* Un informe de la organización Prisioners Defenders denuncia desnutrición sistemática en las prisiones de Cuba.
* La comida diaria entregada a los reclusos no alcanza ni el 15% de lo recomendado para un adulto por la Organización Mundial de la Salud.
* En la isla hay 90.000 reclusos, entre presos comunes, políticos y detenciones provisionales.
Eric Lemus / Expediente Público
Un nuevo informe de la organización independiente Prisoners Defenders, publicado este abril, denunció que al menos 90,000 reclusos —entre presos comunes y políticos, y personas en detención provisional— sufren desnutrición severa y daños físicos que podrían ser irreversibles.
La investigación recopila testimonios de sobrevivientes de las mazmorras del régimen, donde son recluidos quienes han participado en las protestas por el aumento de las carencias en la isla.
El informe analizó cómo las condiciones carcelarias degradantes en materia de alimentación pueden destruir el estado físico de personas sanas mediante la desnutrición severa, así como agravar enfermedades existentes.
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A partir de la liberación de Alexander Díaz Rodríguez, un cubano de 45 años que participó en las protestas del 11 de julio de 2021, cuando el descontento por la escasez económica llegó a 60 localidades de la isla, la organización muestra el impacto de las condiciones alimentarias, sanitarias y médicas deficientes sobre los presos políticos cubanos.
Díaz Rodríguez fue condenado a cinco años de prisión y fue recluido en la prisión Kilo 5 y Medio, en la provincia Pinar del Río (ubicada en el extremo occidental de la isla), hasta su liberación el pasado 4 de abril en un estado físico irreconocible.
“Durante su encarcelamiento fue diagnosticado con cáncer de garganta en fase avanzada, anemia, desnutrición extrema y hepatitis B, entre otras afecciones graves, siéndole negada una atención médica oportuna”, denunció la organización.
Criminalización por edad y raza
El director de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, denunció que bajo el régimen de Miguel Díaz-Canel la gran mayoría de presos son menores de 35 años y negros. “El racismo y la juventud son dos factores dominantes que persisten”, afirmó a Expediente Público.
“Los jóvenes que no comprenden qué es lo que pasa con este régimen que no les da ninguna satisfacción en el terreno económico ni en la salud ni en la educación, pues son mucho más dados a manifestar sus opiniones. (…) El régimen va buscando que la persona aprenda que en Cuba no se puede opinar”, agregó.
Jonathan Muir, adolescente procesado por sabotaje
La vida de Jonathan Muir Burgos, de 16 años, está truncada desde que recibió una orden de prisión preventiva que la cumple en la cárcel Canaleta, en la provincia Ciego de Ávila, ubicada en la zona central de la isla.
El régimen lo acusa de sabotaje, pues participó las protestas contra los sucesivos cortes de energía eléctrica que hubo en Morón, un pequeño pueblo de esa misma provincia, el pasado marzo.
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El sabotaje es una de las figuras más graves, de acuerdo con el Código Penal cubano, con penas de prisión que pueden oscilar entre 7 y 15 años.
En Cuba, la edad mínima para ser procesado judicialmente es 16 años y, por eso, Muir Burgos ahora es considerado un preso político del régimen comunista.
La noche del 13 de marzo, Muir Burgos estuvo entre el grupo de habitantes de Morón que protestó frente a la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC) contra la falta de suministro eléctrico.
El padre del adolescente, Elier Muir, quien es pastor evangélico, dijo a través de redes sociales que ambos fueron detenidos tres días después. Las autoridades solamente lo liberaron a él, mientras que su hijo quedó encarcelado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este 24 de abril medidas cautelares a favor de Muir Burgos porque consideró que están en riesgo su derecho a la vida, integridad personal y salud.
El congresista estadounidense republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, también sumó su voz para exigir la liberación del adolescente y responsabilizó al Estado cubano por el daño a su integridad física.
Delito: protestar por sufrir hambre
El sacerdote cubano Alberto Reyes Pías, párroco en la provincia Camagüey, ubicada al este de la región central cubana, reflexionó sobre la crisis que atraviesa la isla. “El problema está en cómo mira el poder a aquellos sobre los cuales ejerce su autoridad”, dijo a Expediente Público.
Para el religioso, todo pueblo necesita estructuras de poder, pero quien lo detenta debe “servir, ayudar, hacer progresar a personas a las cuales facilitar la educación, el trabajo, la salud, la vida digna”.
En su opinión, el problema aumenta cuando el poder es utilizado para controlar, subyugar y y obtener beneficio propio de quien gobierna.
“Tal vez por eso en Cuba es delito salir a las calles y protestar por la falta de comida, de medicinas, de agua, de electricidad, pedir libertad para expresarse y exigir el derecho a asociarse en torno a ideas diferentes”, dijo el religioso.
Y cuestionó: “¿Acaso no es delito someter a un pueblo al hambre, a la mendicidad, al deterioro de la salud e incluso a la muerte por falta de medicamentos?, ¿no es delito sumergir a un pueblo en largas horas de apagón, a la pérdida de lo poco que tiene para comer?”.
Víctimas de “infra alimentación severa”
La investigación de Prisioners Defenders tuvo por objetivo “estimar de manera prudente el aporte calórico y de nutrientes de la dieta” que tienen los detenidos bajo el régimen castrista.
La organización obtuvo información sobre la dieta a partir de los testimonios de los mismos presos o de sus familiares. Incluso logró recolectar datos que confirman el grave estado de desnutrición de algunos reclusos, como el caso de Alexander Díaz Rodríguez.
El estado de salud del expreso muestra a un individuo en los huesos. Es irreconocible el hombre de complexión robusta y sonriente que posa en una fotografía de familia que data de hace cinco años.
Prisioners Defenders describe que los presos desayunan un pan blanco simple de 45 a 60 gramos y té guardado sin azúcar, y que almuerzan 30 gramos de arroz cocido, sopa ácida y 20 gramos de croqueta hervida. Esta última ración la repiten a las 15:00 todos los días, señala el informe.
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En total, la alimentación diaria entregada a los reclusos oscila entre 250 y 353 kilocalorías, una cifra que no alcanza ni el 15% de lo recomendado para un adulto, conforme el estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluida la alimentación adecuada, y la Observación General núm. 12 aclara que este derecho no puede reducirse a un mínimo paquete de calorías o proteínas”, consigna el reporte de Prisioners Defenders.
Según los testimonios recolectados, “cada servicio de almuerzo y la comida de la tarde aportaría aproximadamente 65–100 kcal. La mayor parte de esa energía procedería del pequeño arroz servido y de la masa denominada “croqueta hervida”; la sopa, catalogada por las víctimas como “ácida”, tendría un impacto calórico muy bajo por su elevada dilución”.
A partir de esta información, Larrondo insiste en que los encarcelados sufren “infra alimentación severa”.
Además, los familiares describen escenas que parecen sacadas de un manual de tortura por inanición: hombres que se desmayan en los patios, mujeres que pierden el cabello en mechones, jóvenes que salen de prisión con enfermedades crónicas que antes no tenían.
La desnutrición, según el informe, no es accidental, sino que es parte de un sistema de control que busca quebrar física y psicológicamente a los reclusos, especialmente a los detenidos por motivos políticos.
‘La vida de mi hijo peligra’
Aunque el reporte no incluye relatos, en las redes sociales de la organización están los testimonios especialmente de las madres.
Desirée Valdés, madre de Carlos Alain Abrahantes Valdés, relata que su hijo entró a prisión el 10 de julio de 2023 para purgar una condena de 12 años por “sedición”. Ella sabe que estuvo en celda disciplinaria un año y 10 meses.
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“Me lo trasladaron el 3 de junio de 2025 a Kilo 8 Camagüey donde se encuentra con una severa desnutrición, con anemia avanzada y varios síntomas. Está sin tratamiento y sin alimentación. Aparte tiene gastritis e hipertensión. Yo hago un llamado urgente porque la vida de mi hijo peligra”, dice la señora Valdés. “Yo alzo la voz por mi hijo”.
Carlos Alain es oriundo de Villa Clara, en el centro de la isla, sin embargo, está presado en Granma, a 484 kilómetros de distancia.
La investigación de Prisoners Defenders observa que la escasez de alimentos, la inflación y el colapso de la producción agrícola que atraviesa Cuba tiene un impacto devastador en las cárceles. La organización insiste en que la desnutrición adentro de las mazmorras del régimen tiene un objetivo político y exhorta a la comunidad internacional pedir la liberación de los presos políticos.
