La abogada nicaragüense y defensora de derechos humanos Martha Molina Montenegro se hizo nombre por publicar un registro de los atropellos del régimen sandinista contra la Iglesia católica. Su informe “Nicaragua: una Iglesia perseguida” detalla los métodos de persecución religiosa en su país. Conversó con Expediente Público sobre la represión orteguista.
Tomás Guevara / Expediente Público / Washington D.C.
La abogada nicaragüense Martha Molina no duda sobre el valioso aporte que hacen los laicos, tanto desde el terreno como desde el exterior, para dar sustento a las denuncias de la Iglesia católica de Nicaragua ante la comunidad internacional.
Ella es una de las voces que, desde el exilio, ha ido registrando los pormenores de los cientos de ataques que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cometido contra obispos, sacerdotes, seminaristas y feligreses. Lo hace gracias a una red de contactos tejidos durante años de trabajo en su país.
Su informe, “Nicaragua: Una Iglesia perseguida”, que empezó a publicarse en 2022, se ha convertido en una fuente referencial sobre los casos de encarcelamientos, desapariciones forzosas, destierro, persecución y amenazas a miembros de la Iglesia.
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Este año prepara la octava edición del informe con datos actualizados, casos emblemáticos y las mutaciones que el mismo régimen ha puesto en práctica para someter a la Iglesia.
Casi 2.000 ataques a religiosos
En entrevista con Expediente Público, esta defensora de derechos humanos valora el trabajo de la comunidad laica como parte medular de la Iglesia.
“En este momento, los laicos somos la voz más fuerte de la Iglesia católica; es precisamente el momento de los laicos, de dar la cara por la Iglesia. A pesar de todo el miedo” opina.
De acuerdo con la agencia internacional de noticias católicas Zenit. entre 2018 y 2026, se han registrado casi 2,000 casos de persecución y acoso a religiosos en Nicaragua.
Desde Roma, este medio ha contabilizado unas 971 agresiones directas y unas 1,010 hostilidades. Las modalidades incluyen asedios policiales, profanación de templos, detenciones arbitrarias, destierros, robos y campañas de odio, según sus reportes.
Régimen envía espías a las misas
En Nicaragua, explica Molina, hay muchos laicos valientes que registran de forma anónima los acosos a los miembros del clero.
Algunos logran tomar fotos o grabar videos con sus teléfonos, de forma encubierta, a los emisarios del régimen que acuden a las homilías para espiar o simplemente provocar.
“La gente conoce quién es el paramilitar, quién es miembro de la Juventud Sandinista que llega a infiltrarse y a vigilar todo lo que se dice”, señala.
Entre uno de los hechos más recientes recuerda el caso del obispo emérito Abelardo Mata. Mientras oficiaba misa el pasado 28 de junio en la iglesia La Cruz del Calvario, en Estelí, llegaron paramilitares a filmarlo.
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Ese mismo instante, uno de sus contactos de la feligresía la alertó de lo que estaba ocurriendo y le dijo que había gente sospechosa filmando al obispo.
“Yo lo vi como algo rutinario y ese es el problema en el que hemos caído muchas de las personas que damos seguimiento a estos temas, y también los periodistas: ver como algo normal la represión que ocurre todos los días”, reflexiona.
Junto con la alerta, le enviaron fotos y un par de videos de la situación. Ella no los podía publicar para salvaguardar la seguridad de los remitentes.
Molina recuerda lo que les dijo a quienes le dieron alarma: “el obispo siempre es perseguido, siempre es filmado; es algo normal; no hay de qué preocuparse”. Ellos le respondieron: “Está bien, solo le informo”.
Un día después, la situación cambió. El régimen montó un fuerte operativo policial para detener al religioso. Luego vino la desaparición de Mata y la presión de la comunidad internacional exigiendo su liberación.
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Investigación penal contra el obispo Mata
Desde que la dictadura lo encarceló, solo se ha visto una aparición pública del obispo. Fue en una entrevista de televisión controlada por el régimen, después de 40 días con paradero desconocido. Ese video fue parte de una estrategia del orteguismo para mermar la crítica internacional.
En esa ocasión, el pasado 12 de agosto, los televidentes escucharon al monseñor Mata decir que “se mantiene en oración y trabajo intelectual” y que está en su domicilio “llevando una vida monacal”. “Es lo que estoy haciendo aquí”, subrayó.
El periodista nicaragüense Manuel Obando, quien se encuentra desterrado desde 2023, sospecha que el régimen manipuló la entrevista, según comentó a Expediente Público.
“Cuando el entrevistador se despide, el obispo Mata cierra con una frase muy llamativa: ‘Esto tiene que concretarse’ y eso nos llama la atención”, opinó el periodista; a su criterio Mata estaría planteando exigencias que el régimen no ha cumplido.
La causa judicial del obispo, de 80 años, sigue abierta. El régimen ha dicho que busca esclarecer el origen de sus propiedades y los vínculos familiares del religioso.
Bajo este panorama, Molina considera que los obispos y sacerdotes deben actuar con mayor prudencia para no llamar la atención del régimen y sus acólitos.
Nicaragua: ‘un Estado criminal’
Para Molina, la situación de Nicaragua responde a la lógica de un Estado criminal. Comentó que, al ser un país pequeño y fácil de controlar, la dictadura sandinista ha creado brazos operativos en todos los ámbitos.
“La dictadura sandinista tiene a sus pies al Ejército, a la Policía, a los grupos paramilitares, que ya están reconocidos en la Constitución Política de Nicaragua; tiene a los Consejos del Poder Ciudadano y a miembros de la Juventud Sandinista, que son las turbas”, afirmó.
Esta experta considera que la gran mayoría de nicaragüenses subestimó la capacidad de represión que podía experimentar el país con la segunda llegada de Daniel Ortega al poder.
Molina subraya que incluso el clero desconoció el riesgo de caer en otra dictadura porque —y se incluye— las personas que no vivieron el primer tiempo de Ortega con la Revolución Sandinista (1979 – 1990) ignoraban la historia.
Molina apunta que el entramado represivo desplegado por el régimen sandinista ha logrado hacer mucho daño a Nicaragua, atacando hasta el último vestigio visible de oposición y lograr que esos hechos queden en la impunidad.
“Tenemos que recordar que Nicaragua es un Estado meramente criminal. Los Estados criminales buscan que estos grupos que sirven para presionar y hacer daño vean a los pobladores como cosas. El ser humano, en un Estado criminal, es cosificado”, expone.
Bajo esta perspectiva, cree que quienes responden a los lineamientos de la dictadura se sienten facultados para torturar, perseguir, difamar y hasta matar a quien consideran opositor “porque están viendo una cosa y no un ser humano”.
Denuncia que la dictadura ha logrado utilizar a estos grupos para hacer todo el trabajo sucio de asediar, vigilar, amenazar y crear toda la persecución contra las comunidades religiosas.
El Premio Internacional de Libertad Religiosa
En 2023, Nicaragua experimentaba uno de los picos más fuertes de represión contra la Iglesia con más de 321 casos de agresiones directas, un recuento que había empezado a correr desde que estalló la crisis en 2018, según los recuentos del estudio Nicaragua: una Iglesia perseguida.
Molina buscó protección en Estados Unidos a donde migró en 2021. Dos años después de su llegada, el Departamento de Estado la reconoció con el Premio Internacional de Libertad Religiosa, por su trayectoria y trabajo de documentar los atropellos del régimen sandinista a las comunidades religiosas de Nicaragua.
“Sus exhaustivos informes incluyen relatos detallados sobre las prohibiciones gubernamentales de procesiones y otras ceremonias católicas, la expulsión de miembros del clero del país y las detenciones arbitrarias de sacerdotes, laicos y feligreses católicos”, consideró el Departamento de Estado al otorgarle el reconocimiento.
La doble cara de la comunidad internacional
No obstante, esta activista cree que, en el caso de Nicaragua, la comunidad internacional sigue mostrando contradicciones de fondo.
“Siempre me he atrevido a decir que la comunidad internacional tiene una doble cara, una doble moral”, apunta.
Argumenta que, por un lado, surgen condenas a la dictadura en países y en foros diplomáticos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) y, por otro, esos mismos países “están alimentando financieramente al régimen sandinista”.
En la lógica de la dictadura —apunta—, esos fondos no son para proyectos sociales, sino para pagar a sus cuerpos de seguridad, militares y policías que materializan la represión.
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Molina sostiene que la dictadura invierte los dividendos de las inversiones y de la cooperación en mantener los cuerpos represivos, como aquellos grupos paramilitares que vigilan día y noche a unos 600 sacerdotes en las diferentes diócesis de Nicaragua.
El riesgo de ser migrante y opositor
La activista también critica la forma en que se trata a los migrantes que huyen de Nicaragua para salvaguardar sus vidas. Denuncia que muchos países aún les ponen trabas pese a que conocen la grave situación que atraviesan.
“Este es también un momento muy preocupante para nosotros, los migrantes (nicaragüenses) que nos encontramos en diferentes puntos del mundo”, señala Molina. Ella aún batalla para conseguir el estatus de protección bajo asilo en Estados Unidos.
“La inestabilidad migratoria que existe en algunos países, por ejemplo, aquí, en EE. UU., nos pone en mayor riesgo porque en cualquier momento nos pueden deportar”, asegura.
Sostiene que, para cualquier inmigrante considerado crítico del régimen sandinista, regresar al país es caer en las garras de la dictadura.
“Un día estamos acá y otro día podemos ser, por ejemplo, deportados a África o a Nicaragua”, reclama.
Un jaque a la diplomacia internacional
Esta experta cree que al menos la comunidad internacional ha logrado entender de alguna manera la dimensión real de lo que está pasando en Nicaragua. Los sucesivos informes de estas organizaciones contribuyen a comprender las dinámicas del régimen, sostiene.
Apunta que los diplomáticos de Estados Unidos y la Unión Europea, por poner algunos ejemplos, se han dado cuenta de que es imposible abrir un espacio de diálogo con el sandinismo.
“En estos últimos tiempos, ni siquiera países expertos en diplomacia y con un gran poderío han sabido qué hacer o cómo solucionar esta grave crisis que estamos enfrentando en Nicaragua”, afirma.
El exencargado de Negocios de la embajada de EE. UU. en Managua Kevin O’Reilly dijo recientemente a Expediente Público que la dictadura Ortega–Murillo ha logrado instalar en el país una paranoia colectiva.
Agregó que, dado el nivel de represión en el país, se complican los espacios de acción diplomática de los países occidentales dentro de Nicaragua.
La abogada Molina dice que con esos análisis muestran que la comunidad internacional ha comprendido lo que está ocurriendo en Nicaragua y que aún falta mucho por hacer.
