* El paradero de miles de víctimas de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 no se esclarece en los juicios masivos que promueve el Gobierno de El Salvador.
* En 2021, la Fiscalía declaró reservada la información sobre al menos 51 cementerios clandestinos por siete años.
* Madres de desaparecidos, entre ellos jóvenes y menores de edad, siguen buscando el paradero de sus seres queridos sin el apoyo estatal y acosados por la propia Policía.
Eric Lemus / Expediente Público
Eneida Abarca busca a su hijo desde hace seis años y es el símbolo de las familias víctimas de desapariciones forzadas a manos de pandillas en El Salvador. El universitario Carlos Ernesto Santos Abarca, de 22 años, es una imagen presente en cualquier espacio público de la capital, puesto que su madre no se cansa de colocar afiches por todas partes en busca de una pista que la lleve hasta él.
En El Salvador, no existe información sobre miles de personas desaparecidas en manos de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. En medio de ese silencio oficial, la última esperanza residía en el juicio masivo y sumario que llevó la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de cientos de mareros.
El martes 21 de abril, un total de 486 cabecillas de la pandilla MS-13 fueron procesados en un megajuicio por su presunta participación en 29,000 homicidios, además de extorsiones y violaciones.
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Las fotografías y los videos difundidos por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia muestran a 413 pandilleros, entre quienes se encontraba parte de la estructura delincuencial conocida como “ranfla nacional”, la cual fue reclamada por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York en 2020.
La FGR informó que en el juicio sumario hubo testigos que incriminaron a los 22 ranfleros, como responsables de ordenar todos los crímenes, pero omitió la revelación de los 51 cementerios clandestinos que utilizaron los delincuentes para deshacerse de sus víctimas.
Entre 2012 y 2022, las pandillas MS-13 y Barrio 18, que controlaron villorrios y zonas rurales del país, actuaron bajo la modalidad conocida como “sin cuerpo, no hay delito”, desapareciendo los cadáveres de sus víctimas para entorpecer las investigaciones judiciales.
El Gobierno de Nayib Bukele, a través de los medios oficiales, desplegó amplia propaganda alrededor del megajuicio. A pesar de ello, las familias de miles de desaparecidos y ejecutados por los pandilleros no obtuvieron la información que esperaban y siguen reclamando a las autoridades por el esclarecimiento del lugar donde están sus seres queridos.
Miembros del grupo ciudadano Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que aglutina a alrededor de cien familias, dijeron a Expediente Público que no tienen el respaldo de la Policía Nacional Civil ni de la Fiscalía cuando buscan información sobre los lugares donde las pandillas enterraron clandestinamente a sus víctimas.
Una de ellas es Eneida Abarca, madre de Carlos Ernesto Santos Abarca. afirmó a Expediente Público que, pese a la indiferencia de las instituciones gubernamentales, seguirá con la búsqueda de su hijo, desaparecido desde el primero de enero de 2020. Esa mañana, relató, el joven salió a ejercitarse y no regresó a casa.
“El Estado salvadoreño tiene la obligación de buscar, de encontrar y juzgar a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad, como son las desapariciones forzadas”, demandó Abarca.
Desde hace tres años, ella lleva 133 vigilias para demandar a las autoridades que participen en la búsqueda de su hijo. También impulsó sus quejas en redes sociales, pero el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública la bloqueó sin dar respuesta.
“El Estado continúa negligente, indolente, indiferente y pasivo, pero la familia Santos Abarca continuará en la exigencia de verdad y justicia para mi hijo”, reclamó la madre.
¿Cuántos desaparecidos?, ¿cuántos cementerios?
La Fiscalía declaró reservada la información de los cementerios clandestinos utilizados por los pandilleros en 2021, con una duración de siete años. En ese entonces, la cifra oficial era de 51 fosas encontradas. Desde entonces, no existen estadísticas oficiales de este tema.
El representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), Marvin Reyes, afirmó a Expediente Público que esa cifra de 51 cementerios era acertada incluso hasta 2022 y lamentó que la Fiscalía haya declarado esa información como confidencial.
Reyes, que fue un destacado investigador antipandillas y ahora defiende los derechos laborales de los agentes policiales, recordó que, desde 2018, empezaron a bajar los homicidios en el país, pero empezaron a aumentar las denuncias de los desaparecidos.
“Ya no se veían tantos muertos en la calle porque ellos estaban escondiendo cadáveres en estos puntos a nivel nacional (fosas clandestinas). La práctica de esconder los cuerpos les resultaba beneficiosa, ya que, al no haber cuerpos, la zona no se llenaba de policías, de investigadores, de fiscales”, señaló Reyes.
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Y criticó: “A nivel de la Fiscalía, había una estadística que rondaba entre 3000 y 4000 ciudadanos reportados como desaparecidos. Hoy no se puede saber porque esa información está bloqueada”.
“La información estaba a disposición de quien la solicitara e, incluso, la misma Fiscalía daba conferencias de prensa exponiendo esta situación sobre quiénes ordenaban todas estas matanzas; pero ahora, que los líderes de las pandillas están presos, ¿por qué no se menciona el tema?, ¿por qué no se les da respuesta a los familiares de estas víctimas?”, inquirió.
El mega juicio contra la MS-13, pese a que todavía sigue siendo publicitado por la prensa oficialista, a diferencia de los procesos judiciales contra el crimen organizado, no ofreció respuestas a personas como Eneida Abarca, que albergó la esperanza de que el proceso judicial diera respuestas sobre el paradero de su hijo desaparecido.
La ranfla nacional en el banquillo
El Gobierno salvadoreño celebró la audiencia en las instalaciones del Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y organizó una visita de periodistas a esta cárcel para promocionar el proceso.
En el pabellón central de la cárcel de máxima seguridad, los pandilleros fueron acomodados en sillas plásticas. A lo largo de tres días, un juez presidió la audiencia mediante un videoenlace. Concluida la diligencia, los presos regresaron a sus celdas.
Entre los acusados estaban los principales mandos de la denominada ranfla nacional: Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias “Diablito de Hollywood”; Carlos Alberto Valdez Herrera, alias “Kid de Santos de Criminal Ganster”; Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias “Snayder de Pasadena”; Dany Fredy Ramos Mejía, alias “Cisco de Teclas”; Eduardo Erazo Nolasco, alias “Colocho de Western”; Efraín Cortez, alias “Viejo de Park View”; Fernando Flores Cubas, alias “Cola de Western”; y César Antonio López Larios, alias “Greñas de Stoner”.
Este último fue deportado de EE. UU. en 2025 junto a un grupo de venezolanos.
El principal ausente en el juicio fue Elmer Canales Rivera, alias “Crook de Hollywood”, quien está encarcelado en la ciudad de Nueva York, donde también estaba recluido López Larios para enfrentar la justicia estadounidense.
Reyes opina que las autoridades tienen una gran oportunidad para esclarecer estas atrocidades de las pandillas porque señala que, de la ranfla nacional, venía la orden de asesinar, desaparecer y enterrar esos cuerpos para no dejar evidencia en las calles.
“Debería tener una profunda investigación tanto convencional como científica, pero no lo han querido hacer y en el juicio colectivo se condenó a muchos más años de prisión a los líderes pandilleros que ya estaban pagando penas de cárcel muy altas, pero no se mencionó el tema de los desaparecidos”, afirmó.
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“Hemos podido percibir que no les van a dar respuesta a los familiares que andan buscando a sus seres queridos reportados como desaparecidos desde hace años, y simple y sencillamente los van a ignorar y van a quedar en impunidad”, lamentó.
Juicios sumarios con información incompleta
La abogada penalista Roxana Cardona sostiene que los juicios masivos contra la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18 fueron diseñados para castigar a las personas que llevaron luto a la sociedad salvadoreña, pero que las autoridades no están hablando de la localización de los cementerios clandestinos.
“Asesinaron, descuartizaron, desaparecieron, pero la mayoría está siendo juzgada por extorsiones, por colaboración con las pandillas, pero ¿por qué a los cementerios clandestinos no les están dando tanta publicidad o tanto auge, o están empezando a escarbar la tierra?”, señaló a Expediente Público.
Para ella, el enjuiciamiento de todos los acusados “está dejando lo más grueso de los casos: desapariciones y homicidios”. Sin embargo, en el megajuicio sí se incluyó el delito de homicidio.
Cardona recordó que, antes de 2018, los juicios confrontaban a los acusados con la información que proporcionaba un pandillero que revelaba información detallada acerca de los delitos cometidos y a quien la Fiscalía le cedía un “criterio de oportunidad” que le reducía la condena.
“El Instituto de Medicina Legal tiene un legajo de fotografías, prendas, pulseras, indumentaria, zapatos; pero ¿por qué todos esos elementos probatorios no se presentan en estos juicios?, ¿dónde está el testigo criteriado que empiece a relacionar los objetos con las víctimas, a decir ‘esto fue de fulano, aquella ropa de fulana… en fin, ellos saben”, insistió Cardona.
Víctimas exigen una Ley de Búsqueda
El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador nació alrededor de 2014 como una agrupación espontánea de familias que habían sufrido la desaparición de alguno de sus miembros.
Sin una sede física, utilizaron las redes sociales para circular fotografías de sus ausentes con el objetivo de presionar a la Fiscalía que realice la búsqueda.
El Salvador cuenta, desde 2017, con una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas por el conflicto armado, (ConaBúsqueda), pero sistematiza solamente información sobre casos relacionados con la guerra civil.
Desde 2025, el Bloque a exige la creación de una Ley de Búsqueda y un mecanismo efectivo para investigar las desapariciones forzadas que sucedieron en las zonas controladas por las pandillas.
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La violencia de las pandillas MS-13 y Barrio 18 dejó miles de casos que no han sido documentados oficialmente.
“Cada persona desaparecida tiene un nombre, una historia y un hogar que nunca deja de esperar. En el Bloque hay registro de niños, padres, jóvenes en edad escolar, profesionales, universitarios, adultos mayores. Su ausencia duele cada día, en cada recuerdo y en cada esperanza que sigue viva esperando su regreso”, explicó un miembro de esa organización civil a Expediente Público, con la condición de mantener su nombre bajo reserva por seguridad.
Señaló que los casos reportados por el Bloque iniciaron en 2010 y que no se han detenido. Y agregó: “Aunque las pandillas están encerradas, siempre tenemos denuncias de personas desaparecidas en 2026 y nos preocupa que el patrón siga activo”.
