarias y financieras, que estén por encima del máximo establecido por la Ley, serán considerados como usureros e ilícitos y serán multados por la Superintendencia de Bancos y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.

PROBLEMAS CON LA TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

El Ministerio Público abrió una investigación por la compra directa de 100 ventiladores AHP-300 a un costo de 48,950 dólares, cada uno. El mismo día se informó que el proveedor, Muriba Company Inc., retiró la oferta por la “demanda mundial”. La Fiscalía Anticorrupción anunció que la investigación de oficio sería por la presunta comisión del delito contra la administración pública.

A raíz de esa investigación, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) emitió un comunicado el 28 de abril exigiendo a las autoridades transparencia en los actos públicos, protección a los derechos humanos y sanciones para todo acto de violencia.

En un comunicado, el gremio empresarial expresó que “apoyamos la labor que se lleva a cabo desde el Ministerio de Salud para atender la crisis sanitaria y al mismo tiempo exigimos total transparencia y la rendición de cuentas por parte de todas las instituciones del Estado y el actuar de forma contundente y determinada ante los recientes señalamientos de corrupción relacionados a la adquisición de los insumos y equipos necesarios para combatir la COVID-19”.

GOBIERNO ATIENDE LAS DEMANDAS DE TRANSPARENCIA

A raíz de los cuestionamientos por la poca transparencia en las compras para hacerle frente a la pandemia, el gobierno habilitó en el portal de Panamá Compras una sección denominada “Compras Mesa Covid-19”, en la que se podrán ver las gestiones que hacen las instituciones para adquirir insumos.

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Además, divulgarán los fondos comprometidos para la emergencia nacional. En total, la transferencia realizada a Presidencia es de 191 millones de dólares. De esos, han utilizado 140 millones de dólares en el plan Panamá Solidario.

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD

Un abogado panameño presentó una demanda de constitucionalidad contra la Resolución de Gabinete No. 11 del 13 de marzo de 2020, que declaró el estado de emergencia nacional a raíz de la pandemia de COVID-19 y que dictó una serie de disposiciones, entre las que están la adquisición de bienes y obras y la aplicación de restricciones de la movilidad. La demanda del abogado sostiene que en la Constitución no existe artículo alguno que autorice al Gabinete a decretar la emergencia nacional y que la acción afecta las libertades ciudadanas.

Además, divulgarán los fondos comprometidos para la emergencia nacional. En total, la transferencia realizada a Presidencia es de 191 millones de dólares. De esos, han utilizado 140 millones de dólares en el plan Panamá Solidario.

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD

Un abogado panameño presentó una demanda de constitucionalidad contra la Resolución de Gabinete No. 11 del 13 de marzo de 2020, que declaró el estado de emergencia nacional a raíz de la pandemia de COVID-19 y que dictó una serie de disposiciones, entre las que están la adquisición de bienes y obras y la aplicación de restricciones de la movilidad. La demanda del abogado sostiene que en la Constitución no existe artículo alguno que autorice al Gabinete a decretar la emergencia nacional y que la acción afecta las libertades ciudadanas