CEPAL advierte que Centroamérica enfrenta viejos rezagos y nuevos desafíos
José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, identifica cuatro condiciones que marcan el presente de la región: la competencia entre potencias, el tránsito de actividades ilícitas, la migración y la vulnerabilidad climática.
Centroamérica enfrenta un escenario internacional marcado por la disputa entre grandes potencias, la expansión del crimen organizado, los flujos migratorios y la vulnerabilidad ante el cambio climático.
Así lo advierte José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien identifica estos cuatro factores como algunos de los principales desafíos que condicionan el presente y el futuro de la región.
Durante el foro Mareas cambiantes: transformaciones estratégicas y geopolíticas en Centroamérica, celebrado el 26 de octubre de 2026 en Washington, el economista costarricense presentó un diagnóstico sobre las transformaciones internacionales y sus repercusiones geopolíticas, económicas e institucionales en el istmo.
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Salazar-Xirinachs señaló que, mientras Centroamérica adquiere relevancia estratégica en el nuevo orden mundial, sus países siguen enfrentando dificultades para transformar el crecimiento económico en bienestar, fortalecer sus instituciones y construir modelos de desarrollo sostenibles.
La exposición tuvo lugar en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) de la Universidad Johns Hopkins, donde el titular de la CEPAL planteó la necesidad de que los gobiernos centroamericanos se preparen para un mundo en transformación.
Una región bajo presión geopolítica
Para Salazar-Xirinachs, Centroamérica no puede analizarse al margen de las transformaciones que están reconfigurando el escenario internacional.
El economista costarricense explica que el mundo atraviesa cambios profundos como la reconfiguración de la globalización, la erosión del multilateralismo y la transición del orden internacional, de una hegemonía estadounidense hacia una competencia entre varios países, entre ellas China y Rusia.
A estos cambios se suman el retroceso global de la democracia, la polarización política, la desinformación, el retroceso en los derechos de las minorías y el debilitamiento de los consensos internacionales sobre el cambio climático.
Salazar-Xirinachs advierte que también está cambiando la lógica de las relaciones económicas internacionales. “Hemos pasado de priorizar la eficiencia y confiar en la interdependencia y en las fuentes de suministro a priorizar la seguridad y desconfiar tanto de la interdependencia”, señaló.
Ese giro tiene implicaciones particulares para Centroamérica debido a su proximidad geográfica y dependencia económica de EE. UU.
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El diagnóstico forma parte de un trabajo promovido por la CEPAL para estudiar los cambios geopolíticos, la globalización y sus consecuencias para el desarrollo de América Latina y el Caribe.
Después de asumir la dirección del organismo en 2022, Salazar-Xirinachs impulsó la conformación de una comisión internacional de 13 integrantes, entre ellos la expresidenta chilena Michelle Bachelet, el expresidente colombiano Iván Duque y Josep Borrell, exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
“Esto para ofrecer una perspectiva más amplia sobre los profundos cambios que se están produciendo en el entorno internacional”, acotó Salazar-Xirinachs.
Crecer más, pero también crecer mejor
Uno de los principales argumentos de Salazar-Xirinachs es que Centroamérica necesita mantener su crecimiento económico, pero sobre todo conseguir que este produzca mejores resultados sociales, económicos y ambientales.
Los datos presentados por el secretario ejecutivo muestran que los seis países analizados superaron el crecimiento promedio de América Latina entre 2010 y 2025.
Panamá registró un crecimiento promedio anual del 5,4%; Costa Rica, del 3,8%; Nicaragua, del 3,7%; Guatemala, del 3,6%; Honduras, del 3,5%, y El Salvador, del 2,6%. El promedio latinoamericano fue del 1,9%.
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Sin embargo, esos resultados no han conseguido cerrar las brechas económicas y sociales entre los países ni garantizar mejores condiciones de vida para sus poblaciones.
En 2010, todas las economías centroamericanas tenían un PIB por habitante inferior al promedio de América Latina y el Caribe. Para 2025, Costa Rica y Panamá habían superado ese umbral, con niveles cercanos a los US$20.000 anuales.
El resto de los países continúa rezagado, con altos niveles de pobreza y limitaciones para generar empleos de calidad.
Las cifras del Banco Mundial muestran la dimensión de esas diferencias. En El Salvador, la pobreza alcanza al 30,3% de la población, mientras que en Guatemala podría llegar al 56% en 2026, según las estimaciones citadas en el documento. En Honduras, el indicador alcanza el 60,1% y en Nicaragua, el 24,9%.
Para Salazar-Xirinachs, el desafío no consiste únicamente en mantener las tasas de crecimiento, sino en transformar las estructuras productivas y generar oportunidades para la población.
El objetivo es pasar de economías dependientes de actividades tradicionales y de bajo valor agregado a modelos sustentados en manufacturas avanzadas, empresas de alta tecnología, servicios digitales y actividades intensivas en conocimiento.
“Panamá y Costa Rica, en particular, han mostrado un desempeño sólido durante los últimos quince años. Sin embargo, el crecimiento económico no ha sido suficiente para mejorar la inclusión social y generar suficientes empleos de calidad”, explicó.
La concentración de la actividad económica también refleja las diferencias entre los países. Guatemala representa cerca del 29% de la producción regional, Costa Rica el 25% y Panamá aproximadamente el 21%. El restante 25 % se lo reparten Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Las remesas evidencian la dependencia económica
Otro de los elementos que el titular de la CEPAL coloca en perspectiva es el peso de las remesas en las economías del norte centroamericano.
Estos recursos son fundamentales para sostener el consumo de millones de hogares y constituyen una de las principales fuentes de divisas de Honduras, Guatemala y El Salvador.
En 2025, Honduras recibió US$12.212 millones en remesas, equivalentes al 30,1% del PIB. Guatemala acumuló US$25.530 millones, equivalentes al 20,7% de su economía, mientras que El Salvador recibió US$9.988 millones, un 24% de su PIB.
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El titular de la CEPAL señaló que, aunque las transferencias contribuyen a reducir la pobreza y sostener el consumo familiar, también revelan la dependencia de millones de hogares de los ingresos generados por trabajadores en el exterior.
La situación es distinta en Costa Rica y Panamá, donde las remesas representan alrededor del 1% de sus respectivas economías.
Deuda, educación y desigualdad: las otras trampas del desarrollo
Salazar-Xirinachs advierte que el pago de intereses de las deudas reduce los recursos disponibles para atender las prioridades de desarrollo.
“Cada dólar destinado al pago de intereses (por deuda) es un dólar que no puede invertirse en prioridades de desarrollo”, explicó.
A esa restricción se suman las desigualdades y los rezagos educativos. Centroamérica continúa mostrando dificultades en lectura, matemáticas y ciencias, lo que limita las posibilidades de movilidad social y la capacidad de competir en manufacturas avanzadas, servicios digitales y actividades intensas en conocimiento.
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Para el secretario ejecutivo, estos problemas están conectados. La baja calidad educativa reduce la productividad, mientras que la desigualdad restringe las oportunidades de las personas para incorporarse a actividades económicas de mayor valor agregado.
Las diferencias también se reflejan en los sistemas de protección social y pensiones, que en buena parte de la región resultan insuficientes para garantizar condiciones dignas durante la vejez.
La debilidad institucional amenaza el desarrollo
Uno de los principales obstáculos que identifica Salazar-Xirinachs es la fragilidad de las instituciones y la limitada capacidad de los Estados para responder a las necesidades de sus poblaciones.
La calidad de la gobernanza, la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones son factores que condicionan tanto el desarrollo económico como la estabilidad democrática.
El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project refleja diferencias importantes entre los países centroamericanos. Costa Rica y Panamá mantienen mejores posiciones que El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.
Para el titular de la CEPAL, el problema va más allá de la democracia electoral. También involucra la capacidad de las administraciones públicas para implementar políticas, atender las demandas ciudadanas y producir resultados.
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“En la CEPAL hemos detectado una característica como trampa del desarrollo de la región (centroamericana) y es la debilidad institucional y gobernanza poco efectiva”, advirtió.
Frente a este escenario, el organismo identifica cuatro prioridades: fortalecer las capacidades del Estado, recuperar la legitimidad institucional, construir acuerdos en sociedades polarizadas y enfrentar la expansión del crimen organizado.
“Los países centroamericanos pueden fortalecer sus capacidades institucionales y su capacidad de acción política para desenvolverse mejor en esta nueva era”, señaló Salazar-Xirinachs.
Cooperar sin necesidad de pensar igual
La cooperación regional aparece como otra de las condiciones para afrontar los desafíos geopolíticos y económicos.
Para Salazar-Xirinachs, los países centroamericanos no necesitan compartir todas sus posiciones políticas para coordinarse en asuntos estratégicos.
“Los países de la región (centroamericana) no necesitan estar de acuerdo en todo para cooperar. Necesitamos una coordinación pragmática en torno a objetivos concretos”, planteó.
El secretario ejecutivo también advierte que los factores relacionados con la seguridad, el comercio y la inversión delimitan en gran medida el espacio de establecer alianzas.
La advertencia de Salazar-Xirinachs indica que la región no puede limitarse a confiar únicamente en sus resultados de crecimiento económico. Necesita fortalecer sus instituciones, reducir las desigualdades y construir políticas de desarrollo capaces de generar oportunidades para los 52 millones de personas que habitan la región.
