*En su segundo informe, el observatorio Urnas Abiertas destacó que en Bluefields y El Tortuguero fueron movilizados grupos paraestatales para “controlar el proceso de votación” en Nicaragua.
**Más de 200 personas de la red ciudadana de Urnas Abiertas observaron el proceso en los 15 municipios del Caribe.
Expediente Público
Con el objetivo de “controlar el proceso de votación” en el Caribe, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo movilizó a grupos paraestatales de Bluefields al municipio de El Tortuguero, según Urnas Abiertas, a través de la red ciudadana en esa región de Nicaragua.
En el segundo informe brindado en el contexto de las elecciones regionales que se llevaron a cabo este 3 de marzo en el Caribe de Nicaragua, Urnas Abiertas aseguró que a medida que avanzó la jornada “se acentuó la violencia política tanto para coaccionar el voto como para intimidar a personas percibidas como opositoras”.
“Algunos de los reportes ciudadanos, hacen referencia a aumento de la presencia de paramilitares en Bluefields, en los barrios Punta Fría, El Canal y El Central», señaló Ivannia Álvarez, directora de Redes Ciudadanas de la organización Urnas Abiertas.
Agregó que hubo «movilización de paraestatales de Bluefields para controlar el proceso de votación en El Tortuguero, detenciones arbitrarias, amenazas a fiscales liberales para evitar que desempeñaran sus funciones”.
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Nicaragua bajo régimen de impunidad
Desde el retorno de Daniel Ortega, el 10 de enero de 2007, se fueron configurando a lo interno de Nicaragua estructuras paralelas a la fuerza pública y entidades del Estado, las cuales actúan de forma coordinada y paralela con la policía.
En 2018, el régimen utilizó esas estructuras para “reprimir las expresiones sociales consideradas opositoras”, destaca el informe “¡Basta ya de impunidad! Ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua».
Amenazan a adultos mayores
Por otro lado, los adultos mayores no escaparon de la violencia política ejercida por el régimen Ortega Murillo durante la jornada electoral de este fin de semana en el Caribe nicaragüense.
“En los barrios y comunidades también se movilizaron a adultos mayores mediante medios de transporte de instituciones públicas o pagos a transportistas, y se reportó que a estas personas les amenazaron con quitarles la pensión”, señaló Olga Valle, directora de Urnas Abiertas.
Al cierre de la jornada electoral, las autoridades del Consejo Supremo Electoral (CSE) junto a los representantes legales de los partidos colaboracionistas del régimen que participaron en el proceso electoral regional realizado en la Costa Caribe Nicaragüense, realizaron un recorrido por el centro de cómputos ubicados en Managua.
Sin embargo, a las once de la noche, todavía no se había presentado un solo resultado. Cinco horas después de cerradas las urnas e iniciado el conteo. De hecho, la página oficial del CSE ni siquiera tiene una mención de las elecciones regionales.
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El CSE acreditó 7,880 fiscales de los partidos políticos y habilitó 308 Centros de Votación, con un total de 751 Juntas Receptoras de Votos.
Urnas Abiertas identificó situaciones de violencia política en varios Centros de Votación como “requisa de antimotines a jóvenes antes de ingresar” y “asedio e intimidación de militantes sandinistas en puestos de control ubicados fuera de los Centros de Votación”.
“Desincentivar el voto”
Urnas Abiertas también comprobó que hubo amenazas a personas que exigieron una explicación del por qué no aparecían en el padrón electoral.
“Comenzó la parte práctica para desincentivar el voto contrario al oficialismo a través de cambios repentinos de centros de votación a lugares remotos, amenaza policial a personas percibidas como opositoras”, mencionó Valle.
Al cierre del segundo informe, el observatorio destacó que en el transcurso del lunes 4 d emarzo podrán dar información sobre el “porcentaje de participación y abstención”.
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Durante la jornada electoral, Urnas Abiertas aseguró que tienen de primera mano el avance de la jornada con 200 personas que observaron en el terreno una “serie de irregularidades” en los 15 municipios de las dos regiones autónomas del Caribe.
“Estas más de 200 personas observaron más de 160 centros de votación (…). Esto evidencia que existe todavía dentro del territorio nicaragüense, dentro del territorio de la mosquitia una cantidad de personas dispuestas a seguir generando información, dispuesta a seguir denunciando lo que pasa dentro de sus territorios”, destacó Valle.
Vehículos del Estado
Igual que en los procesos electorales de 2021 y 2022, el régimen dispuso una cantidad de vehículos del Estado para “movilizar a votantes del Frente Sandinista”, particularmente de la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, los bomberos, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia, la empresa portuaria, entre otros.
“Los trabajadores de la salud son un grupo que destaca entre las víctimas de persecución y presión del Frente Sandinista para acudir a votar”, dijo Valle.
Al cierre de esta jornada, el partido político indígena Yatama, suspendido por el CSE, destacó a través de sus redes sociales el nivel de abstencionismo. «El Frente Sandinista nuevamente ha perdido, sin la presencia de Yatama (…). Tengan en su mente que tienen a un líder auténtico en las celdas de El Chipote», publicaron en referencia al diputado Brooklyn Rivera.
