* La familia del activista miskitu Brooklyn Rivera Bryan, quien falleció bajo custodia del Estado, anunció que demandará al régimen por la detención y desaparición de sus parientes.
* Una hermana del dirigente, tres sobrinos y dos allegados están en condición de desaparición forzada desde el 31 de mayo, cuando intentaron asistir al sepelio del opositor.
* Relatores y expertos de la ONU exigen a la dictadura orteguista que informe sobre el paradero de los detenidos y su liberación inmediata.
Eric Lemus / Expediente Público
Una hermana, tres sobrinos y dos allegados del dirigente miskitu nicaragüense Brooklyn Rivera Bryan llevan casi un mes en condición de desaparición forzada. Frente a ello, la familia del líder indígena —que murió bajo custodia del Estado tras ser encarcelado por poco más de dos años— anuncia demandas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los familiares y amigos de Rivera Bryan fueron detenidos el 31 de mayo. Ese día viajaron desde la Costa Caribe Norte hasta Managua para reclamar el cuerpo del activista con la intención de sepultarlo en Sandy Bay, en la Costa Caribe Norte, su tierra natal, conforme a la tradición miskitu.
La hija de Rivera Bryan, Tininiska Rivera, conversó con Expediente Público desde el exilio y confirmó que sus parientes continúan en condición de desaparición forzada porque las autoridades no dan parte de su detención o encarcelamiento.
Suscríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
Ella asegura que la dictadura Ortega-Murillo capturó a Alda López Bryan, hermana de Rivera Bryan; Korny Valle Bushey y Jourbis Escobar López, sobrinos; Glenis Panting Coleman, sobrina política; Jorge Webster Rojas, amigo; y Florencia Sarmiento, miembro de la comunidad miskitu.
“No han liberado a nadie y por eso pensamos hacer una denuncia a nivel internacional para que regresen a casa”, dijo Tininiska Rivera. Y añadió que su hermano Wailandi estuvo a punto de ser capturado por la policía. “Se escapó, pero no tengo más información sobre su estado actual”, dijo.
Además, tras la muerte de Rivera Bryan, la dictadura desplegó a la fuerza élite de la Policía en la Costa Caribe Norte para asediar a la población indígena.
Las organizaciones sociales Fundación del Rio y Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas señalan que estas respuestas de la dictadura evidencian una nueva fase de represión contra los pueblos originarios.
Además, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos los relatores para los pueblos indígenas, Albert Karume, y contra la tortura, Alice Jill Edwards, demandaron al Gobierno de Nicaragua que revele el paradero de los familiares de Rivera Bryan y su liberación inmediata.
En la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada el pasado 8 de junio, los representantes de los países expresaron su preocupación por la detención de los familiares de Rivera Bryan.
En la declaración oficial, instaron “al Estado de Nicaragua a liberar de inmediato e incondicionalmente a todas las personas detenidas arbitraria o injustamente, incluidas todas las personas sometidas a desaparición forzada o cuyo destino o paradero se desconoce”.
Castigar y silenciar
La directora de la división América de la organización Human Rights Watch, Juanita Goebertus Estrada, aseveró a Expediente Público que Rivera Bryan, exdiputado de la Asamblea Nacional y miembro del partido Yatama, “murió detenido por un régimen que desaparece a sus opositores y no le rinde cuentas a nadie”.
Para la abogada colombiana, el caso de Rivera Bryan es paradigmático porque “su muerte es el resultado de un sistema que usa la cárcel para castigar y silenciar a quienes se le oponen y hace parte de un patrón más amplio de desmantelamiento de la sociedad civil por parte del régimen Ortega-Murillo”.
En profundidad: Dictadura Ortega-Murillo asedia a indígenas tras la muerte de Brooklyn Rivera
Según el Ministerio de Salud nicaragüense, Rivera Bryan falleció en el hospital Fernando Vélez Paiz, de Managua, debido a complicaciones de “una bacteria generada por el virus Covid-19”. Así publicó esa institución en un comunicado.
Al respecto, Goebertus manifestó: “Mientras el régimen no enfrente consecuencias reales, los presos políticos en Nicaragua van a seguir pagando con su salud y su vida esa impunidad. Toda la comunidad internacional debería demandar el cese de la represión y promover un proceso de recuperación del Estado de derecho en el país”.
Aunque el régimen liberó a prisioneros políticos en tres ocasiones —en marzo de 2023, septiembre de 2024 y enero de 2026—, en el caso del dirigente miskitu fue implacable desde que lo detuvo.
Por su parte, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que Rivera no debió morir bajo custodia del Estado nicaragüense.
“Su muerte se produjo tras el empeoramiento de su estado de salud mientras se encontraba en detención arbitraria. Durante este tiempo, las autoridades lo mantuvieron sin paradero confirmado, sin acceso a su familia ni a defensa de confianza y sin supervisión independiente que verificara su situación”, afirmó Piquer.
Presos políticos en el limbo
Desde la sublevación de 2018, al menos 46 presos políticos continúan privados de su libertad, más de 450 personas han sido desnacionalizadas, al menos 290 periodistas han salido del país, más de 200 miembros de la Iglesia Católica se han exiliado, y 5500 organizaciones sociales han sido cerradas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) se pronunció por la muerte de Rivera Bryan bajo custodia del régimen.
“Instamos a las autoridades nicaragüenses a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y a garantizar que los centros de detención cumplan plenamente con las normas internacionales de derechos humanos (…). Esto incluye proporcionar acceso a atención médica adecuada, notificar a los familiares y garantizar el acceso a representación legal y a un sistema de justicia independiente”, manifestó la vocera de Acnudh, Marta Hurtado, a través de un comunicado.
A través de un pronunciamiento público, la organización civil Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas afirmó que la muerte del dirigente muestra “un patrón de persecución institucional caracterizado por la detención arbitraria, la opacidad jurídica y el ocultamiento de su paradero durante más de 970 días, ignorando las medidas de protección emitidas por organismos internacionales de derechos humanos”.
La lista de reos políticos incluye al líder miskitu y exaliado político Steadman Fagoth Müller, detenido por el Ejército desde 2024, así como al exasesor presidencial y excomandante sandinista, Bayardo Arce Castaño, y al exmilitar Carlos Brenes.
Anulación de liderazgos indígenas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en 2025 la persecución contra los dirigentes originarios en el informe “Violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en Nicaragua”.
La CIDH advirtió sobre acciones dirigidas a desarticular representación política y comunitaria, en un contexto de violencia, despojo territorial y exclusión histórica, que fue profundizándose después de la sublevación ciudadana en 2018.
Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, afirmó a Expediente Público que, en el fondo, el régimen impulsa un modelo racista.
En contexto: Hija de líder miskito Brooklyn Rivera recibe amenazas por denunciar crímenes en la ONU
“Yo creo que el régimen sigue violando los derechos territoriales de las personas y, en este caso, contra los liderazgos hay un proceso de racismo, porque siempre han despreciado a los liderazgos de la costa Caribe del país”, señaló Ruiz, quien, desde el exilio, es un defensor de las comunidades originarias del atlántico nicaragüense.
Para el activista, la dictadura Ortega-Murillo persiguió al jefe miskitu porque sabía que representaba un liderazgo legítimo con el respaldo de su pueblo, independientemente de que en algún momento negoció con el “orteguismo”.
“Él seguía teniendo el respaldo de las comunidades de su pueblo y eso es una cosa que no que no va a quitar el régimen”, sostuvo el ambientalista.
Rivera Bryan, que durante los años ochenta lideró una milicia indígena que enfrentó al sandinismo, también es recordado por conseguir un escaño legislativo en la Asamblea Nacional, como resultado de negociaciones políticas con los Ortega-Murillo que le permitieron presentarse al cargo de elección popular.
Lea, además: Acusación contra Raúl Castro: ¿un precedente contra los Ortega en Nicaragua?
Ruiz se sumó a los reclamos contra la dictadura por no haber permitido que Rivera Bryan fuera sepultado en su tierra natal. “Viola sus raíces, sus tradiciones y el enfoque cultural que tiene como símbolo de lucha para todo el Caribe nicaragüense”, apuntó.
El negocio minero y la persecución
Una investigación de la Fundación del Río y el centro de pensamiento Expediente Abierto reveló cómo la dictatura Ortega-Murillo reformó las leyes ambientales para ceder miles de hectáreas de Áreas Naturales Protegidas a empresas chinas o mediadores que extraen oro de forma ilícita.
El estudio “La influencia china en el sector minero nicaragüense” identificó 71 lotes mineros que fueron otorgados a empresas de origen chino, los cuales cubren más de 966,000 hectáreas, lo que equivale al 8.5% del territorio nicaragüense.
A criterio de Tininiska Rivera, estos negocios explican por qué el sistema represor tiene tras las rejas al menos a ocho indígenas mayangnas que monitoreaban y denunciaban la invasión de colonos y las concesiones mineras.
La detención de los guardabosques ha sido denunciada internacionalmente. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos ha exigido su excarcelación inmediata, pero Managua sigue respondiendo con el silencio.
