- Nicaragüenses con discapacidad enfrentan una doble crisis en el exilio: huyen de la persecución política y enfrentan obstáculos para tener servicios esenciales.
- La falta de seguro médico y el recorte de fondos internacionales dejan a refugiados con discapacidad sin acceso a terapias.
- Costa Rica certificó a 729 nicaragüenses con discapacidad en los dos últimos años.
Expediente Público
Van siete años de migración masiva de nicaragüenses. Tras las protestas sociales de 2018, la persecución política, los encarcelamientos, las confiscaciones de facto, los asesinatos, los desplazamientos forzados y la persecución transnacional han sido ampliamente documentados. Sin embargo, en esta crisis humanitaria, existe una realidad menos visible: la de los nicaragüenses con discapacidad obligados al exilio.
Estas personas no solo tienen que huir, junto con sus familias, de la violencia y la persecución recrudecidas en Nicaragua, sino que también deben enfrentar barreras que las dejan doblemente vulnerables en los países donde buscan protección. Carecen de acceso a la salud, de trabajo, de movilidad y hasta de servicios básicos.
Lorna Díaz, una nicaragüense de 65 años que ahora vive en Costa Rica, es el reflejo de esta realidad. Tiene cinco hijos, uno de ellos con discapacidad psicomotora.
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Salió de su país en julio de 2018, semanas después de que su esposo, José Arturo Gómez García, un exmilitar que participó en las protestas sociales de ese año, fuera asesinado el 23 de junio. Él recibió un balazo en la cabeza, a pocas cuadras de su casa, ubicada en el barrio Villa Austria, en Managua.
Luego de enterrar a su esposo, Díaz tuvo que refugiarse en varias “casas de seguridad” porque recibió múltiples amenazas. Le decían: “ahora vamos por vos”. No tuvo otra opción más que huir junto con varios familiares, entre ellos, Nacir Torrez, su hijo con discapacidad.
“Mi hijo se descontroló, él lo vio todo”
Torrez presenció el momento en que su madre recibió —aquel 23 de junio— el cuerpo de su padre, que yacía con el rostro desfigurado tras el impacto de bala.
“El muchachito, mi hijo que es especial, se descontroló completamente con todo lo que le pasó a su papá. Él miró todo el proceso, no se capeó de nada, todo lo miró”, contó Díaz a Expediente Público.
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Torrez tiene 48 años, y necesita cuidados especiales. “No habla; hay que corregirle todo en su vestir personal… Se le ayuda en todo: a lavarse los dientes, en todo…”, detalló la madre.
Sin acceso a terapias
El acceso a terapias y atención médica ha sido irregular para Torrez, casi nulo, por lo que su condición de salud ha empeorado.
“Para mi hijo ha sido muy difícil porque, la verdad, no hemos tenido mucha ayuda, más que todo médica. Hace dos años, en 2023, mi hijo convulsionó, le dio, me dijo el doctor, un derrame. Estuvo con la carita de un lado, no comía, estuvo con depresión. No pudo ir a terapia para recuperar algo de movilidad porque aquí es muy difícil; la terapia se la daba yo”, relató Díaz.
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En 2025, ella y su hijo se quedaron sin el seguro médico que se les facilitaba la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
En mayo de ese año, la Acnur, solicitó apoyo internacional urgente para seguir financiando la atención a refugiados y solicitantes de refugio en Costa Rica. Señalaba que los recortes financieros amenazaban a sus programas de asistencia en salud, incluyendo los convenios que tenía con la Caja Costarricense de Seguridad Social para atender a personas con enfermedades crónicas y en extrema vulnerabilidad.
Esto afectó directamente a Díaz. “Fui tres veces y ya no atendieron a mi hijo en la Caja”, se lamentó.
Casi un cuarto de millón buscó refugio en Costa Rica
Por su cercanía, Costa Rica es uno de los países más afectados por la crisis sociopolítica nicaragüense desatada en 2018, sobre todo por la masiva cantidad de migrantes que llegan a ese país en busca de refugio, huyendo de la persecución de la dictadura orteguista, o de mejores oportunidades económicas.
La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica registró, entre 2018 y 2025, que un total de 248,738 nicaragüenses solicitantes de refugio. Sin embargo, en ese período solo aprobó 9,162 aplicaciones.
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El año pasado, entre enero y octubre, Costa Rica recibió 20,606 solicitudes de refugio de personas de origen nicaragüense. De estas, solo 715 fueron aprobadas y 813 fueron denegadas.
Trato preferencial en trámites migratorios
La jefa del Área de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería, Cindy Molina, explicó a Expediente Público que, aunque se clasifica a los refugiados por sexo y nacionalidad, no se les desagrega por discapacidad.
“Lamentablemente, el sistema informático de nosotros no lleva un registro de cuántas personas son discapacitadas”, afirmó la funcionaria.
No obstante, aclaró que la Dirección sí tienen protocolos para atender a quienes tengan una condición vulnerable, incluidas las personas con discapacidad.
“Nosotros identificamos a la persona si la discapacidad se manifiesta, es evidente. No se le pide ningún documento adicional… Cuando la persona está en la fila se procede a darle un trato preferencial”, aseguró Molina.
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Unidad de Refugio estrena protocolo de atención
Según Molina, desde mayo del año pasado, se implementó un protocolo específico para la atención de población altamente vulnerable, que contempla entrevistas más rápidas y resoluciones en plazos más cortos.
“Si la persona es altamente vulnerable, nosotros tratamos de hacer la entrevista de elegibilidad el mismo día… Entonces, una persona con discapacidad puede tener la entrevista el mismo día y quizás antes de tres meses poder tener una resolución”, detalló la funcionaria.
Además, mencionó que en 2025 realizaron una remodelación, con fondos de la cooperación internacional, y en todo momento tuvieron presente a la población con discapacidad.
“Todo está rotulado; algunas de las puertas de la Dirección tienen incluso los rótulos en braille y tratamos de incluir lo más que se pueda a la población, tomando en cuenta todas las diversidades que posee la humanidad en general”, indicó.
A pesar de estas consideraciones, Molina admitió que su área de trabajo no tiene una coordinación formalizada con el sistema de salud.
Más de 700 nicaragüenses certificados con discapacidad en dos años
Bilbia González, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) de Costa Rica, explicó a Expediente Público que, aunque la atención a los migrantes corresponde principalmente a la autoridad migratoria, la institución sí cuenta con información sobre personas extranjeras certificadas con discapacidad en Costa Rica; sin embargo, no se les clasifica según su condición de refugiados o solicitantes de refugio.
La directora de Conapdis detalló que, entre 2024 y 2025, certificaron a 795 personas extranjeras con discapacidad, entre ellas, 729 ciudadanos nicaragüenses.
Otros extranjeros certificados por Conapdis en ese período eran de El Salvador (12), Venezuela (11), Panamá (10), Colombia (9), Cuba (7), Honduras (3), España (3), Chile (1), Guatemala (1), México (1), República Dominicana (1), Jamaica (1), Bangladesh (1), Perú (1), Suecia (1) y Brasil (1).
La discapacidad de mayor prevalencia entre personas extranjeras certificadas —mencionó González— fue la discapacidad física o movilidad reducida, seguida de discapacidad múltiple, cognitiva, psicosocial, visual y auditiva.
Barreras para la certificación de la discapacidad
González destacó que la Constitución de Costa Rica garantiza igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros en materia de discapacidad, lo cual permite a solicitantes de refugio acceder al proceso de certificación.
Sin embargo, aceptó que una de las principales barreras es la demora en la emisión de documentos migratorios, requisito para iniciar trámites de certificación en el caso de personas que buscan refugio en Costa Rica.
Limitaciones en acceso a salud y terapias
Los principales beneficios de la certificación son la prioridad en el acceso a servicios públicos, programas sociales, espacios reservados y oportunidades laborales, así como la exoneración de restricciones vehiculares y la obtención de tarifas especiales para actividades culturales y deportivas.
Para lograr que esos beneficios lleguen a todos aún hay trabajo por hacer. González señaló que hace falta un mapeo real de la población extranjera con discapacidad que se encuentra en Costa Rica.
“Los datos que maneja el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad están concentrados en una estadística, una muestra aleatoria que permite identificar números y segmentos de la población en situación de discapacidad y el tipo de discapacidad. Entonces, el principal reto es alcanzar esa cobertura real del total de población en situación de discapacidad”, afirmó.
Entre los casos que no se cuentan en esas estadísticas está el de Nacir Torrez. Lejos de las amenazas del régimen nicaragüense, él y su madre enfrentan otro tipo de violencia, la de un Estado que no puede garantizar su derecho a la salud, porque obliga a quienes están en situación de extrema vulnerabilidad —sean nacionales o extranjeros, discapacitados o no— a pagar las mismas tarifas para que sean atendidos en la Caja.
