La persecución a exiliados nicaragüenses desafía a Costa Rica
Los atentados contra opositores nicaragüenses en el exilio exponen los límites de la protección fuera de su país. Autoridades costarricenses afirman que revisan sus protocolos y advierten que la falta de cooperación internacional puede dificultar las investigaciones.
El exilio no siempre garantiza la seguridad de quienes huyen de la persecución política. En Costa Rica, los atentados contra opositores nicaragüenses han puesto en evidencia los riesgos que enfrentan incluso después de abandonar su país y las dificultades para investigar agresiones que trascienden fronteras.
Reinaldo Picado, integrante del Movimiento Campesino de Nicaragua, sobrevivió a dos atentados en Costa Rica en 2026, el más reciente en septiembre. Roberto Samcam, mayor en retiro del Ejército nicaragüense y opositor a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue asesinado en su vivienda en ese país el 19 de junio de 2025.
Picado y Samcam no son las únicas víctimas de la violencia contra opositores nicaragüenses en el exilio. En Honduras se han registrado otros casos, como el de Rodolfo Rojas; en Costa Rica, Joao Maldonado sobrevivió a dos ataques armados y Jaime Ortega fue asesinado.
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La Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) ha documentado al menos 12 asesinatos e intentos de asesinato contra nicaragüenses exiliados en Honduras y Costa Rica. Por su parte, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha registrado más de 200 casos de agresiones transnacionales.
Aunque Costa Rica ha sido uno de los escenarios más frecuentes de estas prácticas, el colectivo también ha documentado casos en Guatemala, Honduras, México, España y EE. UU.
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Desde 2018, Costa Rica se ha consolidado como el destino de mayor acogida para los nicaragüenses que huyen de la crisis política y la persecución en su país. En marzo de 2025, albergaba a más de 200.000 solicitantes de asilo y refugiados nicaragüenses, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Costa Rica ante la persecución transnacional
Los ataques contra opositores nicaragüenses exiliados plantean interrogantes sobre la capacidad de las autoridades costarricenses para protegerlos y esclarecer los atentados.
Costa Rica, el tercer país centroamericano con mayor tasa de homicidios, enfrenta el desafío de investigar no solo los crímenes contra sus ciudadanos, sino también las agresiones contra los exiliados que buscaron refugio en su territorio.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de ese país aseguró a Expediente Público que revisa sus protocolos de protección, busca posibles patrones comunes entre los ataques y mantiene mecanismos de cooperación internacional. Sin embargo, advirtió que la falta de intercambio de información con otros países puede limitar las investigaciones.
Aníbal Toruño, director de Darío Medios Internacional, quien vivió exiliado en Costa Rica entre 2022 y 2026, luego que la dictadura destruyera su radio en 2018, sostuvo que el país carece de la infraestructura, el financiamiento y los recursos necesarios para enfrentar por sí solo la represión transnacional.
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“Cuando nos establecimos en Costa Rica, con el tiempo me di cuenta de que no es el país tan seguro como lo veía desde el exterior. El brazo largo de Ortega y Murillo en la represión transnacional, en la persecución, vigilancia, asesinatos y atentados estaba en Costa Rica”, afirmó a Expediente Público.
Por ello, pide apoyo de países con mayores capacidades para fortalecer los mecanismos de protección e investigación destinados a los nicaragüenses exiliados.
La situación de Toruño evidencia los riesgos que enfrentan los periodistas en el exilio. En abril de 2026, las autoridades costarricenses le advirtieron de la posibilidad real de que sufriera un atentado.
En septiembre de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Toruño y su núcleo familiar, al considerar que enfrentaban una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de sufrir daños irreparables.
“Los riesgos de vivir en Costa Rica son muy grandes, yo sentía que no había salido de Nicaragua. Ellos no tienen ni las instituciones ni los recursos como para poderse enfrentar a Daniel Ortega”, sostiene el periodista, quien finalmente encontró refugio en un tercer país.
Dos atentados contra Reinaldo Picado
El primer ataque contra el campesino nicaragüense Reinaldo Picado ocurrió el 27 de junio de 2026, cuando salía de su casa en San Diego de La Unión, en la provincia costarricense de Cartago. Según relató a Expediente Público, un hombre lo persiguió e intentó dispararle en la cabeza.
El arma del atacante falló, lo que permitió a Picado forcejear con él y salir ileso. Tras el atentado, el Gobierno costarricense le ofreció medidas de protección, pero las rechazó por temor a que no fueran efectivas.
Casi tres meses después, el 14 de septiembre, volvió a ser atacado. Esta vez, un hombre armado le disparó mientras trabajaba en una vivienda en San José. Picado recibió tres impactos de bala —dos en el pecho y uno en el abdomen— y quedó gravemente herido.
Tras el segundo atentado, las autoridades costarricenses le brindaron un régimen de aislamiento y protección, según informó a Expediente Público Medardo Mairena, dirigente del Movimiento Campesino.
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En una entrevista a este medio, posterior al primer ataque, Picado responsabilizó al régimen de Ortega y Murillo de cualquier atentado contra su vida. Recordó que, en octubre de 2022, las autoridades nicaragüenses habían solicitado a Costa Rica su captura y extradición.
“Todos sabemos que el régimen (Ortega Murillo), al no poderme llevar en el momento que ellos querían… eso fue una derrota para ellos. Entonces, yo estaba seguro de que, de alguna u otra manera, iban a buscar asesinarme de manera vil y cobarde… Yo estoy más que seguro de que es de parte de ellos”, afirmó.
Picado formó parte de la Resistencia Nicaragüense durante la década de 1980. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista, se exilió. Regresó a Nicaragua en los años noventa, donde se dedicó a la agricultura y al comercio de animales, pero tuvo que abandonar nuevamente el país en agosto de 2018, después de participar en las protestas contra el Gobierno.
Su percepción sobre la seguridad en Costa Rica también ha cambiado.
“En otras épocas Costa Rica ha sido un país muy seguro para el exilio nicaragüense. Al menos en la década de los ochenta aquí (en Costa Rica) se exilió mucha gente igual y había mucha seguridad, no se daban estas cosas, pero ahora las cosas son diferentes… el enemigo tiene acceso a muchas cosas que le han facilitado darnos persecución”, señaló.
El OIJ reconoce límites en las investigaciones transnacionales
Consultado por Expediente Público sobre los ataques contra opositores nicaragüenses, el OIJ afirmó que sus investigaciones incluyen la búsqueda de posibles patrones comunes entre los casos.
“Como parte del abordaje y análisis que se realiza en este tipo de casos, se efectúan diversas metodologías de trabajo, dentro de ellas la búsqueda y comparación (si los hay) de posibles elementos en común, siendo que no se descarta a priori ninguna línea de investigación”, respondió la institución.
El OIJ también indicó que sus protocolos de protección de víctimas y testigos se revisan y actualizan regularmente, de acuerdo con las condiciones de seguridad, criminalidad y otras necesidades institucionales.
En el caso de Roberto Samcam, asesinado en 2025 en San José, precisó que el opositor no estaba incorporado al Programa de Protección de Víctimas.
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La institución explicó que, cuando las investigaciones involucran a posibles actores que operan fuera del territorio costarricense, mantiene coordinación con autoridades policiales de otros países y organismos internacionales. No obstante, reconoció que la falta de cooperación o intercambio de información puede imponer limitaciones.
“En los casos en que no existe cooperación o intercambio de información con agencias policiales de otras naciones, claramente afecta cualquier investigación e impone una limitante”, señaló el OIJ. Añadió que busca establecer acercamientos mediante otras instancias, como el Ministerio Público y la Cancillería.
El asesinato de Roberto Samcam, sin respuesta
El mayor en retiro Roberto Samcam fue asesinado el 19 de junio de 2025 en su vivienda, en el sector de Moravia, en la capital costarricense. Un hombre armado ingresó a la casa y abrió fuego contra él. Según el OIJ, recibió al menos ocho impactos de bala.
Se identificó a Luis Fernando Carvajal Fernández, de nacionalidad costarricense, como presunto autor material del crimen. Fue detenido el 10 de febrero de 2026.
En junio, la Fiscalía presentó una acusación formal y solicitó la apertura de juicio contra Carvajal y otros tres hombres presuntamente vinculados con el homicidio.
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Sin embargo, la investigación para identificar a quien ordenó el asesinato tuvo un desenlace distinto. El 5 de octubre de 2026, la Fiscalía costarricense archivó esa línea de investigación por considerar que no existían elementos suficientes para identificar al responsable de la autoría intelectual. La investigación puede reabrirse si aparecen nuevas pruebas.
Aníbal Toruño recuerda que, en las entrevistas que realizó a Roberto Samcam, el militar retirado advirtió sobre la existencia de una estructura de represión transnacional del régimen nicaragüense, a la que describió como “un equipo de inteligencia estructurado desde hace muchísimos años en Costa Rica”.
“Su asesinato demuestra su hipótesis: llegaron con un plan estructurado hasta su casa para asesinarlo”, sostiene Toruño.
Familiares exigen justicia frente al crimen
Claudia Vargas, socióloga, viuda de Samcam y defensora de derechos humanos, reclamó que las pesquisas no se limiten a los presuntos ejecutores.
“Necesitamos saber quién lo ordenó, quién lo planificó, quién lo financió. Quiero reconocer los avances del Organismo de Investigación Judicial en la investigación, en la identificación de los presuntos responsables materiales, pero la justicia no puede detenerse ahí. Estamos frente a un crimen de una gravedad enorme. La Fiscalía tiene que regresar a la hipótesis de la represión transnacional”, afirmó en una entrevista con medios independientes.
Vargas reconoció que la labor de las autoridades costarricenses durante el primer año de investigación fue positiva, pero recordó que estas han señalado las limitaciones de sus capacidades para investigar la persecución transnacional.
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“El OIJ ha expresado que no son una oficina de investigación transnacional y que podrían no tener dentro de sus marcos jurídicos la capacidad para hacer este tipo de investigación y este tipo de juicio, y es lo que hace es generar impunidad en los países de acogida”, sostuvo.
La defensora también cuestionó que las autoridades trasladen a las víctimas o a sus representantes la responsabilidad de impulsar las pesquisas. A su juicio, Costa Rica debe dejar claro que no tolerará actos de persecución política en su territorio.
“Dentro del país debe haber un mensaje claro y contundente de no tolerancia a estas prácticas represivas en territorio costarricense porque es una amenaza a la seguridad de cada uno de nosotros como defensores, pero también es una amenaza a la soberanía de Costa Rica”, afirmó.
Toruño coincide en que el caso de Samcam evidencia las dificultades para identificar a los responsables intelectuales más allá de los presuntos autores materiales. Por ello, considera necesario el apoyo de organismos internacionales y otros países para profundizar las investigaciones y determinar quiénes ordenaron el asesinato.
Joao Maldonado: dos atentados y un juicio postergado
Los casos de Picado y Samcam no son los únicos ataques contra opositores nicaragüenses refugiados en Costa Rica.
Joao Maldonado, opositor nicaragüense exiliado en Costa Rica, tuvo que trasladarse a EE. UU. para proteger su integridad física después de sobrevivir a dos ataques armados en territorio costarricense.
El primero ocurrió el 11 de septiembre de 2021, cuando fue interceptado por sus agresores en Escazú, San José. Recibió cinco impactos de bala, pero sobrevivió. El 10 de enero de 2024 volvió a ser atacado, cuando viajaba con su esposa, Nadia Robleto, quien recibió un disparo en la columna. Él sufrió ocho impactos de bala.
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Según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, una organización integrada por activistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica, las primeras indagaciones del OIJ apuntaron a la posible participación de al menos ocho personas en la ejecución o planificación del segundo ataque contra Maldonado.
En octubre de 2024 fue detenido Jeremy Jacobo Rivas, quien, según la información disponible al cierre de este reportaje, era el único acusado por tentativa de homicidio contra Maldonado y Robleto.
El juicio previsto contra Rivas ante el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, en Costa Rica, fue postergado en julio de 2026.
Maldonado ha señalado públicamente al Ejército de Nicaragua y al Frente Sandinista, controlados por el régimen de Ortega y Murillo, como responsables de ordenar los atentados.
Aníbal Toruño considera que los ataques contra Maldonado y el asesinato de Samcam evidencian que los riesgos para los exiliados siguen vigentes. Según afirmó a Expediente Público, Samcam había advertido sobre el seguimiento a periodistas y activistas nicaragüenses en Costa Rica y el peligro de que estas prácticas derivaran en agresiones.
La protección migratoria no siempre garantiza seguridad
Las dificultades para proteger a los opositores preocupan a las organizaciones de derechos humanos. Yader Valdivia, abogado del Colectivo Nunca Más, considera que los países de acogida deben complementar el reconocimiento de la condición migratoria con medidas de seguridad adaptadas a los riesgos individuales.
Valdivia explicó a Expediente Público que solicitar refugio en Costa Rica permite acceder a una categoría migratoria que las autoridades pueden conceder o rechazar, pero que no necesariamente incluye una evaluación individualizada del riesgo ni medidas específicas de protección.
“Estos países de acogida [deberían] complementar la categoría migratoria con acciones puntuales que puedan identificar, dentro de las entrevistas de elegibilidad que realizan a cada persona, el nivel de riesgo o el nivel de persecución que viven en Nicaragua”, recomendó.
El abogado señaló que la organización ha identificado al menos ocho patrones de persecución transnacional durante los años de crisis sociopolítica en Nicaragua. Entre ellos figuran las amenazas, el hostigamiento, los impedimentos para ingresar al país, la negación de documentos consulares, la vigilancia transfronteriza y en redes sociales, la persecución judicial, el destierro forzado, la privación de nacionalidad, las solicitudes de extradición y las agresiones físicas.
“Hemos documentado más de 200 casos que constituyen agresiones transnacionales. Dentro de estos tenemos los casos de personas despojadas de su nacionalidad. Tenemos documentados los casos de personas que han sido trasladadas de manera forzada hacia Guatemala o Estados Unidos”, afirmó.
Valdivia indicó que, aunque Costa Rica ha sido uno de los principales escenarios de estas prácticas, la organización también ha documentado casos en Guatemala, Honduras, México, España y Estados Unidos.
“Toda esta situación de la represión transnacional efectivamente convierte al exilio en un nuevo campo de riesgo y de persecución, es decir, que el régimen ha utilizado las debilidades de algunos países en sus legislaturas y también el principio de no intervención como una forma de poderse beneficiar en lo que es la impunidad extraterritorial”, denunció.
La persecución transnacional llega al Senado de Estados Unidos
Los riesgos que enfrentan los opositores nicaragüenses en el exilio fueron abordados el 30 de septiembre de 2026 durante una audiencia del Senado de Estados Unidos titulada La crisis política de Nicaragua: el asalto de Ortega a la democracia.
Eddy Acevedo, vicepresidente de Política y Relaciones Gubernamentales de la NED, denunció la persecución transnacional contra los nicaragüenses exiliados.
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Durante su intervención, señaló que se habían documentado al menos 12 asesinatos o intentos de asesinato contra nicaragüenses en el exilio en Honduras y Costa Rica.
“Roberto Samcam fue asesinado en la puerta de su casa. Hace dos semanas otro nicaragüense (Reinaldo Picado) fue baleado en un segundo intento de asesinato en su contra. El régimen Ortega Murillo tiene miedo a la población”, afirmó Acevedo.
Organismos internacionales alertan sobre la represión transnacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) también han alertado sobre la intensificación de la represión transnacional contra los nicaragüenses en el exilio.
El GHREN ha documentado prácticas como la vigilancia, las amenazas, el hostigamiento y la violencia contra familiares de opositores y contra las organizaciones que los acompañan.
Ambos organismos han instado a Nicaragua a poner fin a la represión transnacional y a la privación arbitraria de la nacionalidad, garantizar una protección efectiva para las personas exiliadas y restituir los derechos que les han sido restringidos arbitrariamente.
Los casos de Picado, Samcam y Maldonado muestran que la seguridad en el exilio no depende únicamente de abandonar el país del que se huye. También requiere mecanismos de protección capaces de responder a los riesgos individuales y cooperación entre los Estados para investigar agresiones que puedan tener conexiones transnacionales.
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Para las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, el desafío sigue siendo que la protección llegue antes de que ocurran los ataques y que las investigaciones permitan establecer todas las responsabilidades, incluidas las de quienes ordenaron los crímenes.
“Mi radio fue destruida por un régimen autoritario que sigue persiguiendo a periodistas y activistas más allá de las fronteras de Nicaragua”, concluye Toruño, quien lleva cinco años en el exilio y dos desde que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le retiró la nacionalidad, junto con otras 93 personas.
