* Funcionarios de la dictadura en Nicaragua visitan mensualmente a las familias, en sus hogares, con el pretexto de un supuesto censo y la promoción de cartillas, pero en realidad buscan vigilarlos y amedrentarlos.
** El plan lo opera directamente la codictadora Rosario Murillo, en coordinación con la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, ministerios y hasta alcaldías.
*** Expediente Público presenció un recorrido de los supuestos “censadores” y evidenció los mecanismos de control y represión.
Expediente Público
Juan es un joven activista en el exilio que se ha opuesto a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Cada mes, su familia recibe sospechosas visitas, en el departamento de Chontales. Son supuestos censadores y promotores de propaganda del régimen. A veces, estos se identifican como trabajadores del Instituto Nacional de Información y Desarrollo (Inide) y en otras, del Ministerio de Salud (Minsa).
Los visitantes se rotan. Algunas veces visten camisas camufladas, placas metálicas y gorras militares, y no llevan consigo ningún formulario ni tableta. Solo un celular, preguntas incómodas y algunas veces cartillas promocionales con fotos de los dictadores Ortega y Murillo.
“Dicen que están haciendo un censo mensual, pero las preguntas no tienen estructura. Preguntan por las entradas y salidas de la familia (fuera del municipio), las visitas que recibimos, si alguno está fuera del país, si recibimos remesas. Se han enfocado en nuestras rutinas: por dónde salimos, si caminamos o usamos transporte, qué rutas usamos. Eso ha sido muy llamativo. Una vigilancia constante e incómoda”, denunció Juan en entrevista con Expediente Público, bajo la condición de mantener su verdadero nombre bajo reserva por cuestiones de seguridad.
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El testimonio de Juan no es un hecho aislado. En Nicaragua, tras las manifestaciones contra el régimen, de abril de 2018, las visitas casa a casa han dejado de ser eventos esporádicos.
Mecanismo de vigilancia en Nicaragua
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) sostiene que la dictadura Ortega-Murillo utiliza esas visitas como un mecanismo meticulosamente organizado para vigilar, controlar y reprimir a los ciudadanos.
“Es un sistema de control y represión omnipresente, basado en la recopilación y el uso de datos personales para identificar, acosar y suprimir cualquier forma de oposición, y para identificar a personas opositoras y detenerlas arbitrariamente”, afirma el GHREN en su informe “Instituciones y personas responsables de los principales patrones de violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018”, presentado en abril de este año.
En esas visitas se presentan cartillas promocionales que, según el informe, son elaboradas por una comisión conformada por el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación (Mined), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el Ministerio de la Mujer (Minim), el Ministerio de Salud (Minsa) y Ministerio de la Juventud (Minjuve).
Los expertos explican que los visitantes enviados por el régimen están conformados por empleados de instituciones públicas, miembros de la Juventud Sandinista y secretarios políticos del Frente Sandinista, que además llevan listas de las denominadas «personas de interés”, ciudadanos vinculados a las manifestaciones sociales de 2018, disidentes, opositores, familiares de víctimas de represión o de exiliados, así como miembros de organizaciones sociales y religiosas.
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Visitas con interés confiscatorio
El GHREN alerta que estas visitas, además de vigilar a las llamadas «personas de interés», tienen por objetivo “saber quiénes viven en la casa y a nombre de quién está dicha propiedad”.
“Si la vivienda está a nombre de una persona de interés, se interviene más adelante la propiedad sin mediar procedimiento previsto en la ley ni indemnización alguna”, señalaron los expertos del GHREN.
El abogado Yader Valdivia, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, denunció que este tipo de vigilancia a la población constituye no solo una grave violación al derecho a la intimidad, sino también, a la propiedad privada.
“Recordemos que en Nicaragua la propiedad es inviolable, y esto incluye cuando funcionarios del Estado ingresan sin una autorización a la vivienda. Esta es una clara violación a la intimidad y a la propiedad en Nicaragua”, señaló Valdivia a Expediente Público.
Más de 100 denuncias por visitas casa a casa
El Colectivo ha recibido al menos 100 denuncias relacionadas a visitas de funcionarios en las viviendas, reveló Valdivia.
Muchas de las personas que han sido víctimas de este tipo de vigilancia, afirmó el abogado, son familiares de personas asesinadas en el contexto de las protestas, exiliadas, periodistas o exempleados públicos.
“Llegan vestidos de civil, a veces acompañados de policías o usando bata del Ministerio de Salud. En ese Estado policial de facto, las personas no pueden ni siquiera pedir identificación. Solo deben recibirles, escuchar el mensaje y esperar que se retiren”, denunció el defensor.
Detalló que a estas personas se les ha preguntado “cuántas personas viven en la casa, quiénes son, si tienen familiares fuera del país, por qué se fueron (…) y en ese sentido, las personas se sienten obligadas a dar esa información”.
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Procuradora encargada de plan de vigilancia
El informe del GHREN reveló que es la propia vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, quien envía correos electrónicos “a los secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional con agendas para las reuniones semanales de las Unidades de Victoria”, en los que establece prioridades políticas, asigna roles y coordina estas visitas casa a casa.
Los expertos del GHREN tuvieron acceso a correos electrónicos enviados por Murillo en los que se lee: “Mined, las Comisiones y la Procuraduría de Derechos Humanos presentan todas las cartillas en visitas casa a casa y en las escuelas / Ver plan con compañera Wendy Morales”.
Las listas de “personas de interés”, confirmó el GHREN, son elaboradas por el secretario general de la Alcaldía de Managua y operador político del Frente Sandinista, Fidel Moreno, quien a su vez es el encargado de entregarlas a la procuradora general de la República, Wendy Morales, delegada por Murillo para coordinar el plan de visitas casa a casa.
La procuradora Wendy Carolina Morales Urbina fue sancionada en marzo de 2024 por el Gobierno de Estados Unidos por “complicidad en la opresión que ejerce el régimen Ortega-Murillo”, siendo ubicada como “una figura clave en la persecución injusta del régimen nicaragüense contra presos políticos y la sociedad civil en el país”.
“La Procuradora General de Nicaragua, en forma concertada con el régimen de Ortega-Murillo, ha ejercido de manera abusiva su función para facilitar una campaña coordinada que busca reprimir la disidencia incautando bienes de opositores políticos del gobierno sin una justificación legal”, expresó en ese entonces el subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.
¿Quién es Wendy Morales Urbina?
Wendy Morales asumió el cargo de procuradora general en mayo de 2019. Ortega la ascendió a través del acuerdo presidencial 63-2019, luego de remover a Hernán Estrada de ese puesto.
El nombramiento de Morales se realizó pese a que esta no cumplía con los requisitos que establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que establece que, para ejercer ese cargo, se tiene que haber ejercido al menos 10 años como abogado.
Antes de su ascenso, la funcionaria ejercía como subprocuradora general, un cargo que recibió en enero de 2017, cuando aún no era abogada
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Investigaciones de medios independientes han confirmado con fuentes en el Sistema de Registro de Control de Notarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que Morales fue incorporada como abogada y notaria con el número de carné 29,749 recién en julio de 2018, es decir, un año y medio después de ejercer su cargo público.
Morales, en una entrevista que ofreció ante medios oficialistas tras ser nombrada procuradora general, se definió como “una compañera al servicio del pueblo desde hace poco más de 16 años”, asegurando que desde 2007 inició “con el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario en función de establecer este plan de gobierno que nos dispusimos”.
“Nos correspondió realizar una iniciativa en el plano de la Procuraduría General de la República para restituir esos derechos que habían estado relegados”, añadió.
49 tipos de cartillas en los últimos siete años
En los últimos años, el régimen sandinista ha lanzado 49 cartillas a través del Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio de Educación (Mined), Ministerio de la Familia (MiFamilia) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Expediente Público confirmó esa cifra a través de una revisión de las cartillas compartidas por estos ministerios en sus plataformas virtuales El análisis determinó queen 39 de esas 49 cartillas se incluyó contenido político partidario, en el que se reprodujeron discursos, fotografías y alabanzas a la imagen de los dictadores Ortega y Murillo.
Algunos de los discursos de Murillo, reproducidos en las cartillas, insisten en un llamado de unidad para una nueva etapa de la Revolución Sandinista.
“Tenemos que unirnos todas las familias nicaragüenses, para un nuevo capítulo, una nueva etapa de esta revolución, de esta revolución de la reconciliación, del entendimiento y de la paz”, indica parte del discurso de Murillo reproducido en la cartilla “Familias Unidas para la Paz y la Vida”.
El régimen sandinista públicamente no ha dado informe sobre la cantidad de cartillas que ha lanzado en los últimos años a través de estos ministerios y tampoco sobre la cantidad de visitas casa a casa.
El Ministerio de la Familia, una de las instituciones que tiene más completo el consolidado de cartillas en su sitio web, indicó en su “Línea de Acción 2024” que en ese año tenían planificado visitar 1.5 millones de personas.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en su informe de gestión de 2022, aseguró que dieron atención directa a más de 140 mil personas de 145 municipios, mediante “visitas casa a casa y la presentación de cartillas sobre leyes y mecanismos para la prevención de femicidios, así como la cartilla ´Familia unida para la paz y la vida´”.
Visitas mensuales, control y miedo
Juan tuvo que dejar su hogar tras vivir un constante asedio y persecución policial en las afueras de su vivienda, por haber participado en las protestas sociales de 2018. Primero, tuvo que dejar su municipio; luego, que desplazarse internamente; y más tarde —en 2023— que exiliarse en Costa Rica. Sin embargo, ahí no terminó el control. Luego del exilio, la familia de Juan quedó bajo la vigilancia permanente.
Desde octubre de 2024, relató Juan a Expediente Público, pocos meses después del Censo Nacional de Población y Vivienda, la familia comenzó a recibir visitas mensuales. La primera visita, denunció el activista, causó zozobra e inseguridad a toda la familia.
En ese primer encuentro, dos personas —uno de ellos usando prendas camufladas— se presentaron como funcionarios del Inide y les pidieron datos personales de todos los integrantes, insistiendo directamente en los datos de los familiares que estuvieran fuera del país.
A partir de ese momento, las visitas se hicieron constantes. Juan contó que cuatro personas distintas han llegado hasta su vivienda para ejecutar esas visitas. Detalló que en una ocasión se presentaron como trabajadores del Ministerio de Salud con el pretexto de “campañas contra el dengue” y entregar cartillas para prevenir esa enfermedad, aunque se concentraron en ese tema.
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Durante estas visitas, explicó Juan, les preguntan si han salido del municipio recientemente, si tienen visitas de personas que estén fuera del país, si alguien en la familia está exiliado o si reciben remesas del exterior, y anotan cuidadosamente cada respuesta en sus celulares.
Localizar a opositores en el exilio
“Ellos no han preguntado directamente por mí, pero sí han insinuado que alguien de la familia está fuera. Les cuestionan sobre si hay algún familiar directo que esté fuera que envíe remesa y que si los visitaba, que cada cuánto tiempo lo visitaban. Cada mes es una de las preguntas recurrentes: si ha llegado su familiar o si han ido a visitar a su familiar”, contó Juan.
Agregó que también ha ocurrido que, cuando sus familiares salen del municipio, reciben llamadas —en los números que proporcionaron desde la primera visita— en las que los funcionarios se presentan como parte del Inide y les dicen que “casualmente ese mismo día tocaba la visita” y les preguntan dónde están.
“Eso demuestra el nivel de control territorial que tienen”, resaltó Juan.
La sensación predominante en todos los que habitan en esa propiedad, afirma el joven activista, es de inseguridad permanente, aunque no pregunten directamente por él.
“La violencia en el país es tan sistemática que uno no encuentra un motivo lógico para una detención o una desaparición. Eso es lo más angustiante. Esta vigilancia te mantiene con el temor constante de que algo pase o, en este caso, le pase a mi familia”, lamentó.
Expediente Público contactó a otras víctimas de estas visitas de vigilancia casa a casa. Declinaron a dar su testimonio. La mayoría expresó que temían más represalias del régimen sandinista, incluso aunque hubiera garantía de anonimato.
“Censando” para completar listas
Un equipo de Expediente Público estuvo presente durante los “censos” realizados por la Alcaldía de Managua en junio de 2025. De acuerdo con expertos del GHREN, la Alcaldía recopila estas listas de «personas de interés», que luego Moreno afina y entrega a la procuradora Morales.»
Con ese acompañamiento, Expediente Público confirmó las amenazas que los funcionarios públicos hacen contra quienes se resisten a proporcionar información personal.
Dos funcionarios de la comuna, identificados con carné y chaleco de la Alcaldía de Managua, usando una aplicación en sus celulares, llegaron a una vivienda capitalina y preguntaron —mencionando solo un nombre y un apellido— por una persona a la que ubicaron como “la cabeza de la familia”.
Los empadronadores no dieron mayor detalle de por qué o para qué buscaban a esa persona, pese a que la ciudadana que los recibió les preguntó en reiteradas ocasiones cuál era el objetivo de la visita.
Amenazas
Los trabajadores, ante la insistencia, mostraron su celular a la señora y ahí se veía que una aplicación con geolocalización indicaba que esa persona habitaba en esa propiedad. Con ello, insistieron en que se les facilitara su nombre completo y su número de cédula.
Además, sentenciaron que, en caso de no facilitar los datos solicitados, “la casa quedará marcada como que está abandonada”, lo cual conllevaría una posible confiscación.
Desde 2018, según el GHREN, en Nicaragua se ha documentado un alarmante aumento de violaciones al derecho a la propiedad. Los expertos señalaron que el régimen ha confiscado sistemáticamente las propiedades de «personas opositoras o percibidas como tales y de sus familiares, así como de organismos sin fines de lucro.»
Durante la visita, pese a que las personas del lugar se negaban a dar la información, los funcionarios de la Alcaldía de Managua se quedaron en el portón e incluso mencionaron frases, con aparente fin intimidatorio, como: “Vamos a llamar al político” o “Vamos a volver con el político (en referencia a un integrante del Frente Sandinista de ese barrio)”. Luego de varios minutos, se retiraron.
La falta de transparencia y la insistencia con la que actuaron los empadronadores de la Alcaldía de Managua provocaron un sentimiento de temor en las personas que recibieron la visita, al desconocer para qué les exigían esos datos personales y si los “censadores” volverán, como se los advirtieron.
