*El régimen de Nicolás Maduro intentará ganar tiempo, tomando medidas para dar la apariencia de que implantó correctivos, advirtió el director de Acceso a la Justicia.
**Aún cuando Nicaragua no sea signataria del Estatuto de Roma, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría solicitar una investigación preliminar en torno a lo ocurrido durante el régimen de Daniel Ortega, aseguran penalistas.
Expediente Público
La decisión anunciada el 3 de noviembre por el fiscal ante la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de abrir una investigación formal sobre presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante el conflicto político desarrollado entre 2014 y 2017, es vista como una victoria para las víctimas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil que documentaron estos hechos.
Khan dio a conocer esta determinación en un acto celebrado en el palacio de Miraflores, centro del Poder Ejecutivo en Caracas, y ante la mirada a veces desconcertada del gobernante venezolano Nicolás Maduro.
Aunque esta fase del proceso apenas comienza, es claro que los sucesos objeto de investigación fueron cometidos durante los primeros años de su mandato.
Según cifras de Provea, una organización de derechos humanos que ha participado en las investigaciones de la fase preliminar, durante las manifestaciones de 2014 perdieron la vida 43 personas, en su mayoría ligadas a grupos que adversan al oficialismo venezolano. Y otras 158 murieron en 2017.
Pero este es apenas un aspecto de la violencia ejercida desde los cuerpos del Estado y organizaciones paramilitares en contra de los opositores.
Aunque todas las muertes ocasionaron conmoción, una de las que concitó mayor atención fue la de Juan Pablo Pernalete, un joven de veinte años de edad que fue impactado por una granada lacrimógena disparada a corta distancia por un efectivo de la Guardia Nacional, mientras se manifestaba en los alrededores de la plaza Altamira, Caracas, en abril de 2017.
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El caso de Pernalete marcó un punto de quiebre. Luego de un mes de debates sobre la causa de su muerte, la fiscal general del momento, Luisa Ortega Díaz, tomó posición pública contra los efectivos militares que actuaron en esa manifestación.
En una declaración posterior, y ante la agudización de la crisis política, afirmó que el hilo constitucional se había roto en Venezuela. Pocas horas después, sus oficinas fueron allanadas por las fuerzas de seguridad y ella tuvo que huir del país.
Según el director de Acceso a la Justicia, abogado Alí Daniels, desde el exilio Ortega Díaz (ahora en calidad de víctima del propio régimen) aportó valiosa documentación para sustanciar las denuncias formuladas en la fiscalía ante la CPI por los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Canadá.
“Lo que terminó de cerrar la decisión de la fiscal (Bensouda) fue la entrega de los documentos que hizo la fiscal Luisa Ortega Díaz”, aseguró Daniels a Expediente Público.
Según este abogado, si una crítica puede ser formulada a la fiscal Bensouda en el caso Venezuela 1 es que no mostró la diligencia debida para actuar con carácter “preventivo”, cuando ya se apreciaba que el régimen de Maduro había montado un aparato de represión.
Explicó que esta posibilidad está abierta con los países signatarios del Estatuto de Roma. Venezuela lo es desde julio del 2000.
Sin embargo, a su juicio, al comenzar formalmente la fase previa, las cosas avanzaron con relativa rapidez, de manera que ya en agosto de 2020 Bensouda había llegado a una conclusión, que fue la anunciada por el fiscal Khan durante su reciente visita a Venezuela.
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La docente y experta en derecho internacional, Milagros Betancourt, explicó a Expediente Público que uno de los factores que dilataron un poco más la fase previa fue la necesidad de traducir al francés o al inglés los documentos que eran consignados por los representantes de las víctimas y organizaciones internacionales que monitoreaban lo que sucedía en Venezuela.
Recordó que el informe del grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene más de 400 páginas.
La exembajadora Betancourt, con especialización en La Haya, indicó además que la fiscalía, ante la CPI, implantó ciertos estándares para la admisión de documentos. Uno de esos, por ejemplo, es que las denuncias no pueden ser respaldadas únicamente con recortes de prensa.
“Luego vino el panel de expertos convocado por (Luis) Almagro, que dio sustento a todo esto. Ahí están bien documentadas las pruebas e identificados los presuntos perpetradores. Ese informe resultó muy valioso (…) Luego estaba la traducción de todo lo que era enviado en español. Fue un trabajo tedioso y difícil”, explicó.
Sin plazos para decidir
En la fase preliminar, explicó Betancourt, se describe una “situación” y se intenta determinar si amerita ser investigada por la instancia internacional. Por esto, en términos estrictamente legales, hasta el momento no existen personas imputadas.
Para avanzar en las pesquisas, el nuevo fiscal ante la CPI firmó un memorándum de entendimiento con el gobierno de Maduro. Gracias a esto, el grupo de Karim Khan podrá realizar las diligencias que considere convenientes en territorio venezolano, y determinar si los órganos del Estado tomaron las medidas pertinentes para atacar las situaciones objeto de denuncia.
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Este es el principio de “complementariedad positiva”, mencionado por el propio fiscal ante la CPI durante su visita a Venezuela.
De acuerdo con Betancourt, esta nueva fase tiene una característica similar a la anterior, en el sentido de que no existen lapsos preestablecidos. Pero, de ahora en adelante, se pasará a la individualización de responsabilidades.
Sin embargo, el asunto no queda allí. De hecho, el principal propósito de la CPI no es determinar si un soldado disparó contra un manifestante, como en los casos de Pernalete y del joven David Vallenilla, ultimado por un sargento de la Policía Aérea el 22 de junio de 2017 frente a la base La Carlota.
De acuerdo con Daniels, el objetivo primordial será establecer si tales acciones obedecían a un patrón o sistema de represión. Con lo que, tarde o temprano, el dedo acusador irá contra quienes estaban más arriba en las cadenas de mando.
“El estándar de la Corte Penal no es juzgar a los responsables materiales sino a los que establecen las políticas que hacen que esos delitos sean posibles”, advirtió.
Cuando ya era inminente que la decisión de la fiscalía ante la CPI sería notificada al régimen venezolano, Maduro tomó un conjunto de decisiones orientadas a desvirtuar las denuncias formuladas por organizaciones de derechos humanos.
En mayo, por ejemplo, decretó que todos los centros en los que permanecían presos de conciencia debían ser desalojados, y que los detenidos ya no serían custodiados por personal de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sino por el ministerio de Servicio Penitenciario, creado en 2010 para atender a los presos comunes y administrar los centros de detención venezolanos.
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La Dgcim y el Sebin han sido las entidades mayoritariamente utilizadas para perseguir y reprimir a la disidencia política. Pero no las únicas.
Tanto la Guardia Nacional como la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) también tienen funcionarios involucrados en presuntos crímenes de lesa humanidad. En septiembre de 2019, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet, recomendó en un informe la inmediata disolución de la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB, debido a los reiterados señalamientos de su participación en ejecuciones extrajudiciales.
La Fuerza de Acciones Especiales (FAES), comenzó a ser desmantelada a finales de 2020, y sus agentes fueron asignados a otras unidades de la propia institución. Pero hasta el momento sus crímenes están impunes.
“El año pasado hubo 3030 ejecuciones extrajudiciales. Eso no ocurre porque un funcionario decida matar a alguien, sino porque hubo una política permisiva, que además empeoró (…) Esto implica que hay una cadena de mando que en el mejor de los casos no está cumpliendo con su deber, y permite que sea una política generalizada lo de las ejecuciones. Entonces, eso obliga a juzgar a las cadenas de mando, si se quiere cumplir con la complementariedad. Y eso nunca ha ocurrido en Venezuela”, señaló Daniels.
Recordó que, durante la represión a manifestantes en 2017, un joven detenido fue víctima de abuso sexual mientras estaba en custodia en Maracaibo. El caso fue documentado por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, pues ocurrió en presencia de otros detenidos.
“El (la víctima) y los testigos señalaron que fueron once los responsables de la violación. Hace dos meses salió una condena por este caso, y presumo que fue uno de los que presentó el fiscal ante la Corte. Fueron diez condenados a 23 años de prisión. Se podrá pensar que hubo justicia. No. Eran once, pero condenaron a diez. El undécimo era el supervisor. Formar parte de la cadena de mando es formar parte de una cadena de impunidad”, concluyó.
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Manejar las expectativas
El anuncio del fiscal Karim Khan renovó la expectativa de que finalmente se imparta alguna justicia en Venezuela. Los padres de Pernalete, por ejemplo, dieron a conocer su posición mediante un video difundido a través de las redes sociales.
“Esta fase que se abre es la esperanza que tenemos muchas víctimas para conseguir justicia, justicia verdadera, y para que estos crímenes no se vuelvan a repetir en nuestro país”, dijo José Pernalete a Expediente Público.
Para el director del no gubernamental Foro Penal, Alfredo Romero, estas expectativas deben ser ajustadas, tomando en cuenta que el proceso apenas comienza, y puede prolongarse por años.
“Ahora la denuncia ya procede a investigarse concretamente, y eso es muy importante para la víctima. Es muy importante porque ya no es la ventana solamente de la fiscalía (ante la CPI), con muchas denuncias de torturas que por ejemplo se han remitido (…) Ya la fiscalía conoce concretamente del nombre de la persona denunciante, de la que está detenida arbitrariamente al día de hoy, y de una situación que está ocurriendo. Y eso también va a pasar o pasa con las detenciones arbitrarias con fines políticos y con las desapariciones forzosas, que anteriormente no las remitíamos a la fiscalía, porque no había una investigación abierta”, indicó a Expediente Público.
Romero y el también abogado, Gonzalo Himiob, dieron los primeros pasos con el Foro Penal luego de la crisis política de abril de 2002, ante la perspectiva de que las diecisiete muertes registradas durante un tiroteo alrededor de Miraflores quedaran impunes.
Diecinueve años después, han atendido a más de doce mil víctimas de alguna forma de persecución política. Sus evaluaciones en torno a la cantidad de presos de conciencia en el país son las admitidas oficialmente por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Para el 18 de octubre, esta asociación civil contaba 259 presos de conciencia en el país. De ellos, 132 son militares.
Romero cree que el anuncio de Khan es un primer paso para salir de la impunidad en Venezuela, y para evitar que se reproduzcan las situaciones vividas en el país.
En su criterio, es probable que las personas que han perpetrado estos crímenes de lesa humanidad, y que todavía permanecen en las instituciones del Estado “sepan que están siendo observadas de manera formal y técnicamente adecuada por parte de la fiscalía ante el Tribunal Penal Internacional”, dijo Romero.
Mensaje a las otras dictaduras como Nicaragua
Esta es la primera vez que la Corte Penal Internacional abre una investigación formal sobre hechos que podrían involucrar a un presidente en ejercicio, como Nicolás Maduro.
Según Romero, lo que decida el fiscal Khan de ahora en adelante “puede impactar en toda la región”.
“Si es efectiva, esto va a tener un impacto positivo en toda América Latina. Si se deja llevar por las influencias, va a ser todo lo contrario. La opción de hacer justicia, si no se toma con objetividad, puede ser un arma de doble filo”, advirtió.
En un conversatorio, cuyo tema central fue el anuncio sobre el caso Venezuela 1, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivancos, indicó que México es otro país en el que las investigaciones de la fiscalía ante la CPI podrían avanzar, especialmente a la luz de las matanzas y desapariciones denunciadas a propósito de la “guerra contra las drogas” durante el período del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012).
Otro país donde la justicia internacional podría poner atención es Nicaragua. Recientemente, Amnistía Internacional hizo un llamado de acción que reunió casi cinco mil firmas para exigir que el gobierno de Daniel Ortega ratificase el Estatuto de Roma. Sin este paso, se dificulta la actuación de la Corte Penal Internacional en cuanto a las denuncias sobre persecuciones y encarcelamiento sistemático de los opositores en esa nación.
De acuerdo con la ex embajadora Betancourt, la justicia internacional podría intervenir en el país centroamericano aún si el régimen de Ortega no toma esa decisión.
“Si el Consejo de Seguridad (de la ONU) remite la situación de Nicaragua a la Corte, el fiscal tendría que abrir un examen preliminar”, advirtió., Vivancos.
Este fue el camino seguido para abrir los procesos en torno a las atrocidades cometidas durante el régimen de Omar al Bashir en Sudán y de los talibanes en Afganistán. En ninguno de estos casos, recordó Betancourt, esos países habían ratificado el Estatuto de Roma.
