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CIDH: En Nicaragua “hay una clara cacería de periodistas” 

*Durante la presentación de su Informe Anual 2021, en Costa Rica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce que hay un «exilio forzado» de periodistas en el país centroamericano.


Expediente Público

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenó la escalada de violencia contra periodistas y medios de comunicación en Nicaragua, donde persiste un estado de impunidad y al menos 30 medios de comunicación y espacios han sido cerrados por acciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señaló esa entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, señaló que “hay una clara cacería de periodistas en Nicaragua”, país donde el hostigamiento, la censura, la estigmatización y persecución, las detenciones y los procesos legales arbitrarios son parte del accionar del régimen de Ortega y Murillo. 

“Afecta el derecho a que la sociedad pueda recibir información. Eso ha impactado y es difícil para la prensa no solo acceder a información oficial, sino a personas que sientan la confianza para poder depositar su opinión para poder aportar al debate público”, mencionó Vaca durante la presentación del Informe Anual 2021 de la CIDH, capítulo Nicaragua, que fue presentado en Costa Rica a medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos.  

En medio de la “autocensura” que se vive en el país centroamericano, Vaca recordó que hay un “exilio forzado” de periodistas en Nicaragua.  

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Silenciar a todos los periodistas

El 7 de julio, el diario La Prensa denunció una persecución en contra de su equipo periodístico, incluyendo fotógrafos, reporteros y personal administrativo. Dos de sus conductores fueron detenidos de forma arbitraria y trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como “El Chipote”, violando las garantías procesales.  

Las últimas acciones emprendidas contra el medio estuvieron vinculadas con su cobertura de la expulsión de la orden religiosa Misioneras de la Caridad de Nicaragua por parte del régimen, tras la cancelación de su personería jurídica el 29 de junio pasado. 

Los reporteros perseguidos y que ven en peligro su integridad física, están optando por abandonar Nicaragua de manera irregular ante la amenaza de ser apresados. La semana pasada la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), documentó la reciente salida de 15 periodistas por los denominados puntos ciegos de la frontera.  

“Periodistas, editores, fotógrafos y otro personal se vieron obligados a salir de forma irregular de Nicaragua”, detalló el medio de comunicación en su sitio web el pasado 21 de julio.  

En Nicaragua, una persona puede estar detenida hasta por 90 días para investigaciones, según reformas hechas al Código Procesal Penal en febrero de 2021.  

Persiste Estado policial  

El informe de la CIDH destaca que a lo largo de 2021 monitoreó los continuos “actos de represión contra la prensa independiente” proveniente de las esferas gubernamentales y sectores afines, en un contexto cada vez más restrictivo para el ejercicio de las libertades fundamentales y la expresión legítima de las voces críticas en Nicaragua.  

La CIDH ha registrado “distintos patrones de ataques” contra la prensa a lo largo de este periodo.  

“Toma de equipos, amenazas de muerte, agresiones verbales, agresiones físicas con el objetivo de impedir coberturas. Durante el 2021 se realizaron allanamientos y ocupaciones a medios de comunicación, como la ocurrida en la sede de la revista Confidencial el 20 de mayo del año pasado, donde las instalaciones fueron ocupadas por equipos de la Policía”, recordó Vaca.  

En 2021, la CIDH identificó al menos 65 casos de periodistas en “situación de altísimo grado de vulnerabilidad y riesgo”.  

CIDH: criminalizan a periodistas

El año pasado, la Fiscalía de Nicaragua también citó a por lo menos 40 reporteros y directores de medios de comunicación en el marco de una investigación abierta contra la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro por presunto lavado de dinero. 

La comisionada Esmeralda Arosemena, relatora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la CIDH, enfatizó que en el país centroamericano persiste “un Estado policial”, debido a que el gobierno central ha promovido un drástico cierre del espacio cívico donde las protestas y cualquier expresión legítima no son toleradas. 

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“Persiste un Estado policial que mantiene coartados todos los espacios de protestas y de denuncias y posibilita, además, una permanente coordinación entre la Policía Nacional y los grupos simpatizantes del Gobierno que son los que se enfrentan para agredir, vigilar, amenazar, hostigar a cualquier persona que se identifique, no solo como opositora al gobierno, sino por el hecho solo de disentir”, dijo Arosemena.  

La relatora para Nicaragua señaló que las elecciones de 2021 pudieron representar una oportunidad para llevar adelante un periodo transicional que permitiera restablecer el Estado de derecho en el país centroamericano, pero “lamentablemente” la Comisión constató que el régimen pudo de manera “contundente” poner fin a la participación de la oposición. 

Comunidad internacional debe actuar   

Para la CIDH es imperativo garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación en Nicaragua y “abstenerse de aplicar la censura previa o la censura indirecta por parte de cualquier órgano estatal”.  

El organismo de derechos humanos, además, en su informe demanda archivar todos los procesos judiciales en contra de periodistas y medios de comunicación que hayan sido iniciados arbitrariamente para “reprimir, sancionar y castigar el derecho a la libertad de expresión”. 

En ese sentido, según Arosemena, la comunidad internacional juega un papel importante en el contexto de la crisis sociopolítica que se vive en el país centroamericano desde abril de 2018.  

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“El tema es cómo la comunidad internacional asume esta responsabilidad como comunidad internacional, no como el Estado A, el B, o el C, sino como ese pensamiento de comunidad internacional en el compromiso de esos ideales que dieron pie al nacimiento de las instituciones protectoras de derechos humanos (…) Todos tenemos la responsabilidad de evaluar y los Estados a través de sus gobiernos tienen esa responsabilidad de tener esa conciencia de humanidad y hacerla cumplir”, señaló Arosemena.  

La representante de la CIDH insistió que este organismo seguirá siendo un espacio para “denunciar a Nicaragua como violadora de derechos humanos, denunciar a Nicaragua como incumplidora de sus obligaciones internacionales”.  

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