* El exmandatario da pelea en los tribunales hondureños, se reúne con las bases del Partido Nacionalista y limpia su imagen de abogado.
* Aunque el presidente Nasry Asfura se ha desmarcado abiertamente del “juanorlandismo”, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, no ha dado su posición.
* Analistas políticos coinciden en que los problemas legales de Hernández se definirán en la arena política, al interior del nacionalismo.
Sharon Ardon / Expediente Público
Las estrategias de Juan Orlando Hernández para regresar a Honduras se van cristalizando. Recientemente liberado en Estados Unidos gracias al indulto del presidente Donald Trump, el exmandatario hondureño se perfila como un actor político cuyo retorno podría alterar el tablero nacional, pese a que mantiene una orden de captura en su contra por presunto lavado de activos y fraude en su país.
Analistas consultados por Expediente Público coinciden en que Hernández aún conserva un poder fáctico dentro del Partido Nacional, aglutinando bases, a lo cual se suma su ánimo de revancha.
“El Juan Orlando que salió de prisión gracias al indulto de Trump no es el mismo que fue extraditado en 2022. Aquel era una figura derrotada; al liberado lo percibo con ánimo de revancha, aura de intocable y un partido en el poder con creciente control del Estado”, sostuvo el analista político Manuel Torres.
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Aunque en muchas entrevistas Hernández y su familia han manifestado su intención de retornar al país, los entrevistados señalaron que un eventual regreso, si bien es posible, está condicionado tanto por los riesgos de las estructuras criminales como por los procesos judiciales pendientes.
Actualmente, el exmandatario se encuentra en Estados Unidos bajo el estatus de “parole”, otorgado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
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Proceso legal cerrado en EE. UU.
Hernández tuvo protagonismo en la vida política de Honduras durante más de doce años. Fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, pues enfrentaba acusaciones judiciales de haber convertido el poder del Estado en instrumento para facilitar el tráfico de unas 400 toneladas de cocaína hacia territorio norteamericano.
Su juicio develó que respondía a varias organizaciones criminales como El Cartel de Sinaloa de México, “Los Cachiros” y los hermanos “Valle”. En el proceso, varios narcotraficantes hondureños testificaron haber sobornado y financiado su campaña política, entre ellos, Alexander Ardón y Geovanny Fuentes.
El 26 de junio del 2024, el juez Kevin Castel del distrito sur de Nueva York sentenció a Hernández a 45 años de prisión.
El caso dio un giro en diciembre de 2025, a pocos días de las elecciones generales en Honduras. Trump otorgó el indulto a Hernández, al tiempo que impulsaba la candidatura del también nacionalista Nasry Asfura.
Con esta decisión, la defensa de Hernández presentó una moción a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para que cierre la apelación que estaba en curso, deje sin efecto la condena y desestime los cargos.
“La Corte de Apelaciones resolvió, pero la decisión establece que se cierra el caso porque ya no tiene ningún significado legal que el caso continúe abierto. Sin embargo, el expediente continúa intacto, tal como se dio, estará en los récords”, explicó la periodista e investigadora social Carolina Meléndez a Expediente Público.
De modo que, aunque el indulto permitió cerrar las consecuencias penales del caso en contra de Hernández, no representa una declaración de inocencia.
Indulto no borra caso en Honduras
En Honduras, el indulto no borró acusaciones pendientes. Apenas se conoció la decisión, el entonces fiscal general, Johel Zelaya, reactivó una orden de captura internacional por presunto lavado de activos y fraude que había sido emitida en 2023 por un juez de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Esa acusación vincula a Hernández con el caso Pandora II por presunta malversación de fondos públicos. En el proceso están involucrados políticos, altos funcionarios y miembros de la familia de Hernández, quienes habrían desviado al menos 288 millones de lempiras (US$10.7 millones) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de empresas fantasma entre 2012 y 2013.
De acuerdo con la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), al menos 62 millones de lempiras (US$2.3 millones) se habrían destinado al financiamiento de la campaña electoral con la cual Hernández alcanzó la Presidencia en 2014.
Los demás acusados en el caso ya obtuvieron resoluciones judiciales. En febrero del 2024, un juez natural dictó sobreseimiento definitivo al expresidente Porfirio Lobo Sosa y a otro imputado, mientras que dos exfuncionarios siguen siendo procesados.
Intento por despejar trabas legales en Honduras
En el caso de Hernández, sin embargo, tanto la orden de captura y la alerta internacional continúan vigentes. Según el portavoz de la CSJ, Carlos Silva, esto se debe a que el juez designado declaró sin lugar, en marzo del 2026, la solicitud de revocatoria y el recurso de reposición presentados por la defensa de Hernández.
El magistrado consideró que la defensa no cumplió los requisitos necesarios para revocar la medida, explicó Silva a Expediente Público.
Semanas después de esta decisión, la esposa de Hernández, Ana García, declaró ante los medios de comunicación que seguían buscando la forma legal para facilitar el retorno del expresidente.
“Ahora se están presentando otros recursos para que se pueda obtener esa presentación voluntaria que en otros casos se ha concedido (…) Esperamos que se corrija esta situación que no le ha permitido enfrentar el caso como los demás”, manifestó García.
Expediente Público contactó al abogado de Hernández en Estados Unidos, Renato C. Stabile, para conocer los recursos legales interpuestos por su cliente, pero no hubo respuesta. En Honduras, aún queda por resolver al menos uno: un recurso de amparo que se tramita en la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
“El pueblo lo debe tener claro, Juan Orlando va a regresar a Honduras; es su mayor anhelo”, enfatizó García.
Amenazas contra JOH
La familia de Hernández evalúa no solo el peso de los procesos judiciales, sino también los riesgos de su seguridad, pues afirman que hay varias amenazas en contra del exmandatario.
“Recordemos que muchos de los delincuentes, narcotraficantes, asesinos que comparecieron en ese juicio, lo hicieron a cambio de obtener su libertad; muchos de ellos incluso ya están en el país”, manifestó García.
Al respecto, el periodista de investigación Óscar Estrada, que ha seguido de cerca el caso de Hernández, señaló a Expediente Público que uno de los principales actores de preocupación sigue siendo la banda de Los Cachiros.
“Es una estructura muy poderosa, todavía con mucho capital y capacidad operativa en el país, que puede realmente atentar en contra de él”, manifestó.
A ello, Estrada suma los enemigos políticos que Hernández acumuló durante sus dos administraciones, incluidos militantes del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), que podrían usar su figura como catalizador para fortalecer sus propias bases.
Hondurasgate, con marca rusa
Recientemente, Hernández se vio envuelto en un nuevo escándalo internacional conocido como Hondurasgate. Entre abril y mayo de 2026, un grupo anónimo publicó supuestos audios filtrados en los que el expresidente aparece coordinando —junto con los presidentes de Estados Unidos, Israel y Argentina— una presunta operación para desestabilizar gobiernos de izquierda en América Latina, particularmente los de México y Colombia.
El ecosistema español de medios RED, dirigido por Pablo Iglesias, difundió ese contenido asegurando que habían realizado peritajes forenses para verificar la autenticidad de las grabaciones.
Hernández, de su lado, expuso la semana pasada un análisis técnico que, según él, “demuestra científicamente que los audios difundidos no son auténticos y fueron fabricados con voz sintética (IA)”.
La investigación de Expediente Público “Hondurasgate: ¿escándalo o desinformación con marca rusa?” evidenció que, aunque la veracidad de los audios sigue siendo incierta, existen indicios de ser una campaña de propaganda equiparable a las utilizadas por regímenes autoritarios como el de Rusia.
Por otra parte, Estrada recordó que dentro del propio Partido Nacional también hay sectores inconformes con el estilo vertical de liderar que tiene Hernández.
Y agregó que una parte del empresariado hondureño también se opone a Hernández, pues se sintió marginada por sus decisiones, que favorecieron a ciertas élites económicas en detrimento de otras.
¿Qué tanta influencia está ejerciendo?
“Juan Orlando Hernández es un poder fáctico dentro del Partido Nacional y en la opinión pública hondureña”, señaló el analista político Lester Rámirez al describir la influencia que aún ejerce el exmandatario.
Aunque lleva cuatro años fuera del país, su presencia nunca desapareció, a consideración del analista Manuel Torres. La prueba está en los 175,900 votos que obtuvo su esposa, Ana García, en las elecciones primarias de marzo de 2025.
Ella buscaba la candidatura presidencial del nacionalismo, pero quedó en segundo lugar, detrás de Nasry Asfura, quien alcanzó 625,893 votos.
El dirigente nacionalista Roberto Castillo dijo a Expediente Público que el liderazgo del exmandatario se ha reducido por su ausencia en el país, pero no ha desaparecido y mencionó el respaldo obtenido por García. “Quien participó fue la esposa en nombre de él”, enfatizó el político.
La figura de Hernández sigue en la palestra hondureña. Durante un acto oficial en Gracias (departamento de Lempira), la ministra de Desarrollo Social, Fátima Juárez, mencionó a Hernández, en lugar de a Asfura, como presidente actual, pero se corrigió de inmediato. La estampa se hizo viral.
Y hace un mes, el 23 de abril, Hernández se conectó desde Estados Unidos por videollamada a una reunión del movimiento “La Escoba Azul”, dirigido por la nacionalista Mercedes Saravia, quien tiene influencia a nivel de las bases del partido, pero no tienen un cargo de alto nivel.
La piedra en el zapato de Nasry Asfura
Resolver el proceso jurídico en Honduras dependerá más de negociaciones políticas internas, coinciden los analistas. Aunque Hernández tiene cierta ventaja porque su partido está en el poder, la investigadora Carolina Meléndez señala que esta “podría ser un arma de doble filo para Asfura”, ya que cualquier decisión sobre este caso puede interpretarse como manipulación de la justicia.
Estrada, de su lado, recordó que no existe una buena relación entre ambos y que, más bien, Asfura ha buscado desmarcarse del “juanorlandismo” al no incorporar cuadros cercanos a él en su administración.
Sin embargo, el hecho de que Hernández aún conserve influencia y sea aglutinador de bases lo convierte en un desestabilizador del gobierno actual, “por el simple hecho de estar”, comentó Estrada.
De forma contraproducente, este escenario incluso podría terminar beneficiando a Libre. “Todo esto puede debilitar al Partido Nacional como estructura y darle armas a Libre para fortalecerse”, acotó el analista Lester Ramírez.
Pugnas internas en el nacionalismo
A todo esto, se suman las disputas internas que pueden desarrollarse en el nacionalismo. Los analistas coincidieron en que el actual presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, es un personaje clave.
Él se formó en la escuela política de Hernández y fue conocido por ser de sus cuadros. Siendo diputado nacionalista desde el 2010 hasta la fecha, Zambrano fue uno de los 16 legisladores que impulsaron la reforma constitucional que habilitó la reelección de Hernández en 2017.
No obstante, Zambrano también tiene una cercanía con Asfura, quien propiamente lo ungió para liderar el legislativo.
“Habrá que ver cómo (Hernández) se entiende con ellos, pero en todo caso es evidente que las consecuencias del indulto de Trump no terminan con la liberación de Hernández”, concluyó el analista Torres.
Legitimando su figura en el país
Mientras tanto, Hernández continúa limpiando su imagen. El pasado 30 de abril, el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) le restituyó el título honorífico que le había retirado exactamente un año antes.
Durante el evento, la abogada Selene Hernández, presidenta del capítulo de San Pedro Sula del CAH, justificó su decisión argumentando que “en la actualidad (JOH) no tiene ningún hecho en el cual esté debidamente acusado”. No obstante, la CSJ ha confirmado que sí hay una acusación en firme.
Para el analista política Nery Gaitán, la decisión tomada por el CAH “no tiene ninguna significancia”. Más bien, “deja mal parado al colegio, pues se trata de una persona que inevitablemente aún tiene cuentas pendientes con la justicia hondureña”, dijo a Expediente Público.
