Choque de poderes en Guatemala ensombrece segunda vuelta presidencial

Choque de poderes en Guatemala ensombrece segunda vuelta presidencial

*El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) de Guatemala, José Rafael Curruchiche, pidió este miércoles 12 de julio la suspensión de la personería jurídica del partido Semilla.

**El juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, avaló la solicitud por un supuesto caso de corrupción que ha generado una nueva crisis política en el país centroamericano.

***Miles de guatemaltecos salieron a las calles del Centro Histórico para exigir la destitución del fiscal Curruchiche y el respeto a la Constitución.


Eric Lemus / Expediente Público

La candidatura de Bernardo Arévalo, el líder del principal partido opositor guatemalteco, el Movimiento Semilla, enfrenta un nuevo escollo para participar en la segunda vuelta electoral, después de convertirse en la sorpresa de los comicios guatemaltecos.  

Arévalo, hijo del expresidente Juan José Arévalo que gobernó Guatemala entre 1945 y 1951, se convirtió el pasado 25 de junio en el segundo candidato más votado por detrás de Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). 

Ambos políticos debían enfrentarse en una segunda vuelta, prevista para el próximo 20 de agosto, de acuerdo al calendario electoral. 

El Tribunal Supremo Electoral reiteró la tarde de este jueves que la segunda vuelta electoral el 20 de agosto será entre Arévalo y Torres, elevándose así el conflicto entre los poderes estatales. 

“Ante cualquier intento de interferir en el proceso electoral mediante la judicialización o cualquier otra vía, el Tribunal Supremo Electoral se asistirá de la vigencia plena del  sistema de gobierno democrático reconocido en la Constitución”.

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En limbo segunda vuelta en Guatemala

La decisión del juez séptimo de instancia penal Curruchiche de ilegalizar al partido Movimiento Semilla generó una crisis política sin precedentes.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), que oficializó a ambos contendientes, está en un limbo jurídico luego que Curruchiche inició esta diligencia fiscal.

La causa iniciada por el MP alega que Semilla cometió fraude en la inscripción de unas firmas al momento de su creación.

Personal de la fiscalía allanó la mañana de este jueves 13 de julio la sede del Registro de Ciudadanos del Tribunal Electoral.

Curruchiche fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos en 2022 acusado de fabricar falsos casos en contra de exautoridades del sistema judicial.

Mientras que el juez Orellana es quien sentenció recientemente a prisión al periodista y director de elPeriódico, José Rubén Zamora.

Llamado a defender democracia

El candidato opositor Bernardo Arévalo exhortó a los guatemaltecos a manifestarse pacíficamente ante el edificio del MP “a colocar una denuncia para defender la institucionalidad del país”.

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“Hoy el llamado es por la democracia, por el rescate de las instituciones, por defender lo único que no nos han podido quitar: la esperanza en un futuro mejor”, llamó Arévalo.

“Esto no es por nosotros o por Semilla, es por todo el país. Los poderosos ya no quieren que el pueblo decida libremente su futuro, pero los vamos a vencer. La semilla del cambio y la esperanza no será pisoteada”, declaró el candidato a través de sus redes sociales.

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Candidata Torres: no tomaré ventaja

La candidata Sandra Torres anunció que la UNE suspenderá la campaña electoral “en solidaridad con los ciudadanos que acudieron a emitir su voto, en solidaridad de la voluntad popular”.

“No nos vamos a aprovechar de la situación”, anunció Torres durante una conferencia de prensa este jueves.

Por su parte, la agrupación Acción Ciudadana presentó este 13 de julio una querella ante la Corte Suprema de Justicia por violación a la Constitución contra la fiscal general, María Consuelo Porras; el jefe de la FECI, Rafel Curruchiche, y el juez Orellana.

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Iglesia católica exige respetar resultados

La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) exhortó a “respetar la voluntad popular manifestada en las urnas electorales el pasado 25 de junio”.

Mediante un comunicado, la Iglesia católica guatemalteca exige “que se respete el resultado de las elecciones para presidente y vicepresidente de la República y la segunda vuelta se realice el 20 de agosto con los dos binomios más votados tal como lo oficializó el Tribunal Supremo Electoral en la resolución 1328-2023”.

El pronunciamiento fue calzado por el presidente de la CEG y obispo de Verapaz, Rodolfo Valenzuela Núñez, y el obispo de Jutiapa, Antonio Calderón Cruz, quien actúa como secretario de la instancia religiosa.

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Empresarios: respetar Ley Electoral

El principal gremio empresarial de Guatemala, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Industriales y Financieras (CACIF), expresó que “es fundamental el respeto a la Constitución y las leyes de nuestro país”.

La institución de referencia de la industria guatemalteca evoca el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que establece la inviabilidad de suspender un partido político después de la convocatoria a elecciones y que esta solamente es posible hasta que los comicios se hayan celebrado.

“Es imperativo respetar la decisión de la máxima autoridad electoral y la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas”, recalca la gremial tras conocer la resolución 1328-2023 emitida por la máxima autoridad electoral de este país centroamericano.

Admisión amparo

En medio de la crisis originada tras el inicio de las pesquisas del MP, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó la tarde este jueves un amparo provisional a favor de Semilla e instruyó al TSE puede continuar con el proceso electoral.

Previamente, el director del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñóz, anunció que no obedecería la orden del Juzgado para suspender a la organización política.

“No podemos obedecer la orden que nos está indicando el Juzgado Séptimo” porque no tiene competencias sobre el tema electoral, afirmó Muñóz en rueda de prensa.

EL TSE, en calidad de máxima autoridades en materia electoral, emitió un comunicado donde reafirmó su compromiso “inquebrantable de garantizar y defender el voto como un derecho y un deber cívico inherente a la ciudadanía”.